Protección contra Resolución N°91

C.A. de Santiago Santiago, once de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, Ex. Cabo 2° del Escalafón de Orden y Seguridad del Personal de Nombramiento Institucional de Carabineros de Chile, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Resolución N°91, de 29 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Carabineros de Chile, que rechazó el recurso de apelación que dedujo en contra de la medida disciplinaria aplicada por el Mando de la V Zona de Carabineros “Valparaíso”, consistente en la baja por “conducta mala”, por la demora ilegal y arbitraria en su resolución y posterior notificación el día 24 de marzo de 2023, afectando con ello las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1°, 2°, 3°, 9°, 16° y 24°, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que se produce la afectación de su derecho a la vida y a la integridad física “porque su familia al tomar conocimiento del proceso afinado y que le afecta, porque si bien es cierto se vio involucrado en un proceso judicial, otorgándole el Retiro Temporal, siendo alejado de las filas de la Institución momentáneamente.”

Indica que con fecha 11 de junio de 2020 fue notificado de la Resolución Exenta Nº410, de la Prefectura de Valparaíso, de 9 de junio de 2020, por la cual se dispone su Retiro Temporal.

Argumenta que la Resolución Nº91 de la Dirección General de Carabineros contendría un error en cuanto a su participación en los hechos, y que fue sobreseído conforme lo prescrito en la Ley Nº18.216. Solo cometió un simple delito que no aparece en su extracto de filiación, lo que además es impedimento para ingresar a la administración, no para permanecer.

Expresa que existen casos en que otros funcionarios, ante situaciones similares, se encuentran en servicio activo.

Hace presente que solicitó con fecha 24 de enero de 2023 a la Prefectura de Valparaíso su rehabilitación, pero no ha recibido respuesta.

Reprocha que el proceso administrativo sancionatorio no se apegó al principio de celeridad, y que se le negó la posibilidad de presentar recurso de reconsideración. Además, el señalado sumario administrativo se resolvió en dos instancias distintas por el mismo “Jefe”, pues el recurso jerárquico fue resuelto por el General Inspector de Carabineros don nombre reservado, mediante la Resolución Exenta Nº 287 de fecha 7 de agosto de 2020, de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile; y por su parte la Resolución recurrida Nº91, de la Dirección General de Carabineros, fue emitida por el mismo general nombre reservado, como General Director, quien antes habría resuelto el recurso jerárquico, estimando el recurrente que debió inhabilitarse.

Considera además que se debió declarar la prescripción de la acción disciplinaria.

Luego, alude al debido proceso, norma que estima se vulneró por la parte recurrida al aplicarle la sanción de Baja de las Filas de la Institución, conculcando su derecho a un procedimiento justo y racional.

Denuncia que se ha afectado su derecho a la protección de la salud, por cuanto con la resolución adoptada no puede ser protegido por la Institución en este ámbito él y su grupo familiar; y también se afecta su libertad de trabajo y su protección.

Entiende que la Resolución de la Dirección General de Carabineros es injusta, atendido que cumplió la pena que le fue impuesta en sede penal, así la resolución que se recurre le impide, perturba y restringe su normal desempeño de su función pública, estimando que la sanción aplicada es muy drástica.

Denuncia que también se afecta su derecho de propiedad con ocasión de la resolución recurrida, toda vez que se le ha privado de su remuneración.

Agrega que no entiende por qué no se ha dispuesto su retiro absoluto, lo que origina graves perjuicios y un detrimento económico.

Finalmente, pide a esta Corte que “se ordene a los organismos recurridos adoptar todas las medidas pertinentes para una pronta tramitación de la resolución, para que se reestablezca el Imperio del Derecho”.

Segundo: Que informa al tenor del recurso don nombre reservado, General Inspector de Carabineros, Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile, quien solicita el rechazo de la acción impetrada con costas.

Señala que la Resolución Exenta Nº91, de fecha 29 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Carabineros, rechazó el Recurso de Apelación interpuesto por el ex Cabo 2do. nombre reservado, respecto de la medida disciplinaria aplicada por el mando de la V. Zona de Carabineros “Valparaíso”, consistente en la “Baja por conducta mala”, con nota de conducta “mala”, en los términos dispuestos en el Dictamen Nº 12.696/1, de 8 de octubre de 2019, de la aludida Alta Repartición; y en la Resolución Exenta Nro. 287, de 07 de agosto de 2020, de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad.

