ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO PONIENTE

Santiago, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 13 de septiembre de este año comparece doña Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación, de ISS Servicios Generales Limitada, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Poniente, representada por doña nombre reservado, por cuanto con fecha 6 de septiembre del año en curso dictó el Ordinario N°1053, siendo notificada su parte el día 13 del mismo mes, en el que se niega lugar a tramitar la reconsideración de multa enviada por Chile Express a la Inspección del Trabajo Santiago Poniente el 15 de junio pasado, manteniendo firme la multa cursada a su representada.

Afirma que tal decisión constituye un acto arbitrario e ilegal que ha provocado una privación, perturbación o amenaza de los derechos fundamentales, consagrados en los numerales 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que con fecha 8 de abril del 2017 la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, Santiago Poniente, doña nombre reservado, dictó la Resolución N°1629.17.24, notificada a la recurrente, según lo estipula el artículo 508 del Código del Trabajo, el día 4 de mayo del 2017, a través de la cual se le aplicaron dos multas administrativas.

Agrega que ante lo anterior, con la finalidad de obtener una rebaja sustancial de la multa a través de un recurso administrativo de reconsideración de multa, con fecha 15 de junio se envió a la Inspección del Trabajo Santiago Poniente, a través de Chile Express, formulario F 10 junto con un anexo.

Indica que, sin embargo, la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Poniente, al momento de resolver la solicitud formulada por su mandante, decidió no dar curso a ella, considerando en el Ordinario N° 1053, de fecha 6 de septiembre del 2017, que la “solicitud de reconsideración de multa administrativa fue presentada fuera del plazo fatal de 30 días corridos de notificada la resolución de multa”, es decir, por ser supuestamente la presentación extemporánea.

Argumenta que ante el vacío de un procedimiento que no ha sido normado, se debe acudir a la preceptiva de la Ley N° 19.880 y dar plena aplicación a su artículo 25, el cual indica que los plazos de días establecidos en la ley son hábiles, entendiendo que son inhábiles los sábados domingos y festivos. Agrega que el mismo razonamiento utilizó la Corte Suprema en los fallos Rol N° 2789-2013 de fecha 20 de junio del año 2013; Rol 4015-2015 de 28 de abril de 2015; y Rol 8727-2015 de 16 septiembre de 2015.

Solicita, en definitiva, tener por deducido recurso de protección a objeto de que se restablezca a la brevedad el imperio del derecho y se adopten todas las providencias que se juzguen necesarias para tal efecto, dejando desde luego sin efecto la Resolución N° 1053 de fecha 6 de septiembre de 2017, que niega lugar al recurso administrativo y en consecuencia deja firme las multas N° 1629.17.24-1 y 2, cursadas a su representada por la suma de 60 UTM cada una, declarando en consecuencia que el recurso administrativo se encuentra presentado dentro del plazo, ello, sin perjuicio de las demás consideraciones que esta Corte estime pertinentes, con costas en caso de oposición;

SEGUNDO: Que mediante resolución de fecha 14 de septiembre de este año se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a la recurrida;

TERCERO: Que con fecha 28 de septiembre de 2017 informa la recurrida, a través de su abogado don Nicolás Zanzo García, solicitando el rechazo de la acción intentada con costas, alegando en primer lugar la falta de objeto del recurso, toda vez que con fecha 6 de julio de 2017 la recurrente pagó íntegramente el monto de la multa impuesta.

A continuación alega la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, indicando que el recurso de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando éste ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran, es decir, constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado.

Agrega que si bien el artículo 20 de nuestra Constitución dispone que el recurso de protección puede deducirse “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello no significa que esté destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes contemplados en la ley.

Así, argumenta que en sede administrativa procedía recurrir conforme a los recursos de tal carácter dispuestos en los artículos 53 y siguientes de la Ley Nº 19.880 y, en sede judicial, reclamar directamente en contra del Ordinario Nº 1053, mediante la acción dispuesta en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Sostiene, enseguida, que independientemente de lo señalado por la jurisprudencia judicial en cuanto al tema de fondo, esto es, si para el cómputo del plazo para solicitar reconsideración se debe aplicar supletoriamente la norma del artículo 50 del Código Civil o bien el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, objetivamente la actora dispuso de quince días hábiles para reclamar de ello ante Tribunal Laboral competente. Y en este caso, optó indebidamente por la acción de protección, evidenciándose la utilización de éste como sustituto procesal.

