nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de junio de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 24, estése a lo que se resolverá.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen los señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos funcionarios públicos afectos al Estatuto Administrativo de Salud Primaria contenido en la ley 19.378, y deducen recurso de protección en contra de la Municipalidad de Cerro Navia, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el no pago de las asignaciones de Planilla Suplementaria, Asignación Municipal y Remuneración Convenida, según sea el caso de cada recurrente, desde el mes de enero del año 2024, lo que vulneraría las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, no discriminación en el ámbito laboral y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 numerales 2°, 16° y 24° de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, el recurrente nombre reservado expone que ingresó a prestar servicios el 1 de mayo de 1984, desempeñándose actualmente como Jefe Administrativo del Centro de Salud Familiar CESFAM Doctor A. Albertz, y cuenta con cuarenta años de antigüedad laboral. Agrega que tiene calificación funcionaria nivel 2 con 80% de cumplimiento. Indica que desde la entrada en vigencia del Estatuto de Atención Primaria de Salud, en 1996, percibe una asignación denominada Planilla Suplementaria, la cual actualmente asciende a la suma de $310.196. Además, recibe una Asignación Municipal por un monto de $458.959. Acompaña sus últimas seis liquidaciones de sueldo que dan cuenta del pago de dichas asignaciones.

Por su parte, el recurrente señor nombre reservado señala que ingresó a prestar servicios el 7 de julio de 1987, ejerciendo actualmente como Jefe Administrativo del Centro de Salud Familiar CESFAM Cerro Navia, con calificación funcionaria nivel 1. Expone que por aplicación del artículo tercero transitorio de la ley 19.378 percibe una Planilla Suplementaria por un monto actual de $620.463. Además, por desempeñarse como Jefe Administrativo del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), en forma adicional a su jornada, recibe una Asignación Municipal ascendente a $541.831. Añade que en toda su carrera funcionaria no registra anotaciones negativas ni sumarios administrativos. Acompaña sus últimas seis liquidaciones de sueldo.

Finalmente, el recurrente nombre reservado explica que ingresó a prestar servicios el 1 de noviembre de 1987, desempeñándose actualmente como Jefe Administrativo del Centro de Salud Familiar CESFAM Steeger, con treinta y siete años de antigüedad y calificación funcionaria nivel 1 con 100% de cumplimiento. Aduce que desde abril de 1996, fecha de inicio de la carrera funcionaria regida por la ley 19.378, percibe una asignación de Planilla Suplementaria que actualmente asciende a $873.109. Además, por desempeñarse como Jefe Administrativo del SAPU, adicional a su jornada ordinaria, recibe una Remuneración Convenida por un monto actual de $436.783. Asevera que en toda su trayectoria no registra sumarios ni anotaciones negativas. Acompaña liquidación de sueldo de abril de 1996 donde consta el inicio del pago de la Planilla Suplementaria, su contrato original del año 1987 y anexos de contratos que dan cuenta del pago de la “Remuneración Convenida”.

Los tres recurrentes relatan que el día 30 de diciembre de 2023 fueron notificados verbalmente, a través de la Jefa del Departamento de Salud Municipal y el Director de Servicios Traspasados, que a partir del mes de enero de 2024 se les dejaría de pagar la asignación de Planilla Suplementaria. Además, a los recurrentes nombre reservado y nombre reservado se les comunicó que tampoco percibirían la Asignación Municipal, mientras que al recurrente nombre reservado se le informó el cese del pago de la Remuneración Convenida.

Manifiestan que nunca se les notificó formalmente tal decisión a través de un decreto o una resolución fundada, ni se les ha expresado motivo alguno para la supresión de dichas asignaciones que por tantos años han percibido, enterándose de dicha situación recién al momento de revisar sus liquidaciones de remuneraciones.

En cuanto al derecho, los recurrentes señalan que el artículo 3° transitorio de la ley 19.378 establece que la entrada en vigencia de dicho Estatuto no puede implicar una disminución de las remuneraciones de los funcionarios, debiendo pagarse la diferencia por planilla suplementaria, imputándose primero al sueldo base, luego a las asignaciones de la ley, y si aún resta una diferencia, ésta tendrá derecho a percibirse por planilla suplementaria, la que será absorbida por los aumentos de remuneraciones, reajustándose en la misma oportunidad y porcentaje que las remuneraciones del sector público.

Estiman que para poner término al pago de la asignación de planilla suplementaria se requiere un acto administrativo fundado, lo que no ha ocurrido en este caso, de suerte que la decisión de la recurrida es ilegal, por vulnerar los artículos 11 y 41 de la ley 19.880, y arbitraria por carecer de razonabilidad.

Argumentan que la Asignación Municipal que perciben los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, así como la Remuneración Convenida que recibe el recurrente nombre reservado, encuentran su fundamento en el artículo 45 de la ley 19.378, que faculta a la entidad administradora para otorgar asignaciones especiales transitorias. Plantean que al momento de ser traspasados los funcionarios desde la Corporación Municipal a la Municipalidad se les comunicó que sus remuneraciones no se verían afectadas, lo que generó legítimas expectativas y derechos adquiridos.

Sostienen que la decisión de la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al ser objeto de una discriminación arbitraria que no se funda en parámetros objetivos. También se conculcaría el derecho a la no discriminación en materia laboral, consagrado en el artículo 19 N°16°, pues no existe una justificación razonable para la diferencia de trato. Finalmente, se conculcaría el derecho de propiedad sobre sus legítimas remuneraciones, garantizado por el artículo 19 N° 24° de la Carta Fundamental.

