Protección contra Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad

12 Santiago, uno de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°64.888-2020 recurre de protección don Juan Pablo Collao Arenas, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad peruana, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la imposibilidad de regularizar su situación migratoria y la dictación de una orden de abandono del país, lo que considera que perturba la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental.

Explica que ingresó a Chile el 12 de julio de 2015, portando una visa sujeta a contrato de trabajo con la empresa Latam Airlines S.A.; posteriormente le fue otorgada una nueva visa, ahora estando vigente un contrato de trabajo con la empresa L’Oreal Chile S.A., la cual tuvo vigencia entre el 19 de julio de 2017 y el 19 de julio de 2018. Por último, habiendo contraído matrimonio con un chileno, se le otorgó visa temporaria en razón de aquel vínculo hasta el 25 de octubre de 2019.

Noventa días antes del término de su última visa, solicitó hora de atención en la Policía de Investigaciones para renovarla, por medio de una plataforma virtual dispuesta al efecto. Dicha plataforma mantenía un tiempo de demora de 3 meses para el otorgamiento de la respectiva citación. Después que logró obtener dicha citación, concurrió a la oficina de ChileAtiende para continuar con el trámite, debido a que en el caso de personas de nacionalidad peruana, el trámite se exige de manera presencial.

Al momento de iniciar el trámite en ChileAtiende el 7 de noviembre de 2019, su visa tenía 13 días de vencida, situación atribuible a la demora del sistema para concurrir a la Policía de Investigaciones. El 26 de noviembre recibió una comunicación en la que se le informaba que debido al vencimiento de la visa, debía proceder al pago de una multa y luego reenviar los documentos, adjuntando el comprobante de pago. Al día siguiente solicitó el cálculo de la multa y también reservó hora a través del sistema informático para hacer entrega de los documentos; el 29 de noviembre de 2019 recibió un correo informándole que la hora le sería comunicada próximamente. Respecto al cálculo de la multa, ésta le fue informada recién el 2 de diciembre, concurriendo a pagar en esa misma fecha.

Sin embargo, -continúa- no habiendo recibido la citación para concurrir a dejar el comprobante de pago, no puede seguir con el trámite, pese a haberse comunicado con el Departamento y haber concurrido presencialmente, habiendo sido rechazada por no contar con citación. Recién en febrero se le comunicó que debe realizar un nuevo cálculo de la multa.

Dado que necesitaba viajar por motivos laborales, concurrió a la Policía de Investigaciones, quienes le calcularon la nueva multa, pagándola en dicha oportunidad. Conforme expresa la resolución exenta 50740, luego del pago tenía 10 días para regularizar su situación o hacer abandono del país. Al regresar de su viaje, el 15 de marzo del 2020, se vio imposibilitada de realizar el trámite debido al cierre de las oficinas de ChileAtiende a causa de la emergencia sanitaria.

Agrega que finalmente, mediante Circular Nº 14 de 18 de junio de 2020, el Departamento de Extranjería y Migración impartió instrucciones para el trámite de solicitud de permanencia definitiva, en particular, para los Certificados de Antecedentes Penales del país de origen, en virtud de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, y en tal sentido señala en dicha normativa que: “…A contar del 01 de junio de 2020 y por el periodo de 120 días corridos, se podrá adjuntar el Certificado de Antecedentes Penales del País de Origen, por vía digital (de todas las nacionalidades), a través de la plataforma… (disponible en www.extranjeria.gob.d), debiendo el solicitante comprobar su autenticidad una vez transcurrido el tiempo ya señalado, ante las oficinas de ChileAtiende, en el plazo de 60 días corridos, una vez culminado el plazo de los 120 días ya señalado. En consecuencia, los extranjeros de todas las nacionalidades podrán postular a la solicitud de Permanencia Definitiva de forma digital.”

Sin embargo, explica, la recurrente no puede realizar el trámite de esta forma debido al vencimiento de la segunda multa y el apercibimiento de abandono que se le otorgó en dicha oportunidad.