Luego alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, puesto que la actuación de su representada, la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, se encuentra exenta de toda ilegalidad y arbitrariedad, al haberse dictado el Ordinario Nº1053 dentro de la competencia que la ley le confiere y previa ponderación de la normativa aplicable.

Señala al respecto que con fecha 6 de septiembre de 2017 el Inspector del Trabajo actuante, en ejercicio del derecho que le otorgan los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, rechazó la solicitud de reconsideración de multa administrativa por haberse presentado ésta fuera del plazo legal de treinta días corridos, contados desde la notificación de la multa.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, señala que para dilucidar la forma de cómputo del plazo dispuesto en el inciso 1º del artículo 512 del Código del Trabajo, cuestión alegada en el recurso, es necesario considerar, en primer término, el tratamiento que este Código -cuerpo específico de normas relativo a asuntos laborales en que se encuentra la disposición en comento- ha dado a la materia. Destacándose que del estudio de las disposiciones de dicho texto y que conciernen a plazos, se advierte que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil.

Agrega que no es aplicable el artículo 25 de la Ley N° 19.880, atendido que no existe vacío que permita la aplicación supletoria de dicha ley.

Finalmente, señala que no existe vulneración al derecho de la igualdad ante la ley, indicando que simplemente el Servicio se pronunció en virtud de una facultad descrita en la ley, relativo a un procedimiento también regulado por el legislador y que dispuso un plazo para ejercer una acción administrativa, situación que en la especie la recurrente no cumplió;

CUARTO: Que con fecha 2 de octubre de este año se trajeron finalmente estos autos en relación. El 12 de octubre en curso se procedió a la vista de la causa, con intervención de los apoderados de la recurrente y de la recurrida;

QUINTO: Que, en primer término, corresponde descartar la alegación de improcedencia planteada por la recurrida, por cuanto el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone en forma expresa que el recurso de protección es “sin perjuicio de los demás derechos que (el afectado) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

A mayor abundamiento, la herramienta procesal que la recurrida afirma tendría la sociedad recurrente para procurar corregir al agravio que le causa la decisión que motiva el recurso, esto es, la reclamación judicial prevista en el artículo 420 del Código del Trabajo, en rigor resulta procedente únicamente en tanto la decisión de la autoridad fiscalizadora se haya hecho cargo del fondo del reclamo planteado, cuestión que evidentemente no ocurre en el caso de la especie;

SEXTO: Que en cuanto a los hechos que motivan el recurso, no existe controversia en orden a que la Resolución de Multa fue notificada a la recurrente por carta certificada de 4 de mayo de 2017 y que el reclamo ante la Inspección del Trabajo se dedujo el día 15 de junio de este año.

Ahora bien, en la tesis sostenida por la recurrida el plazo de 30 días que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles y, por tanto, vencía para el reclamante el 2 del señalado mes;

SÉPTIMO: Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 25 de la Ley N° 19.880, denominado “cómputo de los plazos del procedimiento administrativo”, los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Si bien el texto legal señala que la regla es para los plazos de días “establecidos en esta ley”, lo cierto es que el inciso primero del artículo 1° del mismo cuerpo normativo dispone que la presente ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, agregando a continuación que en caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, tal estatuto se aplicará con carácter de supletorio.

El sentido natural y obvio de la expresión “supletorio”, según el significado del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es “que suple una falta” y por suplir se entiende “cumplir o integrar lo que falta en algo, o remediar la carencia de ello”.

