nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.

A fojas 11 y 12: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 28 de enero de 2019, comparece nombre reservado, profesora de Filosofía, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Ministerio de Educación, por la Resolución Exenta RA N°0323/28.112018 mediante la cual se dispuso la no renovación y, por lo tanto, el término de su contrata desde el 31 de diciembre de 2018, por estimar que no cuenta con la experiencia suficiente para desempeñarse en el ejercicio de su labor, argumento que en el caso es arbitrario e ilegal, el cual vulnera los derechos y garantías contemplados en el artículo 19 N°s 1°, 2°, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita restablecer el imperio del derecho, adoptando las medidas que se juzguen necesarias, a fin de que se respeten los derechos y garantías vulnerados y, consecuentemente se ordene invalidar el cese de su contrata y su inmediata reintegración.

Refiere que ingresó al Ministerio de Educación en el año 2006 desempeñándose como profesional de la DEG, primero a honorarios pasando luego a contrata, siendo despedida en el mes de mayo de 2010, la que se hizo efectiva en julio del mismo año.

Precisa que, la desvinculación citada como la presente que impugna se sustenta en motivos poco fundados, creando la convicción entre los funcionarios que el real motivo de la desvinculación es por razones de índole política e ideológica.

Añade que dicha desvinculación le ocasionó graves perjuicios no solo en el ámbito económico sino psicológico y emocional, participando activamente en el año 2013 en el grupo de exonerados políticos en el primer Gobierno del Presidente nombre reservado y que fue reincorporada al servicio erróneamente bajo el régimen a honorarios, por estimarse que su condición de jubilada no permitía la vinculación bajo contrata, jubilación que debió tramitar atendida su condición de cesante y frente a la necesidad de contar con un ingreso que le permitiera cubrir sus gastos.

Manifiesta que el año 2017 pasó régimen de contrata grado 9, lo que se mantuvo hasta su desvinculación y que en el año 2018 pudo tener la posibilidad de acceder al “incentivo al retiro” o “indemnización de retiro voluntario”, a la que no pudo acceder al no cumplir una serie de requisitos, los cuales no cumplió solo por su desvinculación entre los años 2010 al 2014.

En cuanto a su desvinculación, señala que la resolución exenta expresa, entre otros, que es deber de la administración velar por los principios de eficacia y eficiencia, así como resguardar en forma apropiada el uso de los recurso públicos y que, en este sentido, se llegó a la convicción que la Unidad de Transversalidad Educativa, y en particular el equipo de convivencia escolar, se encontraba con una sobredotación de funcionarios, bastando para cumplir las funciones solo 3 profesionales, decidiendo renovar los contratos de aquellos miembros que poseían mayor experiencia y antigüedad, siendo ese un criterio objetivo de selección.

Refiere que el fundamento esgrimido de menor experiencia en el área no es efectivo e impreciso, ya que siempre ha desarrollado su vida profesional en el área de la educación y en terreno capacitando y perfeccionando a grupos de docentes, por lo que tiene la certeza que no es la funcionaria con menores aptitudes y experiencia para ejercer su cargo, por lo que no es un criterio objetivo de demostración de capacidades o experiencias, más aún cuando no se precisa la experiencia requerida para el cargo, si es un elemento de temporalidad y cuál no sería cumplida, dejando de manifiesto que la afirmación contenida en la resolución es de carácter subjetivo y arbitrario.

En efecto, indica que, no se realizó ninguna evaluación, calificación o proceso objetivo para determinar fehacientemente las aptitudes y experiencia, no existiendo una actuación que ponga en cuestionamiento su desempeño profesional, no considerando sus estudios de pedagogía, experiencia en la docencia y en todas las áreas relacionadas a la educación que sus años le han permitido vivir y ejercer y, por lo tanto, no se expresan razones de fondo por las que sean necesarios el término de sus servicios.

De lo expuesto, concluye que no existe motivación fundada para poner término a la contrata, en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley N°19.880 y a lo ordenado por la Contraloría General de la República en sus Dictámenes N°85700/2016 y 6400/2018.

