Protección contra Inspección Comunal del Trabajo Santiago-Poniente

C.A. de Santiago Santiago, diez de diciembre de dos mil diecinueve.

Al escrito folio 22, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 26 de julio de 2019, comparece don Diego Agustín Aburto Lobos, abogado, en representación de Sociedad de Tercerización de Servicios Provider Latin America Limitada, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago-Poniente, representada por la Inspectora Comunal doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado.

Funda su recurso señalando que con fecha 27 de mayo de 2019, el fiscalizador José Miguel Moya Ureta cursa la Resolución de multa Nº 7593/19/31 aplicando una multa por 60 UTM, la que se sustenta en el hecho que supuestamente su representada obliga a los trabajadores señalados a registrar asistencia en ocasión de la charla de seguridad, no obstante estar excluidos de la limitación de la jornada de trabajo.

Sostiene que la charla de seguridad no dice relación con el registro de asistencia, sino como medida de seguridad y los trabajadores por los cuales se cursó la multa, precisamente cumplen funciones de Inspector técnico de pérdidas o de asistente de inspector, entre otras, cuyo objetivo principal es detectar pérdidas irregulares de electricidad, ya sea por el mal funcionamiento de los medidores o por la manipulación indebida de ellos.

Precisa que las labores de estos trabajadores se realizan esencialmente en terreno ya que deben cumplir rutas predefinidas, de modo que están excluidos de la limitación de jornada de trabajo. Así, los trabajadores deben asistir a las charlas de seguridad, pero ellas en ningún caso corresponden al registro de asistencia regulado por el artículo 33 del Código del Trabajo, no es la finalidad de las charlas de seguridad registrar las horas de trabajo de los trabajadores, sino únicamente acreditar que los trabajadores cumplieron con una de las tantas medidas de seguridad que la empresa adopta para ellos. Agrega que las charlas de seguridad son parte de las medidas de seguridad que adopta la empresa y no duran más de 20 minutos.

Alega que el fiscalizador se arrogó facultades interpretativas, precisando que los contratos de trabajo de los trabajadores en su cláusula tercera se establece la exclusión de la limitación de su jornada de trabajo, según artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo y en ese sentido, el fiscalizador califico jurídicamente los contratos de trabajo aludidos, determinado que la cláusula citada no tiene ninguna validez, cuestión que es absolutamente ilegal y arbitraria, en circunstancias en cuanto que es un juez de la República el que debe evaluar si procede o no la validez de una cláusula contractual.

Sostiene que con la actuación señalada, el fiscalizador recurrido ha excedido sus atribuciones legales al invadir el ámbito de conocimiento de los tribunales de justicia, a quienes corresponde el conocimiento de estas materias de interpretación, imponiendo a su representada una multa ilegal y arbitraria.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, cita en primer término el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política que establece que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales y el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política que consagra el derecho a la propiedad, sosteniendo que la recurrida vulnera dicha garantía puesto que se ha afectado el patrimonio de su representada, al imponerle una multa absolutamente ilegal y arbitraria, estableciendo una restricción a las facultades esenciales del dominio.

Previas citas legales y constitucionales, solicita que se acoja el recurso, dejando sin efecto la Resolución de Multa Nº 7593/19/31 de 27 de mayo de 2019, con costas.

Segundo: Que con fecha 8 de octubre de 2019, comparece doña Javiera Álvarez Vera, abogada, en representación de la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Poniente, quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo.

Alega en primer término la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, señalando que los Tribunales Superiores de Justicia han desarrollado un acertado criterio jurisprudencial que concluye que el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de todo procedimiento judicial específico que exista, más aún, si se pretende reemplazar procedimientos concebidos como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos que se pretenden afectados.

Cita jurisprudencia en apoyo de su posición y sostiene que los criterios señalados las sentencias que indica, hacen referencia a las dos acciones jurisdiccionales que el administrado posee para repudiar un acto administrativo, ya sea en contra de la multa administrativa, como es el caso de autos y que se encuentra regulado en el artículo 503 inciso 3° del Código del Trabajo. Norma que expresamente señala: “La resolución que aplique multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de 15 días hábiles contados desde su notificación…”. O la norma del inciso 2° del artículo 512 del Código del Trabajo, para el caso que el acto administrativo repudiado sea una Resolución que se pronunció respecto a una solicitud de reconsideración de multa.

Señala que el artículo 420 del Código del Trabajo dispone en su letra e) que serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: “las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social”, quedando de manifiesto que la reclamación que procedía incoar no es otra que la dispuesta en el inciso 3° del artículo 503 del Código del Trabajo y no otra.

En segundo término alega la inadmisibilidad de la acción cautelar, señalando que en el caso de marras, no existe, bajo ningún contexto, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución en su artículo 20.

