Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Santiago, once de diciembre de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

En lo principal de fojas 9 , don Cristián Andrés Pincheira Domínguez, abogado, en representación de don nombre reservado, jornalero, ambos domiciliados en domicilio reservado) presenta recurso de protección, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada legalmente por don nombre reservado, Agente zonal de Concepción , o quien ejerciere su cargo, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado.

En cuanto a los hechos, señala que el 5 de junio de 2014 se presentó ante la SUSESO solicitud de regularización de pago de licencias médicas adeudadas, la que fue rechazada el 10 de julio del actual por ordinario N° 43.627, lo que estima es un acto arbitrario e ilegal, dado que acreditó sus necesidad de descanso mediante la correspondiente licencia médica, además de haber acompañado informe del médico tratante y por haber declarado la propia COMPIN el derecho del trabajador a una pensión de invalidez.

Explica que como fundamento del rechazo se establece la enfermedad de las rodillas del minero del carbón e hipoacusia neurosensorial traumática, que eran precisamente la causal de las licencias, por lo que –en su concepto-deben ser pagadas.

Manifiesta que, en definitiva, y con base a la propia resolución Exenta N N° 266 , de la Compin Subcomisión Arauco , de 24 de febrero del año en curso, que señala que el actor tiene un grado de incapacidad total del 45% y, que el inicio de su incapacidad permanente comenzó el 31 de marzo de 2014 no puede sino que ser arbitraria la decisión de la recurrida al confirmar el rechazo de las licencias que abarcan desde el 31 de diciembre de 2012 al 28 de junio de 2013, por reposo injustificado, cuando ese reposo tiene como causa las mismas patologías por las cuales se determinó la incapacidad permanente del recurrente.

Indica que el no pago de las referidas licencias, le causa un grave perjuicio previsional, ya que ha visto incumplidas las obligaciones en el ámbito previsional, creándole lagunas o vacíos en su historial de cotizaciones, rechazo que se traduce en el hecho que durante 180 días el recurrente dejó de percibir su remuneración.

Hace presente que la recurrida en su rechazo no se pronuncia respecto de las licencias comprendidas entre el 28 de junio de 2013 y el 28 de febrero de 2014, por lo que conforme al artículo 65 de la Ley 19.880 ha de entenderse tal silencio como una negativa, recurriendo también por ello.

En cuanto al derecho denuncia como vulneradas las garantías de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al privar y perturbar arbitrariamente el derecho a la integridad física y psíquica, y el derecho de propiedad sobre el pago de las licencias médicas adeudadas, lo que implica también un perjuicio de índole previsional, afectando directamente el patrimonio y vulnerando lo dispuesto en la Constitución y en el ordenamiento jurídico.

Sostiene que existe arbitrariedad, toda vez que en situaciones análogas, la recurrida ha resuelto de manera favorable, ordenando a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez el pago de licencias médicas adeudadas, como en el ordinario Nº 68.818 de 30 de octubre de 2013, derivando la arbitrariedad en el cambio de parecer de la recurrida.

Pide, se ordene a la recurrida hacer el pago de las licencias médicas, adeudadas con los reajustes legales que correspondan, con costas.

A fojas 50, la Superintendencia de Seguridad Social, luego de interponer excepción de incompetencia relativa-que fuera acogida por sentencia de fojas 121 por la Corte de Apelaciones de Concepción- en subsidio alegó la extemporaneidad de la acción en examen, fundado en el hecho que a la fecha en que se ejerció la acción constitucional, esto es el 8 de agosto del año en curso, el plazo para hacerlo se encontraba vencido, toda vez que en forma previa a los reclamos presentados ante su representada, de 26 de julio de 2013 y 5 de junio de 2014, el recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la Subcompin, lo que de evidencia que la extemporaneidad de la acción, casi un año después del conocimiento cierto del rechazo de los referidos formularios.

En subsidio de lo anterior alegó la improcedencia de la acción en materias de seguridad social, pues entiende que la materia respecto de la cual versa el recurso incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social no contemplado en el catalogo del artículo 20 de la Carta Fundamental y por lo tanto no amparado en esta especial acción cautelar.

En subsidio de las alegaciones anteriores informa el fondo del asunto, solicitando su rechazo, con costas.

