Protección contra Dirección del Trabajo

Santiago, seis de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el 12 de septiembre de 2017 comparece nombre reservado, en representación de Constructora Rhodas SA, interponiendo recurso de protección en favor de ésta última y en contra de la Dirección del Trabajo, de EQUIFAX CHILE SA y de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM), la primera como encargada del Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional y la segunda y tercera como empresas a cargo de la administración y publicación de los datos del mencionado registro.

Indica que en certificado emitido por la CAM con fecha 30 de agosto de 2017 se contiene un informe detallado del boletín laboral, que publica deudas previsionales declaradas y no pagadas del año 2010 de Rhodas S.A. Afirma que las deudas no debieron ser incluidas en los registros, dado que los artículos 17 y 20 de la Ley 19.628 lo prohíben expresamente, pues no están dentro de aquellas que el primer artículo permite difundir. Así, sostiene que la actuación de la recurrida (sin precisar cuál), vulnera el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, además de conculcar expresamente el artículo 18 de la ley ya citada, en cuanto dispone que “En ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo anterior, que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible”. Por lo anterior, concluye, se sigue una actuación ilegal y arbitraria de las recurridas, que afecta el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, dado que se merma su capacidad comercial y específicamente su gestión en lo que respecta a su capacidad de crédito, de negociación con los proveedores y en la relación con sus clientes. Finaliza su presentación solicitando que se acoja el recurso incoado, disponiendo en forma inmediata las medidas necesarias con el fin de restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que con fecha 13 de septiembre, esta Corte declaró admisible el recurso, ordenando a las recurridas Dirección del Trabajo y Cámara de Comercio de Santiago evacuaran el informe de estilo.

TERCERO: Que con fecha 21 de septiembre del presente año evacua el informe solicitado la Cámara de Comercio de Santiago, solicitando el rechazo del recurso de protección. Alega en primer término la extemporaneidad del mismo, pues el Auto Acordado que regula la tramitación de esta acción establece un plazo fatal de 30 días para la interposición del recurso desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. En este sentido señala que las diversas anotaciones acusadas superan largamente el plazo de que se trata, pues se trata de cotizaciones impagas que corresponden al año 2010, agregando que de ninguna forma el certificado obtenido el 30 de agosto permite entender que recién en esta fecha la recurrente tuvo conocimiento de las anotaciones, siendo inverosímil que desde el 2010 recién en esta oportunidad se enteró, máxime si se tiene en cuenta que por la actividad comercial de la recurrente es evidente que para su ejercicio requiere permanentemente acreditar la situación laboral y previsional de sus trabajadores. En segundo lugar, y en subsidio, postula que la Dirección del Trabajo es la que recopila la información, y que con estos antecedentes le encarga a EQUIFAX Chile SA la elaboración, administración, difusión y distribución del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, según contrato de fecha 15 de noviembre de 2010, aprobado mediante Resolución Exenta 1566 del año 2014. De lo anterior colige que el responsable del banco de datos es Equifax Chile SA. agregando que la Cámara de Comercio de Santiago ha suscrito con esta empresa un contrato de licencia de uso de carácter temporal, para cada edición del Boletín ya mencionado, esto dentro del rol que desempeña en el ámbito del role la información desempeña. Adiciona que es por este contrato que la actualización de la información corresponde a Equifax, quedándole prohibido a la Cámara de Comercio de Santiago efectuar eliminaciones o aclaraciones. En tercer lugar, asevera que el recurso no tiene fundamentos, pues los antecedentes que envían las Administradoras de Fondos de Pensiones se circunscriben dentro de su obligación legal (Título X del Libro II del Compendio de Normas de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones) de remitir bimestralmente a la Dirección del Trabajo un archivo con la información de empleadores morosos, estableciendo el numeral 2 del Capítulo II mencionado “que no se deberá enviar información de empleadores morosos, cuando éstos sean personas naturales, una vez transcurrido el plazo de cinco años, contado desde que la respectiva cotización se hizo exigible”. Así las cosas, el cumplimiento de una obligación legal no puede ser considerado ilegal ni arbitrario. Añade que la Ley 19.628 invocada por el recurrente no tiene aplicación al caso de autos, pues la protección de datos que consagra es respecto de personas naturales, conforme a lo que establece el artículo 1° de la Ley en relación con la letra f) del artículo 2° de la misma Ley, en cuanto entiende que son datos de carácter personal “los relativos (…) a personas naturales (…)”, agregando que en este sentido se ha pronunciado la Jurisprudencia de la Corte Suprema, mencionando y citando fallos al efecto. Adiciona a lo anterior que el plazo para la mantención de la información establecido por la Superintendencia de Pensiones está vigente, pues en el Compendio de Normas del Seguro de Cesantía y en el Compendio de Pensiones ha establecido que la información no debe enviarse luego de cinco años cuando los empleadores morosos sean personas naturales, que no es el caso de autos. Finalmente, sostiene que la recurrente no ha acreditado la extinción de las obligaciones morosas informadas, lo que sería suficiente para dejar de publicar las deudas. En este sentido, cita jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo.

Concluye solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes por no cumplir todas las exigencias del artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que con fecha 11 de octubre de los corrientes informa la recurrida Dirección del Trabajo, solicitando se desestime el recurso de protección de autos. En primer lugar, alega que la acción es improcedente por cuanto se utiliza como substituto jurisdiccional, ello pues la propia ley Nº 19.628, tiene establecido un procedimiento sumarísimo, denominado amparo de datos en el artículo 16 de la ley Nº 19.628, sobre protección de datos personales.

