Protección contra Dirección del Trabajo

C.A. de Santiago Santiago, treinta de octubre de dos mil diecisiete.

Proveyendo escrito folio 421025: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, factor de comercio, en representación de Constructora Altamira S.A., persona jurídica de derecho privado de giro comercial, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por su Director Nacional don Christian Melis Valencia, ambos con domicilio en domicilio reservado; en contra de Equifax Chile S.A., persona jurídica de derecho privado, representada por su Gerente General don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; y en contra de la Cámara de Comercio de Santiago, representada por su Gerente de Informes Comerciales don nombre reservado., ambos con domicilio en domicilio reservado, la primera como encargada de la base de datos denominada Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional y la segunda y tercera como empresas a cargo de la administración y publicación de los datos del mencionado registro, por estimar conculcadas las garantías de los numerales 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Pide se dispongan en forma inmediata las medidas necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho.

Funda su pretensión cautelar señalando que consta del certificado emitido por la Cámara de Comercio de Santiago de 30 de agosto de 2017, atingente a la recurrente y que contiene informe detallado del Boletín Laboral, que se publican en el mencionado Registro deudas por cotizaciones previsionales declaradas y no pagadas del período de octubre de 2004 a octubre de 2010.

Señala que las deudas que se publican en el Boletín Laboral no han podido legalmente ser informadas, pues lo prohíben expresamente los artículos 17 y 20 de la Ley 19.628, toda vez que dichas deudas no se encuentran incluidas en la enumeración de las obligaciones que la primera de las normas citadas permite difundir y de esta forma, la actuación de la recurrida ha vulnerado la garantía del numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política del Estado referente al respeto y protección de la vida privada y a la honra de las personas y su familia;

Agrega que el actuar de las recurridas vulnera expresamente la norma del artículo 18 de la citada Ley 19.628, que dice: “En ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo anterior, que se relacione con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible”. De lo señalado se desprende que las recurridas han incurrido en una conducta ilegal y arbitraria que afecta la garantía constitucional contemplada en el N°24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, -derecho de propiedad-, por cuanto afecta la capacidad comercial de la recurrente y específicamente su gestión comercial en lo que respecta a su capacidad de crédito, su capacidad de negociación con los proveedores y en la relación con sus clientes, por lo que solicita se acoja el recurso de protección.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión, la recurrente acompañó certificado emitido por la Cámara de Comercio de Santiago, de 30 de agosto de 2017 relativo a la actora.

Tercero: Que, evacua su informe don Cristián García-Huidobro Ruiz-Tagle, abogado y Secretario General, en representación de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., persona jurídica de derecho privado, quien solicita el rechazo del presente recurso con costas.

Fundamenta su resistencia señalando que el presente recurso de protección ha sido interpuesto transcurrido largamente el plazo fatal establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte, dado que la recurrente sustenta su acción en la publicación de diversas anotaciones en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, las cuales superan el plazo de treinta días que el mencionado Auto Acordado exige para Interponer el recurso de protección, teniendo en cuenta para ello que se trata de cotizaciones previsionales impagas de entre los años 2004 y 2011.

Añade que el hecho que la empresa recurrente acompañe a su recurso un certificado otorgado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. de 30 de agosto pasado, de manera alguna podría entenderse que recién en la fecha que obtuvo dicho certificado se habría enterado de las anotaciones que la han motivado a interponer esta acción cautelar.

Luego, alega que la Dirección del Trabajo recopila de las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Instituto de Previsión Social, de la Administradora de Fondos de Cesantía, del Fondo Nacional de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional, de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de las Mutualidades de Empleadores y del Instituto de Seguridad Laboral, las nóminas de empleadores morosos en el pago de las cotizaciones respectivas, como asimismo, dispone de la información que da cuenta de los empleadores morosos en el pago de las multas administrativas que ella impone en el ejercicio de su labor fiscalizadora y de aquellas cursadas por el Fondo Nacional de Salud.

