Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

Al folio 22: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece la abogada doña Carla Hermosilla Órdenes, en representación de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de licencias médicas, lo cual constituiría una vulneración a sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el recurrente tiene 53 años y se desempeña como como Conserje. Expresa que se le han denegado un conjunto de licencias médicas pese a ser diagnosticado con lumbociática izquierda secundaria, espondilolistesis degenerativa lumbar y esteniolistosis degenerativa. Afirma que estas condiciones requieren tratamientos, operaciones y rehabilitaciones, además de reposo, lo que ha dificultado las tareas de su trabajo.

Relata que el año 2014, el recurrente llegó al Hospital San Borja debido a dolores intensos. Fue diagnosticado con un desgarro del anillo fibroso entre los discos vertebrales L3 y L4. Con el tiempo, desarrolló espondilolistesis degenerativa lumbar, un desplazamiento vertebral, y ciática. Pese a los tratamientos, su condición no mejoró y finalmente fue operado a fines de 2019. Sin embargo, eventos como el estallido social y la pandemia en 2020 dificultaron sus terapias de rehabilitación.

Seguidamente, durante el año 2020, sin supervisión médica, el recurrente desarrolló nuevos problemas vertebrales, incluyendo anterolistesis, disminución en la densidad ósea, derrames articulares, raquiostenosis, pseudoprotusión, entre otros. Indica que estos diagnósticos requerían otra operación, que se llevó a cabo el 16 de marzo del año en curso, tras esperar en lista debido a eventos como un incendio en el hospital y la pandemia.

Alega que, pese a su complicada situación de salud y la necesidad de reposo, se han rechazado varias de sus licencias médicas, las correspondientes a las N° RUT reservado, 51934923-K, 54095401-1, 56239540-7, 58479151-9, 60524005-4, 62981104-4, 64649096-0, 67234665-7, 69456140-3, 71377953-9, 73407886-7, 75770944-9, 77691055-4 y 79685394-8. Indica que estos rechazos fueron ratificados por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) el 30 de marzo de 2023 y 28 de marzo de 2023.

Refiere que la recurrida rechazó las licencias médicas de argumentando que el reposo "no se encontraba justificado". Al respecto, afirma que la decisión de SUSESO es controvertida porque especialistas en contacto con el recurrente difieren de su posición, sumado a que la recurrida no proporcionó razones sobre por qué consideró injustificado el reposo, a pesar de las recomendaciones de un profesional de salud.

Concluye que la ilegalidad del acto impugnado se manifiesta por cuanto la decisión de SUSESO al rechazar las licencias no se encuentra debidamente fundada. Al respecto, indica que el Decreto Supremo N° 3 establece el protocolo para aprobar o rechazar licencias médicas, señala que las autoridades fundamentar sus decisiones claramente, cuestión que en la especie no ocurrió, máxime si el artículo 21, otorga la posibilidad de adoptar medidas adicionales por las autoridades para garantizar decisiones justas en materia de licencias médicas, como solicitar nuevos exámenes o informes complementarios. En dicho sentido, afirma que ni SUSESO ni COMPIN solicitaron información adicional antes de tomar su decisión, lo que contradice las referidas recomendaciones.

En virtud de lo anterior, solicita se acoja el recurso interpuesto y, en definitiva, se disponga que la Superintendencia de Seguridad admita las licencias médicas rechazadas y ordene el pago de las licencias médicas N° RUT reservado, 51934923-K, 54095401-1. 56239540-7, 58479151-9, 60524005-4, 62981104-4, 64649096-0, 67234665-7, 69456140-3, 71377953-9, 73407886-7, 75770944-9, 77691055-4 y 79685394-8 o que se ordene a la Superintendencia de Seguridad Social practicar los exámenes médicos que estime pertinentes.