Indica que lo anterior tiene su fundamento en que con fecha 11 de julio de 2017, cuando el entonces Teniente nombre reservado, en compañía del Cabo lº nombre reservado y del Cabo 2do. nombre reservado, adoptaron un procedimiento policial que mantenía como víctima al ciudadano nombre reservado, a quien momentos antes le habían robado un notebook, y otras especies desde el interior de su oficina, ubicada en la Comuna de Quillota.

Agrega que el nombre reservado, junto al personal bajo su mando, con la finalidad de concretar un procedimiento policial óptimo y sin cuestionamientos, que permitiera la detención de los imputados, realizaron una reseña que no se ajustaba a la realidad, creando una estructura cronológica de los hechos inexistente, todo lo cual plasmaron en el respectivo parte policial, el cual al momento de ser investigado judicialmente, se estableció que el ciudadano Carvajal, desconocía el procedimiento ya que señaló que debió firmar un acta en blanco, la que le indicaron que posteriormente sería confeccionada por el Oficial a cargo, generando con su actuar el cuestionamiento de la forma y circunstancias de cómo se habrían suscitado los acontecimientos, lo cual a su vez generó que los individuos que habían detenido quedasen en libertad, y que los funcionarios policiales fuesen formalizados y condenados como autores, de los delitos de obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público.

Afirma que, además, se pudo acreditar que la víctima no estaba en el lugar de los hechos, no recordando ni aportando antecedentes fehacientes para el esclarecimiento de los sucesos indagados, con la finalidad de desvirtuar su responsabilidad y finalmente firmar una declaración no escrita por su persona, sino por un tercero, demostrando con ello una abierta falta de probidad y profesionalismo, compromiso y responsabilidad en el cumplimiento estricto de sus obligaciones y deberes profesionales, funcionarios y profesionales. A mayor abundamiento, asevera que habría mentido al haber aseverado que el delito se cometió en calle Simpson de la ciudad de Valparaíso, lo que no se ajustaba a la realidad, ya que el delito se consumó donde la víctima mantenía su oficina, es decir, en la ciudad de Quillota, tergiversando la realidad de los sucesos acontecidos.

Indica que, por su parte, el entonces Cabo 2º nombre reservado, no sólo no representó al nombre reservado, respecto de las transgresiones que se estaban cometiendo al confeccionar un parte policial con destino a la Fiscalía Local de Valparaíso, sino que también colaboró en esto, toda vez que apoyo en la confección del instrumento público, aportando datos falsos en la investigación, tergiversando la realidad de los hechos.

Así las cosas, afirma que el ex Cabo 2º nombre reservado, en la lectura del fallo de fecha 3 de octubre de 2019, en la causa RUC 1701130631-4, RIT 343-2019, fue condenado, a la pena única de 3 años y 1 días de presidio menor en su grado máximo y a la multa de 4 UTM, y a la accesoria de inhabilitación absoluta para ejercer cargo y oficio público durante el tiempo que dure la condena. Lo anterior, en atención a que se le condenó como autor de dos delitos de obstrucción a la investigación, previsto en el artículo 269 bis del Código Penal, cometidos los días 6 de febrero de 2017 y 11 de julio de 2017, en la ciudad de Valparaíso.

Añade que, finalmente, se le concede la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, fijándose un plazo de observación igual a su condena por 3 años y 1 día, y demás requisitos legales.

Sostiene que por lo expuesto, el ex Cabo 2º nombre reservado, incurrió en las faltas descritas en el artículo Nro. 3 letras a) y g), del Reglamento de Disciplina de Carabineros, Nº11, concurriendo las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 33, cuyas letras indica del citado texto reglamentario, sin concurrir circunstancias atenuantes a su favor.

Por otro lado, en cuanto al tiempo transcurrido en la tramitación del sumario administrativo, informa que dicho recurso de apelación fue resuelto por la máxima autoridad institucional mediante la Resolución Nº 91, de fecha 29 de diciembre de 2022 de la Dirección General, notificado conforme al artículo 160 de la Ley 18.834, con fecha 24 de marzo de 2023, mediante la cual se confirma la medida disciplinaria consistente en “Baja por conducta mala”, haciendo presente que, de conformidad a los Dictámenes Nº E220.260, de fecha 02 de junio de 2022 y E116.596, de fecha 23 de junio de 2021, ambos de la Contraloría General de la República, dicha notificación tiene por finalidad poner en su conocimiento que, a contar de esa comunicación, podrá ejercer la respectiva reclamación ante esa Institución Pública, por escrito, dentro del plazo que dicho precepto establece, la cual debe ser presentada por el recurrente en forma directa ante el referido ene contralor y no ante Carabineros de Chile.

