nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, doce de noviembre de dos mil veinte Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 15 de julio de 2020, comparece nombre reservado, empleado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar de Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en la publicación en el boletín de deudas por concepto del crédito comercial en cuotas mensuales que, desde el mes de enero del año 2017 hasta el mes de febrero de 2019, el recurrente mantenía impagas, y los constantes llamados telefónicos al recurrente que, de manera insistente y perturbadora, realizan a nombre de la recurrida con el fin que pague la ya mencionada deuda; a través de los cuales afirma que se haN vulnerado sus derechos fundamentales consagrados y protegidos en los números 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y que reconociéndose la vulneración señalada, se acoja el recurso con costas, se declare ilegal y arbitrarios los actos referidos, y se ordene a la recurrida a: 1) eliminar de todo registro público o privado en un plazo no superior a 15 días la deuda señalada, debiendo acompañar a esta Corte copia de un informe comercial en que ésta no figure, y 2) abstenerse de seguir realizando llamados de cobranza y de realizar cobros por los montos que señala en su libelo, por cualquier medio.

Fundando el recurso el recurrente expone que no mantiene ningún tipo de deuda con la recurrida, ya que en 2015 en el marco de una demanda ejecutiva incoada ante el Duodécimo Juzgado Civil de Santiago, Rol C-4052-2015, pagó el total de la deuda pretendida, y consta de la sentencia que se acogió el incidente de abandono del procedimiento planteado por su parte.

Afirma que los actos ilegales y arbitrarios que señala le han provocado un sentimiento de angustia, malestar y ansiedad, por cuanto el constatar que sus datos personales están informados en bases de datos de deudores que pueden ser consultados de manera masiva, aun después de pagar, atenta contra sus ya referidos derechos fundamentales.

Señala que el 29 de junio de 2020 recibió de manera insistente llamados telefónicos en los que se le indica que mantiene una deuda con la recurrida y que si pagaba dentro del mes tendría beneficios. Al señalarle que nada debía ya que la única deuda que mantenía la pagó en 2015, le responden que ellos sólo cobran. Dichos llamados tienen una frecuencia de 4 veces al día, lo que le es molesto y angustiante.

Agrega que ante la insistencia de los referidos llamados, compró un informe comercial que se ofrecía en internet, mismo que acompaña en autos, en el que figura su nombre, Rut, estado civil, dirección, y se le señala como deudor de cuotas mensuales de un crédito otorgado por la recurrida, que van desde el enero de 2017 a febrero de 2019, ascendiendo cada cuota publicada a la suma de $162.193.-, información que asegura es falsa y atenta contra su honra y buen nombre.

Refiere que en la causa antes indicada, fue demandado por $4.535.892.- por concepto de 54 cuotas mensuales, que eran un saldo del total de las 84 originalmente pactadas luego del pago de las primeras 30, teniendo como fecha de vencimiento la primera el 31 de marzo de 2012, ejerciéndose por parte del demandante la correspondiente cláusula de aceleración. Con fecha 24 de marzo de 2015, el recurrente indica haber consignado el total de lo demandado, consignación que se tuvo por realizada mediante resolución del citado tribunal de fecha 13 de abril de 2015. Posteriormente al giro del cheque a nombre de la recurrida, el Duodécimo Juzgado Civil de Santiago acogió, mediante resolución de fecha 30 de julio de 2019, el incidente de abandono del procedimiento promovido por la recurrente.

Reitera que los llamados telefónicos de cobranza y la publicación de una deuda inexistente en bases de datos de deudores, lesionan, perturban e infringen su honra, imagen y afectan su vida privada, por cuanto vulneran sus garantías constitucionales ya mencionadas.

Sostiene que los actos de la recurrida le han causado un cuadro de angustia y desánimo permanente; y en cuanto a la garantía del Nº 4 del artículo 19 de la Constitución, afirma que consagra un derecho que es concebido como la buena fama o reputación que una persona goza en el ambiente social, es decir, ante el prójimo o los terceros en general, íntima e indisolublemente unido a la dignidad de la persona y a su integridad, sobre todo de naturaleza psíquica, por lo que la califica como un elemento del patrimonio moral del sujeto, un derecho de índole personalísimo, que los llamados telefónicos afectan enormemente.

