Protección contra Ministerio de Educación

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con el 4 de abril de 2025, comparece doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Ministerio de Educación.

Precisa que la acción se dirige por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la no asignación de matrícula a su hija al Liceo nombre reservado. La recurrente plantea que este acto vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N°2, igualdad ante la ley, N°10, derecho a la educación, y N°11, libertad de enseñanza, de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que solicitó un cupo para su hija, nombre reservado, para el curso de primero medio del Liceo nombre reservado, el 20 de enero de 2025, quedando en la posición N°NUM000 de la lista de espera. Expone que esta postulación obedece a una recomendación del médico psiquiatra infantil que la atiende desde octubre del año pasado, a raíz de que su hija fue diagnosticada con depresión, por lo que tuvo que terminar el año anterior anticipadamente, y presenta un posible trastorno del espectro autista en estudio. Señala que el médico recomienda el Liceo nombre reservado por la cercanía al domicilio de la recurrente en caso de descompensación y por ser un colegio mixto que es recomendable para ella.

Refiere que su hija es una niña respetuosa, estudiosa y muy artística pero que le cuesta sociabilizar, y de ahí que en el Liceo nombre reservado en el que estudiaba, nunca generó redes amistosas con nadie, pasando horas en ese liceo sin hablar con nadie, sin que se preocuparan u ocuparan de darle un poco de ayuda pese a sus requerimientos en tal sentido.

Agrega que el 27 de marzo, el Liceo nombre reservado dio de baja la matrícula de su hija, por lo que, a la fecha de interposición del recurso, la menor se encuentra sin ingresar a clases. Finaliza indicando que ha solicitado ayuda al Ministro de Educación y al Alcalde de Providencia, sin éxito.

Pide, en definitiva, tener por interpuesto el recurso de protección, declararlo admisible y, acogiéndolo, ordenar al recurrido asignar un cupo para el curso Primero Medio del Liceo nombre reservado.

Segundo: Que el 8 de mayo de 2025, comparece el abogado don Vicente Aliaga Medina, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes del informe que la alumna nombre reservado se encuentra con matrícula vigente en el Liceo nombre reservado, no siendo efectivo que estuviera sin establecimiento. Señala que la recurrente no registró postulaciones en los periodos principal ni complementario del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y solo lo hizo en el periodo de regularización, quedando en lista de espera en el Liceo nombre reservado. Precisa que dicho liceo no tiene vacantes y que el Ministerio no cuenta con atribuciones legales para asignar matrículas directamente, ya que el SAE, regido por la Ley N°20.845 y el Decreto N°152 de 2016, garantiza la transparencia y objetividad, aplicándose determinados criterios de priorización que explicita y un procedimiento aleatorio en caso de que el número de postulantes que cumple con un mismo criterio sea superior al número de vacantes que informa el establecimiento de que se trata.

Estima que su actuar se ajusta a derecho, ya que el rechazo de sobrecupos se fundamenta en la capacidad máxima del establecimiento (factores sanitarios, infraestructura y seguridad). Argumenta que un proceder distinto sería ilegal y arbitrario al dar un trato discriminatorio, soslayando el SAE. Agrega que el Ministerio, aun sin atribuciones de asignación, respondió a la actora con fecha 3 de abril de 2025, proponiéndole seis establecimientos educacionales mixtos que sí contaban con vacantes disponibles y que se ajustaban a sus requerimientos de cercanía y modalidad.

Sostiene que la acción es improcedente, pues no se divisa ilegalidad ni arbitrariedad, ni se vulnera la igualdad ante la ley, ya que todos los apoderados que postulan a un colegio sin cupos quedan en lista de espera.

Respecto a la vulneración del derecho a la educación, señala que no es amparable por el recurso de protección, y que, en todo caso, el derecho se encuentra resguardado al mantener matrícula vigente y tener opciones con vacantes.

Solicita, en definitiva, que se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que, con fecha 5 de octubre de 2025, comparece la abogada doña Bernardita Vicuña Figueroa, en representación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, sostenedora del Liceo nombre reservado y del Liceo nombre reservado, quien evacúa el informe solicitado por esta Corte.

Expone que la Corporación es una persona jurídica de derecho privado que actúa como sostenedora de los establecimientos educacionales por delegación municipal. Señala que es efectivo que la alumna nombre reservado fue alumna del Liceo nombre reservado y se encontraba matriculada en esta institución para el año 2025. No obstante, indica que con fecha 5 de mayo de 2025 se dio de baja el registro de matrícula por no concurrir al establecimiento, luego de intentar el contacto con la apoderada y realizar visita domiciliaria, conforme a la Resolución 432 de 2023 de la Superintendencia de Educación.

Precisa que el Sistema de Admisión Escolar es totalmente ajeno a la Corporación y se rige por el Decreto Supremo N°152 de 2016. Sostiene que la alumna postuló por SAE al Liceo nombre reservado, quedando en el número NUM000 de la lista de espera, sin que la Corporación pueda modificar el orden entregado por el Ministerio de Educación. Finaliza argumentando que ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente, sin que su actuar pueda considerarse vulneratorio de derechos, y se encuentra impedida de aceptar nuevas alumnas por concepto de sobrecupo debido a la capacidad máxima autorizada por sala.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009, que regula las subvenciones del Estado a establecimientos educacionales, prohíbe expresamente en sus artículos 12 a 14 que los establecimientos subvencionados establezcan mecanismos de selección y ordena que sus procesos de admisión se realicen a través del Sistema de Admisión Escolar administrado por el Ministerio de Educación, el cual debe aplicarse bajo los principios de objetividad, transparencia, equidad, publicidad y libertad de elección de las familias.