Previa citas legales y constitucionales, solicita que esta Corte resuelva lo que sigue:

“(I) Dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 50740 de fecha 13 de Marzo de 2020 y en consecuencia la Orden de Abandono impuesta, siendo que como consecuencia del Estado de Catástrofe decretado en el país, se vio imposibilitada de cumplir con el plazo otorgado para poder regularizar su situación migratoria en el país.

“(II) Permitir en consecuencia a la recurrente, ingresar una nueva solicitud de Permanencia Definitiva a través de la plataforma online “SIMPLE” del Departamento de Extranjería y Migración, sin la exigencia previa del pago de una multa siendo que el tiempo transcurrido en ningún caso le es imputable.

“(III) Hacer Devolución de las dos sanciones pecuniarias impuestas a la recurrente, siendo que los hechos que dieron origen a las respectivas multas sólo son imputables a la recurrida.

“(IV) Que se les condene en costas.” (Sic).

2°) Que, informando el recurso, ha comparecido don Felipe Rosselli Ambuchi, abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en representación de don nombre reservado, Jefe del citado Departamento, ambos domiciliados en domicilio reservado, en autos sobre recurso de protección deducido en favor de la extranjera de nacionalidad peruana doña nombre reservado, negando cada uno de los hechos imputados, y solicita el rechazo del mismo en todas sus partes, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en virtud de los antecedentes que expone.

En lo tocante a los antecedentes de hecho hace un recuento:

“1. Que mediante Resolución Exenta N°310.090 de fecha 27 de septiembre de 2018 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se otorgó a la recurrente visación temporaria por un año, la que estuvo vigente hasta el 25 de octubre de 2019.

“2. Que con fecha 07 de noviembre de 2019, es decir, posterior al vencimiento de su visación, la extranjera nombre reservado, presentó solicitud de permiso de permanencia definitiva.

“3. Que, mediante Comunicación Folio Nº 3043213 de fecha 26 de noviembre de 2019 se comunicó a la extranjera que su solicitud no reunía los requisitos exigidos por la legislación vigente, en atención a que presentó su solicitud de permiso de permanencia definitiva estando irregular en el país, ya que su última visa expiró el día 25 de octubre de 2019, por lo que debe ingresar a la plataforma web de trámites de Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para calcular el monto de multa a pagar por su residencia irregular en el país.

“4. Que consta, que con fecha 02 de diciembre de 2019, la extranjera realizó el cálculo de multa, comprobante de cálculo de multas Nº54.733, respecto la cual, se le otorgó el plazo de un mes para efectuar el pago, sin que conste su pago.

“5. Que, consta que con fecha 13 de marzo de 2020 la extranjera realizó un nuevo cálculo de multa por su residencia irregular en el país, y mediante Resolución Exenta Nº50.740 de fecha 13 de marzo de 2020 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se aplicó la multa, disponiéndose un plazo de 10 días hábiles para interponer recurso de reconsideración y un plazo de 10 días para regularizar su situación migratoria en el país y/o hacer abandono del país, no siendo interpuesto por la recurrente.

“6. Que, mediante Minuta Nº789 de fecha 11 de agosto de 2020 de la Oficina de Enlace PDI–DEM, se informó que la extranjera registra un ingreso al país con fecha 15 de marzo de 2020. Este ingreso fue realizado en calidad de turista y actualmente dicho permiso se encuentra vencido, sin constar que la extranjera haya solicitado una prórroga del plazo.

“7. Que, no consta que la extranjera haya presentado recurso de reconsideración en contra de la multa impuesta mediante Resolución Exenta Nº 50.740, ya señalada.

“8. Que, además no consta que la extranjera haya ingresado una solicitud de visación o solicitud alguna tendiente a regularizar su situación migratoria.

Refiriéndose a los antecedentes de derecho, aborda en primer lugar el trámite de solicitud de permanencia definitiva, explicando que el artículo 41 del Decreto Ley N°1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividad”. Esta norma, dice, se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería.

Añade que el artículo 125 del señalado Decreto Supremo N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

Expresa que respecto de la Permanencia Definitiva, el artículo 129 del Reglamento de la Ley de Extranjería establece los plazos en los que debe presentarse la referida solicitud.

Artículo 129°: “Las solicitudes que a continuación se indican, se presentarán en los plazos que se señalan:… 3.- Las solicitudes de permanencia definitiva se presentarán dentro de los 90 días anteriores a la fecha de vencimiento de las visaciones.”