Hace presente que la dilación de la tramitación de la resolución del recurso de apelación, tiene su fundamento en atención a la alerta sanitaria para todo el territorio de la República, con el objeto de enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del brote del nuevo Coronavirus (2019-NCOV). En ese sentido, expresa que la máxima autoridad Institucional emitió la Resolución Exenta Nº111, de fecha 23 de marzo de 2020, mediante la cual suspendió los plazos de tramitación de los procesos administrativos, con el objeto de no perjudicar a los involucrados en aquellos procesos, resguardado así los derechos de defensa, a contar con un debido proceso y un real acceso a la justicia administrativa.

Sostiene que el actuar de Carabineros ha sido debidamente fundado, no siendo antojadizo, ni menos arbitrario o ilegal, resguardando siempre el debido proceso administrativo.

Expone que la tramitación del expediente sumarial que incide en la situación administrativa del recurrente, en la actualidad, se encuentra con la etapa recursiva resuelta, habiéndose remitido la Resolución Nº 91 de fecha 29 de diciembre de la Dirección General, antes individualizada, a la Contraloría General de la República, para el trámite de Toma de Razón, junto con el Sumario Administrativo.

Agrega que posterior a dicha gestión, la Secretaría General deberá continuar con la tramitación correspondiente, considerando entre otras acciones, comunicar a la entidad fiscalizadora la data de notificación, al afectado del presente acto administrativo con su toma de razón.

Enfatiza que el expediente sumarial, objeto del recurso de protección presentado por el recurrente, ha respetado todas y cada una de las instancias reglamentarias que considera el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile Nro. 15, ello, especialmente en lo referente a desvinculaciones del personal institucional a propósito de hechos de tal gravedad que hacen inconveniente su permanencia en Carabineros de Chile.

Explica que conforme a lo informado por medio del Oficio Nº 117, de fecha 6 de junio de 2023, de la Zona de Valparaíso, el Sumario Administrativo incoado consta de las siguientes etapas procesales: Orden de Sumario Nº11031/1 de fecha 25 de junio de 2018, de la Prefectura de Carabineros Valparaíso; y la Orden de Sumario Nro. 12969/1, de fecha 27 de septiembre de 2019, de la V Zona de Carabineros Valparaíso, con el fin de establecer fehacientemente la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos que derivaron en la formalización en causa RIT 4706/2018, del Juzgado de Garantía de Valparaíso, en contra del Cabo 2º nombre reservado y los otros ex funcionarios involucrados, todos de dotación de la 3era. Comisaria Norte de la Prefectura de Carabineros Valparaíso.

Refiere que notificado el Cabo 2º nombre reservado, de la Vista Fiscal de fecha 25 de enero de 2019 y su ampliación de fecha 15 de marzo de 2019, emitidas por las Fiscalía Administrativa de la V Zona Valparaíso, este se manifestó disconforme con las conclusiones arribadas, presentando escrito de Contestación de Cargos. La autoridad Dictaminadora, esto es, el Prefecto de la Prefectura de Carabineros Valparaíso, Coronel nombre reservado, previo a emitir el Dictamen respectivo, mediante Oficio Nº626, de fecha 13 de septiembre de 2019, solicitó abstenerse de continuar sustanciando en calidad de Dictaminador el Sumario Administrativo, dispuesto mediante la Orden de Sumario Nº11031, atendido a que las medidas propuestas no se condecían con la gravedad y trascendencia de los hechos, ameritando una medida de mayor cuantía que escapaba de las atribuciones disciplinarias, asignadas al cargo de Prefecto, en cuanto había un Oficial Involucrado (Teniente nombre reservado). De la revisión de los antecedentes -agrega-, el mando zonal de la época estimó que resultaba procedente acoger la abstención planteada por el referido Oficial Superior, resolviendo por medio de la Resolución Exenta Nº 79, de fecha 17 de septiembre de 2019, acoger la solicitud de incompetencia formulada por el Prefecto de la Prefectura de Carabineros Valparaíso, determinándose que no continuará sustanciando el Sumario Administrativo, dispuesto mediante la Orden de Sumario Nº11031; y así las cosas, la Jefatura de la Zona Valparaíso emitió la Orden de Sumario 12696, de fecha 27 de septiembre de 2019, radicando en consecuencia la facultad resolutora y dictaminadora en ese nivel.