En cuanto al derecho, señala que el Oficio Circular N°22 de 30 de noviembre de 2017 del Ministerio de Hacienda ratifica las directrices generales a los Jefes de Servicio para el proceso de no Renovación contenidas en el Oficio Circular N°26 de 2016 del mismo Ministerio, respecto del cual la resolución que puso término a su contrata no contiene una fundamentación idónea, ni motivación, no fundándose en criterios objetivos y comprobables, por cuanto de conformidad a la doctrina y Jurisprudencia la naturaleza jurídica de la relación entre funcionario y la administración es un vínculo estatutario de derecho público, el cual supone la sujeción de los funcionarios a un régimen de derecho público preestablecido, unilateral, objetivo, impersonal y fijado por el Estado, tal como consta de los Dictámenes de la Contraloría General de la República que cita.

Por otra parte, refiere que de conformidad al artículo 89 de la Ley N°18.834 todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, de lo que no se exime a las personas en condición a contrata, el cual también se encuentra en el artículo 11 inciso segundo de la Ley N°19.880.

Indica que la arbitrariedad del acto se manifiesta por carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, debiendo el acto ser fundado de conformidad lo disponen los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N°19.880, lo cual también es contrario a los principios que rigen la actuación de la Administración del Estado.

En cuanto a la ilegalidad del acto, señala que debe entenderse en sentido amplio como sinónimo de antijuricidad, la que en el caso se manifiesta en la decisión de terminar la contrata, se encuentra íntimamente relacionado con la inobservancia de las leyes administrativas de la materia, vulnerándose el artículo 11 de la Ley N ° 19.880.

Respecto de la vulneración de las garantías constitucionales, señala que el artículo 19 N°16 de la carta Fundamental garantiza la libertad de trabajo y su protección, del que fue privada por la resolución administrativa la que no se fundó en criterios razonables que provengan del ejercicio profesional de la recurrente, discriminándola sin razón alguna y paralelamente, se ha privilegiado a otros individuos que no cuentan con su capacidad técnica y experiencia.

Agrega también que se vulneró el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, ya que la desvinculación le ha afectado profundamente en términos personales, sobre todo por el cuestionamiento de sus aptitudes personales y profesionales, la que ya se había visto afectada por la desvinculación del año 2010, producto de la cual se debió someter a tratamiento, el que sufre hoy con mayor recurrencia desde que se produce su desvinculación.

Adiciona que se vulnera también el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, en relación con el artículo 583 del Código Civil al ser privada de dicho derecho fundamental, toda vez que ingresó voluntariamente a la administración pública, cumpliendo con todos los requisitos establecidos, por lo que su calidad de funcionario público a contrata ha sido incorporada a su patrimonio al menos hasta el 31 de diciembre de 2018, por lo que no se le puede impedir el goce de los derechos emanados de dicha calidad, sino por los propios medios que indica la ley.

Finalmente, enuncia como conculcada la garantía del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, pero no desarrolla.

Segundo: Con fecha 27 de febrero de 2019, comparece don nombre reservado, Jefe (S) de la División Jurídica del Ministerio de Educación, evacuando el informe y solicitando el rechazo del recurso.

Previamente alega la inadmisibilidad del recurso de protección, por no existir derechos indubitados en la protección solicitada, sino también por existir procedimientos administrativos en los cuales se contemplan los recursos de reposición y jerárquico, contemplado en el art. 59 de la Ley N°19880, por lo que esta instancia no resulta ser la idónea.

En cuanto al fondo del recurso, refiere que el marco normativo que rige la materia y en base a la cual el acto impugnado se ajusta a derecho, se encuentra contenido en el DFL N°29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, Ley N°18.575, Ley N°19.880 y Ley N°19.956.

En cuanto a los antecedentes de hecho, reitera los expuestos en el recurso, precisando los actos administrativos que dieron origen a cada una de las vinculaciones de la recurrente con el Ministerio de Educación, precisando que, en cuanto a la naturaleza jurídica del empleo o contrata, configuran una modalidad expresamente reconocida y regulada en Estatuto Administrativo, definido en su artículo 3° y, de conformidad al artículo 10 de la misma norma, los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, por lo cual son de carácter transitorio, vigencia temporal determinada por la llegada del plazo o por la decisión de la autoridad de no ser necesarios los servicios del funcionario.