Segundo: Que, evacuando informe doña nombre reservado, en su calidad de presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, expresa que las licencias médicas Ns° RUT reservado, 54095401-1, 56239540-7, 58479151-9, 60524005-4 y 75770944-9, fueron rechazadas por reposo injustificado. En cuanto a las licencias médicas N°s 51934923-K, 62981104-4, 64649096-0, 67234665-7, 69456140-3, 71377953-9, 73407886-7, fueron rechazadas por no contar con antecedentes médicos que respalden el diagnóstico. Respecto a la licencia médica N° 77691055-4, esta fue rechazada por falta de causa medica que justifique el reposo. Por último, en relación a la licencia médica N° 79685394-8, esta fue rechazada ya que la patología es irrecuperable con previo TPI rechazado por igual diagnóstico y MCT menor a 50%.

Hace presente que, corresponderá el rechazo de una licencia médica, cuando el trabajador tiene capacidad residual de trabajo superior al 50% y, por tanto, puede desarrollar su actividad laboral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 3.

Explica que el Decreto Supremo N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Estima que las actuaciones realizadas por la COMPIN, al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica, se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Tercero: Que, evacuando informe la Superintendencia de Seguridad Social, solicitó el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, con costas, argumentando en primer lugar, la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social y, en subsidio, evacuó su informe, argumentando que dicho servicio no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario que haya vulnerado, respecto de la parte recurrente, alguna de las garantías que las Constitución Política de la República establece en su artículo 19.

En cuanto a la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, argumenta que los derechos que forman parte de dicho sistema no se encuentran amparados por esta acción cautelar.

Al respecto, explica que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. N.º 1, de 2005, del Ministerio de Salud y del Decreto Supremo N.º 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; así como las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y el pago de la prestación pecuniaria por éstas originadas, es decir, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley N.º 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección, motivo por el cual solicita se declare improcedente.

En cuanto al fondo del recurso, se refirió en detalle al marco normativo relacionado con el caso de autos, así como a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, concluyendo que, en la especie, no existe ilegalidad o arbitrariedad alguna que se le pueda imputar a dicho servicio, en la dictación del acto administrativo que por esta vía cautelar se reclama, destacando que las peticiones del recurso, desbordan los límites de aplicación de este tipo de acciones constitucionales, máxime cuando la parte recurrente no goza de un derecho indubitado que pueda ser protegido.

En dicho sentido, respecto a la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 45 días, a contar del 13 de marzo de 2021, y rechazada por COMPIN por reposo no justificado, indica que la Superintendencia confirmó dicho rechazo mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-78974-2021, de 22 de junio de 2021, puesto que previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que, los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justificó la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado. Al respecto, anota que el recurrente tuvo un primer trámite de invalidez rechazado y 1335 días acogidos por la misma patología. Si el trámite de invalidez iniciado el 9 de febrero de 2021 le resultara favorable, es decir, mayor a un 50% de menoscabo, podría solicitar la reconsideración de sus licencias.

Seguidamente, el recurrente presentó por segunda vez, con fecha 29 de diciembre de 2021, la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-78974-2021. Junto con lo anterior, reclamó por el rechazo de las licencias médicas N°s51934923-K, 54095401-1 y 56239540-7. Respecto a esa presentación, se concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas no se encontraba justificado, de acuerdo a los mismos fundamentos vertidos anteriormente, puesto que el reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado a su respecto una incapacidad permanente. Además, el planteamiento de la necesidad de un procedimiento quirúrgico, sin que ello se haya concretado, se estimó improcedente la prolongación del extenso reposo ya autorizado, el que supera los 1.500 días por diagnóstico. Todo lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-DRBS-68294-2022, de 30 de mayo de 2022.

Sin perjuicio de haber resuelto su solicitud de reconsideración, el recurrente presentó por tercera vez, con fecha 22 de julio de 2022, un reclamo por el rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado, 51934923-K, 54095401-1 56239540-7. Junto con lo anterior, reclamó por el rechazo de las licencias médicas N°s 58479151-9, 60524005-4, extendidas por un total de 45 días a contar del 9 de septiembre de 2021, bajo la misma causal de rechazo. En esa oportunidad, el Servicio reiteró los argumentos respecto a la posible configuración de una incapacidad permanente del actor. En esa línea, el recurrente presenta 2 trámites de pensión de invalidez rechazados, ejecutoriados con fechas 18 de octubre de 2018 y 18 de agosto de 2021, pues se le otorgó un menoscabo de su capacidad de trabajo de un 34% en cada uno, lo cual no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, se reconoce que presenta lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado por más de 1.500 días. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-43068-2023, de 30 de marzo de 2023.

