nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, diez de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que doña nombre reservado, chilena, trabajadora, deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, denunciando como acto ilegal y arbitrario los descuentos practicados en sus remuneraciones, desde, a lo menos, los meses de octubre y noviembre de 2024 y reanudados en febrero de 2025, por instrucción de las recurridas para el pago de un crédito social originalmente pactado con Los Andes y que, según afirma, se encontraría prescrito e inexigible.

Explica que contrató un crédito social el año 2018, cuyo pago se efectuaba mediante descuento por planilla mientras se desempeñó en la empresa Medical International Laboratories Corporation S.A., y que, una vez terminado dicho vínculo laboral, entendió que la deuda había sido cubierta con su finiquito. Agrega que, por más de seis años, no recibió notificación, requerimiento ni gestión judicial o extrajudicial alguna por parte de las Cajas recurridas.

Sostiene que, en febrero de 2025, advirtió una merma en su remuneración por $78.605, bajo el ítem “Cuota crédito personal Caja La Araucana”, descuento que se repitió en los meses siguientes, efectuándose a requerimiento de La Araucana, por cuenta y orden de Los Andes, a través del sistema Intercajas.

Afirma que este proceder constituye un acto arbitrario e ilegal, toda vez que implica el ejercicio autotutelar de cobro sobre una deuda prescrita, sin título ejecutivo vigente y sin autorización judicial, con lo que se vulnera su derecho de propiedad protegido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Invoca, además, los artículos 20 de la Carta Fundamental y el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, solicitando se ordene el cese inmediato de los descuentos, la restitución de las sumas indebidamente descontadas y la condena en costas.

Segundo: Que, al evacuar su informe, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes reconoce la existencia de dos operaciones de crédito social contratadas por la actora —una de fecha 31 de enero de 2018 por $1.513.038 y otra de 29 de marzo de 2019 por $90.239—, ambas con morosidad sobrevenida a contar del año 2019.

Sostiene que el mecanismo de descuento aplicado se encuentra expresamente autorizado por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, el Decreto Supremo N° 91/1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 de la Ley N° 17.322 y el artículo 58 del Código del Trabajo, normas que permiten el cobro por planilla en las mismas condiciones que las cotizaciones previsionales.

Afirma que la prescripción de la obligación no opera de pleno derecho, sino que requiere declaración judicial previa, y que la acción de protección no constituye la vía idónea para discutir dicha excepción.

No obstante, informa que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas percibidas desde la reanudación de cobros, sin reconocer ilegalidad alguna, y solicita el rechazo del recurso por falta de oportunidad, atendido que los hechos denunciados han cesado.

Tercero: Que, por su parte, la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana sostiene que la actora no mantiene créditos vigentes con dicha institución, pero sí registra dos operaciones impagas con Los Andes, cuyos cobros se canalizaron por la vía Intercajas, conforme a la normativa vigente.

Explica que su actuación se encuentra amparada en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, el Decreto Supremo N° 91/1978, el artículo 22 de la Ley N° 17.322 y el artículo 58 del Código del Trabajo, que habilitan el descuento por planilla de créditos sociales vigentes, en coordinación con el empleador.

Sostiene que la ley no contempla caducidad del derecho a efectuar descuentos mientras el crédito subsista, y que, de existir una alegación de prescripción, esta debe ser declarada judicialmente, citando al efecto el Dictamen N° 2659-2020 de la SUSESO y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N° 61.103-2024, de 2 de abril de 2025), en que se ha establecido que la ejecución del mecanismo del artículo 22 no constituye acto ilegal ni arbitrario.

Concluye solicitando el rechazo del recurso en su contra, por cuanto se ha limitado a cumplir con los mandatos legales que rigen a las Cajas de Compensación y sin intervenir directamente en la retención de fondos.

Cuarto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Quinto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye, el descuento que alega el recurrente a través de sus liquidaciones, los que no habría autorizado. Sobre el particular, las recurridas indican que se trata de créditos que no se encuentran al día en el pago de cuotas, estando vigentes y que no se ha declarado la prescripción a su respecto.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el acto recurrido consiste en los descuentos por planilla practicados en las remuneraciones de la recurrente, con el objeto de satisfacer cuotas de un crédito social otorgado por Caja Los Andes. Sin embargo, consta en autos que dicha institución, en el curso de la tramitación, dispuso el cese de los descuentos y la restitución de las sumas percibidas, hecho que ha sido reconocido por la actora, quien acompañó liquidaciones de sueldo acreditando que los descuentos cesaron en julio de 2025. En consecuencia, en relación con esta recurrida, el recurso ha quedado sustancialmente satisfecho, correspondiendo acogerlo solo para asegurar la plena restitución de lo descontado y prevenir eventuales repeticiones.

Séptimo: Que, en lo relativo a la Caja de Compensación La Araucana, se advierte que su intervención se limitó a canalizar la cobranza de créditos sociales por mandato de otra Caja, conforme a un procedimiento legalmente establecido, sin que conste en autos que haya efectuado directamente los descuentos, ni que haya actuado fuera del marco que la ley y los reglamentos le imponen. No existiendo declaración judicial de prescripción del crédito base, no es posible reputar su conducta como ilegal o arbitraria en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución, toda vez que actuó en cumplimiento de una norma legal imperativa.

Octavo: Que lo anterior no obsta a advertir que los descuentos en remuneraciones constituyen una medida de carácter excepcional, que afecta directamente el derecho de propiedad del trabajador sobre su salario, por lo que deben sujetarse estrictamente a la legalidad y razonabilidad. No obstante, las cuestiones relativas a la prescripción de la deuda, a la existencia de un eventual saldo pendiente o a la validez de los contratos de crédito social exceden el ámbito sumario y cautelar de esta acción, debiendo ventilarse, en su caso, ante la jurisdicción ordinaria competente.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I) Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección solo en cuanto se dirige contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, disponiéndose que la recurrida se abstenga de efectuar nuevos descuentos por planilla vinculados a las operaciones de crédito social materia de autos y proceda a restituir las sumas indebidamente descontadas, dentro del plazo de treinta días desde que esta sentencia quede ejecutoriada, debiendo acreditar su cumplimiento en esta causa.

II) Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección en cuanto se dirige contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por no configurarse respecto de ella acto ilegal o arbitrario en los términos del artículo 20 de la Constitución Política.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-6281-2025.

En Santiago, diez de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.