Con estos antecedentes, expone que la Dirección del Trabajo encomendó a la empresa Equifax Chile S.A., la elaboración, administración, difusión y distribución del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, mediante contrato de 15 de noviembre de 2010, aprobado por dicho organismo fiscalizador mediante Resolución Exenta N°1566 de 24 de diciembre de 2014. Por consiguiente, el responsable del banco de datos denominado “Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”, en los términos de la Ley N°19.628, es la empresa Equifax Chile S.A.

Adiciona que la Cámara de Comercio de Santiago A.G., por el rol que desempeña en el ámbito de la información comercial, ha suscrito con Equifax Chile S.A. un contrato de licencia de uso de carácter temporal, para cada edición del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, cuya actualización le corresponde directamente a Equifax Chile S.A., quedándole expresamente prohibido a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. efectuar cualquier clase de eliminaciones o aclaraciones. En caso que los titulares de los datos requieran la eliminación o modificación de antecedentes contenidos en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, el contrato le impone la obligación de indicar al requirente que debe efectuar su presentación en la Dirección del Trabajo o en cualquiera de las oficinas de Equifax Chile S.A.

Posteriormente alega que el recurso carece de fundamentos, por cuanto no estaríamos en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, ya que el artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 impone al empleador la obligación de declarar y pagar las cotizaciones en la AFP a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones, correspondiendo a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de estas obligaciones.

Asimismo, el N°2 del artículo 94 del mencionado decreto ley preceptúa que corresponde a la Superintendencia de Pensiones la fiscalización del funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones, agregando el N°3 de ese mismo precepto legal, la interpretación de la legislación y reglamentación del sistema, con carácter obligatorio para las administradoras, estando facultada para dictar normas generales para su aplicación. Por su parte, en el Título X del Libro II del Compendio de Normas de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, este organismo ha impuesto a las AFP, la obligación de enviar bimestralmente a la Dirección del Trabajo, un archivo conteniendo la información relativa a los empleadores morosos, para que ese organismo los incluya en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional vigente.

Respecto de los antecedentes enviados a la Dirección del Trabajo por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, el artículo 11 de la Ley N°19.728 dispone que esta entidad está obligada a despachar la nómina de empleadores morosos a la Dirección del Trabajo y a los registros de antecedentes comerciales y financieros que tengan por objeto proporcionar antecedentes públicos. La misma situación jurídica la reitera respecto de los demás organismos de carácter previsional, citando las normas jurídicas que regulan a cada uno de ellos, concluyendo que la información sobre morosidades previsionales que las administradoras de fondos de pensiones han enviado a la Dirección del Trabajo, constituye para ellas una obligación de carácter legal, desde el momento que a todas ellas se les ha impuesto esta obligación por parte del organismo encargado de su supervigilancia y fiscalización.

Alega que la Ley N°19.628 no tiene aplicación al caso de autos, toda vez que la protección de los datos de carácter personal sólo rige respecto de las personas naturales, ya que conforme a lo establecido en el artículo1° de la Ley N°19.628, el tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares, se sujetará a las disposiciones de esta ley, agregando la letra f) del artículo 2° del mismo cuerpo normativo, que se entenderá por datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Al efecto cita jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema.

Por último, alega falta de acreditación de la extinción de las obligaciones morosas informadas en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral, citando al efecto el Ord. N°5258 de 31 de enero de 2014 emanado de la Dirección del Trabajo que dispone que para eliminar a personas naturales o jurídicas del Boletín de Infractores, debe acreditarse el pago u otro medio de extinción de la deuda, con sus respectivos reajustes e intereses, y tratándose de la prescripción, debe constar en una copia de sentencia ejecutoriada.

Cuarto: Que evacua su informe don nombre reservado, abogado, por la Dirección del Trabajo, quien solicita el rechazo del recurso, con costas, fundado en que esta acción cautelar está siendo utilizada como un sustituto procesal de acciones o procedimientos ordinarios.

Agrega que la Ley N° 19.628 establece un procedimiento sumarísimo, denominado amparo de datos en el artículo 16 de la ley N° 19.628, sobre protección de datos personales. Es decir, el derecho común proporciona una acción rápida y eficaz, siendo de esta manera improcedente recurrir de amparo constitucional.

