nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, el abogado don Carlos Anaís Peña y nombre reservado; y contra el mismo, el abogado del Servicio de Tesorerías don nombre reservado, ambos por 10 minutos.

Santiago, 11 de noviembre de 2020.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinte.

Proveyendo a los escritos folios 17 y 18: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado y nombre reservado, ingeniero en ejecución de Minas, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de “Tesoreros” (sic) General de La República, del giro de su denominación, representada por la Tesorera doña nombre reservado, ingeniera civil industrial, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Pide se deposite o transfiera las sumas retenidas por $897.768, por concepto de devolución del AT 2020; la suma de $87.080.-, correspondiente a la devolución de los impuestos de los meses de enero y febrero del año 2020, debidamente reajustadas a su cuenta Rut del Banco Estado, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que, tal como consta de la declaración de renta que acompaña, consta que solicitó devolución de impuestos por $897.768.- para el AT 2020, el que fue presentado en tiempo y que el Servicio de Impuestos Internos aprobó.

Indica que la recurrida se ha apropiado arbitrariamente de $887.768.-, dado que lo ha abonado a una deuda que mantiene con dicha institución por los años “2205” (sic), y 2007, como consta del certificado de deuda de 16 de julio de 2020, que corresponde a un Formulario 21, Folio 50617127, vencimiento en octubre de 2007, por la $277.156.-, y un Formulario 21, Folio 101109869, con vencimiento el 30 de mayo de 2005, por $1.956.460.

Estima que el actuar de la recurrida es abusivo y arbitrario, pues no hay sustento alguno que soporte la retención de su devolución de impuestos y menos que se haya abonado a una deuda prescrita de los años 2005 y 2007, a la que le es aplicable los artículos 200 y 201 del Código Tributario.

Señala que para la recurrida no bastó con apropiarse del monto solicitado por devolución de impuestos, sino que, además, se apropió de la devolución anticipada del pago de los impuestos correspondiente a los meses enero y febrero 2020, como consta del documento acompañado.

Reclama que la recurrida incluso se ha burlado de las instrucciones de su Excelentísima, el Presidente de la República, quién en su anunció destacó que sólo serían descontadas las pensiones de alimentos hasta un 50%, sin embargo, en su caso se compensaron deudas prescritas de los años 2005 y 2007, y no le significó ayuda alguna, pues fue la Tesorería quién se benefició por la supuesta ayuda que el gobierno otorgada a los independientes, pues la humilde suma de $87.080 que debía recibir se compensó a las deudas prescritas.

Indica que, agrava el actuar de la recurrida de la recurrida el hecho que es una persona de la tercera edad, que percibe una humilde pensión de $117.198, como consta de los documentos acompaña, por lo que, las ayudas económicas del estado son importantes por sus precarios ingresos económicos.

Refiere que el plazo de la última deuda se venció para su exigibilidad el 1 de octubre de 2010, como lo establece el artículo 2521 del Código Civil y artículo 200 del Código Tributario, por lo que ha operado la prescripción extintiva respecto de las obligaciones que mantenía con la Tesorería en los años 2005 y 2007.

Estima violentada la garantía constitucional del artículo 19 N°3° de la Constitución Política: “La constitución asegura a todas las personas: 3° La igual protección de la ley en el ejercicio de derechos”. Recuerda que el recurso de protección se establece a favor de quien, por causa de actos u omisión ilegales o arbitrarias, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías constitucionales que el artículo 20 de ese texto menciona;

También estima violentada la garantía constitucional del artículo 19 N°24° de la Constitución Política.

Cita, sin contextualizar, los artículos 126 del Código Tributario; 42, 84, 91 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Declaración de renta AT 2020, en que solicitó una devolución de $897.768; 2. Certificado de nacimiento; 3. Liquidación de pago de pensión de 20 de junio de 2020; 4. Certificado de deuda otorgado por la recurrida el 16 de julio de 2020; 5. Certificado de Devolución Anticipada del Pago de Impuesto de los meses enero y febrero del año 2020.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, abogado, por la recurrida, Tesorería General de la República, quien solicita el rechazo del recurso.

Funda sus alegaciones señalando que, el supuesto acto ilegal o arbitrario, ocurriría en el marco de un proceso jurisdiccional, específicamente en el procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias, precisando que el recurrente mantiene una deuda con el fisco derivada de formularios 21 folios 50617127 con vencimiento el 11 de octubre de 2007 y 101109869 con vencimiento el 30 mayo de 2005, los que se encuentran demandados en los autos Rol 2453-2010 - Las Condes, siendo notificado y requerido de pago conforme al artículo 13 del Código Tributario el 25 de enero de 2011.