En definitiva, se sanciona al Cabo 2º nombre reservado, con la medida disciplinaria consistente en la “Baja de las filas de la institución”, por conducta mala, conforme al artículo 127, Nº4, letra a), del Reglamento de Selección y Ascenso del Personal de Carabineros, Nº8; en concordancia con lo establecido en el artículo 43, letra d), de la Ley Nro. 18961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; artículo 115, letra f), del D.F.L. (1) Nro. 2, de 1968; artículo 23 Nº2, letra e); y artículo 25, Nº9, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº11, conforme a los hechos reseñados anteriormente.

Refiere que luego, el Recurso Jerárquico presentado por el recurrente fue resuelto mediante Resolución Exenta Nº 287, de fecha 7 de agosto de 2020, de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad; y que finalmente por medio de la Resolución Exenta Nº91 de la Dirección General, se rechazó su recurso de apelación.

Sostiene que en la especie que el recurrente, a través acción sede judicial en una instancia de revisión, situación que se aleja de la naturaleza propia de esta acción constitucional, resultando necesario para tales efectos el examen y cotejo de pruebas, lo que ameritaría la apertura de un término probatorio en un juicio ordinario de competencia común, por tratarse de un asunto de lato conocimiento.

En este sentido destaca que para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, el que, a juicio del recurrente, resulta ser la prolongación arbitraria de la tramitación del sumario administrativo, encontrándose con la medida condición al de baja de las filas de la institución.

Sin embargo, lo que se pretende obtener por parte de ese Ilmo. tribunal de alzada, es la declaración de un derecho del cual el recurrente no es poseedor, evidenciándose la verdadera intención del recurrente, de impugnar el acto administrativo, Resolución Exenta Nro. 91, emitido con fecha 29 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Carabineros, el que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, y que en definitiva confirma la sanción disciplinaria antes mencionada, razones por la que la acción intentada no procedería, En consecuencia, como presupuesto básico de esta acción, se exige la existencia de un derecho indubitado, situación que en la especie no acontece.

En otro orden de ideas, refiere que, en cuanto a los sumarios administrativos, es posible aplicar las normativas contenidas en la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de Los Órganos de la Administración del Estado. Explica que la ponderación de los antecedentes y la calificación de mayor o menor gravedad de la falta cometida, que da lugar y motiva el licenciamiento con efectos inmediatos, queda entregada a la autoridad pertinente de Carabineros de Chile, conforme sus competencias disciplinarias, pudiendo el afectado presentar las alegaciones que estime procedente en el respectivo proceso disciplinario; conforme lo ha señalado la Contraloría General de la República en los Dictámenes Nº 2.446, de 2004 y 39.621, de 2006, entre otros.

Arguye que, en la tramitación del respectivo sumario administrativo los afectados cuentan con recursos procesales para ante las instancias superiores de Carabineros de Chile, pudiendo llegar hasta al Sr. General Director, quién resuelve en última instancia cuando se trata de medidas expulsivas.

Por último, en este aspecto, señala que los antecedentes serán derivados a la Contraloría General de la República para el control preventivo de legalidad, ello una vez agotadas las instancias recursivas administrativas, conforme lo señalado en el Dictamen Nº 13.178 del 13 de marzo de 2009 y lo dispuesto en el artículo 11, Nº6, de la Resolución Nº6 de 2019, de ese Órgano de Control, atendido que la aplicación de sanciones expulsivas del personal de Carabineros es una materia sujeta al trámite de toma de razón.

Respecto de la alegación del recurrente sobre la afectación de la garantía contenida en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, señalar que el primero no precisa cómo se habría materializado en su persona la supuesta afectación, reiterándose el argumento que los distintos Mando Institucionales que han resuelto lo han hecho conforme a sus atribuciones legales y reglamentarias, ello en el marco de un proceso sumarial tramitado con estricto apego a la normativa reglamentaria que regula su prosecución y al principio del debido proceso.