Sostiene que en la especie no hay discusión que la recurrente ha incurrido en mora de obligaciones previsionales y que por ello han sido publicadas en el Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, sin que haya presentado documento alguno para desvirtuar la existencia de la deuda por cotizaciones previsionales no pagadas y sólo pide que se eliminen por superar los cinco años, es decir, se reconoce tácitamente que si existen deudas previsionales.

Explica que no hay acto arbitrario o ilegal, por cuanto la Dirección del Trabajo está actuando dentro de las facultades que la ley le ha conferido y señala que el artículo 1° inciso segundo de la ley N° 19.628 sobre protección de datos de carácter personal, establece que toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con dicha ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. La Dirección del Trabajo efectúa el tratamiento de datos personales conforme a las disposiciones de la Ley N° 19.628 para los fines de fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales y previsionales, actividad propia de este órgano público.

Para justificar la autorización del Servicio para recopilar, difundir y administrar datos de carácter personal, que versan sobre el cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y de salud, cita los artículos 11 inciso final de la Ley N° 19.728; 19 del D.L. N°3500 de 1980; 185 del D.F.L. N°1 de 2005; 30 inciso final de la Ley N°18.933; y 505 del Código del Trabajo.

Expone que para los efectos de la confección, difusión y comunicación de la información contenida en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, no puede olvidarse que este Servicio cumple una importante labor de Certificación pública de la infraccionalidad laboral y previsional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967, Orgánico de la Dirección del Trabajo, además, del artículo 183 C agregado al Código del Trabajo por la Ley N° 20.123 sobre trabajo en régimen de subcontratación.

Refiere que en estas condiciones, la Dirección del Trabajo está expresamente facultada para confeccionar y difundir el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional y esa publicación no requiere del consentimiento del titular de los datos. Por su parte, el artículo 20 de la Ley N° 19.628 estableció que: “el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes”. Por lo tanto, los datos recopilados por la recurrida, es decir, las deudas previsionales que la recurrente mantiene con sus trabajadores y que trata de eliminar del Boletín de Infractores, es información que corresponde a materia laboral que debe ser fiscalizada por la Dirección del Trabajo en cumplimiento a las funciones que el ordenamiento jurídico le ha encomendado.

Adiciona que la ley N° 19.628 sólo se aplica a los datos de personas naturales, quedando excluidas las personas jurídicas y prueba de ello es que en la Cámara de Diputados se discutió un proyecto de ley (N° 2474/07) que buscaba extender el tratamiento de datos a las personas jurídicas. Por lo anterior, la recurrente al ser una persona jurídica, no puede invocar los datos de carácter personal, ya que no goza de los derechos de la personalidad inherentes a la persona natural, como es la vida privada y la honra de su persona y su familia, careciendo de legitimidad activa para interponer la presente acción cautelar.

En relación a las garantías constitucionales supuestamente conculcadas, expresa que la honra de la recurrente no se vulnera con la publicación de ésta en el Boletín Laboral, menos aun cuando tiene deudas previsionales pendientes o que no se encuentran discutidas en el presente caso, toda vez que desde que no paga las cotizaciones de sus trabajadores, asume la responsabilidad de sus actos y no puede posteriormente culpar a otros de su actuar y tampoco puede pretender eliminar a través de esta acción cautelar las deudas previsionales que mantiene con modestos trabajadores.

En cuanto a la garantía de propiedad, sostiene que al informarse la morosidad previsional de la recurrente a la Dirección del Trabajo, quien a su vez se limitó a incluirla en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, no puede en caso alguno constituir atentado al derecho de propiedad de la Empresa Constructora Altamira S.A., máxime cuando ella se situó en infractora laboral, no siendo titular de ningún derecho que pueda asimilarse al derecho de propiedad.

Precisa que la actora, con su conducta infraccional, carece del derecho a impedir la labor fiscalizadora y publicación de la deuda morosa en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral o Previsional, de manera que no existe imperio del Derecho que restablecer.