Seguidamente, el informe se refiere al cálculo de multa y señala:

“-Que según se establece en el artículo 129 del Reglamento de la Ley de Extranjería, los extranjeros pueden presentar su solicitud de Permanencia Definitiva, dentro de los 90 días previos al vencimiento de la visación temporaria que detenten.

“-Que vencido este plazo, en atención a lo presupuestado por el artículo 148 del mismo cuerpo normativo, los extranjeros deben pagar una multa por el tiempo que han estado irregular. (Sic).

“Artículo 148°: “Los extranjeros que continuaren permaneciendo en Chile, no obstante haberse vencido sus respectivos permisos, entendiéndose que ello ocurre cuando han expirado los plazos para presentar la correspondiente solicitud de prórroga, visación o permanencia definitiva, serán sancionados con multas de 0,22 a 4,46 ingresos mínimos, sin perjuicio que pueda disponerse su abandono obligado del país o expulsión.”

Una vez pagada la respectiva multa, la que se calcula desde el vencimiento del permiso anterior que detentaren hasta el día en que se solicita la misma en el sistema computacional, los extranjeros tienen un plazo de 10 días para regularizar su situación migratoria en el territorio nacional, solicitando un nuevo permiso de residencia o haciendo abandono del país, toda vez que no pueden permanecer en el mismo sin un permiso de residencia que lo habilite para tal efecto.

Lo antes señalado, dice, se encuentra en la página web del Departamento de Extranjería y Migración:

“Con el fin de propender a una migración segura, ordenada y mejorar la calidad del servicio de atención de trámites a los usuarios, se extiende esta Circular, con el objeto de introducir mejoras al procedimiento de atención del público que asiste personalmente o por medio de representante, a las oficinas de atención de público del Departamento de Extranjería y Migración, así como de las Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales.”

Así, añade, se debe tomar en consideración al momento de resolver el presente arbitrio, que la legislación migratoria prevé un plazo de 90 días anterior al vencimiento del permiso de residencia que se detenta para solicitar la Permanencia Definitiva, siendo de responsabilidad del peticionario reunir toda la documentación necesaria para elaborar tal petición, no siendo imputable a la autoridad la actual situación de irregularidad de la recurrente, toda vez que fue ella quien una vez vencido el plazo, realizó la solicitud de Permanencia Definitiva.

En el caso contrario, es decir, que la extranjera no presente la solicitud dentro del plazo estipulado, debe multarse por el tiempo que ha estado irregular y solicitar una visación si quiere continuar permanencia en Chile.

En este estado de las cosas, y según lo expuesto, dice, de acogerse el recurso en los términos solicitados por la recurrente, implicaría incurrir en diferencias arbitrarias en favor de una persona, la cual no ha cumplido con la normativa pertinente, respecto de todos aquellos que se encuentren en la misma situación.

A continuación, se refiere a las vulneraciones de garantías constitucionales cauteladas por la acción de protección.

En primer lugar, hace presente que no es efectivo que la autoridad administrativa haya incurrido en una actuación u omisión que vulnere las garantías custodiadas por la acción constitucional de protección, toda vez que no puede imputarse al Departamento de Extranjería y Migración el hecho de que la extranjera haya realizado su solicitud, encontrándose el plazo para hacerlo vencido, como también que posterior a la multa, haya salido y vuelto a ingresar en calidad de turista, sin haber solicitado ella el permiso de residencia requerido.

Agrega que no consta sanción migratoria alguna, ya sea una medida de abandono o de expulsión de territorio nacional en contra de la extranjera.

Además, dice, todo el procedimiento aplicado ha sido en igualdad ante la ley de todos los extranjeros que presentan solicitudes diariamente ante la autoridad.

Prosigue argumentando en cuanto señala que la actora ingresó su solicitud de permiso de permanencia definitiva de forma extemporánea, lo que no es imputable a la autoridad recurrida, debido a que es responsabilidad de los extranjeros solicitantes recabar la totalidad de la documentación e información requerida, teniendo un plazo para ingresar su solicitud de 90 días anteriores al vencimiento, siendo un plazo totalmente razonable para recopilar la documentación solicitada, y en segundo lugar, señala nuevamente que la presentación tardía de su solicitud se debe a demoras en la tramitación de Policía de Investigaciones de Chile, un hecho no imputable a la autoridad recurrida.

