nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que Franco Paolo Fritiz Villagra, abogado, en representación de nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado espejo, presenta recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre.

Expone que, mediante correo electrónico de 18 de diciembre de 2019 de la sección de recursos humanos de la empleadora de la recurrente, TRICARD S.A (TIENDA TRICOT), se le comunicó que por instrucción de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre se efectuaría un descuento en su remuneración de ese mes por la suma de $69.956, en razón de una deuda por ella contraída en el año 2015 con Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Hace presente que el 7 de septiembre del año 2015, en circunstancias que se desempañaba para otro empleador, solicitó un préstamo a dicha Caja de Asignación por la suma de $703.363, pagaderos en 12 cuotas de $69.956 pesos.

Afirma que pagó 9 de las cuotas por un total de $ 629.604 hasta el año 2016, cuando fue desvinculada y que, al tramitar el cobro del seguro de cesantía, dio aviso a la Aseguradora para que se pagara el saldo por concepto de crédito de consumo.

Así las cosas, relata que las recurridas no efectuaron gestión judicial ni extrajudicial alguna para cobrar el saldo insoluto, ello hasta el mes de diciembre de 2019, y ahora pretenden por la vía de este descuento ilegal, cobrar una deuda que se encuentra prescrita.

Consigna que su parte tampoco ha autorizado a la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre a realizar descuento alguno, por lo que no procede el descuento por planilla realizado vía “TRICARD S.A”.

Tocante a las garantías lesionadas, estima se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales: 3, 16 y 24, toda vez que las recurridas, sin fundamento legal, han puesto a la recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, privándola de la justa retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña.

Por lo anterior, solicita, se ordene a las recurridas:

1) El reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución.

2) Abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de “TRICARD S.A”., o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de las remuneraciones de la señora nombre reservado.

3) Todo esto con expresa y ejemplificadora condena en costas SEGUNDO: Contestó el recurso la recurrida Caja De Compensación De Asignación Familiar 18 De Septiembre, solicitando su rechazo.

Explica que su participación en los hechos denunciados se ha limitado a la intermediación en el cobro de la deuda de crédito social que la recurrente mantiene con la C.C.A.F. La Araucana, en virtud de la aplicación de la plataforma INTERCAJAS, el que da aplicación a la normativa que regula el cobro y pago de las cuotas de crédito social, contenida fundamentalmente en la ley 18.833, Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar; el DS 71 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el Código del Trabajo; la ley 17.322 que contiene las Normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las Instituciones de Seguridad Social; y la Circular 2052 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Al efecto, cita el artículo 22 de la ley 18.833 que establece: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

A su turno, el artículo 58 del Código del Trabajo dispone la siguiente obligación de cargo del empleador: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones se seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”

Y a su vez, el inciso primero del artículo 22 de la Ley 17.322 mandata: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones..”

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En virtud de aquello, confirma aquello que refiere la actora en orden a haberse realizado, en el mes diciembre de 2019, un descuento de $69.956; dinero que fue remesado a la C.C.A.F. La Araucana en su oportunidad.

TERCERO: Informó también la parte recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

En ese sentido, reitera lo ya señalado por la otra recurrida en cuanto a que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas.

Insiste en que los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833, en concordancia con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el artículo 22 de la Ley N°17.322.

En relación con la situación particular de la actora, indica que el 07 de septiembre de 2015, le otorgó el crédito social folio N°137000167267, por un monto total incluido intereses y seguros de $839.472 pesos, pactado en 12 cuotas de $69.956 pesos, a descontar a partir del mes de octubre de 2015, desde su remuneración por su ex empleador Abugarade y Compañía Limitada Señala que, hasta el mes de junio de 2016, la recurrente cumplió con sus pagando hasta la cuota N°9 completamente.

No existiendo conforme a su base de datos pago alguno efectuado por la aseguradora, la afiliada figuraba en calidad de morosa, ello hasta el mes de noviembre de 2019 en que es posible ubicarla por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, comenzando a enviar las respectivas nóminas de descuento a partir del mes de diciembre de 2019, pagándose conforme los descuentos en su liquidación la cuota N°10 del crédito social.

Advierte que el crédito no ha sido declarado prescrito ni se ha extinguido la obligación ya que desde la época en que se efectuó el último descuento, esto es, en junio de 2016 hasta diciembre de 2019, no han transcurrido 5 años. A ello añade que la prescripción de la obligación emanada del contrato de mutuo en el caso de marras se interrumpió al reconocer a través de este recurso la deuda, por ende, se mantiene como obligación civil, y por tanto exigible para la Caja acreedora.

No obstante, lo informado dice que, sin reconocer la extinción de la deuda procederá al cese de los descuentos y a hacer devolución a la recurrente de los descuentos efectuados a partir del mes de diciembre de 2019 en adelante, solicitando tener presente que las planillas de descuento son informadas por sistema al respectivo empleador la tercera semana del mes anterior en que se hará efectivo el descuento, por lo que se dispondrá la restitución de aquel descuento que pudiera producirse en el intertanto se dicte la respectiva sentencia .

CUARTO: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, habiéndose allanado la parte recurrida, la acción constitucional debe acogerse, pues ha aceptado que su conducta es ilegal o, a lo menos, arbitraria y que se ha vulnerado el derecho del N° 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, la acción constitucional deducida, sólo en cuanto se ordena a Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, debiendo abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, descuentos de las remuneraciones de la actora, en razón de la deuda materia de el presente recurso.

Regístrese y comuníquese-.

N°Protección-6424-2020.