Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. Santiago Santiago, ocho de julio de dos mil veintiséis VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Manuel Bravo Bravo, abogado, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por haber dictado la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 12 de diciembre de 2025, que rechazó el reclamo de su representada relativo a la calificación de sus patologías, actuación que considera ilegal y arbitraria, pues, a su parecer, la autoridad recurrida determinó que los diagnósticos de bursitis subacromial derecha y tenosinovitis de la porción larga del bíceps derecho son de origen común, desconociendo el nexo causal con el accidente laboral sufrido, vulnerando con ello sus derechos fundamentales, por lo que solicita se deje sin efecto dicho acto administrativo, se declare el origen laboral de la totalidad de las afecciones y se ordene el otorgamiento de las prestaciones de la Ley N° 16.744.

Expone que la recurrente, quien se desempeña como asistente de educación en el Liceo nombre reservadoÍDICA000, sufrió una caída desde una escalera el día 13 de agosto de 2025 durante el ejercicio de sus funciones; que, no obstante, la calificación inicial de accidente de trabajo y la realización de una ecografía con fecha 27 de agosto de 2025 que evidenció una rotura de espesor total del tendón subescapular y otros cuadros inflamatorios, el organismo administrador y posteriormente la Superintendencia recurrida procedieron a calificar las patologías de bursitis y tenosinovitis como enfermedades comunes.

Arguye que tal decisión carece de sustento, toda vez que los propios facultativos de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) vincularon inicialmente las lesiones al infortunio laboral, poseyendo el mecanismo de la caída la energía suficiente para generar el daño acreditado, descartando que se trate de afecciones crónicas ajenas al servicio.

Sostiene, asimismo, que la resolución impugnada infringe el deber de seguridad del empleador y el derecho a un lugar de trabajo exento de riesgos, traspasando a la trabajadora el costo de un siniestro que debió ser cubierto íntegramente por el seguro social. Respecto de la vulneración de las garantías constitucionales, la recurrente afirma que el acto administrativo lesiona el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, debido al desamparo terapéutico y la angustia padecida; la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, al aplicar un criterio discriminatorio sobre el origen del accidente; el derecho a la seguridad social, al impedir el acceso a prestaciones básicas y uniformes; y el derecho de propiedad, al privarla de los beneficios pecuniarios y sanitarios que integran su patrimonio jurídico por concepto de seguro de accidentes del trabajo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la resolución N° NUM000 de fecha 12 de diciembre de 2025 dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, y en su lugar declarar que los hechos señalados en lo principal tienen el carácter de accidente laboral, ordenándose el pago de las prestaciones y tratamientos médicos que correspondan con cargo al seguro de la ley 16.744, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, informando al tenor de la acción constitucional de autos, la Superintendencia de Seguridad Social, representada por el abogado Tomás Garro Gómez, solicita en primer término el rechazo del recurso por, a su parecer, manifiesta extemporaneidad.

Fundamenta dicha alegación en el carácter fatal y objetivo del plazo de treinta días corridos contemplado en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, toda vez que la recurrente, doña nombre reservado, tuvo conocimiento cierto del acto que impugna a más tardar el 10 de octubre de 2025, fecha en la cual dedujo la reclamación administrativa ante dicha autoridad fiscalizadora.

En consecuencia, al haberse interpuesto el presente arbitrio con fecha 10 de enero de 2026, el plazo para accionar se encontraba largamente fenecido, no pudiendo otorgarse a la acción de protección un carácter subsidiario de otras vías de impugnación.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo de la controversia, la recurrida sostiene la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por cuanto la Resolución Exenta N° NUM000, de 12 de diciembre de 2025, se dictó en estricto cumplimiento de la Ley N° 16.744 y su normativa reglamentaria.

Explica que, tras el análisis técnico efectuado por la Unidad Médica del Departamento Contencioso y por profesionales como la Dra. nombre reservado, se concluyó que las afecciones de bursitis subacromial derecha y tenosinovitis bicipital son de origen común y no laboral, al no acreditarse una relación de causalidad directa entre el mecanismo del accidente del 13 de agosto de 2025 y las lesiones descritas, tratándose de procesos crónicos que carecen de energía traumática suficiente para ser calificados como profesionales al tenor de los artículos 5° y 7° de la Ley N° 16.744.

