Protección contra sus derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de la Repúbli

Santiago, veintiuno marzo de dos mil once.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que a fs. 16, con fecha 01 de octubre de 2010, comparece doña nombre reservado, empleada pública, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien interpone recurso de protección en su favor, contra el Servicio de Impuestos Internos, en relación con la Resolución Exenta N° 3591 de 03 de septiembre de 2010, suscrita por el Sub Director de Contraloría Interna de dicho organismo fiscalizador don nombre reservado, que le impone la sanción administrativa de “destitución” a raíz de un Sumario Administrativo iniciado por Resolución Exenta N° 151, de 15 de enero de 2010, el que está plagado de ilegalidades y arbitrariedades que atentan gravemente en contra de sus derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de la República.

Relata a continuación que en el citado sumario fue requerida como inculpada por su calidad de Fiscalizadora grado 12 EUS del Servicio de Impuestos Internos. Dos contribuyentes que individualiza, la acusaban de solicitar dinero para solucionar la situación tributaria de uno de ellos.

La Fiscal Instructora incurrió en variados errores de procedimiento y, además, adoptó una actitud negativa en su contra, prejuzgando los hechos y considerando a priori la culpabilidad de la investigada; además cuestionó las actividades que realizaba fuera de su horario laboral en el SII.

Tampoco consideró la Fiscal, los intereses comerciales en pugna con los de la recurrente, que tenían las personas que declararon en su contra ni que los principales acusadores tenían o habían tenido procesos judiciales y no puso en duda su credibilidad y moralidad.

Por último, se le cuestionó a la recurrente el hecho de haber participado ella y varios de sus familiares en movilizaciones destinadas a defender sus derechos ancestrales sobre sus tierras en contra de la empresa transnacional Compañía Minera Nevada Barrick Golden (Proyecto Pascua Lama), dada su ascendencia diaguita, denotando clara discriminación.

Agrega que en el sumario se incurrió en hechos arbitrarios e ilegales que son los siguientes:

La Fiscal, realizó importantes diligencias en terreno sin la concurrencia del actuario, que es Ministro de Fe, siendo motivo de nulidad de tales actuaciones.

No se realizaron varias notificaciones sobre varias diligencias, no teniendo la recurrente el debido conocimiento, de ellas lo que vicia de nulidad el procedimiento. Solo fue notificada del sumario el 12 de marzo de 2010, en circunstancias que estuvo casi dos meses en total desconocimiento de los hechos.

La destitución fue aplicada por funcionario no habilitado para ello, lo que vicia la resolución.

Fue privada la recurrente del derecho constitucional de Igualdad ante la ley, por pertenecer a la Comunidad Diaguita y las actuaciones siempre estuvieron dirigidas a obtener su expulsión del Servicio de Impuestos Internos, atentando contra la libertad de trabajo.

También se vulneró el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política, porque la postura de la Fiscal era de una total prohibición a realizar cualquiera actividad comercial o productiva, debido a su condición de empleada pública y, por último, cuestionó la libertad para adquirir bienes a que se refiere el numeral 23 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, pues para la Fiscal era dudoso que ella y su familia tuvieran bienes o terrenos de cierto valor comercial.

Pide se tenga por interpuesto el recurso de protección contra el Servicio de Impuestos Internos, por vulneración del artículo 19 N° 2, 16, 21 y 23 de la Constitución Política al haber emitido dicho organismo la resolución Exenta N° 3591, de 03 de septiembre de 2010 y, en definitiva acogerlo, ordenando las providencias necesarias para asegurar el imperio del derecho y su debida protección.

Acompaña al recurso los documentos corrientes de fs. 1 a 15.

2°.- Que a fs. 72 informa don nombre reservado, Director del Servicio de Impuestos Internos y solicita el rechazo de la acción intentada, con costas, en primer lugar por ser extemporáneo, pues la situación que habría causado el agravio para la recurrente se produjo el 22 de junio de 2010, fecha en que se presentaron las defensas de la sumariada; los descargos y defensas y la solicitud de nulidad intentada, fueron resueltas el 17 de agosto de 2010. El recurso fue presentado el 1° de octubre de 2010, habiendo transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos y fatales establecido en el Auto Acordado sobre la materia.

También en cuanto a objeciones formales, expresa que no hay providencias que se puedan adoptar porque culminada la tramitación del sumario, se dictó la resolución de 05 de octubre de 2010, que fue revisada por la Contraloría General de la República, quien tomó razón el 19 de octubre de 2010.

En cuanto al fondo, señala que el Servicio de Impuestos Internos actuó en forma legal, aplicándose las normas del Estatuto Administrativo y de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado y hace presente lo dispuesto por el artículo 144 del primer cuerpo legal citado en cuanto dice relación con los vicios de procedimiento en los sumarios cuando se aplican medidas disciplinarias.

Expresa que el Servicio de Impuestos Internos actuó razonadamente y no en forma arbitraria, cumpliéndose con las formalidades de tramitación y resguardando las garantías de la sumariada y el debido proceso; tampoco se vulneraron las garantías constitucionales que señala la recurrente, agregando que no se demostraron tales antecedentes ni constan en el sumario.