Por otro lado, respecto de la Resolución Exenta Nº410, de la Prefectura de Valparaíso, de 9 de junio de 2020, señala que se emitió a los efectos de hacer efectivo lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, en causa RIT 343-2019, en cuanto condenó al recurrente a la pena accesoria de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena, que fue de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 4 UTM y demás accesorias, como autor de dos delitos de obstrucción a la investigación. En lo relativo a su participación en los hechos, ello está señalado en forma clara y precisa en la letra C) de la parte resolutiva de la Resolución Nº 91 de la Dirección General de Carabineros de Chile, de fecha 29 de diciembre de 2022, en la que no se hace referencia a que haya redactado el Parte Policial, sino que colaboró en su redacción.

En cuanto a la supuesta afectación de la garantía contenida en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, el derecho a la igualdad ante la ley, precisa que el recurrente no fue sobreseído en la causa judicial que le afectó, sino que fue condenado; y que si bien fue beneficiado con la remisión condicional de la pena, ello sólo importa la sustitución del cumplimiento de la pena de cárcel por la discreta observación y asistencia en libertad del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo que determina la propia sentencia. En cuanto a la alegación del actor relativa a la existencia de otros casos en que no se habría adoptado una sanción de similar entidad, dice que ello depende de la ponderación de los hechos que los distintos Mandos podrían haber adoptado, dependiendo de la gravedad de los mismos, conductas y faltas en las que haya incurrido el personal, sin que se pueda generalizar o exista una ponderación legal o reglamentaria a priori que determine que sanción aplicar; sin que el recurrente precise los casos a los cuales se refiere.

Finalmente, respecto de la solicitud que señala haber presentado requiriendo su reincorporación, asevera que el Prefecto de la Prefectura de Carabineros Valparaíso le dio respuesta mediante Nota Respuesta de fecha 02 de junio de 2023, la que fue remitida al correo electrónico señalado por el recurrente.

En cuanto a la afectación del debido proceso que acusa el actor, hace presente que el recurso de protección solo procede respecto de lo prescrito en el inciso 5° del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Magna, conforme a lo cual las alegaciones que este formula no dicen relación con materias propias de un Recurso de Protección.

Afirma que no se aprecia en el sumario de autos una afectación al principio de celeridad, ni tampoco que se le haya negado algún tipo de recurso procesal, sino que en la situación del recurrente no resultaba procedente el recurso de reposición, ello conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 42 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, Nº 11, así el actor pudo interponer recurso de reposición en atención que la sanción en su caso le fue impuesta por el General Director.

Sobre lo sostenido por el recurrente en cuanto a que el sumario no fue dictaminado por el Prefecto de Valparaíso, ello está fundado en el Oficio Nº 626, del señalado Mando, de fecha 13 de septiembre de 2019, por el cual el Prefecto de la Prefectura de Valparaíso señala que no concuerda con las medidas disciplinarias propuestas por el Fiscal, por considerar que no se condicen con la gravedad y trascendencia de los hechos, especialmente en lo que dice relación con la limitación de su potestad disciplinaria respecto del nombre reservado involucrado, por cuanto conforme el Título VII, artículo 35, inciso 4to., de Cuarto Grado, que le permite aplicar hasta 10 días de arresto, estimando que se requiere la aplicación de una medida disciplinaria de mayor cuantía. Esa petición -dice- fue acogida por el Mando de la Vta. Zona de Carabineros Valparaíso, mediante la Resolución Exenta Nº 79 de fecha 17 de septiembre de 2019; conforme a lo cual no se aprecia afectación alguna a dicha garantía, ello atendido que el proceso administrativo afectaba a varios funcionarios, entre ellos al recurrente conforme lo cual y dada la gravedad de la falta, el ejercicio de la potestad disciplinaria estaba radicada en dicho Mando.

En cuanto a la inhabilidad alegada respecto del Mando que resolvió en la instancia del recurso jerárquico y de apelación, precisa que el ejercicio de la potestad disciplinaria está radicada en el cargo que ejerce el Mando que resuelve y no a la persona, lo que ha sido confirmado por la Contraloría General de la República en su Dictamen Nº14.543, de fecha 14 de marzo de 2012.