Se informó que la extranjera registra un ingreso al país con fecha 15 de marzo de 2020, el que fue realizado en calidad de turista y dicho permiso se encuentra vencido, sin constar que la extranjera haya solicitado una prórroga del plazo, constituyendo una nueva infracción migratoria, encontrándose por tanto irregular en el territorio nacional.

Esta solicitud, agrega, puede realizarse de forma online, mediante la página web de trámites del Departamento https://tramites.extranjeria.gob.cl/.

En cuanto a la situación actual de la recurrente, el informante consigna que como se indica en los antecedentes de hecho, debido a la condición de turista que mantiene actualmente la extranjera, debe seguir el procedimiento regular, solicitar un nuevo permiso de residencia, cumpliendo con los requisitos que establece la ley migratoria, por lo que se encuentra habilitada para solicitar la residencia por el artículo 49 N°2 de la Ley de Extranjería, que establece: “Artículo 49: Los turistas podrán solicitar el cambio de su calidad por la de residente o residente oficial, según proceda, si se hallaren comprendidos en algunos de los siguientes casos:

“1.- El cónyuge de chileno y los padres e hijos de él.”

Por último, reitera que en la actualidad, no existe acto administrativo en contra de la extranjera que conculque las garantías constitucionales protegidas por el recurso de protección, pues no hay en su contra ninguna orden de expulsión u orden de abandono, y que además, ingresó en calidad de turista al país con fecha 15 de marzo de 2020, por lo que dicho permiso de turismo se encuentra vencido, sin que la extranjera haya realizado alguna gestión tendiente a regularizar su situación migratoria, sin perjuicio de que pueda postular a una nueva visación de residencia temporaria, cumpliendo todos los requisitos dispuestos en la normativa migratoria. En conclusión, sostiene, el recurso de protección incoado es improcedente de acuerdo a la finalidad de la extranjera, que es el ingreso y otorgamiento de un permiso de permanencia definitiva que debe ser solicitado posteriormente, al cumplir con los requisitos para optar a dicho beneficio.

Teniendo presente que la institución ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no procede que su parte sea condenada en costas.

Asimismo, indica, no procede la devolución de las multas en virtud de las consideraciones expuestas, no siendo imputables a su parte.

Pide tener por evacuado el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir en la especie ninguna medida que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

3°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

5°) Que, en este caso, el recurso de autos no puede prosperar, debido a que la autoridad recurrida no ha incurrido en alguna actuación u omisión que puedan catalogarse como ilegales o arbitrarias.

Efectivamente, refiriéndose en primer lugar esta Corte a las multas de que pretende reclamar la parte recurrente, sin tener ya plazo ni motivo para ello, se le aplicaron por la autoridad administrativa debido a las infracciones a la normativa migratoria en que incurrió, encontrándose al momento de presentar el recurso en situación irregular en el país. Dichas multas, como aparece de los antecedentes, se encuentran pagadas por la recurrente, y no se advierte la razón de que esta Corte pudiera ordenar su devolución a la misma persona.

De otro lado, no hay en contra de la recurrente ninguna orden de expulsión u orden de abandono del país, como lo ha informado la autoridad que se recurrió, debiendo destacarse que ingresó en calidad de turista al territorio nacional, con fecha 15 de marzo de 2020 y dicho permiso de turismo se encuentra vencido, sin que la recurrente haya realizado gestiones tendientes a regularizar su situación migratoria.

La resolución específica que es materia del reclamo es simplemente informativa, de manera que ello refuerza la idea de no existir orden de abandono del territorio de la República.

Por otro lado, la propia autoridad ha señalado que puede postular a una nueva visación de residencia temporaria, cumpliendo desde luego con los requisitos dispuestos en la normativa migratoria. En conclusión, el recurso de protección incoado es improcedente de acuerdo a la finalidad que persigue la extranjera recurrente, que es el ingreso y otorgamiento de un permiso de permanencia definitiva que debe ser solicitado posteriormente, esto es, luego de cumplir con los requisitos para optar a dicho beneficio y que no puede ser otorgado por esta Corte.