Seguidamente, el recurrente presentó por cuarta vez, con fecha 26 de octubre de 2022, reclamo por el rechazo de las licencias médicas N°s 62981104-4, 64649096-0, 67234665-7, 69456140-3, 71377953-9, 73407886-7, 75770944-9, 77691055-4 y 79685394-8, extendidas por un total de 405 días a contar del 8 de diciembre de 2021, por reposo no justificado. Respecto a esa reclamación, el Servicio volvió a reiterar los fundamentos del párrafo anterior para su rechazo, según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-41331-2023, de 28 de marzo de 2023.

Finalmente, el recurrente presentó por quinta vez, con fecha 20 de abril de 2023, la reconsideración de las resoluciones de 28 y 30 de marzo de 2023. En dicha oportunidad, el Servicio señaló que, el reposo prescrito por las licencias médicas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio.

Precisa que la parte recurrente, para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Al respecto, o señalado anteriormente es concordante con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por sus especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como señala, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por el Organismo Fiscalizador. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R- 01-UNAAD-62971-202, de 10 de mayo de 2023.

Refiere que los facultativos de la Superintendencia, consistente con lo señalado, informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Rechaza. Presenta licencias médicas por 45 días continuos, con diagnóstico de Síndrome de espada fallida, declarada irrecuperable y con un Trámite de pensión de invalidez ejecutoriado el 18.10.2018 que dictaminó pérdida de 34% de capacidad de ganancia. Inició 2o Tr de PI. Patología crónica e irrecuperable”.

Al respecto, el recurrente presentó solicitud de calificación de invalidez conforme al D.L. N° 3.500, de 1980, rechazada por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, mediante Dictamen N° 024.4221/2021, que le otorgó una 34% de incapacidad global, por el diagnóstico de Lumbago Operado. Afirma que dicha resolución se encuentra ejecutoriada con fecha 3 de julio de 2021.

Concluye que habiéndose determinado, en base a parámetros técnicos y de conocimientos médicos por la citada Comisión Médica, que la patología del actor es de carácter permanente y, en consecuencia, no susceptible de recuperación, no es posible advertir que se cumpla el propósito último de la emisión de las licencias médicas reclamadas, esto es que, a través del reposo laboral prescrito, el trabajador pueda recuperar su capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Conforme a ello, estima que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de confirmar el rechazo de las licencias médicas de la parte recurrente, se encuentra médica y administrativamente justificado, debido a que los antecedentes tenidos a la vista no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

En consecuencia, sostiene que la Superintendencia de Seguridad Social no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario, ni ha vulnerado los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a la parte recurrente, máxime cuando a dicho servicio, en ejercicio de las facultades y prerrogativas que el legislador ha dispuesto en la Ley N.º 16.395, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

Por estas razones, solicita el rechazo de la acción constitucional deducida en su contra, con costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, en el presente caso, los actos que se tildan de ilegales y arbitrarios corresponden a:

1.- Resolución Exenta N° r-01-ibs-43068-2023 Santiago, de fecha 30 de marzo de 2023:

“CONSIDERANDO:

Que, ha recurrido con fecha 20 de octubre de 2022 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-DRBS-68294-2022 de fecha 30 de mayo de 2022 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, 51934923-K, 54095401-1, 56239540-7, extendidas por un total de 180 días a contar del 13 de marzo de 2021, por reposo no justificado.