Respecto del término de la contrata de la recurrente, señala que fue realizado mediante un acto administrativo fundado y suficientemente motivado, cumpliendo con la exigencia del artículo 11 en relación con el artículo 41, ambos de la Ley N°19.880.

Expone que del análisis del nombramiento y de la renovación consta que ambos se hicieron hasta el 31 de diciembre de cada año, según lo dispone el art. 10 del DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, lo que de conformidad a los Dictámenes de la Contraloría General de la República implica que la autoridad administrativa puede ponerle termino en el momento que estime conveniente.

Dice que las funciones fundamentales entregadas por ley a los Ministerios y autoridades, es la de administrar de manera idónea y de acuerdo a los principios de eficiencia y eficacia, artículo 5° de la Ley N°18.575, por ello efectuada la evaluación pertinente con la finalidad de optimizar los recursos disponibles y asegurar la más idónea administración, la decisión de poner término a la contrata se materializo en un acto administrativo fundado, en que se desarrollan los antecedentes que le sirvieron de sustento a la autoridad para adoptar la decisión, pasando a transcribir el acto impugnado.

En cuanto a la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad del acto que se impugna, previa referencia doctrinal de los conceptos de ilegalidad y arbitrariedad, sostienen que en lo que dice relación con la ilegalidad el acto del Ministerio de Educación se encuentra ajustado al principio de legalidad previsto en los artículo 6 y 7 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2 del DFL N°1 que fija el texto coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575.

Indica que de conformidad a doctrina que cita y las normas legales referidas, es de competencia del pertinente Jefe de División de Administración General, resolver acerca de la no prórroga de la contrata, tal como se efectuó en la especie, a través de un acto administrativo fundado emitido el 28.11.2018 con lo que se dio cumplimiento a las instrucciones contenidas en el Dictamen N°85.700 de 2016 de la CGR.

Respecto de la confianza legítima expone que, si bien no es una alegación de fondo de la recurrente, se desea dejar establecido que se observó en plenitud las distintas disposiciones del ordenamiento jurídico, en relación a la no continuidad de la contrata de la actora, y que de conformidad a la abundante jurisprudencia administrativa contenida en los Dictámenes de la Contraloría General de la República, que señalan que la confianza legítima consiste en la expectativa que tiene el funcionario público respecto de la renovación de su contrata, la cual se genera cuando existe una segunda renovación de dicho nexo funcionarial, siempre que abarque toda la anualidad subsiguiente, o sea más de 2 años para invocar la confianza legítima de una nueva prolongación de su designación, la que solo aplica a las contratas y no a los contratos a honorarios y que, en la especie no se configurarían el supuesto necesario para generar la confianza legítima.

Reitera que el acto que dispuso la no renovación de la contrata fue suficientemente fundado y desprovisto de arbitrariedad, a la luz de la legislación y jurisprudencia citadas, en particular el Dictamen N°6.400 de 2018 de la Contraloría General de la República, en lo relativo a la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, lo que se produjo en el caso de marras.

En cuanto a la supuesta amenaza de garantías constitucionales, la garantía del N°1 del artículo 19 de la Constitución Política, afectada según la recurrente porque el término de la contrata la afectó profundamente en términos personales por el cuestionamiento de sus aptitudes personales y profesionales contenidas en el acto, dicho hecho por sí mismo no constituye un desconocimiento o afectación del derecho referido, máxime cuando se sustenta en fundamentos objetivos.

En relación a la garantía del N°16 del artículo19 de la Constitución Política, al vulnerarse su libertad de trabajo, entendiéndola como la posibilidad de continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata, exponiendo que lo protegido es el derecho a buscar trabajo, por lo que lo señalado por la recurrente no tiene racionalidad alguna puesto que no existe forma alguna en que la recurrida haya afectado dicho derecho, porque de forma alguna implica una prohibición que impida ejercer dicha garantía.

