nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

presente.tos eya nombre reservado.

A los folios 17 y 18: téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 30 de enero de 2024, comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, representado por su abogado patrocinante y apoderado don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, deduciendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, RUT RUT reservado, representada por su gerente general don nombre reservado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por haber realizado descuentos en su liquidación de remuneraciones a partir del mes de enero de 2024, por el monto de $197.688, a pesar de existir un juicio ejecutivo en tramitación iniciado por la propia recurrida en el que se está cobrando la totalidad del crédito adeudado, habiendo ejercido la cláusula de aceleración.

Explica que con fecha 10 de agosto de 2018 suscribió el pagaré N° 034CON103758914 en favor de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por la suma de $3.014.536 de capital, más los respectivos intereses señalados en el mismo documento. La obligación debía ser solucionada en 24 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $161.772 cada una, venciendo la primera de ellas el 31 de octubre de 2018 y la última el 30 de septiembre de 2024. No obstante, debido a complejidades financieras, el recurrente no pudo hacer frente al pago de las cuotas pactadas, constituyéndose en mora a partir de la primera cuota.

Ante esta situación, la Caja de Compensación hizo exigible el total de la obligación insoluta, interponiendo una demanda ejecutiva en contra del recurrente con fecha 8 de mayo de 2023, la cual fue notificada el 25 de mayo de 2023. En dicho proceso, el recurrente sostiene haber opuesto la excepción del numeral 7° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, fundada en el hecho que la firma del suscriptor no fue autorizada ante Notario Público, la que mediante sentencia de 28 de agosto de 2023, fue rechazada por el 4° Juzgado Civil de San Miguel, ordenando proseguir con la ejecución hasta hacer entero y cumplido pago de lo adeudado por concepto de capital más intereses. Sin embargo, sostiene que la sentencia definitiva fue apelada con fecha 19 de octubre de 2023, concediéndose el recurso en el solo efecto devolutivo.

Señala que a pesar de mantener un trabajo estable y alcanzar una estabilidad financiera, con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible, a partir de la liquidación de sueldo del mes de enero del presente año su remuneración refleja una merma por un descuento aplicado por la Caja de Compensación por un ítem denominado "Ptmo. Ccaf", el cual asciende a la suma de $197.688.

Estima que el actuar de la recurrida vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Al respecto, argumenta que el acto de autotutela efectuado por la Caja de Compensación constituye un descuento ilegal y arbitrario en su sueldo, ya que no es oportuno. Además, indica que la recurrida manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración mediante la interposición de la demanda ejecutiva, por lo que resulta arbitrario que ordene la retención de montos a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ella misma ejerció y promovió, sin dar noticias o informaciones previas. Cita jurisprudencia tanto de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago como de la Excelentísima Corte Suprema en casos similares, en que se ha decretado la arbitrariedad del cobro ejecutado por Cajas de Compensación, indicando que la recurrida ha efectuado un uso desmedido y abusivo de sus atribuciones, reviviendo un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 le concede siempre que se trate de un cobro oportuno, forzándolo unilateralmente como medio alternativo al cobro judicial. De esta forma, concluye que el actuar de la recurrida vulnera su derecho de propiedad sobre parte de su remuneración, así como su derecho a la igualdad ante la ley.

Junto con el recurso de protección, el recurrente acompaña su liquidación de sueldo correspondiente al mes de enero de 2024 y copia digital de la causa ejecutiva ROL C-2549-2023 tramitada ante el 4° Juzgado Civil de San Miguel.

En definitiva, solicita se acoja el recurso de protección interpuesto en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, ordenando el cese de todo tipo de retención o descuento en su remuneración, la restitución de los montos descontados y de aquellos que puedan efectuarse durante la tramitación del recurso, con expresa condenación en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, con fecha 21 de febrero de 2024, la recurrida evacuó el informe que le fue requerido solicitando el rechazo de la acción de protección deducida en su contra.