En mérito de lo expuesto, solicitan: a) declarar que la decisión de la recurrida de no pagar la Planilla Suplementaria y la Asignación Municipal a los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, así como la Remuneración Convenida al recurrente nombre reservado, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República; b) dejar sin efecto la decisión impugnada por carecer de un acto administrativo fundado, ordenando a la recurrida pagar las asignaciones suprimidas; y c) condenar en costas a la parte recurrida.

Segundo: Que informó, por la recurrida, don nombre reservado, en representación convencional de don nombre reservado, Alcalde de la Municipalidad de Cerro Navia, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección interpuesta, por carecer de manifiesta falta de fundamento y por no existir omisiones ilegales o arbitrarias que amenacen los derechos constitucionales de los recurrentes.

Refiere que con fecha 1 de julio de 2023, la Municipalidad de Cerro Navia recuperó la administración de la atención primaria de salud, que hasta esa fecha era gestionada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, persona jurídica de derecho privado que fue disuelta voluntariamente. Afirma que, con motivo de dicho traspaso, se revisaron las remuneraciones del personal, detectándose el pago a dieciocho funcionarios, entre ellos los recurrentes, de ciertos estipendios por conceptos no contemplados en el Estatuto de Atención Primaria de Salud, tales como “Asignación Municipal”, “Asignación Convenida” y “Remuneración Convenida”.

Refiere que dichos haberes no constituyen remuneración según el artículo 23 de la ley 19.378, no cumplen los requisitos para ser considerados asignaciones transitorias del artículo 45 de ese cuerpo legal, carecen de sustento normativo al estar excluidos del Estatuto de Atención Primaria de Salud y contravienen el principio de juridicidad que rige a la Administración Pública en materia de remuneraciones, conforme a los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política.

Agrega que respecto a la "planilla suplementaria", no es efectivo que se haya dejado de pagar dicho estipendio, como se acredita con las liquidaciones de sueldo de los recurrentes correspondientes a los meses de diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024.

Aduce que no resulta aplicable la figura de la cláusula tácita o derechos adquiridos invocados por los recurrentes, por tratarse de funcionarios públicos cuyo régimen jurídico es de orden estatutario y no convencional, según ha reconocido la jurisprudencia judicial y administrativa.

Argumenta, además, que el cese del pago de los emolumentos reclamados fue dispuesto mediante los decretos alcaldicios números 494, 499 y 504, todos de 26 de enero de 2024, los que fueron debidamente notificados mediante carta certificada a través de la Empresa de Correos de Chile, y no hay, entonces, una notificación puramente verbal, como que alegan los recurrentes, ni tampoco una actuación ilegal o arbitraria de su parte.

Finalmente sostiene que la presente acción de protección es improcedente al no existir un derecho indubitado que haya sido afectado de manera ostensible, sino una controversia sobre materias que requieren de interpretación normativa y prueba, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales laborales y no a esta acción cautelar de emergencia, tal como lo ha resuelto la jurisprudencia.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que el recurso debe ser desestimado. Se trata, en la especie, que los recurrentes pretenden que se les paguen las prestaciones denominadas “Asignación Municipal”, “Asignación Convenida” y “Remuneración Convenida”, en cada caso, por estimar que cumplen con los requisitos para ello y porque, según explican, debe entenderse que en su relación con la Municipalidad demandada ha operado una “cláusula tácita” que ampara el pago de tales emolumentos, y que, sobre estos, tienen derechos adquiridos; por su parte, la Municipalidad de Cerro Navia entiende que los recurrentes no tienen derecho a percibir tales asignaciones, por las razones señaladas en su informe.

Quinto: Que, en consecuencia, no existe en la especie un derecho indubitado que le sirva de sustento a los recurrentes en su pretensión, pues el municipio recurrido ha controvertido la interpretación jurídica hecha en el recurso, de manera que no es posible que esta Corte, en virtud del arbitrio constitucional deducido en estos antecedentes, dirima el conflicto y, por lo mismo, queda de manifiesto que el asunto traído a esta Corte por la vía de la acción de emergencia que contempla el artículo 20 de la Carta Fundamental excede sus márgenes y debe ser resuelto en un juicio de lato conocimiento, esto es, en uno propiamente dicho, en el que las partes tengan la oportunidad de rendir las pruebas que el Código de Procedimiento Civil o el Código del Trabajo prevén, y de impugnar la sentencia que se dicte mediante los recursos procesales, hasta llegar, en su caso, hasta la Corte Suprema a través del recurso idóneo. Nada de esto sucede en la acción constitucional llamada “recurso de protección”.

Sexto: Que, en efecto, materias como la de autos, esto es, la determinación del verdadero sentido y alcance de normas jurídicas que dicen relación con el pago de una asignación o la existencia de modificaciones o cláusulas tácitas de la relación jurídica que liga a los actores con la Municipalidad de Cerro Navia, no pueden ni deben ser resueltas en una acción de emergencia que no constituye juicio y que la Carta Fundamental ha previsto sólo como un mecanismo de emergencia para el atentado a los derechos indubitados mencionados en su artículo 20 que se produzcan por actos u omisiones ilegales o arbitrarias. Luego, la pretensión de autos, por su naturaleza corresponde que se dilucide a través de un juicio declarativo de lato conocimiento, instancia en la que existen amplias oportunidades para accionar, excepcionarse, debatir, fundamentar y probar los hechos y hacer valer los derechos pertinentes para las partes en conflicto y, por tanto, no existen en la especie medidas de protección que esta Corte pueda adoptar.

Séptimo: Que, en todo caso, jamás ha podido acogerse el recurso en aquella parte que se da por conculcado el derecho del N° 16° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues el artículo 20 de este último texto lo protege sólo en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto de la primera norma citada.

Octavo: Que, entonces, la acción deducida en estos autos debe ser rechazada por exceder los límites que franquea el tantas veces citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos antecedentes.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-633-2024.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la abogada integrante señora Claudia Candiani Vidal.