Por otra parte, la garantía del N°2 del artículo 19 ya citado, invocada por la recurrente sin señalar el motivo por el que supuestamente existiría una infracción al derecho de igualdad ante la ley, citando al efecto fallo de la Excma. Corte Suprema de 15 de mayo de 1988 que delimita el sentido y alcance de dicha garantía, como asimismo lo que debe entenderse por discriminación arbitraria, precisando que la recurrida se ha apegado estrictamente a la legalidad vigente, existiendo motivación en la ejecución del acto y precisa que, para alegar una diferencia arbitraria en el trato dado en relación a otros cargos análogos, debe haberse acreditado, o al menos demostrado, que su situación es, en lo pertinente, igual a la de otros funcionarios que se encuentran en similar situación según lo ha establecido la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Finalmente, la garantía del N°24 del artículo 19 de la Constitución Política, la que estima vulnerada al no haberse renovado su contrata para el año 2019, lo que afectaría su propiedad sobre el derecho a la calidad de funcionario público o contrata incorporado a su patrimonio y la retribución pecuniaria a la que tendría derecho por su trabajo, reitera lo expuesto en cuanto a que tal como indica el art. 10 del Estatuto Administrativo, no existiría derecho alguno de los funcionarios a contrata a que su designación sea renovada, sino por el contrario estos terminan por el solo ministerio de la ley el día 31 de diciembre de cada año, sin ningún otro requisito que la llegada del plazo, lo que se ve refrendado por el art. 146 literal f) y 153 del mismo estatuto. Agrega que en la misma resolución TRA N°292/20/2017 que dispuso la contrata de la recurrente solo hasta el 31 de diciembre de 2017 y “mientras sean necesarios sus servicios” siendo prorrogada bajo la misma fórmula hasta el 31 de diciembre de 2018.

Termina indicando que, de conformidad a lo expuesto, la recurrente no tiene un derecho adquirido sobre las remuneraciones futuras.

Tercero: Que para la resolución del asunto propuesto, es del caso precisar que la vinculación con la administración pública a través de la modalidad a contrata es esencialmente transitorio, cuya duración es limitada en el tiempo, y sus plazos no se encuentran establecidos ni garantizados por norma alguna, por lo que pueden ser discrecionalmente variadas por la autoridad facultada para realizarla.

Cuarto: Que, por expresa disposición del artículo 3° Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes, y la diferencia esencial entre ambos radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. En este último caso, el artículo 10 de la Ley N° 18.834 dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En concordancia con la norma precedentemente citada el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones.

Quinto: Que con los documentos acompañados a la causa, se tiene por establecido que el recurrente ingresó a prestar servicios al Ministerio de Educación, contratado a honorarios desde 1 de junio de 2014 y posteriormente, desde el 1 de enero de 2017, como contrata en la División de Educación General en forma interrumpida hasta el 31 de diciembre de 2018.

SEXTO: Que, la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata. En efecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha recién indicada.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ocurre en la especie, toda vez que el acto administrativo impugnado expresa los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta.

En relación a los hechos, se advierte que la decisión adoptada por la autoridad consistente en desvincular laboralmente al recurrente en razón de la reorganización interna, y que en la misma el cargo que desempeñaba el recurrente se extinguió.

En cuanto al derecho, se aprecia que la dictación de la resolución impugnada obedece a un actuar enmarcado dentro de las reglas que informan el desempeño de la recurrida, especialmente el Estatuto Administrativo.

SÉPTIMO: Que, en efecto, la autoridad Administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella, como lo dispone expresamente el artículo 10 del Estatuto Administrativo, opera por el solo ministerio de la ley. En efecto, el empleo a contrata se caracteriza por la precariedad en su duración, circunstancia conocida por el interesado, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora Por consiguiente, la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar del Ministerio de Educación.

OCTAVO: Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amerite adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 1°, 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-6381-2019 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada por la Ministro (I) señora Bárbara Quintana Letelier y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.

Santiago, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.