En primer término se refiere al marco legal regulador de las licencias médicas, y señala que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal cuya finalidad ultima es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral, y a su parte le corresponde cumplir el mandato constitucional de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, y a partir de la Ley 20.585 debe cumplir con las funciones asignadas en dicho cuerpo legal con miras al otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una ISAPRE y FONASA.

Enseguida, alega falta de ilegalidad y arbitrariedad, pues en la actuación que se impugna se ajustó a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En lo que respecta al derecho a licencia médica, que a su parte le corresponde, conforme al artículo 27 de la Ley 16,395, el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiera a funciones derivadas del Código Sanitario. Hace presente que a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) , entidades que participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de trabajadores cotizantes de FONASA, como ocurre en este caso, o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a ISAPRES.

Explica que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite su parte, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones especiales ( artículo 3 de la Ley 16.395, modificado por la Ley 20.691, de 2013 “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

Hace presente que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, donde se contemplan expresamente las causales de rechazo de licencias médicas, precisando que de acuerdo al procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA, afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por la COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución y en el caso que el Compin, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar a su parte, la que revisa, de acuerdo al marco legal que le rige, lo actuado por el Compin, en cuanto a la procedencia o no de autorizar una licencia médica cuestionada, y en caso que se confirme lo actuado por el COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Indica que para el caso todas estas instancias de revisión descritas (salvo la solicitud de reconsideración) fueron ejercidas por el recurrente en virtud del rechazo de las licencias médicas que reclama, de modo que no se puede argumentar que no se cumplió la legalidad y que no fue resuelto previo estudio del mismo por médicos especialistas, de tal forma que el rechazo de las licencias médicas del recurrente está avalado por la revisión de médicos de esa Superintendencia, lo que consta en el Dictamen que se pronuncia sobre la materia, lo que basta-en su concepto- para comprobar que no existe acto ilegal o arbitrario alguno pues el oficio impugnado contiene los argumentos en base a los cuales se resolvió confirmar el rechazo de las licencias dispuesto por la COMPIN Subcomisión Arauco y que tienen que ver con que, de acuerdo con el estudio de los antecedentes, no se comprobó la existencia de incapacidad laboral temporal, que da derecho a licencia médica.

Sostiene que lo que el recurrente pretende, es que en una instancia no prevista por nuestro ordenamiento jurídico, se revise por esta excepcional vía cautelar un aspecto de orden médico, como es la procedencia de determinar la existencia de una enfermedad común y si ésta, a su vez, causa incapacidad laboral temporal, añadiendo que la pretensión del recurrente desborda los límites de aplicación de la acción de protección, ya que el derecho del recurrente no reúne la condición de ser un derecho preexistente e indubitado y por el contrario, tras sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias reclamadas y el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de ellas y el fundamento de esta decisión radica en que no se acreditó la existencia de incapacidad laboral temporal provocada por su supuesta enfermedad, cuestión de hecho relacionada con una materia de orden médico que requeriría de un juicio ordinario de carácter declarativo en que las partes tengan derecho a rendir prueba sobre los puntos que resulten controvertidos. Cita jurisprudencia al efecto.

Manifiesta que en el caso del recurrente, el estudio de los antecedentes aportados a su expediente, realizados por el Departamento Médico de su representada, se concluyó que correspondía confirmar lo resuelto pues la alteración de salud que presenta es de curso crónico y no susceptible de modificar con reposo, agregando que los los informes médicos concuerdan en que su enfermedad le produce actualmente algún grado de incapacidad, la que por el tiempo transcurrido y sus peristencia a pesar del tratamiento no se considera temporal, por lo que no procede autorizar más licencias por dicha causa, refiere que la licencia es un beneficio contemplado para paliar los estados de necesidad de un trabajador causados por incapacidades laborales temporales, no siendo aplicable a aquellos casos en que la enfermedad o accidente causa algún grado de invalidez como justamente ocurre en el caso de autos, donde el mismo recurrente señala que por resolución Exenta Nº 677 de 29 de agosto de 2012, la Subcompin Arauco, le fijó un 32,5% de pérdida de capacidad de ganancia al trabajador por el diagnostico de enfermedad de rodillas del minero del carbón a contar del 29 de septiembre de 2012 ( con posterioridad, mediante Resolución Ex. Nº 266, de 24 de febrero de 2014 se fijó su incapacidad en 45%, por la misma Subcompin). Luego con posterioridad a esa fecha (de la resolución 677) reclama las licencias Nº 39267823, 39500581,39500594,38998085,39002217 y 3902344, objeto del recurso, extendidas por un total de 180 días a contar del 31 de diciembre de 2012, por el mismo diagnostico, las que fueron rechazadas por la Subcompin Arauco y luego por su representada, por tratarse de alteraciones de curso crónico no susceptibles de mejorar con reposo.

