Protección contra resolución del Sr

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, Licenciado de Derecho, quien deduce acción de protección en contra de la resolución del Sr. Presidente de la Excma. Corte Suprema, Oficina de nombre reservado, que rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución dictada por el Pleno del máximo tribunal, que a su vez denegó la solicitud para prestar juramento como abogado, con vulneración de las garantías previstas en los numerales 1°, 2°, 16° inciso tercero y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que con fecha 19 de octubre de 2021, presentó la apertura de expediente de juramento en la Oficina de Títulos de la Excma. Corte Suprema de Justicia, petición proveída el día 20 de octubre de 2021, e individualizada con el Rol de Ingreso Nº Tl-3036-2021, cuyo inciso segundo dispuso: “Atendida la anotación prontuarial de fs. 33 y siguientes, remítanse los antecedentes del señor nombre reservado al Comité de Personas para su informe".

Añade que el Comité de Personas, con fecha 16 de diciembre de 2021, evacua informe, exponiendo que no cumple con los requisitos para obtener el título de abogado exigidos en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, en conformidad a los fundamentos siguientes: “Que en el certificado de antecedentes penales el interesado registra las siguientes anotaciones prontuariales: a).- por el delito de conducción en estado de ebriedad en razón de la sentencia del 34º Juzgado del Crimen de Santiago, con sentencia de fecha 17 de agosto de 1970 en la que se le sancionó con las penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo (pena remitida)... b).- por el delito de conducción en estado de ebriedad en razón de la sentencia del 9º Juzgado del Crimen de Santiago, con sentencia de fecha 17 de agosto de 1987. en la que se le sancionó con las penas de 100 días de presidio menor en su grado medio... (pena remitida) Penas declaradas prescritas el 22 de septiembre de 2015 y; c).- por haber cometido el delito de estafa, según se desprende de la sentencia ROL Nº 12.569-2012 del 2º Tribunal de Garantía de Santiago, de 23 de julio de 2015 en la que se le condenó a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y de multa de 5 UTM (pena remitida), la que fue cumplida según consta en la resolución del mismo tribunal fecha 19 de mayo de 2016. d).- Que en virtud de los antecedentes tenidos a la vista, el Comité considera que respecto del interesado no concurren los requisitos exigidos por el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales para poder ser abogado, especialmente en lo que se refiere a los antecedentes de buena conducta, por lo que ha sido de la opinión de informar desfavorablemente el presente caso. Remítanse los antecedentes a la Oficina Administrativa".

Luego, con fecha 18 de enero de 2022, el Tribunal Pleno de la Excma. Corte Suprema rechazó su solicitud, "teniendo en consideración las anotaciones que figuran en el extracto de filiación y antecedentes del peticionario (…) impiden considerar que éste cumple con el requisito de buena conducta que exige el Nº 4 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales para ser abogado (…) Resolución acordada con el voto en contra del presidente señor nombre reservado y de los ministros señor Silva G. y señora nombre reservado, quienes por considerar que el solicitante reúne los requisitos que prevé el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, estuvieron por hacer lugar a lo pedido y recibir su juramento como abogado".

En razón de lo anterior, con fecha 24 de enero de 2022 interpuso recurso de reposición en contra de la resolución del Pleno de la Excma. Corte Suprema. Dicho arbitrio se fundó en que las señaladas condenas, del año 1970 y 1987, fueron declaradas prescritas, y la última, terminó con una pena sustitutiva establecida en el artículo 1º y 38º, inciso 3°, de la Ley Nº 18.216 (modificada por la Ley Nº 20.603), con el acuerdo de todos los intervinientes y acogida por el Juez, toda vez que no tenía antecedentes anteriores por crimen o simple delito; pena que fue cumplida entera y satisfactoriamente, dando lugar a la eliminación definitiva para todos los efectos legales y administrativos, como lo describe el Código Procesal Penal en el artículo 240 inciso segundo.

Hace presente que cumplido el plazo del artículo citado, los documentos con las respectivas resoluciones fueron entregadas personalmente por su parte al Servicio de Registro Civil e Identificación, en tiempo y forma, con fecha 23 de junio de 2021 y reiterado el 7 de febrero de 2022, resoluciones que ordenan a dicho Servicio Público la eliminación definitiva del extracto de filiación para todos los efectos legales y administrativos, obligación a la que no dio cumplimiento con los consecuentes perjuicios, en razón de la burocracia, inactividad y falta de personal debido a la pandemia. No obstante, el recurrente dedujo los reclamos necesarios, exigiendo los Certificados de Antecedentes para fines Especiales y Particulares, acompañados a los autos en un téngase presente, el día 24 de febrero de 2022; antecedentes que el Comité de Personas tuvo a la vista para el Informe ordenado por el Pleno del máximo Tribunal, pero no eliminó del extracto de filiación lo ordenado.