En segundo lugar, afirma que la recurrente en ninguna parte del libelo ha acreditado la extinción de las deudas, señalando que incluso reconoce las deudas. En tercer lugar, arguye que su parte, la Dirección del Trabajo, está actuando dentro de las facultades que la ley le ha conferido, siendo del caso señalar que el artículo 1º inciso segundo de la ley Nº 19.628 sobre protección de datos de carácter personal, establece que toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En esta línea, señala que la Dirección del Trabajo efectúa el tratamiento de datos personales conforme a las disposiciones de la Ley Nº 19.628 para los fines de fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales y previsionales, actividad propia de este órgano público, además de indicar que existen en nuestro ordenamiento jurídico numerosas normas legales que autorizan a este Servicio a recopilar, difundir y administrar datos de carácter personal, que versan sobre el cumplimiento de obligaciones laborales, mencionando algunas a título ejemplar. Continúa señalando que en este caso particular y de acuerdo con la normativa vigente, la Superintendencia de Pensiones con el objeto de perfeccionar el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional como instrumento de fiscalización y certificación del cumplimiento previsional, a través de la Circular Nº 1728 de 28 de septiembre de 2010, ordena a las entidades previsionales de carácter público o privado enviar a la Dirección del Trabajo para la confección del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, la información relativa a empleadores morosos. Por lo anterior, en virtud de la normativa vigente, se ha informado por las diversas Administradoras de Fondos de Pensiones, las Instituciones de Salud Previsional, la actual Administradora de Fondos de Cesantía a la Dirección del Trabajo, las deudas previsionales que mantiene la Empresa Recurrente. También indica que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1967, Orgánico de la Dirección del Trabajo y 183 C del Código del Trabajo, su parte se encuentra expresamente facultada para proporcionar a terceros información relativa a las infracciones laborales y previsionales que se constaten en las fiscalizaciones. En estas condiciones, la Dirección del Trabajo está facultada para confeccionar y difundir el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional y esa publicación no requiere del consentimiento del titular de los datos. Agrega que el artículo 20 de la Ley Nº 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal estableció que: “el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes.” Por lo tanto, los datos recopilados por su parte, es decir, las deudas previsionales que la Empresa Recurrente mantiene con sus trabajadores y que trata de eliminar del Boletín de Infractores, es información que corresponde a materia laboral y que debe ser fiscalizada por la Dirección del Trabajo en cumplimiento de sus funciones. También afirma que la información particular de que se trata no es privada, por cuanto está en conocimiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones, de la Administradora de Fondos de Cesantía, de las Instituciones de Salud Previsional, las Cajas de Compensación, quienes deben informar a la Dirección del Trabajo, y muy especialmente está en conocimiento del dependiente a quien la empresa recurrente le descontó de sus remuneraciones las cotizaciones adeudadas. Afirma luego que la vida privada y honra no se ha visto afectada, porque la recurrente es una persona jurídica, siguiendo en este sentido una línea argumental similar a la de recurrida Cámara de Comercio de Santiago.

Por todo lo anterior, concluye que la actuación de la Dirección del Trabajo es legal y se ajusta a su marco de atribuciones, no cumpliéndose requisito alguno del recurso de protección. En cuarto lugar, afirma la ausencia de atentado a las garantías constitucionales invocadas. Finaliza solicitando el rechazo de la acción cautelar en todas sus partes por improcedente, al no existir arbitrariedad ni ilegalidad en la actuación de la Dirección del Trabajo, con costas.

QUINTO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que la acción constitucional ejercida no es extemporánea pues si bien las obligaciones previsionales impagas datan del año 2010, es el certificado emitido por la Cámara de Comercio de Santiago, de 30 de agosto de 2017, el que contiene el informe detallado del Boletín Laboral en el que se publica el registro de deudas y, desde esa data, desde el 30 de agosto de 2017, debe computarse el plazo de 30 días a que alude el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre el particular.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, el recurso debe ser necesariamente rechazado pues no se advierte ningún acto ilegal o arbitrario por parte de las recurridas. Por de pronto, la Dirección del Trabajo no ha hecho otra cosa que dar cumplimiento a lo que dispone su ley orgánica y las demás mencionadas en su informe: la Superintendencia de Pensiones, con el objeto de perfeccionar el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, ha ordenado por Circular 1728 de 28 de septiembre de 2010 a las entidades previsionales enviar a la Dirección del Trabajo la información relativa a empleadores morosos para los efectos de confeccionar dicho Boletín. Pero sea como fuere, la ley 19.628, que es aquella normativa que el recurrente dice haberse infringido por las recurridas, no se aplica a las personas jurídicas, como queda claro de la lectura de la letra f) de su artículo 2º, de la historia fidedigna de su establecimiento y de lo que se ha dicho reiteradamente por los tribunales de justicia a este respecto. Del mismo modo, nunca ha podido afectarse el derecho a la honra, garantizado en el Nº 4º del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues las personas jurídicas no son titulares del mismo.

OCTAVO: Que en cuanto la Cámara de Comercio de Santiago y Equifax, sólo se han limitado a publicar datos que constan en registros públicos y que han sido elaborados por la Dirección del Trabajo.

NOVENO: Que, finalmente, las deudas previsionales cuya acción se haya podido ser exigible hace más de cinco años, y sin perjuicio que si la ley 19.628 no es aplicable al caso sub judice tampoco lo es su artículo 18, le asiste a la sociedad recurrente el derecho a demandar su extinción por la prescripción, en el procedimiento correspondiente.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida el 12 de septiembre de este año, sin costas por haber tenido el recurrente motivos plausibles para litigar.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección Nº 63.138-2017.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, e integrada por la Ministra señora Marisol Rojas Moya y el Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.