Precisa que las mencionadas licencias son las únicas reclamadas ante la Superintendencia de Seguridad Social, sin que las demás indicadas en el recurso hayan sido objeto de reclamo ante su representada. ES MAS, el mismo actor reconoce que la invalidez y las licencias son por el mismo diagnóstico.

Por último, hace presente que tampoco existe vulneración ni amenaza a las garantías invocadas en el recurso, pues no ha causado las afecciones que sufre el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, y en cuanto al derecho de propiedad no existe como se pretende algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, ya que no basta la emisión de la licencia para que ésta surta sus efectos.

A fojas 109 informó la Comisión de medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Arauco, señalando que el recurrente, de acuerdo al sistema informático de FONASA, presentó licencias médicas que comienzan el 2 de diciembre de 2010, hasta el 27 de agosto del presente año, precisando que se trata de licencias continuas en el tiempo y por el mismo diagnóstico, esto es, gonartrosis (artrosis de la rodilla).

En el total de licencias, tramitadas por esa Subcomisión, distingue las autorizadas de las no autorizadas, extendiéndose las primeras, entre el dos de diciembre del año 2010, hasta el 29 de diciembre del año dos mil doce (759 días autorizados) y las segundas, desde el treinta y uno de diciembre del año dos mil doce al veintisiete de agosto de dos mil catorce (600 días rechazados)

Expone que el recurrente compareció ante la COMPIN Subcomisión Arauco, a fin de establecer la eventual perdida de capacidad de ganancia derivada de Enfermedad Profesional, conforme a lo dispuesto en la Ley 16.744, y una vez realizado el proceso de evaluación de incapacidad laboral por su parte, el 29 de agosto de 2012, se dictó Resolución Nº 677, que resuelve otorgar al señor nombre reservado una perdida de capacidad de ganancia de 32,5 % por enfermedad de rodillas del minero del carbón a contar del 29 de septiembre de 2012, conforme a las normas de Calificación y Evaluación de Invalidez contenidas en la Ley 16.744, de 1968 y sus reglamentos.

Agrega que por resolución Nº 266 de 24 de febrero de 2014, de la COMPIN Subcomisión Arauco, se revaluó por el diagnostico Hipoacusia Neurosensorial Traumática, estableciéndose que producto de invalidez múltiple se otorgaba un 45% total de incapacidad permanente por enfermedades profesionales, desde el 31 de marzo de 2014.

En cuanto a las causales de rechazo de las licencias del actor, explica que el concepto de licencia médica está contenido en el artículo 1 del DS Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud al señalar que ésta es el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso y autorizada por la COMPIN de la SEREMI que corresponda, o Institución de Salud Previsional, según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda, concepto del que queda claro que la licencia es un beneficio esencialmente temporal que tiene por finalidad ayudar al trabajador a recuperar su salud de modo de permitirle que se reincorpore o reintegre a sus labores, y así en casos de suspensión transitoria de la capacidad de guanacia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica ( más tratamiento en la mayoría de los casos, luego de lo que quedará en condiciones de volver a su trabajo, de modo que para determinar la procedencia de las licencias médicas se debe atender a la posibilidad que tiene el trabajador de reincorporarse a la vida laboral, después de concluido el reposo prescrito.

Recuerda que en el caso del recurrente, las licencias rechazadas, lo son desde el 31 de diciembre de 2012, manifestando que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 16.744, de 1968, el subsidio (por incapacidad temporal) se pagará durante toda la duración del tratamiento, desde el día que ocurrió el accidente o se comprobó la enfermedad, hasta la curación del afiliado o su declaración de invalidez y que la duración máxima del subsidio es de 52 semanas prorrogables otras 52, cuando sea necesario para un mejor tratamiento de la víctima o para atender su rehabilitación.