Evacuado el Informe del Comité de Personas el 17 de marzo de 2022, reitera lo expuesto el 16 de diciembre de 2021 y, agrega a su Informe: 1.- "que para este caso no sería aplicable el artículo 10° Acta 192-2015 (…) cuando el antecedente penal que registre el postulante solo consista en la comisión de una única falta o delito que no merezca pena aflictiva, cuya sanción haya sido cumplida (...)"; 2.- “Que acompaña dos certificados de antecedentes, uno para fines especiales y otro para fines particulares, de fecha 21 de febrero de 2022, emanados del Servicio de Registro Civil e Identificación que dan cuenta que el interesado no registra antecedentes ni anotaciones vigentes a la fecha"; 3.- "Que por otra parte, los fundamentos y antecedentes presentados no permiten desvirtuar lo previamente resuelto, por cuanto no resultan ser de la entidad suficiente que permitan considerar que el interesado por tales circunstancias cumple con el requisito de buena conducta que exige el numeral 4° del Código Orgánico de Tribunales, especialmente, en atención a la naturaleza de los delitos por los cuales fue sancionado en su oportunidad”; y 4.- "Que por lo demás, habiendo el solicitante abierto expediente para juramento con fecha 19 de octubre del año 2021, en los términos del artículo para que informe el Comité de Personas cuando existe algún antecedente penal distinto al establecido 19º del Acta 47-2020, le es aplicable dicha normativa, la que considera en su artículo 9° letra a) la remisión del expediente en el numeral 3° del Código Orgánico de Tribunales, por tanto, en mérito de los antecedentes latamente reseñados procede la revisión de su expediente por parte de este Comité y, asimismo, por lo previamente expuesto, no sería aplicable a este caso la disposición del Acta 192-2015 que indica el recurrente. Y termina: "Que en virtud de todos los antecedentes tenidos a la vista y lo previamente razonado, el Comité es de opinión de informar desfavorablemente el presente caso por no verificarse el requisito de buena conducta que exige el Nº 4 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales para ser abogado".

Indica que el 31 de marzo de 2022, se tuvo por evacuado el informe del Comité de Personas. El Tribunal Pleno, a fs.18, de fecha 5 de abril de 2022, hace un resumen de lo informado por el Comité de Personas, y resuelve: "Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 521y 523 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza la solicitud de reposición en contra de la resolución que denegó la solicitud de juramento formulada por el solicitante de autos. Acordada la decisión con el voto en contra del Ministro señor Silva G. quien estuvo por acoger la reposición planteada y dar lugar a la solicitud de juramento.".

Agrega que el Comité de Personas, en la tramitación del recurso de reposición, tomó conocimiento de la inexistencia de antecedentes penales por haber acompañado los respectivos Certificados de Antecedentes en un escrito "téngase presente" y, de igual manera, insistió en informar desfavorablemente al Pleno, agregando al respecto que le sería aplicable lo establecido en el artículo 10º del Acta 192-2015, en virtud del cual "no se remitirá el expediente al comité de comunicaciones cuando el antecedente penal que registre el postulante sólo consista en la comisión de una única falta o un delito que no merezca pena aflictiva, cuya sanción haya sido cumplida", que es precisamente el caso del proceso rol Nº 12.569-2012, del 2º Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que el Comité de Personas yerra al informar al Pleno desfavorablemente por “mala conducta”.

Hace presente además de los antecedentes de buena conducta que obran en el expediente de Juramento, los efectos de la Ley 18.216, modificados los artículos 1º y 38º Inciso tercero por la Ley 20.603, políticas destinadas a la rehabilitación y reinserción a la sociedad, y lo dispuesto en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, estimando que cumple con los requisitos para ser investido del título de abogado.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima vulneradas, invoca el derecho a la integridad psíquica, al estar impedido de acceder al título profesional después de tantos años de estudios; la igualdad ante la ley, toda vez que jamás ha sido investigado, imputado, acusado, menos condenado a pena aflictiva, y ninguno de sus antecedentes tiene anotaciones; la libertad de trabajo y el derecho de propiedad que tiene sobre el título profesional de abogado, teniendo presente que cumple con todos los requisitos habilitantes para optar al título de abogado.

Solicita que se acoja el recurso, arbitrando todas las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho quebrantado por las acciones ilegales y arbitrarias descritas, lo que le impide jurar como abogado.

Segundo: Que, evacúa informe don nombre reservado, encargado (S) de la Oficina de Títulos de la Excma. Corte Suprema, solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que el recurrente es postulante al título de abogado, abriendo su expediente el día 19 de octubre de 2021, ingresado con el rol Tl-3036-2021.

