Protección contra Universidad de Chile

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 22: a lo principal, téngase presente. Al otrosí, como se pide.

A los folios 23 y 24: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, académica, interponiendo recurso de protección en contra de la Universidad de Chile, por el acto ilegal y arbitrario consistente en haber dictado el Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades el Decreto TRA N°NUM000 de 29 de octubre de 2025, mediante el cual se declaró la vacancia de su cargo por la causal de salud incompatible con el desempeño del mismo, vulnerando con ello sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19, numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que ingresó a la institución en octubre de 2005 y que se desempeñaba como Académica Profesor Asistente, a contrata, Grado 8° ESU, del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Señala que el acto recurrido se funda en haber hecho uso de licencias médicas por un total de 198 en el período de dos años considerado, y que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 29 de abril de 2025, declaró que su salud era recuperable.

Añade que dedujo en tiempo y forma recurso de reposición con jerárquico en subsidio en contra del Decreto impugnado, el que fue rechazado mediante Resolución N°NUM002 de 22 de enero de 2026, notificada el 29 del mismo mes.

Sostiene que el acto recurrido adolece de falta de fundamentación reforzada, por cuanto se limita a reproducir fórmulas generales sobre el principio de servicialidad y la afectación del servicio, sin efectuar el juicio de conexión causal entre su condición de salud —calificada como recuperable— y una incompatibilidad actual con el desempeño del cargo, exigencia que a su juicio impone el artículo 11 de la Ley N°19.880.

Argumenta, asimismo, que el Decreto fue dictado en forma extemporánea, casi un año después del término de sus licencias médicas y tras haber retomado íntegramente sus funciones académicas durante todo el año 2025, lo que a su entender revela una contradicción fáctica insalvable y una desviación de poder, al emplearse la potestad sanitaria con fines de gestión académica.

Alega también discriminación en la aplicación de la causal, por existir presuntamente otros funcionarios de la Universidad de Chile que habrían superado el lapso legal de licencias sin que se les aplicara la vacancia, así como falta de proporcionalidad de la medida, y afirma que la separación de su cargo vulnera su derecho de propiedad sobre la función y las remuneraciones futuras que de ella emanan.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y se declare que el Decreto TRA N°NUM000 es ilegal y/o arbitrario, ordenando su inmediata reincorporación con todos sus derechos y prerrogativas, y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la declaración de vacancia hasta la efectiva reincorporación.

Segundo: Que, comparece nombre reservado, Directora Jurídica de la Universidad de Chile, en representación convencional de la recurrida, quien evacua el informe respectivo solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección, con expresa condena en costas.

Funda su oposición señalando que la recurrente acumuló un total de 198 días de licencias médicas en el período de dos años computado, circunstancia que supera el umbral objetivo de 180 días establecido en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, aplicable supletoriamente a los funcionarios de la Universidad de Chile en virtud del artículo 42 de la Ley N°21.094.

Sostiene que, previo a la dictación del acto impugnado, se solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación de la condición de salud de la recurrente, la que mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 29 de abril de 2025 declaró que su salud era recuperable, cumpliéndose de este modo el trámite previo exigido por el inciso tercero del citado artículo 151.

Argumenta que la declaración de salud recuperable por parte de la COMPIN no obsta al ejercicio de la facultad de declarar la vacancia por salud incompatible, por tratarse de conceptos jurídicamente distintos, criterio que —según indica— ha sido reiteradamente sostenido por la Contraloría General de la República en los Dictámenes N°17.351 de 2018 y N°E188441 de 2022, y por la jurisprudencia de los tribunales superiores en casos análogos que involucran a la propia Universidad de Chile.

En cuanto a la alegada falta de motivación, señala que el Decreto impugnado da cuenta de la competencia del órgano, de la concurrencia del presupuesto objetivo de los 180 días de licencia y del informe previo de la COMPIN, cumpliendo con ello el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

En lo referente a la discriminación que se reprocha, aclara que la causal fue aplicada conforme a un criterio objetivo y de general aplicación a todos los funcionarios de la Universidad que se encuentran en la misma hipótesis normativa, sin que la recurrente haya acreditado un trato diferenciado respecto de situaciones comparables.

En cuanto al derecho de propiedad, afirma que la recurrente detentaba un cargo a contrata, de carácter esencialmente transitorio conforme al artículo 3° letra c) del Estatuto Administrativo, por lo que no es titular de un derecho de propiedad sobre el empleo, sino de una mera expectativa de continuidad, la que en todo caso no impide su cese por la concurrencia de una causal legal expresa, ajena a la simple no renovación de la contrata.

Finalmente, invoca la jurisprudencia reciente de la Excma.

Corte Suprema y de esta Ilustrísima Corte, recaída en casos sustancialmente análogos que involucran a la propia Universidad de Chile, en los que se ha resuelto que la declaración de vacancia por salud incompatible, dictada dentro de las competencias del jefe superior del servicio y previo informe de la COMPIN, no es ilegal ni arbitraria, aun cuando dicho informe declare la salud del funcionario como recuperable.

