nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiuno.

A los escritos folios Nº 16, 18, 19 y 20: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, administrador público, Secretario General en representación de la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región de Metropolitana, por haber incurrido éste en un acto ilegal y arbitrario mediante la dictación del Oficio Ordinario N° 002228 de 18 de diciembre de 2020, que rechazó su solicitud de liberación de fondos retenidos por no pago de cotizaciones previsionales, lo que vulnera sus garantías constitucionales de los números 2, 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se acoja y se decreten las medidas pertinentes para el restablecimiento del derecho y, en definitiva, ordene a la recurrida que deje sin efecto el oficio ordinario N° 002228, procediendo al pago de los fondos adeudados Fundando su recurso indica que la Corporación Comunal de nombre reservado,l fue creada por la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal al amparo del DFL Nº 1-3063 de 1980, para administrar y operar los servicios traspasados de Educación, Salud y Atención de Menores de dicha comuna, por lo que como sostenedor de los establecimientos educacionales recibe subvenciones del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y de la Municipalidad de Quinta Normal.

Afirma que por ello mediante Ordinario N° 0538 de 11 de noviembre de 2020, su entidad solicitó a la Unidad Regional de Subvenciones la liberación de los fondos retenidos por no pago de cotizaciones previsionales, correspondiente al mes de mayo de 2015, adjuntando el correspondiente certificado de cumplimiento de obligaciones laborales emitido por la Dirección del Trabajo, lo que fue rechazado por la recurrida por oficio Ordinario N° 002228 de 18 de diciembre de 2020, fundado en que el derecho a exigir el pago de los montos retenidos a los sostenedores por incumplimiento de obligaciones provisionales prescribe en el plazo de 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible, es decir, desde que la retención de los recursos se reconoció contablemente en la cuenta del Ministerio, lo que le fue notificado por correo electrónico el 21 de diciembre de 2020.

Sostiene que la recurrida esgrime Dictámenes de la Contraloría General de la República para fundar su decisión, entre ellos el N° 77.369 año 2016 y N° 2.734 año 2020, que indican que la normativa en examen no contiene disposiciones sobre prescripción para el cobro por parte de los sostenedores de las subvenciones que le han sido retenidas por el MINEDUC, por lo que, en concordancia con el criterio contenido en los Dictámenes N°s. 21.300, de 1996 y 55.493, de 2015, tales créditos en favor de los establecimientos educacionales se deben sujetar a las reglas comunes de prescripción extintiva establecidas en el Código Civil, en particular sus artículos 2.497 y 2.515, conforme a los cuales el derecho a exigir los aludidos montos se extingue en el plazo de cinco años contados desde que la obligación se hizo exigible. Añade que los organismos del Estado, en su condición de deudores, no pueden renunciar a la prescripción ni cumplir obligaciones naturales, a menos que se encuentren expresamente facultados para ello.

Refiere que el oficio contra el cual se recurre puede y debe ser considerado como un acto administrativo, conforme lo prescribe el artículo 3º de la Ley N° 19.880.

En primer lugar, afirma que dicho acto es ilegal ya que del artículo 7º de la ley N° 19.609, que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal, en los casos que indica, se advierte que, en el evento de producirse un atraso en el reintegro de las imposiciones previsionales devengadas por parte de los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados, el Ministerio de Educación se encuentra en la obligación de retener de los recursos que a dichas personas les corresponde percibir en virtud del DFL. N° 2, de 1998, por la subvención educacional respectiva, un valor equivalente a las cotizaciones que ellas deben pagar, haberes que sólo serán restituidos al sostenedor del establecimiento educacional una vez que aquél acredite haber efectuado el pago de las imposiciones previsionales de sus trabajadores o dependientes, que mantiene insolutas.

En razón de ello, afirma que habiendo acreditado su parte que efectuó el pago de algunas de las cotizaciones previsionales adeudadas, procedía que la recurrida adoptara las medidas pertinentes a fin de liberar aquella parte de la subvención retenida, en un monto igual a las imposiciones solucionadas, ya que la retención que establece, debe ser equivalente a la cuantía de las cotizaciones previsionales impagas, la que en el caso asciende a la suma de $143.964.696.- En segundo lugar, sostiene que el argumento dado por la recurrida para no pagar los fondos retenidos, se contrapone a las reglas comunes a todo tipo de prescripción extintiva, dado que uno de los requisitos fundamentales para que opere, es que ésta debe ser alegada y declarada judicialmente; por lo que la recurrida incurre en una ilegalidad al dictar el oficio reprochado, pues no existe una resolución judicial que efectivamente haya declarado la prescripción.