Por otra parte, asegura que el hecho de figurar en informes comerciales con deuda vigente le impide acceder a crédito, a trabajos, a tener la posibilidad de arrendar una vivienda, y da una imagen de irresponsabilidad ante las deudas.

Segundo: Que con fecha 12 de agosto de 2020, comparece nombre reservado, quien en representación de la recurrida evacua el correspondiente informe, en el que señala que con fecha 3 de febrero de 2012 la recurrida otorgó a don nombre reservado el crédito código RUT reservado, por la suma de $6.455.791, pagadero en 84 meses, con cuotas de $162.193.- y cuyo primer vencimiento se verificó el 31 de marzo de 2012. Ante el no pago de la cuota N°31 y las siguientes, su representada, con fecha 18 de febrero de 2015, dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza la referida operación, en autos ROL C-4052-2015 del 12º Juzgado Civil de Santiago. En dicho contexto, ya encontrándose la referida causa en estado de tramitación, el Sr. nombre reservado abonó la suma de $4.541.404, la que si bien cubre el monto del capital expresado en el mandamiento de ejecución y embargo, no fue suficiente para solucionar los intereses correspondientes, razón por la cual su representada continuó realizando gestiones de cobranza extrajudicial como la publicación de morosidades en burós financieros, el envío de mensajes de texto o llamadas telefónicas, las cuales resultan pertinentes y se ajustan a las normas establecidas en la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

Sostiene que no obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los fundamentos que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, la recurrida ha dispuesto el cese definitivo de las gestiones de cobranza extrajudicial respecto del crédito referido, lo cual se ha hecho efectivo con el mérito de la orden de no innovar decretada.

Asimismo, asegura que se ha removido al recurrente de todo registro comercial de morosidades, según da cuenta el certificado DICOM que acompaña.

En consecuencia, no existe actuar ilegal ni arbitrario atribuible a la recurrida, como tampoco vulneración a garantías constitucionales del recurrente, por lo que la acción constitucional incoada en marras deberá ser rechazada por falta de oportunidad.

Tercero: Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma disposición se señalan, producidas por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

El Nº 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura a las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Por su parte, el Nº 4 del mismo artículo asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y, asimismo, la protección de sus datos personales.

Cuarto: Que es un hecho aceptado y reconocido por recurrente y recurrida que ésta otorgó al primero un crédito, que ante el no pago de la cuota N° 31 y siguientes del mismo, la recurrida dedujo demanda ejecutiva en contra del señor nombre reservado por el cobro del saldo insoluto total, en autos ROL C-4052-2015 seguidos ante el 12º Juzgado Civil de Santiago, juicio ejecutivo en el cual el recurrente abonó la suma de $4.541.404.

La recurrida por su parte no impugna el hecho que la suma abonada por el recurrente en los autos referidos corresponda al capital de la deuda demandada, por lo que esta Corte debe concluir entonces que la Caja de Compensación y Asignación Familiar de Los Andes reconoce y acepta que el recurrente efectivamente pagó el capital de la deuda, sin perjuicio de lo que pudiere estimarse en sede competente en relación a eventuales reajustes e intereses.

Quinto: Que no obstante el pago ya referido, la recurrida reconoce y acepta que continuó “realizando gestiones de cobranza extrajudicial como la publicación de morosidades en burós financieros, el envío de mensajes de texto o llamadas telefónicas” al recurrente.

Enseguida la propia recurrida asegura en su informe que “ … ha dispuesto el cese definitivo de las gestiones de cobranza extrajudicial respecto del crédito referido en este escrito, lo cual se ha hecho efectivo con el mérito de la orden de no innovar decretada en marras. Asimismo, se ha removido al recurrente de todo registro comercial de morosidades, según da cuenta el certificado DICOM que acompaña”.

Sexto: Que del documento acompañado por la recurrente consistente en Informe Comercial Maat emitido con fecha 13 de julio de 2020, se constata en su acápite “protestos y morosidades” que el recurrente figura con 25 Documentos por un total de $ 4.054.837.-, para luego indicar en su sección “detalle protestos y morosidades” un total de 50 cuotas de $ 162.205.- cada una.