Quinto: Que evacua su informe don Carlos Dávila Izquierdo, abogado, en representación de Servicios Equifax Chile Limitada, quien solicita el rechazo del recurso por cuanto el registro o banco de datos responsable de los datos materia del recurso es la Dirección del Trabajo, a través del Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, la que, en cumplimiento de las normas legales que la autorizan, recopila, conserva, difunde y administra datos personales relativos a el cumplimiento de las obligaciones que versen sobre cotizaciones previsionales y de salud.

Agrega que tanto para la confección como la difusión o comunicación de la información contenida en el Boletín, cabe tener presente la labor de certificación pública de la infraccionalidad laboral y previsional que le encomiendan, entre otros, los artículos 43 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y todo el conjunto normativo incorporado por la Ley N° 20.123 de 2005.

Añade que en el giro de su actividad Equifax procesa y transmite en línea, el “Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional” con información que bajo su exclusiva responsabilidad recopila la Dirección del Trabajo con las Multas e Imposiciones adeudadas a los Trabajadores, conforme los antecedentes que le aportan la Inspecciones del Trabajo, Instituto de Normalización Previsional y las distintas Administradoras de Fondos de Pensiones, base de datos que resulta una herramienta de gran utilidad tratándose de deudas de bajo o mediano monto y ha permitido en buena medida la normalización de imposiciones adeudadas a un importante número de trabajadores del país, en miras de garantizar la protección de sus derechos.

Concluye que Equifax sólo se ha limitado a transmitir esa información, por cuanto la adquirió en virtud de un contrato válidamente suscrito, para así poder incluirla en sus bases de datos.

Adiciona que Equifax ha obrado en todo momento de buena fe, de forma diligente, y con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales, al limitarse en su proceder a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los contratos suscritos con la Dirección del Trabajo y a la ley aplicable a la materia, no habiendo cometido infracción alguna. De esta forma, no existe ninguna ley o norma que prohíba a Equifax actuar en la forma que lo hace.

Refiere que el espíritu de la legislación actual en materia de información de carácter económica, bancaria, financiera o comercial es proporcionar la mayor cantidad de información al mercado y en general, a cualquier contratante para que éste pueda estar en condiciones de resolver con una adecuada información, sobre la conveniencia o inconveniencia en la celebración de una determinada transacción o negocio.

Luego, explica que para eliminar un registro del Boletín de Infractores, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato suscrito entre Equifax y la Dirección del Trabajo, “la exclusión del Boletín debe encontrarse necesariamente respaldada en un Certificado emitido por la institución laboral o previsional que informó la infracción o la deuda previsional, el cual deberá ser exhibido y acompañado en original para tales efectos. El empleador debe presentarse en cualquier local de Equifax, y este lo da de baja, guardando como respaldo el certificado original. Esta eliminación será de cargo del empleador y su costo no podrá superar el vigente al momento de la celebración de este contrato”.

Sin perjuicio de ello, no le ha corresponde a la recurrida calificar la información que le fue o es entregada por las instituciones previsionales citadas a la Dirección del Trabajo, ni menos investigar si dicha información es correcta.

Señala, además, que de la ley N°19.628 no es aplicable a la recurrente en su calidad de persona jurídica, de ahí que la ilegalidad y arbitrariedad pretendida en una infracción a dicha normativa, carece de todo fundamento, citando jurisprudencia que reconoce su argumentación.

Alega que no existen garantías constitucionales conculcadas, por cuanto, en relación a la honra, explica que el precepto resulta aplicable únicamente a las personas naturales, por cuanto sólo a ellas es posible aplicar conceptos relacionados al de la intimidad. Por este motivo, la recurrente no puede indicar como vulnerado el citado precepto, en su calidad de persona jurídica.

Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, la recurrente sólo indica genéricamente la forma como su derecho de propiedad se habría visto afectado.

Sexto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida Equifax acompañó los siguientes documentos: 1.- Informe Equifax actualizado a nombre del recurrente; 2.- Copia del contrato suscrito por Equifax Chile S.A. y la Dirección del Trabajo.