Arguye, asimismo, que no se han conculcado garantías constitucionales, toda vez que el derecho a la seguridad social —consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República— no se encuentra bajo el amparo de la acción de protección según la enumeración taxativa del artículo 20 de la Carta Fundamental. Concluye solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas. TERCERO: Que atendido el tenor de lo debatido, se dispuso por la sala de cuenta de esta Corte que se requiriera informe a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), entidad que compareció representada por el abogado Patricio Castillo Barrios y solicitó el rechazo de la acción de protección intentada. En cuanto al sustrato fáctico, refiere que la recurrente, nombre reservado, sufrió una caída el 13 de agosto de 2025, hecho que motivó su ingreso a las dependencias médicas de la mutualidad.

Indica que, tras las evaluaciones pertinentes, se calificaron como laborales las lesiones consistentes en contusión de tronco y esguince de hombro, proporcionándose todas las prestaciones médicas y económicas contempladas en la Ley N° 16.744. No obstante, arguye que respecto de las patologías de bursitis‐ subacromial derecha , rotura del tendón subescapular derecho y ‐ ‐ ‐ ‐ tenosinovitis de la porción larga del bíceps derecho , los facultativos‐ determinaron su origen común al no acreditarse una relación de causalidad directa entre el mecanismo lesional y la afección detectada, procediendo a su derivación al régimen previsional de salud común. Sostiene la informante que dicha determinación no es arbitraria ni ilegal, pues descansa en un análisis técnico exhaustivo que fue expresamente ratificado por la autoridad administrativa de control, la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta NUM000, la cual desestimó el reclamo de la interesada al concluir que tales cuadros presentan una naturaleza crónica ajena al siniestro laboral.

Concluye afirmando que su actuar se ha ceñido a las disposiciones del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin vulnerar garantías constitucionales.

Solicita el rechazo de la acción, con costas. CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, el acto que la recurrente tilda de ilegal y arbitrario consiste, en definitiva, en la decisión adoptada por la Asociación Chilena de Seguridad y que fue ratificada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante la dictación de las resoluciones que por esta vía impugna, que calificó su afección como de origen común y no profesional, denegando con ello las prestaciones de la Ley N° 16.744.

SEXTO: Que, en el contexto descrito, el contenido del recurso evidencia que el ámbito bajo el cual se pretende la actuación de este Tribunal excede los márgenes de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental. Dicha acción comprende solo situaciones inequívocas de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, cuyo propósito es estrictamente conservativo y de tutela de urgencia para proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados y preexistentes. Por consiguiente, su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos debatidos.

Así las cosas, la controversia radica en determinar el origen causal de una patología clínica, para lo cual las entidades técnicas han emitido pronunciamientos amparados en estudios e informes médicos. Resolver en sentido contrario, esto es y acorde a lo requerido por la recurrente, establecer que las dolencias son consecuencia directa del trabajo, implica necesariamente adentrarse en la valoración de pruebas periciales, científicas y laborales.

Dicha pretensión rebasa los límites y propósitos de esta acción constitucional tutelar, la que no resulta idónea para este fin, dejando de manifiesto que no existe un derecho indubitado a favor de la recurrente.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, no se divisa en el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social ni en la Asociación Chilena de Seguridad arbitrariedad o ilegalidad alguna, toda vez que las resoluciones cuestionadas fueron emitidas por los organismos competentes en el ejercicio de las facultades exclusivas que el legislador les confiere, Leyes N° 16.744 y N° 16.395, y se encuentran debidamente fundamentadas en antecedentes técnicos y médicos concretos. La mera discrepancia de la actora con el resultado desfavorable de la calificación médica no torna al acto en arbitrario ni contrario a derecho.

OCTAVO: Que, en las condiciones expuestas, no concurren los presupuestos que permitan acoger la acción cautelar de derechos constitucionales, pues el sustento fáctico sobre el que discurre el análisis de la actora para calificar de ilegal y arbitraria la decisión que impugna no ha sido justificado, requiriendo para ello un procedimiento de lato conocimiento en el cual pueda desplegar su actividad probatoria destinada a demostrar la efectividad de sus asertos. Lo anterior resulta suficiente para desestimar el arbitrio de plano, haciendo inoficioso emitir mayor pronunciamiento sobre la procedencia de la alegación de extemporaneidad levantada por la reclamada, y sobre la supuesta afectación de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-647-2026.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Graciela Gómez Quitral, conformada por el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y el Abogado Integrante señor Luis Hernández Olmedo.