Por lo demás, la persona en cuyo favor se recurre se encuentra habilitada para solicitar la residencia en virtud de lo que establece el artículo 49 N°2 de la Ley de Extranjería: “Artículo 49: Los turistas podrán solicitar el cambio de su calidad por la de residente o residente oficial, según proceda, si se hallaren comprendidos en algunos de los siguientes casos: 1.- El cónyuge de chileno y los padres e hijos de él.”

6°) Que la preceptiva que es atingente al problema que nos ocupa es la que sigue, sin perjuicio de la norma antes transcrita.

En primer lugar, el artículo 41 del Decreto Ley N°1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividad”. Dicha norma se reproduce en iguales términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería.

Luego, el artículo 125 del Decreto Supremo N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería prevé: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

En cuanto a la Permanencia Definitiva, el artículo 129 del Reglamento de la Ley de Extranjería establece los plazos en los que debe presentarse la referida solicitud: “Las solicitudes que a continuación se indican, se presentarán en los plazos que se señalan:… 3.- Las solicitudes de permanencia definitiva se presentarán dentro de los 90 días anteriores a la fecha de vencimiento de las visaciones.”

En lo referente al cálculo de multa, ella está prevista en el artículo 148 de igual Reglamento, en los siguientes términos:

“Artículo 148°: “Los extranjeros que continuaren permaneciendo en Chile, no obstante haberse vencido sus respectivos permisos, entendiéndose que ello ocurre cuando han expirado los plazos para presentar la correspondiente solicitud de prórroga, visación o permanencia definitiva, serán sancionados con multas de 0,22 a 4,46 ingresos mínimos, sin perjuicio que pueda disponerse su abandono obligado del país o expulsión.”

7°) Que, de esta manera, todas las circunstancias que se han detallado y en que se encuentra la persona en cuyo favor se recurre, incluyendo la aplicación de multas, no son consecuencia de alguna actuación u omisión ilegal o arbitraria de la autoridad contra quien se ha presentado el libelo respectivo, sino que de la propia recurrente, que no ha activado los canales o vías requeridas para regularizar su situación migratoria en el país. Y las sanciones pecuniarias que se le han impuesto se ajustan perfectamente con la preceptiva que se ha indicado en forma previa. Esto significa que la propia recurrente ha cometido errores en su proceso de obtención de la visa que pretende, ahora por la presente vía cautelar En consecuencia, no existe por todo lo anteriormente señalado ninguna medida que esta Corte pueda adoptar desde que, como se indicó, no se ha probado alguna actuación ilegal o arbitraria de la recurrida, siendo la situación migratoria irregular de la persona en cuyo favor se ha recurrido, responsabilidad de ella misma, pues no ha cumplido con la ley, en particular, la normativa migratoria que se ha mencionado en esta sentencia.

Tocante a las multas, además, no puede discutirse su corrección o incorrección por medio del presente arbitrio, por no ser la vía idónea para ello, ya que la propia normativa que se ha mencionado previamente establece un sistema recursivo. En cualquier caso, deriva de lo expuesto por la parte recurrida, que ellas se impusieron a la recurrente con el debido fundamento, basándose en las infracciones que cometió.

En resumen, lo que se ha denunciado, consistente en la imposibilidad de regularizar su situación migratoria y la dictación de una orden de abandono del país, son situaciones que no son efectivas, pues no está imposibilitada de regularizar tal estado de cosas, ni hay orden de abandono.

8°) Que, como resultado de lo que se ha señalado, se debe desestimar el recurso por no existir actuación ilegal o arbitraria imputada a la autoridad recurrida, y a mayor abundamiento, por no haberse producido vulneración de la garantía constitucional que se ha invocado en el arbitrio que se analiza, del articulo 19 N°2 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza la acción de protección entablada por don Juan Pablo Collao Arenas, abogado, en favor de doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°64.888-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz y la Fiscal Judicial señora nombre reservado. No firma el Ministro (s) señor Andrade, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.