Protección contra COPESA S

Santiago, quince de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado interponiendo acción de protección en contra de COPESA S.A., Consorcio Periodístico Sociedad Anónima por estimar que ésta ha vulnerado sus garantías constitucionales del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, derecho a la integridad física y psíquica, del artículo 19 N°4 de la carta fundamental, respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona, y 19 N°16, libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y contratación, también de nuestra Constitución.

Manifiesta que es abogado desde el año 2007 y que ha ejercido su profesión en el ámbito tributario, siempre en forma honesta y con dedicación. Sin perjuicio de ello, cuenta que tuvo un desencuentro con un par de clientes, que derivó en que se iniciara un proceso en su contra ante el Colegio de Abogados de Chile, terminando en su expulsión con fecha 7 de octubre del año 2013. Alega que en dicho proceso no fue emplazado legalmente, por lo que no pudo comparecer a presentar sus descargos, por encontrarse fuera del país realizando estudios de postgrado.

Señala que la sentencia que le fue impuesta fue difundida por medios de comunicación social, indicando que con fecha 15 de junio de 2014 se publicó un reportaje en el diario “La Tercera” bajo el título “Colegio de Abogados sancionó a 38 profesionales por faltas a la ética en los últimos tres años”. Este artículo, hace presente, no sólo publicaba su nombre completo y un resumen de los hechos que derivaron en su expulsión, sino que permitía un acceso a la sentencia íntegra del Colegio de Abogados. Este reportaje se encontraría actualmente online, disponible a través de la página web del diario, y también en el portal “Pressreader” propiedad de la recurrente.

Expone que atendido el tiempo transcurrido desde la expulsión del Colegio y la difusión de información realizada, solicitó el día 6 de agosto del año en curso la eliminación de su sitio web del citado reportaje. En la misma presentación, pidió a la recurrida respuesta dentro de 10 días, sin que esta jamás llegara. Revela que en la actualidad únicamente el enlace que permitía redireccionar a la sentencia dictada en su contra ya no está disponible.

Señala que esta situación ha afectado su honra profesional, perdiendo clientes, ya que como abogado independiente, son muchos los que llegan a él a través de internet, lugar donde encuentran la noticia de su condena. Cuenta que padece de trastornos de ansiedad y problemas para conciliar el sueño producto de esta situación.

A favor de su acción invoca el llamado “derecho al olvido”, la facultad que tiene una persona de pedir se supriman datos personales recopilados y conservados en internet, cuando estos datos se consideren inadecuados, no pertinentes o ya no pertenecientes desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados, y del tiempo transcurrido. Argumenta que en su caso, el supuesto interés público que hubiese en su oportunidad para la publicación de la sentencia se satisfizo en su minuto con la sola publicidad, pero con el hecho de mantenerla hasta el día de hoy, la restricción deja de ser proporcional a dicho interés, causando más daño del debido.

En base a lo ya expuesto, considera vulnerados sus derechos constitucionales, por lo que solicita se acoja su acción y se ordene a COPESA la eliminación dentro del más breve plazo de los contenidos de internet que aparecen al digitar su nombre.

SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso don Jorge Gómez, abogado en representación de la recurrida, solicitando su completo rechazo.

Alega que el recurrente ofrece una versión parcial y sesgada de los hechos, funcional a sus intereses. Indica que el recurrente reclama por un reportaje del diario La Tercera del día 15 de junio de 2014, sin cuestionar la veracidad del reportaje. En el citado reportaje se señaló específicamente que las sanciones son publicadas y que, en palabras de la presidenta del Colegio de Abogados de entonces, la sentencia ética no tienen efectos en la vida profesional de las personas. Sin perjuicio de ello, señala que el recurrente no sólo registra la sanción de expulsión del Colegio de Abogados, sino que además registra varias causas en la página web del Poder Judicial, estas son la causa RIT N°717 – 2011 del Séptimo Juzgado de Garantía, donde se le imputa una estafa, causa terminada por haber el Ministerio Público ejercido su facultad de no iniciar la investigación, por tratarse de un incumplimiento de carácter civil; la causa RIT N°8367- 2014 del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en la que fue formalizado por el delito de estafa cometido en perjuicio de cuatro víctimas, que terminó por suspensión condicional del procedimiento, debiendo pagar diversas sumas a los afectados, y la causa RIT N°667- 2011 del Juzgado de Garantía de Constitución, en la que fue condenado mediante procedimiento monitorio por la falta penal del artículo 425 N°21 del Código Penal, decretándose en ella el sobreseimiento definitivo por no haber logrado ser notificado.