Concluye que la presente acción cautelar debe ser desechada por defectos formales y, en todo caso, en cuanto al fondo, no existiendo arbitrariedad o ilegalidad alguna en el Servicio, debe negarse lugar a todas las solicitudes formuladas, con costas.

Acompañó documentos de fs. 30 a 71.

3°.- Que habiéndose planteado la extemporaneidad del recurso intentado, esta Corte procederá previamente a analizar si el mismo ha sido interpuesto dentro del plazo legal establecido para el mismo.

Sobre la materia, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación de Recursos de Protección, el plazo fatal para interponerlo es de treinta días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión que la motiva, que según la recurrente correspondería al 03 de septiembre de 2010, fecha de la dictación de la Resolución Exenta N° 3591 que impuso la medida de destitución de doña nombre reservado.

4°.- Que no obstante el Servicio de Impuestos Internos señala que la actora tuvo conocimiento del sumario el 12 de marzo de 2010 cuando fue notificada en forma legal de los antecedentes sumariales; y el 22 de junio de 2010, cuando hizo sus descargos y defensas, no es menos cierto que el reclamo de fs. 16, se dedujo contra la resolución dictada por el Sub Director de Contraloría Interna que impuso la medida administrativa de destitución, que en copia corre a fs. 2 y siguientes, que es de fecha 03 de septiembre de 2010.

5° Que la citada resolución, fue notificada el 03 de septiembre de 2010, como consta de fs. 15 y, por ello, con esta fecha la actora tomó noticia o conocimiento de la decisión adoptada.

6°.- Que habiéndose deducido el presente recurso el 01 de octubre de 2010, como se desprenden del atestado de fs. 16, la presente acción resulta haberse interpuesto dentro del plazo legal, debiendo rechazarse la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida.

7°.- Que atendido lo concluido precedentemente, es procedente analizar las razones que motivaron esta acción de protección y demás alegaciones de las partes.

8°.- Que el recurso de protección es una acción cautelar, que puede deducir cualquier persona ante las Cortes de Apelaciones para solicitar se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados cuando sufran privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

La recurrente invoca los derechos de igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, y tales derechos, fueron vulnerados por los actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, en forma caprichosa, y voluntaria.

9°.- Que esta Corte, debe establecer la existencia de las acciones u omisiones que motivaron el recurso, identificar al responsable y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, adoptar medidas que tiendan a la oportuna protección del recurrente.

10°.- Que los fundamentos de hecho esgrimidos por la recurrente, en relación a las faltas producidas en la tramitación del sumario administrativo a saber: errores de procedimiento, carencia de notificaciones, actitud negativa del Fiscal, inhabilidad de testigos y acusadores, nula actuación del Ministro de fe, incompetencia del fallador son cuestiones procesales, que importarían un atentado a lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política, que no fue invocado en el libelo de fs. 16. En todo caso el artículo 144 del Estatuto Administrativo, establece que los vicios de procedimiento no afectan la legalidad de las medidas disciplinarias aplicadas, cuando no inciden en trámites que influyan decisivamente en los resultados del sumario, por lo que deberá rechazarse el recurso, en esta parte.

11°.- Que en cuanto a la animadversión manifestada por el fiscal instructor, respecto a la presunta violación a los N° 16, 21 y 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y a la igualdad ante la ley violada en relación al origen étnico de la recurrente y a su intervención en movilizaciones contra el Proyecto nombre reservado, no se encuentra acreditadas; en autos no hay antecedentes que convenzan a los sentenciadores y por ello deberá rechazarse asimismo el reclamo, por falta de prueba al respecto.

12°.- Que analizados los motivos del sumario, no se aprecia que en el fallo del mismo, el Sub Director de Contraloría Interna del servicio de Impuestos Internos recurrido, haya infringido los derechos constitucionales de la recurrente.

13°.- Que la Resolución Exenta N° 3591 de 3 de septiembre de 2010, que ordenó la destitución de nombre reservado, de acuerdo a sus considerandos, se funda en que se infringió gravemente el principio de probidad administrativa.

14°.- Que la medida disciplinaria aparece como resultado de un sumario administrativo en el que se ha actuado de acuerdo a la ley, según las facultades y con fundamento racional, y por ello no puede ser calificada de arbitraria. Se habría fallado conforme a derecho, no afectando ninguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente y por lo tanto tampoco puede considerarse que existe ilegalidad.

15°.- Que atendido lo expuesto, el recurso de protección no puede prosperar, porque no se dan los presupuestos que permitan acogerlo, resultando improcedente revertir la medida que se cuestiona a través de la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la república y el auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en lo principal de fs. 16 por doña nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial doña nombre reservado

Nº 6409-2010.- Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, conformada por el ministro señor Carlos Cerda Fernández, la fiscal judicial señora nombre reservado y la abogado integrante señora María Hoyos de La Barrera.