Que, además, la parte interesada reclama por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 58479151-9, 60524005-4, extendidas por un total de 45 días a contar del 9 de septiembre de 2021, bajo la misma causal de rechazo.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, 51934923-K, 54095401-1, 56239540-7, 58479151-9, 60524005-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que analizados los antecedentes adjuntos, estos permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, configurando así una incapacidad permanente. En esa línea, la parte reclamante presenta 2 trámites de pensión de invalidez rechazados, ejecutoriados con fechas 18 de octubre de 2018 y 18 de agosto de 2021, otorgándole un menoscabo de su capacidad de trabajo de un 34% en cada uno, lo cual no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, reconoce que presenta lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado por más de 1.500 días.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, 51934923-K, 54095401-1, 56239540-7, 58479151-9, 60524005-4, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

2.- Resolución Exenta N° R-01-UME-41331-2023 Santiago, de fecha 28 de marzo de 2023, la que resolvió:

“CONSIDERANDO:

Que, ha recurrido con fecha 26 de octubre de 2022 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN: RUT reservado, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 62981104-4, 64649096-0, 67234665-7, 69456140-3, 71377953-9, 73407886-7, 75770944-9, 77691055-4, 79685394-8, extendidas por un total de 405 días a contar del 08 de diciembre de 2021, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 62981104-4, 64649096-0, 67234665-7, 69456140-3, 71377953-9, 73407886-7, 75770944-9, 77691055-4, 79685394-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, cursando con prescripción de licencias médicas para el cuadro diagnosticado por más de 1.500 días, sin lograr su recuperación.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 62981104-4, 64649096-0, 67234665-7, 69456140-3, 71377953-9, 73407886-7, 75770944-9, 77691055-4, 79685394-8, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Sexto: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.

Séptimo: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así como el presente recurso se erige en contra de las Resoluciones Exentas antes signadas, que confirmó el rechazo de licencias médicas que en ellas se consignan.

Octavo: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Noveno: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA). De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Décimo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Undécimo: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este Reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (artículo 1).

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

Duodécimo: Que en el caso de autos la decisión adoptada por la COMPIN y refrendada por la Superintendencia, no aparece revestida de los necesarios fundamentos, por cuanto no se observa la razón del cambio de criterio para autorizar ciertas licencias médicas y luego dejar de hacerlo, más aún que no se han practicado nuevos exámenes ni peritajes médicos por parte de la autoridad independiente en la materia, que permitan sustentar dicha variación, sin que los peritajes practicados por la Isapre gocen de mérito suficiente para acreditar aquello, ya que se trata de prueba de la propia parte que ha rechazado originalmente las licencias médicas objeto de este recurso, a pesar de los reiterados informes del recurrente.

Décimo tercero: Que, conforme al mérito de los hechos expuestos, se advierte que la decisión de la autoridad recurrida carece de elementos objetivos que la sustenten, por cuanto para afirmar que el reposo no se encuentra justificado, no hace referencia a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó; omisiones que la privan de fundamento, acorde a los antecedentes médicos del recurrente.

Décimo cuarto: Que, en relación con los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Décimo quinto: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

Décimo sexto: Que, en consecuencia, la conducta de organismo recurrido no se ajustó a la normativa vigente, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de salud de la parte recurrente antes de rechazar sin más y sin nuevos antecedentes lo obrado por Fonasa y la Compin.

De esta forma, la autoridad recurrida ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o a una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, lleva a considerar que la decisión de la Suceso carece de fundamento por no comprobar, teniendo los medios para ello, el diagnóstico del recurrente, aunado a su historial clínico.

Décimo séptimo: Que, en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la parte recurrente, porque la actuación de la recurrida al carecer de fundamento y contenido agrava la situación de salud del actor, quien no ha podido gozar del subsidio por incapacidad laboral.

Décimo octavo: Que, con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que:

“Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que, de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

Décimo noveno: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales de la recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas la acción constitucional interpuesta por don don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se dejan sin efecto las Resoluciones Exentas N° r-01-ibs-43068-2023 Santiago, de fecha treinta de marzo de dos mil veintitrés y N° R-01-UME-41331-2023, de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente, encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual del actor, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas N° RUT reservado, 51934923-K, 54095401-1, 56239540-7, 58479151-9, 60524005-4 y 62981104-4, 64649096-0, 67234665-7, 69456140-3, 71377953-9, 73407886-7, 75770944-9, 77691055-4 y 79685394-8, Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° Protección 6268-2023.