En cuanto a sus garantías fundamentales, manifiesta que ello conculca su derecho de igualdad ante la Ley y en el ejercicio de sus derechos ya que la recurrida rechazó su solicitud sin existir una sentencia firme y ejecutoriada dictada por un tribunal de la República que así lo haya declarado, constituyéndose como una comisión especial.

Añade, que se vulnera su derecho de propiedad toda vez que según el artículo 13 del DFL 1-3063 de 1980 y la Ley General de Subvenciones del Estado a los Establecimientos Educacionales, del DFL 2 de 1998, las subvenciones que reciban las corporaciones de este tipo pasan a ser ingresos propios.

Finalmente señala, que el derecho que asiste sobre los fondos retenidos por no pago de cotizaciones previsionales es indubitado y de los hechos descritos se deprende que se requiere de un remedio que sea pronto y eficaz.

SEGUNDO: Que comparece don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, quien informando al tenor del recurso, solicita el rechazo del mismo.

Indica que el año 2016, a raíz de una auditoría aleatoria realizada a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Maulé, consultó al ente contralor el procedimiento para regularizar los fondos que se encontraban en las cuentas corrientes de esta entidad, por concepto de subvención educacional y que fueron retenidos a los sostenedores de establecimientos educacional que no cumplieron con su obligación de pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la ley N° 19.609.

Manifiesta que la Contraloría General de la República señaló la inexistencia de disposiciones legales que versen sobre la prescripción para el cobro por parte de los sostenedores educacionales de las subvenciones que han sido retenidas, exponiendo que se debían sujetar a las reglas comunes de prescripción extintiva estipuladas en los artículos 2.497 y 2.515 del Código Civil, por lo que el derecho a exigir el pago de los montos por concepto de retención previsional, se extingue en el plazo general de cinco años contados desde que la obligación se hizo exigible.

Afirma que se indicó que los organismos del Estado -si no están expresamente facultados- no pueden renunciar a la prescripción ni cumplir obligaciones naturales, por cuanto estos carecen de la facultad de disposición y les corresponde el deber de resguardo de los intereses del Estado, por lo que en Dictamen N° 77369 de 2016, la Contraloría General de la República expuso, que no resultaba procedente que los organismos de la Administración paguen una deuda en los casos en que se den los supuestos de la prescripción.

Añade que solicitó a la Contraloría General de la República reconsideración del dictamen mencionado en cuanto a la contabilización del plazo de 5 años a los que hacía alusión en su pronunciamiento, pero mediante Dictamen N° 2734 de 2020, el ente contralor aplicó nuevamente lo expuesto.

Ante ello argumenta que la prescripción se cuenta desde que se hizo exigible la obligación, es decir, desde la ejecución -o contabilización- de la retención previsional que, para el caso particular, correspondió al mes de julio de 2015 y la ejecución de la retención previsional se practicó en el mes de julio de 2015 por un monto de $91.932.800.-, de acuerdo a la resolución exenta N°URS-13/000115 de 2015, por lo que habiéndose presentado la solicitud en noviembre de 2020 por la recurrente, fue posible advertir que había transcurrido el plazo de 5 años desde la ejecución.

Precisa que ante la ausencia de disposiciones legales relacionadas con el plazo para solicitar la liberación de las retenciones previsionales aplicadas según lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N°19.609, lo ordenado por la Contraloría General de la República en los dictámenes citados y la ausencia de disposiciones legales que le otorguen a esta entidad pública la potestad de declarar o renunciar a la prescripción, emitió el Oficio Ordinario N° 2228 de 2020 que no contiene decisión alguna en cuanto a rechazar la solicitud presentada, debido a que no se trata de una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública, dotada de poder de decisión sobre asuntos propios, pues su parte no cuenta con la potestad ni de declarar la prescripción, ni tampoco de renunciar a ella, sino que solo se limitó a informar a la recurrente los dictámenes de la Contraloría General de la República a través de los cuales ordenó al Ministerio de Educación, regularizar los fondos que se encuentran en las cuentas corrientes del órgano público referidas a las retenciones previsionales, con el objeto de liberar las disponibilidades.

Esgrime que su parte actuó conforme lo disponen los artículos 6º y 7º de la Constitución Política, ya que el artículo 5° de la ley Orgánica Constitucional del ente contralor, le otorga la denominada facultad dictaminadora, siendo vinculantes sus decisiones e informes expresados mediante dicha potestad y obligatorios para los órganos de la Administración del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º y 19° de la ley orgánica citada.

En segundo lugar, esgrime que el DFL N° 2, de 1998, de Educación, dispone en su artículo 6º letra f) que los establecimientos de enseñanza puedan impetrar el beneficio de la subvención, deberán cumplir con los siguientes requisitos: f) Que se encuentren al día en los pagos por conceptos de remuneraciones y de cotizaciones provisionales respecto de su personal”.