En cuanto a los hechos, señala que con fecha 11 de marzo de 2019 otorgó al recurrente un crédito social, singularizado con el código 044CON101800513, por la suma de $5.551.152, en un plazo de 52 meses, con una cuota de $170.581, cuyo primer vencimiento fue el 31 de mayo de 2019. Agrega que las cuotas comprendidas entre mayo de 2019 y agosto de 2022 se pagaron regularmente, y que el saldo de capital se pagó con fecha 10 de agosto de 2022 a través de una nueva solicitud de crédito. En esa misma fecha se otorgó al recurrente una nueva operación de crédito, singularizada con el código 034CON103758914, por un monto de $2.918.000, de los cuales $1.000.000 se pagaron por transferencia al titular y $1.918.999 se destinaron al pago de la deuda anterior. Debido al impuesto, gasto notarial y proyección, el monto otorgado quedó con un capital inicial de $3.014.536, a una tasa de 1.73%, pagadero en un plazo de 24 meses, con una cuota de $161.772 y primer vencimiento el 31 de octubre de 2022.

Indica que el recurrente, a través de descuentos efectuados en su remuneración de los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, pagó en cada mes la suma de $197.688, monto que fue contabilizado para el pago de las dos primeras cuotas más los correspondientes intereses, encontrándose en mora las cuotas comprendidas entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. Por último, reconoce haber demandado ejecutivamente al recurrente, pero afirma que la prescripción no ha sido declarada.

Respecto a las consideraciones jurídicas que fundamentan su posición, la recurrida expone latamente sobre el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y el mecanismo especial de cobro establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. al respecto, explica que, dada la naturaleza de entidades de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, disponiendo que lo adeudado por prestaciones de esta clase deba ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Sostiene entonces que el carácter social de estos créditos deriva de la naturaleza de la entidad que los otorga y no está dado por la finalidad que el deudor le otorgue al dinero o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes.

Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración al derecho de propiedad del recurrente, la institución recurrida sostiene que ésta no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Afirma que una Caja de Compensación sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales respecto de los cuales se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como de aquella que emana del mutuo, lo que no ha ocurrido en favor del recurrente.

Sostiene también que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de manera que mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa. Si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en el paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración.

Como documento fundante, la recurrida acompaña en un otrosí el expediente de crédito social otorgado al recurrente.

En definitiva, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes solicita tener por evacuado el informe requerido y, en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección intentado en su contra, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido en relación con los hechos expuestos por el recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en el descuento en su remuneración por parte de la Caja de Compensación recurrida, en el mes de enero de 2024, por el monto de $197.688, a pesar de existir un juicio ejecutivo en tramitación iniciado por la propia recurrida en el que se está cobrando la totalidad del crédito adeudado, habiendo ejercido la cláusula de aceleración.

QUINTO: Que, sobre el particular, la recurrida reconoce haber realizado descuentos y que estos se sustentarían en el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 22 de la ley N° 18.883.

En este mismo sentido, no se encuentra discutido que la deuda que originan el aludido descuento es objeto de un juicio ejecutivo seguido ante el 4° Juzgado Civil de San Miguel que aún se encuentra en tramitación.

SEXTO: Que, de este modo, a pesar de existir un proceso en sede civil en el cual la recurrida busca el pago de los saldos insolutos del crédito adeudado, ésta procedió a efectuar el descuento aludido desde la remuneración del actor. En ese sentido, si bien la Caja de Compensación obrante explicitó su decisión de cobrar judicialmente el pagaré pertinente, suscrito por el recurrente, haciendo efectiva la cláusula de aceleración que comprende, paralelamente procura su pago a través del descuento reprochado por el recurrente.

Por lo anterior, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera arbitraria e injustificada al ejercer de manera unilateral una facultad que el artículo 22 de la Ley N°18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan; beneficio que resulta improcedente requerir, considerando que al mismo tiempo la reclamada ejercía vía judicial las acciones tendientes a cobrar los créditos, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para obtener el cumplimiento de las obligaciones por los medios legales ordinarios, como lo está ejecutando.

SÉPTIMO: Que este proceder unilateral y manifiestamente arbitrario de la recurrida, debe ser declarado con el objeto de bridar amparo al recurrente, pues de lo contrario la Caja de Compensación denunciada obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro, ocupando diversos sistemas jurisdiccionales para obtener el pago que se le adeuda.

OCTAVO: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándolo de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el arbitrio, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago de los créditos sociales vía descuentos de las remuneraciones del actor y deberá reembolsar los montos indebidamente descontados, en un plazo de décimo quinto día desde que esta sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-635-2024.