Hace notar que el recurrente cuenta con una Declaración de Invalidez, a través de la resolución Nº 677, de 29 de agsoto de 2012, en virtud del cual se declaró que tiene un 32,5 % de pérdida de capacidad de ganancia por enfermedad de rodillas del Minero del Carbón, habiendo cumplido el reposo la prorroga de 104 semanas máximas que contempla la normativa vigente para autorizar el subsidio por Incapacidad Temporal, entendiendo que actualmente corresponde el otorgamiento de prestaciones por invalidez parcial, de modo que lo resuelto da cuenta de una causal de orden administrativo y no de orden médico, en términos que su parte no cuenta con facultades para autorizar el subsidio más alla de lo antes indicado, pues se trata del tiempo máximo de autorización establecido por Reglamento.

Resalta que el trabajador, no obstante haber sido declarado invalido por la enfermedad profesional conforme a la ley 16,744, continuó presentando licencias médicas por el mismo diagnostico por el cual se declaró su invalidez, esto es, artrosis de rodillas.

Afirma la improcedencia de autorizar las licencias médicas reclamadas, ya que declarada su invalidez, continuar con reposo resulta injustificado, ya que su patología no reviste el carácter de temporal sino que permanente, recordando que el artículo 34 de la Ley 16.744, prescribe que se considerará invalido parcial a quien haya sufrido disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a un 15% e inferior a 70%.

Refiere que de la misma forma razonó la recurrida en el ordinario que se impugna y que no modifica lo señalado el hecho que por resolución Nº 266, de 24 de febrero del año en curso se haya revaluado al usuario, considerando ahora el diagnostico de Hipoacusia Neurosensorial traumática, estableciéndose que producto de la invalidez múltiple se otorgaba un 45% total de incapacidad permanente por enfermedades profesionales desde el 31 de marzo de 2014, ya que -como se indicó- todas sus licencias han sido emitidas por artrosis de rodillas, enfermedad ya evaluada y en virtud de la cual se otorgó un 32,5% de pérdida de capacidad de ganancia, conforme a las normas de la Ley 16.744.- A fojas 114 se trajeron los autos en relación, por la corte de Concepción , quien por resolución de trece de septiembre del año en curso, se declaró incompetente, remitiendo los antecedentes a este tribunal, quien por resolución de fojas 128, luego de aceptar la competencia, trajo los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que motiva la presente acción cautelar el Ordinario Nº 43627, del Superintendente de Seguridad Social, de diez de julio del año en curso, que se pronuncia sobre una presentación hecha en representación de don nombre reservado, donde se solicitó -el 12 de junio del presente año- la regularización en el pago de las licencias que se detallan, y que comprenden el periodo que va desde el 28 de diciembre del año 2012, hasta el 29 de enero de 2014 (14 licencias).

En el señalado Ordinario, la recurrida señala que luego de estudiar los antecedentes y con su mérito consideró injustificado el reposo prescrito, pues las alteraciones que presentaba eran de curso crónico no susceptibles de modificar con reposo, consignando que los informes médicos concordaban en que su enfermedad le producía algún grado de incapacidad, la que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento no se consideraba temporal, por lo que no procedía autorizar mas licencias por esa causa, decidiendo conforme con lo dispuesto en el DS Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, no hacer lugar a la reclamación deducida, ratificando lo obrado por la Compin respectiva.

Si bien en el cuerpo del señalado ordinario, se individualizan sólo 6 licencias, que abarcan el periodo que va entre el 31 de diciembre de 2012, al 30 de mayo de 2013, la decisión de la recurrida es genérica entendiéndose que el rechazo lo es en relación a la totalidad de la solicitud que lo motiva. Las licencias Nº 39267823, 39500581,39500594,38998085,39002217 y 3902344, individualizadas en la resolución, abracan un total de 180 días, y sus copias rolan de fojas 86 a 91, figurando todas extendidas por diagnostico de artrosis de rodillas, y rechazadas por el Compin, por reposo por mas de 52 semanas, artículo 30 DS Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la primera, y las siguientes por reposo mayor 104 semanas artículo 31, Resolución 677/2012, Ley 16.744, reposo mayor 104 semanas , Con resolución por ley 16.744, reposo mayor 104 semanas, y resolución ejecutoriada Ley 16.744, patología irrecuperable.