Indica que, de acuerdo a los antecedentes existentes en el Expediente Administrativo detalla los siguientes aspectos: ( Frente a la notificación practicada en el expediente administrativo, el contribuyente opuso el 1 de junio de 2011, excepciones dentro del plazo (prescripción del artículo 177 N°2 del Código Tributario), siendo rechazadas por Tesorería y remitidas al Tribunal para su pronunciamiento. ( En el tiempo intermedio, el apremio se suspendió por el inciso final del artículo 201 del Código Tributario, hasta que el 21° Juzgado Civil de Santiago, en causa rol N° C-22491-2012, resolviera el asunto controvertido y la sentencia definitiva quedase ejecutoriada. ( Que, el 24 de junio de 2014, el 21° Juzgado Civil de Santiago falla el asunto, confirmando el rechazo efectuado por Tesorería respecto de la excepción de prescripción opuesta por el contribuyente. ( El 5 de septiembre de 2014, se certifica la ejecutoriedad de la sentencia. ( El expediente administrativo vuelve a estado procesal de notificación, lo que implica retomar la cobranza y se efectuó indagación de bienes del deudor por un recaudador fiscal, sin obtener éxito. ( Finalmente, en septiembre pasado, el Fisco de Chile fue notificado de la demanda de prescripción extintiva deducida por el recurrente, fundando la presentación en que a su parecer la acción de cobro de que es titular el Fisco, a través del Servicio de Tesorerías, se encontraría prescrita, causa que actualmente se tramita ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-10762-2020.

Reclama la inadmisibilidad del recurso, toda vez que el legislador estableció un procedimiento para reclamar y oponerse al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero y cita los artículos 30 y 35 del Decreto Ley Nº1.263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado.

Afirma que, consta del expediente administrativo Rol N°2453-2010-Las Condes, que las deudas por impuesto fiscal que mantiene el actor con el Servicio de Tesorerías y del que deriva el procedimiento seguido en su contra, así como las compensaciones efectuadas por esta entidad, se encuentran sometidos al procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero contemplado en el Título V, Libro III del Código Tributario.

Expone que en este procedimiento ejecutivo los ejecutados pueden oponerse a la ejecución y deducir las excepciones que correspondan, y serán, en último término, los Tribunales Ordinarios de Justicia quienes se pronunciarán sobre las excepciones deducidas y ordenarán seguir adelante o no con la ejecución, como ocurrió en el expediente de cobro seguido en contra del recurrente.

Refiere que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos cuando para ello existen procedimientos ordinarios y, en consecuencia, resulta improcedente atacar por esta vía constitucional, incidencias que pudiesen ocurrir en el cobro ejecutivo por formularios girados y vigentes del Servicio de Impuestos Internos, citando una sentencia de la Excma. Corte Suprema en abono de su alegación.

Resalta que el contribuyente ya había deducido la excepción de prescripción respecto a los formularios que fueran compensados por el Servicio de Tesorerías, la que fue rechazada por el 21° Juzgado Civil de Santiago en causa rol N°22.491-2012, reconociendo que existe un procedimiento especial para hacerlo, que no es otro que el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias contenido en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario. Bajo el mismo razonamiento entiende que la demanda de prescripción extintiva deducida por el contribuyente, de manera coetánea al presente recurso de protección y que actualmente se tramita ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, conlleva a concluir que el contribuyente busca en esta acción un pronunciamiento de fondo en razón de la supuesta prescripción, lo que escapa de la competencia de este tipo de recursos.

En cuanto al fondo de las actuaciones calificadas como abusivas, explica que se han decretado medidas de índole tributaria para favorecer a la población, con ocasión de la pandemia del Covid-19, específicamente, las establecidas en el decreto N°420, de 1 de abril de 2020, del Ministerio de Hacienda que en su numeral 7, dispuso condonar y devolver a los beneficiarios, en abril de 2020, la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020, conforme a los artículos 74 Nº 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y al tratarse de una devolución de la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes del artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, resulta inequívoco que estamos en presencia de una devolución anticipada de renta correspondiente al AT 2021, por lo que resulta procedente respecto de ellas que la Tesorería cumpla con lo mandatado por su Estatuto Orgánico. Por ello, la devolución de impuestos correspondiente al proceso de renta año 2020, así como la devolución de los pagos provisionales mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020, no se verificaron por cuanto dichas devoluciones fueron compensadas, en virtud de la facultad concedida a la Tesorería General de la República por el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, contenido en el D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que la autoriza para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco.

