nombre reservado con RECAUDADORA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, Procurador, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Recsa S.A., empresa de cobranza, representada legalmente por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, por estimar conculcada la garantía constitucional del artículo 19 Nº1 de la Carta Fundamental.

Pide se restablezca el imperio del derecho, ordenándole a la recurrida que se deje sin efecto el gran número de llamados recibidos en que le exigen una fecha de pago, amenazándolo de que volverían a llamar si no soluciona su deuda, con expresa condena en costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que es deudor de un crédito de consumo contratado con el Banco Condell en el mes de octubre de 2017, obligándose a pagar los días 10 de cada mes, una cuota aproximada de $36.500. Indica que los 6 primeros meses nunca tuve atrasos, pero por problemas económicos, debió posponer sus pagos con la acreedora a lo menos 12 días posteriores a la fecha del cumplimiento.

Señala que los llamados telefónicos comenzaron al día siguiente de los atrasos en el pago, los cuales se hicieron hostigantes y bastante frecuentes, provenientes de distintos números a su celular, que por lo general eran llamadas pérdidas de las cuales trataba de atender, pero al contestar solo era silencio y luego el llamado se cortaba. Estos inquietantes hechos fueron repetitivos e incluso a la fecha de presentación del arbitrio continúan insistiendo, en que algunas oportunidades logró tomar contacto con ejecutivos que se señalan llamar de Recsa Chile, empresa de cobranza por encargo de Banco Condell asociado a su crédito de consumo, quienes consultaban si hablaban con el titular, para luego señalarle el monto atrasado y exigían indicar una fecha de pago, contestando en algunas oportunidades y explicándoles su situación y que de igual forma daría cumplimiento al pago con un desfase de días.

Destaca que los primeros meses logró aceptar los reiterados llamados telefónicos que ya eran de costumbre, algunos días podían ser entre 3 a 5 llamados, entre las 9 hrs. y las 19:30 hrs., pero con el tiempo y luego de explicar a cada ejecutivo la misma situación, indicaban que dejarían informado la situación.

Sostiene que muchos llamados interfieren su normal actuar en su lugar de trabajo, pues su teléfono es su herramienta de trabajo, el que es invadido por estos repetitivos llamados, que tienden a entregar una y otra vez la misma información, pues independiente que se le entregue una excusa o bien explicarles a los ejecutivos de Recsa S.A., ellos nuevamente insisten con sus llamados frecuentes, buscando una fecha de pago.

Expresa que los llamados recibidos han subido de tono, y los comentarios de sus ejecutivos han sido amenazadores y en reiteradas ocasiones le han ocasionado un trastorno depresivo, sabiendo que esta empresa no parará de realizar sus contactos al teléfono celular hasta no regularizar su morosidad, pues bien así se lo hicieron saber en el llamado del día sábado 20 de julio de 2019, “hasta que no regularice lo seguiremos llamando”, “lo volveremos a llamar”.

Puntualiza que si bien, el cobro telefónico está regulado por ley, es un acto de hostigamiento el realizar un sinfín de llamados con el propósito de recordarle al deudor, de manera constante de su deuda y exigirle una fecha de pago, independiente de que uno logre entregarles la información que requieren.

Estima que ha existido una perturbación evidente al tener que recibir mensajes y responder llamadas telefónicas de cobranzas extrajudiciales de una deuda que existe y de la cual se da cumplimiento de pago, o contactar a una persona totalmente desconocida para mí, pese a sus razonables esfuerzos por evitarlas, sea bloqueando los números, sea conversando con los ejecutivos que lo llaman.

Señala que todos los meses son una guerra y un trastorno a su vida normal y nada justifica la cantidad de llamados mensuales que una empresa de cobranza realiza a las personas, solo con el fin de cansarlas al límite de que esta persecución logre un trastorno sicológico a su persona, que lo obliga a tener que soportar el acoso telefónico por no tener como pagar una cuenta o bien conseguirse el dinero para saldar dicha deuda. Para toda persona común, significa una molestia el hecho de recibir llamadas telefónicas diarias o mensajes de texto de números desconocidos solicitando el pago de una deuda, más aún, cuando el recurrente se ha tomado el tiempo de explicarle a los ejecutivos que llaman su situación.

Luego reproduce los números telefónicos de la recurrida que se han efectuado en los meses de junio a julio del presente año.

Hace presente que los actos ilegales y arbitrarios antes expuestos perturban el legítimo ejercicio de su derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, ya que al momento de iniciarse las llamadas de cobranza extrajudicial, el período continuo en que se desarrolla el acto arbitrario e ilegal puede abarcar incluso años, sin que por ello haya sido declarado inadmisible por extemporáneo.