Sobre la prescripción, refiere que esa alegación no fue presentada ni al contestar la Visa Fiscal, ni en el recurso jerárquico, ni en el recurso de apelación del sumario administrativo incoado. Agrega, no obstante, que el artículo 36, inciso segundo, de la Ley Nº18.961, vigente a la época de los hechos, establecía que el personal que infringiera sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el señalado cuerpo reglamentario. Seguidamente, anota que el artículo 20, inciso primero, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, dispone que la facultad de castigar las faltas prescribe en el término de seis meses, contado desde la fecha en que se cometió la falta, añadiendo su inciso tercero, que las diligencias y actuaciones tendientes a establecer la falta que defina la responsabilidad del autor suspenden el plazo de la prescripción.

Así, al dictarse la Resolución Nº 91 de la Dirección General de Carabineros de Chile, de fecha 29 de diciembre de 2022, la acción disciplinaria no se encontraba prescrita, ello por cuanto la prescripción se suspendió con fecha 25 de junio, al emitirse por la Prefectura de Carabineros de Valparaíso la Orden de Sumario Nº 11.031/1, el que indudablemente está orientado a establecer la falta que defina la responsabilidad del autor. Acota que en el caso de que el recurrente estimare que debía aplicarse el plazo de prescripción contemplado en la ley Nº 21.041, ese cuerpo legal incorporó el artículo 36 bis a la señalada Ley Nro. 18.961, cuyo inciso tercero amplió el plazo de prescripción de la acción disciplinaria a cuatro años contados desde el día en que se hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen, estableciendo, también, nuevas reglas de la suspensión de la prescripción.

Al respecto, consigna que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de la Ley, mientras el proceso sumario estuvo en tramitación el recurrente no manifestó su voluntad en cuanto a regirse por las reglas de prescripción incorporadas por la ley Nº 21.041; y que sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que este último plazo de prescripción tampoco se cumple en este caso, por lo que concluye la responsabilidad administrativa determinada a su respecto no se encontraba prescrita.

En relación a la alusión al “debido proceso” que hace el recurrente, acusa que no precisa, en qué habría consistido esta conculcación del debido proceso, situación que tampoco se aprecia en el expediente sumarial, en el cual se le tomó declaración, se le notificó la Vista Fiscal, pudo deducir todos los recursos que contempla la normativa reglamentaria aplicable, etc., conforme lo cual no ha existido vulneración alguna a dicho principio.

Finalmente, sobre este punto hace hincapié que el recurrente fue notificado personalmente con fecha 24 de marzo de 2023 de su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, para el caso de estimar hubieren producido vicios de legalidad que afectaren sus derechos, de conformidad a lo prescrito en el artículo 160 de la Ley Nº 18.834, como trámite previo a remitir el proceso sumarial al Órgano de Control para el trámite de Toma de Razón, de conformidad a lo ordenado por la Secretaría General.

Niega la afectación de las restantes garantías constitucionales que el actor denuncia como conculcadas.

Refiere que en cuanto la necesidad de emitir una resolución de retiro absoluto, consultado en su oportunidad el Departamento de Personal de Nombramiento Institucional, P.2, instruyó que ello no era necesario en atención que la situación había acaecido de pleno derecho, de conformidad a lo prescrito en el artículo en el artículo 43, letra b) de la Ley Nº 18.961, conforme D/E N.C.U. 182709704 dirigido a la Prefectura de Valparaíso.

Por todo lo anterior, solicita, en definitiva, rechazar el recurso con costas, en atención a que, en los hechos descritos, Carabineros de Chile, no ha vulnerado derecho alguno, actuando conforme al ordenamiento jurídico.

Tercero: Que la Contraloría General de la República, cumpliendo con el trámite ordenado con fecha 30 de agosto de 2023, en cuanto a informar el estado de trámite de la toma de razón de la Resolución N° 91, de 2022, de la Dirección General de Carabineros de Chile, informa que dicho acto administrativo fue ingresado a esa Contraloría General para su toma de razón el día 30 de marzo de 2023, encontrándose actualmente pendiente.

Agrega que el afectado, con la misma fecha, presentó ante esa Entidad Fiscalizadora un reclamo en contra de la citada Resolución N° 91, de 2022, el cual fue ingresado con la referencia N° 51.902, de 2023, y respecto del cual esa Contraloría General, mediante el oficio N°E391.964, de 2023, se abstuvo de emitir el pronunciamiento requerido, por encontrarse el asunto reclamado sometido al conocimiento de esta Iltma. Corte.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que se recurre el contra de la Resolución Exenta N°91, de 29 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Carabineros de Chile, que rechazó el recurso de apelación que el recurrente dedujo en contra de la medida disciplinaria aplicada por el Mando de la V Zona de Carabineros “Valparaíso”, consistente en su baja por “conducta mala”, por lo que se debe determinar si dicha decisión constituye o no un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace algún derecho constitucional amparado por la presente acción cautelar.