Los rechazos referidos, datan de 10 de enero, 12 de febrero, 13 de marzo, 12 de abril, 9 de mayo y 7 de junio todas del año 2013.

Tercero: Por su parte , consta a fojas 106, que con fecha 29 de agosto de 2012, se dictó la resolución Exenta Nº 677, por el Compin Provincial de Concepción, donde se resolvió que el recurrente tenía una perdida de capacidad de ganancia de 32,5 %, a contar del 29 de septiembre de 2012, habiendo percibido subsidio por incapacidad laboral desde el 2 de diciembre de 2010, hasta el 28 de septiembre de 2012, por el diagnostico de “enfermedad de las rodillas del minero del carbón .

Luego, por Resolución Nº 266, de 24 de febrero del año en curso, se revaluó al actor, por la referida Comisión, resolviendo un grado total de incapacidad de 45%, a contar del 31 de marzo del presente año, consignando como diagnostico Hipoacusia Neurosensorial Traumática, sordera ocupacional.

Cuarto: Que en definitiva por intermedio de la presente acción cautelar se pretende por el recurrente obtener el pago de 14 licencias médicas, emitidas a su favor, por artrosis de rodillas, que comprenden el periodo que va entre el 28 de diciembre de 2012 al 29 de enero de 2014, todas rechazadas por el COMPIN, respectivo, decisión confirmada por la recurrida, a través del ordinario que se impugna.

Quinto: Que a través de la presente acción cautelar se ataca la decisión contenida en el Ordinario Nº 43.627, fechado el 10 de julio del año en curso, que si bien confirma lo obrado por el Compin , es independiente de dicha decisión y, por ende atacable por esta vía, debiendo contarse el plazo para recurrir de protección, entonces, desde su notificación, antecedente del que no existe constancia en autos.

Así las cosas, al no fundarse la extemporaneidad alegada en dicha circunstancia, la acción ha de entenderse presentada dentro de plazo, pues no se ha hecho constar lo contrario, debiendo desecharse, en todo caso, las alegaciones de extemporaneidad propuestas fundadas en que el acto realmente impugnado sería la decisión del Compin, que antecedió a la de la Superintendencia recurrida, pues como ya se dijo lo aquí impugnado es la decisión que conforme a sus facultades adoptó la Superintendencia recurrida.

Sexto: Que para resolver el fondo del asunto, cabe tener presente lo dispuesto por la Ley 16.744, en su artículo 31, a saber “El subsidio se pagará durante toda la duración del tratamiento, desde el día que ocurrió el accidente o se comprobó la enfermedad, hasta la curación del afiliado o su declaración de invalidez.

La duración máxima del período del subsidio será de 52 semanas, el cual se podrá prorrogar por 52 semanas más cuando sea necesario para un mejor tratamiento de la víctima o para atender a su rehabilitación.

Si al cabo de las 52 semanas o de las 104, en su caso, no se hubiere logrado la curación, y/o rehabilitación de la víctima, se presumirá que presenta un estado de invalidez.”

Séptimo: En ese contexto normativo, cobra relevancia el hecho que actor haya presentado licencias desde el 2 de diciembre del año 2010, y que se le haya declarado, a contar del 29 de septiembre del año 2012, una perdida de capacidad de ganancia de 32,5 %, por el diagnostico de enfermedad de las rodillas del minero del carbón, pues al cumplirse en el caso de autos los supuestos de hecho de la norma antes transcrita la confirmación del rechazo de las licencias del actor, no puede tildarse de ilegal, ni arbitrario, desde que se trata de una decisión adoptada en base a la subsunción de los antecedentes concretos del recurrente a la regla legal, pues exhibe más de 104 semanas de reposo y una invalidez declarada en base a la misma enfermedad que motiva las licencias cuyo pago se pretende.

Octavo: Al no concurrir los supuestos básicos de la acción constitucional intentada, a saber la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la decisión que se ataca, resulta innecesario analizar la eventual afectación de las garantías invocadas.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza el recurso de protección de lo principal de fojas 9 Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Ravanales.

Protección Nº 64097-2014.- No firma el ministro señor Dahm, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicio.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Dahm Oyarzún e integrada por las Ministras señora Adelita Ravanales Arriagada y señora Pilar Aguayo Pino.