Ahora bien, no es discutido que el Código del Trabajo no indica si el término de 30 días que prevé el artículo 512 es de días hábiles o de días corridos, mas en tanto se trata de un procedimiento que tiene lugar ante un órgano administrativo, lo cierto es que debe primar la regla de supletoriedad especial del artículo 1° citado, por sobre la general del artículo 50 del Código Civil. La Ley N° 19.880 evidentemente tiene carácter especial o particular y, por lo mismo, debe primar en aquellos asuntos que se avienen a la naturaleza de la materia que regula, como es el caso de la reconsideración administrativa de la sanción de multa impuesta por la Inspección del Trabajo. Únicamente ante la presencia de una regla especial diversa, la norma de artículo 25 de la aludida ley debe ceder, lo que, se reitera, no acontece en el caso de la especie;

OCTAVO: Que en consideración a lo antes expuesto no cabe sino concluir que la actuación de la recurrida Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente resulta contraria a la ley y que ha vulnerado el legítimo ejercicio del derecho que la Constitución Política reconoce a la sociedad recurrente en el N° 2 del artículo 19, esto es, la igualdad ante la ley, pues no obstante haber deducido su reclamo en forma oportuna, éste fue declarado inadmisible en razón de una inexistente extemporaneidad.

Si bien tal derecho fundamental no fue invocado como transgredido en el recurso, corresponde a esta Corte en uso de sus facultades conservadoras examinar y dirimir la existencia de alguna amenaza, perturbación o vulneración a las garantías fundamentales de quien solicita la tutela judicial y, tras ese análisis, se concluye que es esa y no otras, la que efectivamente ha sido conculcada a consecuencia del acto ilegal o arbitrario, previamente asentado En tales condiciones, corresponde que la acción de protección sea acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido por doña Jeannette Contreras Sepúlveda, en representación, de ISS Servicios Generales Limitada y a fin de restablecer el imperio del derecho, se deja sin efecto el Ordinario N°1053, de 6 de septiembre de 2017, de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente y se ordena dar la tramitación de rigor a la solicitud de reconsideración administrativa de multa formulada por la mencionada compañía.

Acordada con el voto en contra del Ministro Moya Cuadra, quien fue de opinión de rechazar el recurso atento las siguientes consideraciones:

Atento la naturaleza del recurso de protección, lo pretendido por el recurrente resulta inconducente pues persigue dilucidar una cuestión de fondo que escapa de la presente acción cautelar.

Concordante, el artículo 512 del Código del Trabajo prescribe que las solicitudes de reconsideración deben presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa; lo anterior, conlleva el concepto de días corridos sobre la cuestión en discusión.

Además, es dable precisar que el mencionado artículo 512 se ubica en el Título Final del Código anotado: De la Fiscalización de las Sanciones y de la Prescripción; es decir, aflora la idea de un procedimiento especial de carácter administrativo por el cual se faculta al Director del Trabajo para dejar sin efecto o rebajar la multa que un afectado no haya hecho uso del artículo 503 del anotado Código.

En este escenario, cobra fuerza y vigor legal, que cuando el Legislador quiso establecer plazos de días hábiles lo ha expresado en términos formales y explícitos, lo que no hizo con aquél del artículo 512 ya numerado. Lo explicitado, constituye la regla general en el sistema Laboral en términos de si no lo son, el Legislador lo dice expresamente.

Por lo demás, la aplicación del procedimiento administrativo permite consagrar el principio de la especialidad que refiere el artículo 1 de la ley 19880 que establece las bases respectivas.

Todo, en un contexto, que cuando se notifica la resolución de inadmisibilidad, se explicita que el plazo es de días corridos fundado en las directrices de Contraloría General de la República que la Inspección recurrida está obligado a cumplir.

Se ha actuado, por lo demás, dentro de la esfera de las atribuciones que empecen a la Inspección recurrida.

En relación a lo explicitado, y en el escenario del recurso de protección deducido, la actuación de inadmisibilidad no resulta reprochable y menos que sea ilegal o arbitraria; así, no resulta eficaz señalar que se ha perturbado los derechos que se pretenden por el recurrente.

Necesariamente, se debe desestimar el recurso deducido en estos antecedentes.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos y de la disidencia, su autor.

N° 63.378-2017.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y por la Ministro señora Maritza Villadangos Frankovich. No firma el Ministro señor Balmaceda por encontrarse ausente. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.