Sexto: Que con los antecedentes traídos a conocimiento de esta Corte se tienen por establecidos los siguientes hechos relevantes:

a) Que contra el recurrente se libraron dos órdenes de sumario administrativo: a) La Orden de Sumario Nº11031/1, de fecha 25 de junio de 2018, de la Prefectura de Carabineros Valparaíso; y la Orden de Sumario Nº 12969/1, de fecha 27 de septiembre de 2019, de la V Zona de Carabineros Valparaíso, ambas con el fin de establecer los hechos y responsabilidades funcionarias que derivaron en la formalización en causa RIT 4706/2018, del Juzgado de Garantía de Valparaíso, seguida en contra del recurrente y de otros ex funcionarios involucrados en esos hechos, todos de dotación de la 3era. Comisaria Norte de la Prefectura de Carabineros Valparaíso.

b) Que el recurrente fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, en causa RIT 343-2019, a la pena única de 3 años y 1 días de presidio menor en su grado máximo y a la multa de 4 UTM, y a la accesoria de inhabilitación absoluta para ejercer cargo y oficio público durante el tiempo que dure la condena, como autor de dos delitos de obstrucción a la investigación, previsto en el artículo 269 bis del Código Penal, cometidos los días 6 de febrero de 2017 y 11 de julio de 2017, en la ciudad de Valparaíso; pena que fue sustituida por la de libertad vigilada intensiva.

c) Que por Resolución Exenta Nº410, de la Prefectura de Valparaíso, de 9 de junio de 2020, se sancionó al recurrente con la medida disciplinaria de “Baja de las filas de la institución”, por conducta mala.

d) Que en contra de la señalada sanción, el recurrente interpuso recurso jerárquico, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta Nº 287, de fecha 7 de agosto de 2020, de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad.

e) Que finalmente, por medio de la Resolución Exenta Nº 91, de 29 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Carabineros, se rechazó el recurso de apelación deducido por el recurrente en contra de la Resolución Nº287, antes citada.

Séptimo: Que para resolver el asunto se debe tener presente que el inciso 1° del artículo 2° de la ley N°18.961, Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, dispone:

“Carabineros de Chile como cuerpo policial armado es esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado y su personal estará sometido a las normas básicas establecidas en la presente ley orgánica, su Estatuto, Código de Justicia Militar y reglamentación interna”.

Por su parte, el inciso 5° del artículo 127 N°4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N°8, faculta a dicha institución para disponer la baja de las filas con efectos inmediatos, por cuando dispone: “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación”.

Octavo: Que en consecuencia, la decisión impugnada por el actor se enmarca dentro de los supuestos de la normativa antes indicada, y ha sido dictada además por la autoridad competente con facultad para disponer la baja de un funcionario por “conducta mala”; máxime si en este caso la medida fue dispuesta a raíz de un sumario administrativo seguido en su contra, en cuyo contexto se dedujeron sendos recursos administrativos que fueron rechazados, a lo que se suma que el actor fue condenado incluso penalmente, por los hechos que motivaron la señalada investigación sumarial.

Por lo dicho, estima esta Corte que la recurrida ha actuado dentro de las atribuciones que la ley le confiere, al tratarse del ejercicio de una potestad disciplinaria concedida a la autoridad policial, por lo que no existe ilegalidad en la dictación de tal acto y tampoco se torna arbitrario o caprichoso. Por el contrario, la Resolución Exenta Nº91 que se impugna está debidamente motivada, al expresar la hechos imputados al recurrente y la gravedad de los mismos conforme a los valores y principios Institucionales que se ponderaron por la autoridad que emite la decisión cuestionada, por lo que tampoco se observa arbitrariedad en su dictación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado, en contra del General Director de Carabineros de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Eduardo Jequier Lehuedé.

Protección N° 6458-2023.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada, además, por la Ministra (s) señora Erika Villegas Pavlich y el Abogado Integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé. No firma la Ministra (s) señora Villegas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.