Séptimo: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares. Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; y 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Octavo: Que la “ilegalidad” y la “arbitrariedad” pertenecen al género común de las acciones antijurídicas, pero la primera resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocida a un sujeto natural; y la segunda importa una vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos. Comúnmente se estima que lo ilegal representa una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea una manifestación del simple capricho del agente.

Noveno: Que se ha deducido la acción de protección de derechos constitucionales por la existencia de un acto arbitrario e ilegal consistente en la publicación, por parte de la Dirección del Trabajo, quien encomendó a la empresa Dicom Equifax Chile S.A. incluir en el Boletín Laboral, las deudas impagas de carácter previsional que mantiene la recurrente respecto de ciertos trabajadores, las que a su vez fueron informadas al Boletín Comercial. Este accionar, en concepto del actor vulneraría las garantías establecidas de los numerales 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Décimo: Que, el artículo 2° de la Ley N°19.628 señala que: “Para los efectos de esta ley se entenderá por: f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”.

De acuerdo con las obligaciones impuestas en el artículo 1° de la Ley N° 19.628, a quienes efectúen tratamiento de datos personales, el artículo 2° del precepto en estudio señala en su letra ñ) que: “Para los efectos de esta ley se entenderá por: ñ) Titular de datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”.

Undécimo: Que, el status quaestiones ha sido resuelto de manera conteste y uniforme por la jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema, la que ha establecido que: “(…) de la historia fidedigna de la ley en cuestión (Ley N°19.628) es posible desprender de varios de sus pasajes, ya sea de la moción del proyecto original, sus modificaciones y/o discusión en sala, que dicho cuerpo legal se encuentra orientado a la protección de datos personales, entendiendo la noción personal como perteneciente o relativa a la persona natural.

“Es así como se señala en la moción de la ley que: ‘De acuerdo a la doctrina expresada en los diversos instrumentos internacionales y textos constitucionales que se refieren a la materia, la vida privada de las personas pertenece a la categoría de los derechos humanos’. Agrega más adelante: ‘Partiendo del precepto contenido en el artículo 19 N° 4 de nuestra Carta Fundamental, nuestra moción comienza anunciando la inviolabilidad de la vida privada y advirtiendo que toda intromisión es, en principio, ilegítima. Se enuncian los principales aspectos a los que ella se extiende, tales como el derecho a la propia imagen; a la intimidad personal y familiar’. Y finalmente se señala en el Primer Informe de la Comisión de Constitución correspondiente al segundo trámite constitucional: ‘Se aclaró que este artículo (artículo 2°) estaba referido a los datos personales de las personas naturales y se aplicaba en el ámbito de la intimidad. Por lo tanto, no es aplicable a las personas jurídicas’.

“En consecuencia, en manera alguna es aplicable a la recurrente, en su condición de persona jurídica, la normativa en que sustenta su recurso de fojas 16”. (V. sentencias C.S. Roles 7056-2008; 6337-2014; 11.627-2014; 13.349-2014; 565-2015; 27.163-2015; y 17.102-2016). Este razonamiento lo hace suyo esta Corte.

Duodécimo: Que, en consecuencia, la información que envía la Dirección del Trabajo a la recurrida Dicom Equifax Chile S.A., nace a partir del contrato celebrado entre ambas partes por la licitación y posterior adjudicación del Boletín Laboral, con la finalidad que esta última pudiera elaborar, administrar, difundir y distribuir el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

Décimo Tercero: Que en la normativa vigente no existe una regulación expresa en materia de remisión de información sobre personas jurídicas y atendida la función fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, le está permitido informar dichas deudas.

En consecuencia, al no existir norma legal que impida publicar las deudas de carácter laboral o previsional se estima que no existe un actuar que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, máxime cuando la Ley N°19.628 que sirve de sustento a la pretensión cautelar, no tiene aplicación alguna respecto de la información publicada respecto de personas jurídicas, cuestión que conlleva al rechazo del arbitrio intentado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículo 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; se rechaza, sin costas, la acción constitucional de amparo interpuesta por don nombre reservado en representación de Constructora Altamira S.A., en contra de la Dirección del Trabajo, Equifax Chile S.A. y la Cámara de Comercio de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-63.750-2017.