OK MARKET S.A. con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO SUR ORIENTE

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de enero de dos mil veinte.

Proveyendo los escritos folios 40 y 41, téngase presente.

VISTOS:

PRIMERO. Que compareció don nombre reservado, en representación de OK Market S.A., quien recurre de protección en contra de la INSPECCIONAL COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO SUR ORIENTE, por haber infringido sus garantías constitucionales de los Nos. 3, 21 y 24 del art. 19 de la CPE, a través de la Resolución Administrativa de Multa N° 1616/19/50, de fecha 14 de junio de 2019, por la cual se sanciona a la recurrente al pago de una multa por la suma de 60 UTM.

El hecho que justifica dicha sanción es “Mantener excluido de la limitación de jornada ordinaria de 45 horas semanales a la trabajadora nombre reservado, no obstante que cumple una jornada de trabajo según lo establece su carta horaria de mayo de 2019 y que se ejerce supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se ejercen sus funciones”

Expone que la sanción se funda en una infracción a lo dispuesto en el artículo 22 del Código del Trabajo, sin embargo, para ello la recurrida interpretó y calificó la cláusula tercera del contrato de trabajo mantenido con la trabajadora supuestamente afectada, por la cual las partes expresamente pactaron su exclusión de la jornada de trabajo por no tener fiscalización superior inmediata ni supervisión o control funcional directo sobre la forma y oportunidad en que desarrolla sus labores. Así, los recurridos al interpretar la naturaleza de los servicios y privar de valor a una cláusula contractual han excedidos sus atribuciones, invadiendo el ámbito privativo de los Tribuales especializados sobre la materia.

Agrega que la trabajadora se desempeña como Jefe de sala, por lo que, por la naturaleza de sus funciones y lo previsto en el artículo 22 del Código del Trabajo, se encuentra excluida de la limitación de jornada ordinaria de trabajo.

Indica que a los inspectores del trabajo solo les cabe constar hechos, indubitados y no controvertidos, y subsumirlos a la normativa vigente, pues es la ley la que determina la sanción y no el fiscalizador. Éste no puede interpretar ni calificar los hechos y convenciones entre terceros y menos calificarlos jurídicamente, funciones privativa de los tribunales de Justicia, ya que en este caso ha calificado y privado de valor una cláusula contractual.

Indica que si bien es efectivo que la autoridad administrativa del trabajo está facultada para sancionar e imponer multas a los infractores de la legislación laboral, el ejercicio de esta potestad sancionatoria está reservada respecto de infracciones ostensibles, patentes y claras, y debe ejercerse ante hechos debidamente acreditados, pero no cuando la situación jurídica que la origina es un hecho discutido.

Por ello estima que se han infringido los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 420 del Código del Trabajo, toda vez que el órgano recurrido ha actuado fuera de sus potestades.

Al obrar como lo ha hecho, el órgano administrativo se ha irrogado funciones jurisdiccionales, resultando su actuación ilegal y arbitraria, infringiendo las garantías de derecho de propiedad, derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y al desarrollo de cualquier actividad económica lícita.

Agrega que no recurrió a la sede administrativa o judicial porque ello implicaría legitimar un acto realizado al margen de la ley.

En conclusión, solicita acoger el recurso y dejar sin efecto el acto administrativo consistente en la Resolución Administrativa de Multa N° 1616/19/50, de fecha 14 de junio de 2019, ordenándose a los recurridos abstenerse, en lo sucesivo, de calificar jurídicamente los contratos, ejerciendo facultades jurisdiccionales, privativas del órgano jurisdiccional, con costas.

SEGUNDO:

Que, al evacuar su informe, la recurrida solicita el rechazo, con costas del recurso.

Explica que el 13 de mayo de 2019 en la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente se crearon dos comisiones de fiscalización solicitadas por dos trabajadores en contra de su empleador OK Market por diversas materias. Dentro de la denuncia se señaló que la denunciante, por contrato, está afecta al artículo 22 del Código del Trabajo, sin embargo desde hace aproximadamente un mes la están obligando a cumplir un horario y es vigilada constantemente por cámaras y no se le permite tomar tiempo de colación por no tener reemplazo.