En esas circunstancias, manifiesta que no existe acto ilegal y arbitrario realizado por COPESA, ya que ellos lícitamente ejercieron su derecho a informar, sin censura previa, derecho consagrado en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República, derecho protegido también por tratados internacionales, reconociéndose, por lo demás, en el artículo 1 de la Ley N°19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo la libertad de informar hechos de interés general, como es el caso.

En segundo término, considera que las garantías alegadas como vulneradas por el recurrente no son tales, ya que éste no acompañó ningún antecedente para acreditar las dolencias que invoca. En cualquier caso, éstas serían causadas por el actuar del propio recurrente, al haber infringido deberes éticos por los cuales fue sancionado.

Luego, no se afectaría su honra ni vida privada, ya que lo relatado en el reportaje es un hecho real y que forma parte de su vida pública.

Por último, no se afectaría la libertad de trabajo, ya que la sentencia publicada no fue afectada, ni siquiera por la sanción ética que le fue impuesta.

Agrega a su defensa que aun si se estimara que se están vulnerando sus garantías fundamentales, estaríamos en presencia de una colisión de derechos fundamentales, primando en este caso la libertad de información, por publicarse hechos veraces de interés público o general. Indica que esta tesis ha sido sustentada por esta Corte de Apelaciones, y también por la Corte Suprema en casos análogos al presente.

En cuanto al derecho al olvido invocado por el actor, éste no sería procedente, ya que no existe ninguna norma legal en nuestro ordenamiento jurídico que limite la permanencia de las informaciones a un determinado período de tiempo, ni existe un establecimiento de este llamado derecho al olvido, sino que por el contrario, la legislación promueve la mantención de archivos de prensa para que persistan en el tiempo, cuestión evidenciada en el artículo 14 de la Ley N°19.733 que establece el depósito legal, obligando a los medios a remitir cierta cantidad de sus ejemplares a la Biblioteca Nacional. Acceder a la petición del recurrente es, dice el recurrido, permitir el fin de la historia.

TERCERO: Que conviene argumentar que los actuales intervinientes discutieron en otro procedimiento de Protección, Rol N° 25229-2014, la cuestión de fondo que se plantea en el actual recurso; al efecto, la acción incoada, de semejante contenido, fue desestimada en atención a que la publicación no puede ser imputada a la recurrida al tratarse de una empresa prestadora de servicios, basada en la búsqueda de páginas de internet sobre las cuales no tiene dominio alguno; así, no es posible la eliminación de la publicación. Lo anterior, sin perjuicio de dirigir la acción contra el dueño de la página.

Es decir, la recurrida no ha creado los contenidos de la publicación.

Concordante, es dable argumentar que la página que contiene la publicación, puede ser accedidas por otros Buscadores, precisando que la Jurisprudencia Nacional ha sido uniforme en términos de dirigirse la acción contra los creadores de las páginas.

CUARTO: Que, en este escenario, las eventuales vulneraciones a las garantías que señala el recurrente, lo cierto y categórico resulta ser que ha sido expulsado del Colegio de Abogados, lo que fue determinado por el Tribunal de Ética, que alcanza carácter público y sujeto a recursos jurisdiccionales, todo con carácter público y, por ende, de libre acceso.

La recurrida no altera el derecho a la vida y a la honra toda vez que no es la autora y por ende, responsable de la información; al efecto, tampoco concreta labores periodísticas y no es una agencia de opinión.

La circunstancia de indexar la información incluso no conlleva la supervisión de la información; lo anterior, aparece en el artículo 85 letra p) de la ley 17336, modificada por la ley 20345, en cuanto no existe la obligación de supervisar los datos que se trasmiten.

En definitiva, la recurrida no es censor de la información.

Resulta de interés resaltar sentencia de la Corte Suprema, rol N°88729-2016, en la que rechaza una similar acción cautelar con iguales fundamentos de la presente sentencia.

QUINTO: Que, entonces, las garantías que invoca el recurrente, no aparecen conducentes a consagrarlas como infringidas, por lo que el actuar resulta legal y no arbitrario. Por lo demás, se insiste, se puede recurrir para desindexar por procedimiento especial dirigida contra el propietario de la página que contiene la información.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Redacción del Ministro señor Moya Cuadra.

N°Protección-63936-2018.

No firma el Ministro señor Vázquez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza e integrada por el Ministro señor Javier Moya Cuadra y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.