Tercero: Que la acción de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre y legítimo ejercicio de las garantías fundamentales que allí se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión, arbitrario o ilegal, que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haberse dictado por el Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile el Decreto TRA N°NUM000 de 29 de octubre de 2025, que declaró vacante el cargo de la actora por salud incompatible, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales previstas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha actuación se ajustó o no a derecho.

Quinto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida se apoya en un hecho no controvertido, a saber, que la recurrente, como académica de la Universidad de Chile, acumuló un total de 198 días de licencia médica en el período de dos años considerado, y que sobre el particular fue requerida la COMPIN, organismo técnico competente para evaluar la irrecuperabilidad de su salud, la que resolvió que la recurrente mantenía un estado de salud recuperable.

Sexto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, aplicable a los funcionarios no académicos y, en lo no previsto por la normativa universitaria, también a los académicos de la Universidad de Chile en virtud del artículo 42 de la Ley N°21.094, sobre Universidades Estatales. Su artículo 150 dispone: "La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (...)".

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: "El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. (...) El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo de la recurrente corresponde a salud incompatible, declarada por el Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades a través del Decreto TRA N°NUM000 de 29 de octubre de 2025, notificado el 14 de enero de 2026.

Séptimo: Que es del caso señalar que la duración de las ausencias de la recurrente con motivo de licencias médicas, 198 días en el lapso de dos años considerado, ciertamente se enmarca en la situación prevista en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo precedentemente transcrito, superando el umbral objetivo de seis meses que dicha norma exige.

De lo anterior necesariamente se sigue que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal.

Octavo: Que, en cuanto a la alegación de falta de fundamentación reforzada, cabe tener presente que la recuperabilidad de la salud declarada por la COMPIN y la compatibilidad de dicha salud con el desempeño del cargo son conceptos jurídicamente distintos, diferenciación que ha sido reconocida de manera uniforme tanto por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República como por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en el sentido de que un informe de la COMPIN que declare recuperable la salud del funcionario no limita por sí solo la facultad del jefe superior del servicio para declarar su salud incompatible, siempre que concurra el presupuesto objetivo de haber excedido los seis meses de licencia en los últimos dos años.

En este sentido, el Decreto impugnado da cuenta de la competencia de la autoridad que lo dictó, de la concurrencia del presupuesto objetivo previsto en la ley y del informe previo de la COMPIN, exteriorizando con ello los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, en términos que satisfacen la exigencia de motivación de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, sin que sea exigible, para la validez del acto, un estándar de motivación adicional al previsto expresamente por el legislador para el ejercicio de esta potestad.

Noveno: Que, en cuanto a la alegada extemporaneidad del acto, el transcurso del tiempo entre el término de las licencias médicas de la recurrente y la notificación del Decreto impugnado se explica por los propios trámites que la ley exige para su dictación — requerimiento y espera del pronunciamiento de la COMPIN, revisión de legalidad interna y toma de razón por la Contraloría General de la República—, sin que dicho lapso, por sí solo, prive de fundamento al acto ni configure una desviación de poder, desde que los motivos expresados en él se vinculan directamente con el presupuesto objetivo verificado en el período legal correspondiente y no con hechos ajenos a la causal invocada.

Décimo: Que, en lo relativo a la alegada vulneración de la igualdad ante la ley, no se ha acreditado en autos que la Universidad de Chile haya dispensado a la recurrente un trato distinto del que aplica, con criterio objetivo y general, a los demás funcionarios que se encuentran en la misma hipótesis normativa del artículo 151 del Estatuto Administrativo, no advirtiéndose una diferencia de trato que carezca de fundamento razonable.

Undécimo: Que, en cuanto a la garantía del derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, cabe tener presente que la recurrente servía un cargo a contrata, de naturaleza esencialmente transitoria conforme al artículo 3° letra c) del Estatuto Administrativo, respecto del cual la jurisprudencia reiterada de nuestros tribunales ha señalado que no genera para el funcionario un derecho de propiedad sobre el empleo, sino una mera expectativa de continuidad en tanto no concurra alguna causal legal de cese, como ocurre en la especie con la declaración de vacancia por salud incompatible.

Duodécimo: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental y en el artículo 3° de la Ley N°18.575, en virtud del cual la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente, deber que también alcanza a las universidades estatales en el ejercicio de su función docente. En este sentido, el prolongado ausentismo de la recurrente, cualquiera sea su causa, resulta incompatible con la continuidad del servicio educativo que la Facultad de Filosofía y Humanidades debe resguardar, sin que ello importe un juicio de reproche sobre la persona de la recurrente ni una sanción encubierta, sino el ejercicio de una potestad reglada expresamente prevista por el legislador para asegurar dicha continuidad.

Décimo tercero: Que, en consecuencia, no advirtiendo esta magistratura en la actuación de la Universidad de Chile ilegalidad o arbitrariedad, toda vez que el acto impugnado ha sido dictado por autoridad competente, dentro de sus competencias, en un caso previsto por la ley, previo cumplimiento del trámite ante la COMPIN, y con fundamentación suficiente, el presente arbitrio será, como se dirá, rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Universidad de Chile.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6399-2026.