La fiscalizadora concurrió a las dependencias de a reclamante el 6 de junio de 2019 y fue recibida en representación del empleador por nombre reservado, jefa de Sala. Se le entrevistó, y ella señaló que cumple funciones de jefa de sala desde 1 de mayo de 2019 y que no registra asistencia, pero si tiene una jornada de trabajo porque debe abrir y cerrar el local, en turnos rotativos con otras dos personas. Sus funciones son abrir y cerrar el local, panadería limpieza, arqueo de caja, entre otras.

Paralelamente se hizo un requerimiento de documentación a la empresa respecto del cual se dio cumplimiento, pudiendo constata la fiscalizadora que doña nombre reservado, el 1 de mayo de 2019 asumió cambio de funciones como jefa de sala, consignando en el contrato una jornada según lo dispuesto en el artículo 22 inciso 2° del Código del Trabajo, sin embargo se exhibe carta de horario mensual firmada por su jefe directo, indicando distribución horaria en el mes de mayo de 2019.

Por ello la fiscalizadora estimó configurada una gravísima infracción a la legislación laboral y dictó la resolución de multa de 14 de junio de 2019.

El recurrido alega la Improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido.

A este respecto, en primer lugar, sostiene que existe un procedimiento especial, contemplado en los artículos 420, 503 y 512 del Código del Trabajo, que regula los mecanismo de impugnación de las multas que se impongan por las respectivas Inspecciones Comunales del trabajo, por lo que aceptar el reclamo por esta vía de impugnación, implica desconocer el sistema procesal vigente, haciéndolo inútil e intrascendente, consideraciones que han sido confirmadas por distintas Cortes de Apelaciones y por la Corte Suprema, en fallos que cita.

Estima que estas materias son complejas, por lo que se requiere aportación de prueba, cuestión por la cual el recurso de protección no es la vía idónea< para resolverlas Agrega que no se dan los presupuestos de procedencia de la acción constitucional deducida, pues no existe amenaza, perturbación o privación de un derecho protegido por la referida acción, a consecuencia de un acto ilegal o arbitrario. Así, la multa impugnada se ha impuesto en atención a las facultades expresamente conferidas por la ley a dicho órgano público, por lo que no puede estimarse ilegal. Tampoco puede estimarse arbitraria, pues la misma contiene los fundamentos y razonamientos en los cuales se cimenta la multa impuesta.

La actuación de la Inspección del trabajo se ajustó a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, en relación a los art 503 y 505 del Código del Trabajo, actuando dentro de la esfera de sus atribuciones, con lo que no resulta cierto que haya actuado como una comisión especial. No resulta arbitraria la multa impuesta, pues se fundamenta en una serie de hechos constatados por fiscalizadores de dicha repartición, de la revisión de documentación laboral, como se lee de la misma resolución que la impone.

Indica que no ha existido vulneración de las garantías constitucionales a que se hace referencia en el recurso, desde que no existe una comisión especial, sino que solo el uso de las facultades legales; la multa impuesta se ajustó a la Ley y al procedimiento administrativo pertinente, resultando proporcional a la infracción constatada, por lo que no hay infracción al derecho de propiedad; ni ha habido infracción al derecho de ejercer una actividad económica, pues tal ejercicio debe someterse a la Ley.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

CUARTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de esta acción cautelar la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que en cualquier caso, el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos. Sin embargo, la pretensión de la recurrente se sustenta en la aplicación de una multa administrativa, en razón de la advertencia por parte de un fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente de determinadas circunstancias fácticas que conllevarían el supuesto incumplimiento de una obligación contractual por parte de la entidad recurrida -efectiva exclusión de la limitación de jornada laboral de la trabajadora nombre reservado, lo que OK Market S.A. niega enfáticamente, razón por la cual existe controversia en cuanto a los hechos que motivan esta acción –la naturaleza de la jornada de trabajo de la trabajadora-.

En consecuencia, los derechos que la actora solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos -artículos 420 e), 503, 511 y 512 del Código del Trabajo-, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

SEXTO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido, en representación de OK Market S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-63462-2019.