Séptimo: Que, no obstante lo señalado en el motivo anterior, la recurrida no acompañó un nuevo Informe Comercial Maat de fecha posterior al 13 de julio a efectos de acreditar sus dichos, por lo que no es posible constatar que la información del recurrente consignada en el documento referido precedentemente haya sido efectivamente eliminada de dicho registro, lo que reviste especial gravedad por cuanto la recurrente afirma por su parte que continúa apareciendo en el registro en cuestión, a pesar de la orden de no innovar vigente desde el 21 de julio de 2020, y de haber pagado el capital de la deuda.

Octavo: Que el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 91 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, reza como sigue: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones. Las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación lo adeudado por éstos, por concepto de crédito social, y enterarlo en aquélla dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales”.

Especial relevancia cobra en el caso la frase final del artículo citado, esto es, que para efectos de pago y de cobro de las prestaciones adeudadas a una Caja por uno de sus trabajadores afiliados, se aplicarán aquellas normas relativas al pago y cobro de cotizaciones previsionales, por cuanto la Circular IF/ N° 1 de 31 de marzo de 2005 de la Superintendencia de Salud imparte instrucciones para la cobranza extrajudicial de deudas de cotizaciones de salud a los afiliados, estableciendo en su párrafo tercero la prohibición de incorporar los antecedentes de un afiliado a una empresa administradora de datos, sea DICOM, Boletín de Informaciones Comerciales u otra. Reza dicho párrafo tercero como sigue: “3. Prohibiciones. En las actuaciones de cobranza extrajudicial estará estrictamente prohibido: … d) Hacer referencia en las comunicaciones, directa o indirectamente, de la eventual aplicación del procedimiento de cobro previsto en la Ley 17.322; de los efectos o consecuencias que pudiera acarrear el eventual ejercicio de acciones judiciales, civiles o penales, en contra de los afiliados ni de la posible incorporación de sus antecedentes a una empresa administradora de datos -DICOM o Boletín de Informaciones Comerciales- sin advertir previa y expresamente los requisitos y limitaciones legales a las que está sujeta la interposición de dichas acciones o la incorporación a esos registros.

Noveno: Que, a la luz de la normativa citada en el motivo anterior, y atendida la naturaleza jurídica de la deuda del recurrente, es de la mayor gravedad que la recurrida haya encomendado publicar dicha deuda, sus protestos y morosidades, al menos en el Informe Comercial Maat, en directa infracción de norma expresa que lo prohíbe según se señaló; máxime si, como ya se dijo, el capital de la deuda se encuentra pagado.

De esta forma, la recurrida ha cometido un acto arbitrario e ilegal al publicar la deuda del recurrente en el Informe Comercial Maat, publicación que resulta ilegal, arbitraria, y que no consta a esta Corte que haya cesado.

Lo anterior por cuanto los actos referidos vulneran el respeto y protección a la vida privada y a la honra del recurrente, como asimismo la protección de sus datos personales, todos consagrados en el Nº 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que constituyen un acto ilegal y arbitrario.

Décimo: Que, por otra parte, esta Corte estima que los llamados telefónicos realizados por la recurrida al recurrente, considerados en su conjunto con la publicación referida precedentemente, constituyen sin duda un hostigamiento hacia el recurrente, por cuanto ellos afectan un derecho a la integridad psíquica, consagrado en el Nº 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Atendido que tampoco consta a esta Corte que dichos llamados telefónicos hayan efectivamente cesado como se afirma, especialmente si la recurrente asegura que ellos continúan, la recurrida incurre en un acto ilegal y arbitrario también en este aspecto, acto que es de ejecución sistemática y permanente en tanto los llamados no cesen.

Undécimo: Que por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dictado por la Excma. Corte Suprema, se acoge, sin costas, el recurso interpuesto por don nombre reservado, en lo principal del escrito de 15 de julio de 2020, y se ordena a la recurrida Caja de Compensación y Asignación Familiar de Los Andes eliminar de todo registro público o privado en un plazo no superior a 15 días la deuda señalada y, asimismo, abstenerse de seguir realizando llamados de cobranza y de realizar cobros por los montos que señala en su libelo, por cualquier medio.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

N° Protección 63.377-2020