Alega la ausencia de acto ilegal o arbitrario por parte del recurrido, por cuanto, conforme al Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, le corresponde efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen las derivadas de los excedentes de pagos provisionales que arrojen las declaraciones de impuesto a la renta presentadas por los contribuyentes. En el caso del recurrente, la devolución de renta no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas con el Fisco, dándose los presupuestos del artículo 1656 del Código Civil.

Hace presente que, a la fecha, no existe declaración judicial de prescripción, por lo que el debate en este recurso no puede basarse en la aparente prescripción de la deuda que no ha sido declarada, máxime cuando fue rechazada por el Servicio de Tesorerías y por el Tribunal Civil, motivo por el cual la deuda al momento de su compensación era totalmente exigible.

Hace hincapié que no existe violación al derecho de propiedad por cuanto la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente a través de una declaración de impuesto a la renta, no es un derecho absoluto que se materializa con la sola presentación de la declaración, sino un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no tenga deudas pendientes de pago, reiterando incansablemente los argumentos antes señalados.

Analiza los preceptos que regulan el principio de juridicidad y expone que, el proceso de devolución, como cualquier proceso masivo de devoluciones, está sujeto a las reglas generales sobre la materia, esto es, a la compensación si el contribuyente mantiene deuda fiscal Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de sentencia de 24 de junio de 2014, en causa rol C-22.491- 2012, del 21° Juzgado Civil de Santiago; 2. Copia de demanda de prescripción extintiva ingresada por el actor, en contra de Tesorería General de la República, tramitada en causa rol C-10672-2020, del 28° Juzgado Civil de Santiago; 3. Fallo de la Excma. Corte Suprema, Rol Nº13.325-2014.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que, en el petitorio de la presente acción cautelar se solicita que se deposite o transfiera las sumas retenidas por $897.768, por concepto de devolución del AT 2020; la suma de $87.080.-, correspondiente a la devolución de los impuestos de los meses de enero y febrero del año 2020, debidamente reajustadas a la cuenta Rut del actor en el Banco Estado, con costas, lo que no es más que ordenar dejar sin efecto la compensación administrativa realizada por el Servicio de Tesorerías, cuyo fundamento, como explícitamente se indica en el libelo, obedece a que las deudas fiscales se encontrarían prescritas.

Octavo: Que, sobre el particular, conviene precisar que el contribuyente recurrente opuso la excepción de prescripción extintiva en la oportunidad procesal establecida en el artículo 176 del Código Tributario, respecto del expediente Administrativo Rol 2453-2010-Las Condes, la que fue rechazada por el Abogado del Servicio de Tesorerías y, remitidos los antecedentes para ante la Juez del 21° Juzgado Civil de Santiago, dicha judicatura dictó sentencia rechazando la excepción de prescripción impetrada, quedando ejecutoriada dicha decisión.

Noveno: Que, sin perjuicio de lo anterior, el recurrente interpuso una demanda de prescripción extintiva en contra del Servicio de Tesorerías ante el 28° Juzgado Civil, en causa rol N° C-10.762-2020, ingresada recién el 15 de julio del presente año, es decir, en una fecha posterior a la compensación administrativa efectuada por la Tesorería, acción que actualmente se encuentra en tramitación y aun no se ha dictado sentencia definitiva ejecutoriada que declare la prescripción extintiva, razón por la cual, la compensación efectuada cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 1656 del Código Civil, en especial, en cuanto a la exigibilidad de las deudas recíprocas.

Décimo: Que, en este escenario, no existiendo ninguna sentencia judicial que haya declarado la prescripción extintiva que en esta acción constitucional se reclama, es que el presente arbitrio no puede prosperar, por cuanto, la presente acción no puede servir para dichos fines, atendido su carácter eminentemente cautelar y no declarativo de derechos.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción constitucional de protección intentada por don nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-63.810-2020.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega, e integrada por los Ministros (S) señora María Inés Lausen Montt y señor Mauricio Rettig Espinoza. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, once de noviembre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.