En cuanto a la vulneración del artículo 19 Nº 3 inciso 5º, sostiene que no es efectivo que la parte empleadora fue juzgada por comisiones especiales, siendo que la Dirección del Trabajo solo actuó dentro de su ámbito de competencia y dentro de las facultades que la ley le establece. En ese sentido, el fiscalizador solo constató ciertos hechos que se subsumían dentro de una normativa sancionadora, y desconocer esa tipificación sería ir contra la protección de la normativa laboral.

En cuanto a la supuesta infracción del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política, transcribe el inciso segundo del referido artículo y afirma que resulta absurdo creer que se ha afectado el patrimonio de la contraria de forma arbitraria, ya que es la misma ley la que le otorga facultades a la Inspección del Trabajo para imponer multas en resguardo de los intereses generales de la Nación, en este caso concreto, garantizando la protección de la normativa laboral.

En subsidio, y en cuanto al fondo del asunto, asegura que la multa impuesta a la contraria fue bien cursada, señalando que la Inspección del Trabajo está facultada para visitar lugares de trabajo y en el caso de constatar una infracción emitir resoluciones de multa que deberán contener el hecho constitutivo de la infracción, la individualización de la norma jurídica laboral infringida y el monto de la multa impuesta y agrega que no le está vedado al órgano administrativo concluir en torno a la existencia de una infracción como la que se señala, desde que precisamente su misión institucional lo obliga a identificar los hechos que conforman la infracciona a la ley laboral y subsumir tales hechos a una formulación como la que se expresa en la sanción, actividad en que no invade campo jurisdiccional alguno de otro órgano, desde que la naturaleza propia de la actividad fiscalizadora le impone a partir de hechos constatados, a derivar de manera lógica y precisa -en lo que importa una acción de razonamiento práctico- la infracción legal que se reprocha.

Afirma que no es efectivo que el fiscalizador, al aplicar la multa, ha excedido sus atribuciones legales ejerciendo facultades jurisdiccionales, ya que dicho funcionario puede perfectamente analizar e interpretar la prestación de servicios de los trabajadores de la empresa fiscalizada, citando jurisprudencia en apoyo de su tesis.

Explica que en nuestra legislación laboral la duración de la jornada ordinaria de trabajo, no excederá de las cuarenta y cinco horas semanales; y la excepción de esta limitación depende del cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso 2º del artículo 22 del Código de Trabajo, por lo cual, no basta que un empleador pacte en un contrato de trabajo que los trabajadores se encuentran exentos de la limitación de la jornada sino que es necesario que se cumplan con las características que ésta exclusión implica, como por ejemplo, que no se encuentren obligados a registrar su asistencia diaria (tal como ocurre en este caso concreto), ni que tampoco exista un registro de horario de entrada y de salida para efectos de determinar las horas trabajadas.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que muchas veces ya se ha dicho que el recurso de protección no es un sustituto de las vías ordinarias que la ley ha previsto. En el caso sub judice, el Código del Trabajo, contempla en sus artículos 503, 504, 511 y 512 la posibilidad de reclamar judicialmente de las multas que imponga la Inspección del Trabajo, o bien, pedir la reconsideración administrativa a esta misma institución, posibilidad esta última que también contempla la de recurrir judicialmente en contra de lo que resuelva el órgano de la Administración. Y son precisamente en dichos procesos judiciales que la ley laboral ha reglado, que la empresa recurrente debe impugnar la decisión de la autoridad, pudiendo aportar la prueba que en su recurso de protección ha dicho que se ha visto impedida de producir, siendo ese el debido proceso que reclama.

Quinto: Que es cierto que la acción que establece el artículo 20 de la Constitución Política de la República lo es “…sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes…”, pero ello no puede llevar a concluir que el recurso de protección es un sustituto de cualquier procedimiento judicial que la ley ha previsto, pues en tal caso se produciría precisamente lo que el recurrente reprocha, a saber, que una acción que la Carta Fundamental contempla como una de emergencia ante acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que han conculcado determinados derechos fundamentales, podría reemplazar a los juicios propiamente dichos. Si las normas del Código del Trabajo mencionadas en el considerando anterior regulan procedimientos especialmente establecidos para impugnar las resoluciones de multa que pueda imponer la Inspección del Trabajo, pues precisamente esa es la vía idónea para reclamar de la que dicha entidad le ha aplicado a la sociedad recurrente, ese es el juicio que ésta echa en falta, ese es el debido proceso que dice no haber tenido.

Sexto: Que, en consecuencia, el recurso será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Corte Suprema, se rechaza la acción constitucional deducida, sin costas.

Regístrese y archívese.

N°Protección-64109-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada por el Ministro (S) señor Pedro Advis Moncada y por la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Santiago, diez de diciembre de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.