En abono de su pretensión cita una sentencia dictada por la E. Corte Suprema en causa rol N°4767-2013.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de 14 comprobantes de pagos, que dan cuenta de los pagos efectuados al Crédito en cuestión; 2. Copia de Historial de pago, extraídos desde la página www.serbanc.cl; 3. Set de 13 print. de pantalla, extraídos desde su equipo celular teléfono reservado, en el cual la recurrida realiza las llamadas telefónicas de cobranza.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don José Miguel Vildósola Zorzano, abogado, en representación de Recaudadora S.A., persona jurídica del giro de cobranzas, representada por el Gerente General don nombre reservado, ingeniero comercial, todos con domicilio en domicilio reservado, quien solicita el rechazo del recurso.

Funda sus alegaciones señalando que Recaudadora S.A. es una persona jurídica del giro de servicios de cobranza prejudicial y judicial que gestiona carteras de terceros y propias desde el año 1985 y todas las gestiones de cobranza desarrolladas por Recaudadora S.A. se enmarcan dentro de lo preceptuado en la Ley N°19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores y de las normas dispuestas en la Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada.

Sostiene que el recurrente tenía una obligación morosa, correspondiente a la operación N°429036101140417 con Banco Condell de Banco Itaú Corpbanca, quien les encomendó las gestiones de cobranza del recurrente y en su calidad de mandatarios, se ciñen a realizar las gestiones de cobro según las políticas y los montos de las obligaciones adeudadas señaladas por sus mandantes, en conformidad a lo preceptuado por la legislación.

Expone que de acuerdo con lo aseverado por el recurrente, referente a las llamadas telefónicas realizadas durante el mes de junio y julio de 2019, se ha procedido a revisar su sistema, adjuntándose el detalle de las gestiones de cobranza realizadas:

Fecha gestión Hora Teléfono Contacto directo 18-07-19 14.57 042175822 Intención de pago 25-07-19 12.57 042175822 Informa pagará el 30 de julio 31-07-19 12.02 042175822 Cliente corta llamada Con respecto a los supuestos llamados telefónicos que se le realizaron al recurrente, señala que la recurrida no se puede hacer cargo de aquellas llamadas en las que no tuvo contacto directo y se comunicó con el cliente, puesto que pueden haber sido realizadas por terceros.

Precisa que en el segundo otrosí de su presentación el actor solicitó orden de no innovar dirigida a Serbanc S.A. cuestionando si se confunde de empresas.

Destaca que el actor pagó la suma de $40.412 el 31 de julio de 2019 a las 20.34 a través del portal de pago de la empresa Servipag y que los servicios que presta Recaudadora S.A. se encuentran certificados bajo norma ISO 9001:2000 desde enero de 2007; recertificado bajo la norma UNE ISO 9001:2008 en el mes enero de 2013 y actualizado bajo norma ISO 9001:2015 en enero de 2018.

De acuerdo con lo expuesto, estima que es improcedente el presente recurso de protección por los hechos narrados por el recurrente, dado que no ha existido hostigamiento, acoso ni comunicaciones con terceros y que no se dan los requisitos establecidos en la doctrina ni jurisprudencia para la conculcación del derecho a la integridad psíquica denunciada.

Hace presente que la acción de protección no señala hechos que puedan constituir vulneración de derechos que se encuentren protegidos por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y que justifiquen el ejercicio de esta acción, y menos que sea condenada en costas.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó certificado del sistema de gestión de calidad de Recaudadora S.A. emitido por Aenor.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que para dilucidar el presente conflicto, preciso es tener en consideración que el artículo 37, inciso 6° de la Ley N°19.496, sobre Protección a los Derechos de los Consumidores, preceptúa que: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”.

Octavo: Que, en lo tocante a las llamadas telefónicas de cobranza efectuadas por la empresa recurrida, ningún antecedente se aportó por parte del actor en orden a acreditar su efectiva realización, toda vez que la impresión de llamadas de diversos números telefónicos, impide a esta Corte poder atribuir responsabilidad única a la recurrida, respecto de los hechos denunciados, cuestión que aunada a lo expuesto por Recaudadora S.A., en cuanto a que reconoce que sólo se han verificado tres llamados al recurrente, dos de los cuales fueron contestados y una llamada fue rechazada, dichas actuaciones impiden tener por establecida la existencia de un acto que pueda ser calificado como arbitrario, ni menos como ilegal. En efecto, no existiría una repetición o acoso en el ejercicio de la cobranza extrajudicial desplegada, la que aparece como realizada dentro de los parámetros establecidos en la norma descrita en el motivo anterior.

Noveno: Que, al no establecerse la existencia real de los hechos denunciados y que las llamadas reconocidas explícitamente por la recurrida impiden poder configurar su respecto arbitrariedad o ilegalidad alguna, a juicio de esta Corte no puede haberse conculcado garantía constitucional alguna.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal por nombre reservado, en contra de Recaudadora S.A.

Regístrese y devuélvase.

N°Protección-63.040-2019.