Agrega que el artículo 7º de la Ley N°19.609 refiere que a contar del primer día del mes siguiente al de la fecha de su publicación, en caso que se produzca un atraso en el integro de imposiciones previsionales que se devenguen a partir de esa fecha, por parte de los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados, el Ministerio de Educación deberá retener de los recursos que les corresponda percibir, por aplicación del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido de la ley de Subvenciones Educacionales, un monto equivalente a las cotizaciones que éstos deban pagar. Dicho monto será devuelto al sostenedor cuando éste demuestre haber pagado las cotizaciones correspondientes.

Indica que bajo ese imperativo legal, su parte través de la unidad regional de subvenciones, mensualmente recibe de los sostenedores educacionales los documentos que acreditan el cumplimiento de sus obligaciones previsionales para con sus trabajadores, mediante el Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) o Formulario de Presentación de Documentación laboral y previsional.

Señala que el 17 de julio de 2015, fue emitida la r Resolución Exenta N° URS-13/00115 de la unidad regional de subvenciones, mediante la cual se ordenó la retención parcial de la subvención del mes de julio de 2015, a los establecimientos educacionales y Corporaciones que se indican, por el incumplimiento de pago de las obligaciones provisionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°19.609. Dentro del listado se encuentra la recurrida a quien se le efectuó la retención de la subvención por un monto de $91.932.800.- y no el monto que esta indica en su presentación, retención que fue contabilizada en el mes de su retención, esto es, julio de 2015.

Refiere que su actuar ha sido completamente ajustado a derecho, sin generar una vulneración a los derechos expuestos por la recurrente, por cuanto obró con apego irrestricto a la norma y a la obligación de los órganos de la Administración del Estado, de sujetar sus actuaciones al control de juridicidad ejercido por la Contraloría General de la República, así como también cumplir con el principio de legalidad que debe imperar en todas las actuaciones de los órganos estatales.

TERCERO: Que al momento de resolver el fondo, cabe tener presente que el recurso de protección se caracteriza por ser un mecanismo de emergencia rápido y eficaz frente a manifiestas violaciones de aquellos derechos básicos detallados por el constituyente, en términos que es posible afirmar que se trata de una reacción frente a situaciones anormales y evidentes que atentan contra alguna de las garantías que establece la constitución, que no puede incluir- dada su naturaleza , protectiva, así como las circunstancias procesales en que se desenvuelve- situaciones o casos que dicen relación con declaraciones o constituciones de derechos, ni para solucionar conflictos que son conocidos por los organismos competentes y se encuentran sometidos a procedimientos establecidos.

CUARTO: Que no existe controversia respecto del acto que se reprocha por la actora, cual es, el oficio Ordinario N° 002228 de 18 de diciembre de 2020 emitido por el Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región de Metropolitana, que rechazó la solicitud de la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal de liberación de fondos retenidos por no pago de cotizaciones previsionales, por lo que la cuestión a dilucidar es sí dicho acto puede ser estimado de ilegal y/o arbitrario.

QUINTO: Que, en ese contexto, cabe tener presente que lo que se pretende a través de la acción intentada, es que de deje sin efecto el oficio Ordinario N° 002228, y que esta Corte, ordene a la recurrida que pague los fondos adeudados, de lo que se desprende que el ámbito bajo el cual se pretende la actuación de este Tribunal, excede los márgenes de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental, que comprende sólo situaciones inequívocas de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, por cuanto se pretende obtener una declaración de un derecho que es controvertido por las partes, máxime cuando la recurrida alega la imposibilidad de enterar dichos fondos por encontrarse prescrita la acción, lo que necesariamente debe ser discutido en la vía procesal que corresponda, en un juicio de lato conocimiento.

SEXTO: Que sin perjuicio de lo expuesto por las partes, se evidencia que no existe un derecho indubitado, por cuanto se encuentra controvertido por las partes el derecho de la actora a pedir la restitución de los fondos retenidos y, además, el monto de los mismos.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, y sólo a mayor abundamiento, cabe consignar -en relación a las garantías que se citan como vulneradas, la del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sólo resulta protegida por la acción constitucional que consagra el artículo 20 del referido cuerpo fundamental, en su inciso cuarto, no invocado en el caso de autos, y la del numeral segundo de la misma norma, requiere que ante casos similares o idénticos, la interpretación de la norma no sea hecha de manera uniforme, lo que no se desprende de los antecedentes agregados a la causa.

Tampoco se advierte una vulneración al derecho de propiedad de la actora, por resultar discutido justamente su derecho de dominio respecto de los fondos retenidos.

OCTAVO: Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado, sin perjuicio de los derechos que el recurrente pueda hacer valer en el procedimiento que corresponda.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal en contra de don nombre reservado, en su calidad de Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región de Metropolitana.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-627-2021.