Asevera que, tal como lo alega el recurrente, el 9 de noviembre de 2015 el Tribunal Pleno de la Corte Suprema dicta el Acta 192-2015 "Instructivo para la Tramitación de Expedientes de Juramento de abogadas y Abogados". Dicha acta en su artículo 9 establece la obligación de remitir los antecedentes al Fiscal Judicial de la Corte Suprema para su informe cuando “de los documentos recopilados se desprendan antecedentes de mala conducta del postulante o si de su extracto de filiación consta un antecedente penal distinto al establecido en el numeral 3º del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales". A su vez, el inciso final de la letra A del artículo 10 dispone "Con todo, no se remitirá el expediente al Comité de Comunicaciones cuando el antecedente penal que registre el postulante solo consista en la comisión de una única falta o un delito que no merezca pena aflictiva, cuya sanción haya sido cumplida y siempre que el informe del Fiscal Judicial fuere favorable".

Destaca que el Acta 192-2015 se encuentra derogada por el Acta 173-2017, aprobada por el Tribunal Pleno con fecha 20 de noviembre de 2017, cuya vigencia se inicia 60 días después de su publicación, la que a su vez se encuentra derogada por el Acta 47-2020, aprobada por el Tribunal Pleno con fecha 20 de marzo de 2020, cuya vigencia se inició 60 días después, y que debido a la fecha de apertura del expediente, esto es, el 19 de octubre de 2021, el acta que regula la tramitación de la solicitud de juramento del recurrente es la 47-2020.

Afirma que el Acta 47-2020 en su artículo 9º dispone: "Remisión del expediente al Comité de Personas. Se remitirá el expediente de titulación al Comité de Personas de la Corte Suprema, a objeto de que proponga al Tribunal Pleno si, en su opinión, la solicitud del postulante debe ser acogida o rechazada, en los siguientes casos: a) Si de los documentos recopilados se desprenden antecedentes de mala conducta del postulante o si de su extracto de filiación consta un antecedente penal distinto al establecido en el numeral 3º del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales". En virtud de esta obligación, la Oficina de Títulos remite los antecedentes a dicho Comité sin calificar el tenor ni la cantidad de anotaciones a fin de que estudien los antecedentes y se proponga una resolución al Tribunal Pleno.

Añade que en virtud del estudio acabado que realiza el Comité de Personas, con fecha 16 de diciembre informa desfavorablemente al Tribunal Pleno, realizando en el punto 2° un resumen de las 3 anotaciones que registra el recurrente, siendo de mayor gravedad el delito de estafa contra una persona analfabeta registrado el 23 de julio de 2015 en causa Rol N° 12.569-2012.

Asevera que, a criterio del Comité de Personas, el recurrente no daría cumplimiento a la exigencia del numeral 4º del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, por lo que no cuenta con antecedentes de buena conducta, teniendo el Tribunal Pleno el mismo parecer, por lo que con fecha 18 de enero de 2022, se rechazó la solicitud del recurrente.

Posteriormente, el 24 de enero de 2022 el recurrente presentó recurso de reposición, alegando que dos de las penas se encuentran prescritas y que la tercera se encuentra cumplida, por lo que conforme a la Ley N°18.216, debería ser eliminada de sus antecedentes penales. Además, su abogada con fecha 24 de febrero reitera los argumentos y acompaña dos Certificados de Antecedentes, uno para fines particulares y otro para fines especiales de fecha 21 de febrero de 2022.

Luego, previo informe del Comité de Personas, con fecha 5 de abril de 2022 el Tribunal Pleno rechaza el recurso de reposición, señalando que en virtud de todos los antecedentes tenidos a la vista, el recurrente no logra acreditar el cumplimiento de la exigencia contenida en el numeral 4º del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales.

Indica que en el escrito presentado por el recurrente solicitando se otorgue el título de abogado, agregado a fojas 29, en su segundo otrosí solicita y autoriza a la Oficina de Títulos de la Corte Suprema, la obtención del Certificado de Filiación y Antecedentes del Servicio del Registro Civil, siendo un documento que se tendrá a la vista durante la tramitación del expediente debido a la información que entrega.

Por los antecedentes expuestos, solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

Tercero: Que la acción de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene como fin proteger en forma inmediata a una persona de un acto u omisión arbitrario o ilegal del que hubiere sido víctima, ya sea del Estado o de particulares y que le cause privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que contempla el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, resulta indispensable tener en consideración que la Excma. Corte Suprema es el Tribunal máximo de la República de Chile, que ejerce jurisdicción sobre todo el territorio nacional y cuya función normal y específica es velar por la correcta y uniforme aplicación de la Constitución Política y de las leyes, y todas las demás funciones primordiales que la Carta Fundamental y las leyes le entregan.

Quinto: Que, en esa tarea, el citado Tribunal resolvió la cuestión planteada por el recurrente, lo que se traduce en último término en haber actuado dentro de las funciones que le son privativas, por decisión de pleno de fecha cinco de abril del año en curso, en autos Rol TI-3036-2021, labor en la que resolvió rechazar el recurso de reposición entablado en contra de la resolución que denegó la solicitud de juramento del recurrente, sin que pueda dicha decisión ser objeto del recurso de protección.

Y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-64349-2022.

En Santiago, veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.