Dicho Sistema de Admisión Escolar (SAE) fue establecido por la Ley N° 20.845, publicada en el Diario Oficial el 8 de junio de 2015, introduciendo modificaciones sustantivas tanto al Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido de la Ley General de Educación, como al Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009 precedentemente aludido, en tanto el Decreto Exento N°152, de 2017, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento de dicho Sistema de Admisión Escolar, en su artículo 2° reitera que el SAE se rige por los principios de igualdad de oportunidades, inclusión, transparencia, diversidad, no discriminación arbitraria, libertad de elección de las familias y objetividad.

En lo que concierne a la Ley General de Educación, el DFL N°2 de 1998, incorporó los artículos 7 bis y 7 ter, los cuales establecen los criterios y prioridades objetivas que deben regir los procesos de admisión de los establecimientos educacionales que reciben financiamiento público.

En tal sentido, el artículo 7 bis dispone que los establecimientos educacionales “no podrán considerar en los procesos de admisión el rendimiento escolar pasado o potencial de los postulantes, ni requerir antecedentes socioeconómicos de las familias, tales como nivel de escolaridad, estado civil o situación patrimonial”, ordenando que dichos procesos se realicen “de conformidad a un sistema que garantice la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, velando por el derecho preferente de los padres a elegir el establecimiento educacional para sus hijos”.

Por su parte, el artículo 7 ter del mismo DFL establece las prioridades de admisión que deben aplicarse cuando existan más postulantes que vacantes, otorgando preferencia a: a) quienes tengan hermanos o hermanas matriculados en el establecimiento; b) quienes sean hijos o hijas de funcionarios del establecimiento; c) quienes hayan cursado el nivel inmediatamente anterior en el mismo establecimiento; y d) los alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales permanentes; disponiendo además que, en caso de igualdad de condiciones, las vacantes se asignarán mediante procedimientos aleatorios, determinados por el reglamento, que aseguren la igualdad de oportunidades entre los postulantes.

Sexto: Que, en consecuencia, las bases jurídicas sobre las cuales se asienta el Sistema de Admisión Escolar se encuentran expresamente reconocidas en la legislación vigente y pueden sintetizarse en los siguientes principios: a) Igualdad y no discriminación, consagradas en el artículo 7 bis del DFL N°2 de 1998, en el artículo 13 del DFL N°2 de 2009 y en el artículo 2° del Decreto Exento N°152 de 2016; b) Transparencia, objetividad y publicidad, derivadas de los artículos 7 bis del DFL N° 2 de 1998, 13 y 14 del DFL N°2 de 2009, y 2° del Decreto Exento N°152 de 2016; c) Inclusión y equidad, previstas en el artículo 14 del DFL N°2 de 2009 y en el artículo 2° del reglamento; d) Libertad de elección de las familias, garantizada por el artículo 14 del DFL N°2 de 2009 y el artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República; y e) Objetividad y procedimientos aleatorios, establecidos en el artículo 7 ter del DFL N°2 de 1998 y en los artículos 13 y 14 del DFL N°2 de 2009 y 2° del Decreto Exento N°152 de 2016.

Dichos principios constituyen el marco jurídico que rige la aplicación del Sistema de Admisión Escolar, el cual se orienta a garantizar el derecho a la educación y la igualdad ante la ley reconocidos en los artículos 19 N°2 y N°10 de la Constitución Política de la República, imponiendo a la autoridad administrativa el deber de observarlos en todas las etapas del proceso de admisión.

Séptimo: Que aun siendo efectivo que actualmente la niña se encuentra desescolarizada, ello no se debió al proceso de postulación cuyo resultado es el reclamado por la madre, sino a que el 5 de mayo del presente año, tras dos meses de inasistencia y luego de intentar contactarse con la apoderada y de efectuarle una visita domiciliaria, la Corporación Educacional se vio en la obligación de cancelarle la matrícula.

De igual forma, como ha informado el Ministerio de Educación, frente a la imposibilidad de ingresar al Liceo nombre reservado -recordar que la niña registró una postulación recién en el periodo de regularización y que quedó en el número NUM000 de la lista de espera-, aquel le ofreció 6 alternativas cercanas a su domicilio y en modalidad mixta, que según los propios dichos de la recurrente, eran los criterios recomendados por el médico tratante de nombre reservado.

Octavo: Que por todo lo anterior, no se vislumbra de qué manera el Ministerio de Educación podría haber incurrido en el acto arbitrario e ilegal que se le imputa, al constatarse que solo cumplió, como le impone el SAE, con el deber de garantizar la transparencia y objetividad en el proceso de admisión, mediante criterios de priorización objetivos y procedimientos aleatorios establecidos para dirimir los cupos disponibles en caso de que el número de interesados fuera superior a las vacantes que ofrecía el establecimiento.

Noveno: Que de lo expuesto, es posible concluir que no existe actuación u omisión ilegal ni arbitraria alguna que pueda reprochársele a la recurrida. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en contra del Ministerio de Educación por doña nombre reservado.

Redacción abogada integrante Catalina Infante Correa Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6313-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la abogada integrante señora Catalina Infante Correa.