Protección contra Director del Trabajo

Foja: 557 Quinientos Cincuenta y Siete C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil quince.

Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que comparecen la Sociedad Río Dulce S.A., C.P.T. Empresas Marítimas S.A., La Península S.A., Sociedad Naviera Frasal S.A., Sociedad Naviera Austral S.A., Sociedad Naviera Isla Margarita Ltda., Navimar Ferries S.A., Biomasa S.A., Transportes Marítimos Kochifas S.A., Transportes Petromar Limitada, Servicios Marítimos Oxxean S.A., Sociedad de Transportes Marítimo Chiloé Aysén S.A., Sociedad Naviera Puelche S.A., Sociedad Transportes Patagonia Travelling Service Ltda, Naviera Cruz del Sur Ltda. y don nombre reservado, todos representados por sus mandatarios don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; Sociedad Detroit Chile S.A., representada por su mandatario, don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; Naviera Orca Chile S.A., representada por su mandatario y domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, tripulante general de cubierta, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, ciudad de Puerto Montt, y; el Sindicato de Trabajadores Navieros (SITRANAV), domiciliado en domicilio reservado; quienes interponen recurso de protección en contra del Director del Trabajo, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Ordinario 3009/44 de 17 de junio de 2015, sosteniendo que constituye una amenaza a sus derechos constitucionales establecidos en los numerales 1, 2, 3, 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señalan que la Dirección del Trabajo, a petición la Federación de Sindicatos de Oficiales de la Marina Mercante, emitió el Dictamen N° 5163/83 respecto a la jornada laboral y descanso de la gente de mar, determinando que el capitán y el jefe de máquinas se encuentra liberados de efectuar turnos de guardia de mar, debiendo disponer las naves de mayor dotación. Lo anterior fue impugnado por las empresas navieras de la zona austral, mediante un recurso de reconsideración que fue rechazado por el acto recurrido mediante el Ordinario N° 3009/44, de manera que lo dispuesto resulta obligatorio para los funcionarios de la Dirección del Trabajo y sus fiscalizadores, quienes deben exigir su cumplimiento a los particulares, erigiéndose en normas de carácter erga omnes.

Afirman que la marina mercante nacional ha estado sujeta a las disposiciones de policía, seguridad y forma de trabajar que ha dictado la Armada de Chile a través de la Dirección General del Territorio Marítima y Marina Mercante Nacional, ello por delegación del Decreto Supremo N° 31 de 1999 que fija las dotaciones mínimas de seguridad de las naves. En su concepto dicha entidad tiene la competencia exclusiva para regular aquellos aspectos relacionados con la tripulación, que prevalece sobre cualquier normativa vigente en esta materia, estando vedado al Director del Trabajo interferir o modificar las resoluciones que aprueban las dotaciones de embarcación, como en la especie ha ocurrido.

En cuanto a la ilegalidad, sostienen que el acto recurrido fue dictado fuera del ámbito de competencia que le confiere la ley a la Dirección del Trabajo pues a ésta le corresponde determinar el sentido y alcance de la normativa aplicable, sin que pueda establecer nuevas exigencias como ha ocurrido en el acto que se impugna. Precisa que se establecen requisitos no exigibles para la navegación en aguas interiores ya que Chile ha ratificado el “Convenio Internacional sobre norma de formación, titulación y guardia para la Gente de Mar” (STCW/78), instrumento internacional que sólo se aplica a buques de navegación marítima, distintos a los que navegan exclusivamente en aguas interiores o protegidas, por lo que las exigencias realizadas en por dicha normativa, no son aplicables a los trabajadores embarcadas en naves que se dedican al apoyo a la acuicultura o que naveguen en aguas interiores.

Sostienen que el acto es arbitrario pues discrimina entre naves mercantes y las pesqueras, exigiendo mayor dotación sólo a las primeras, pese a que ambos navíos están reguladas de la misma manera y por las mismas disposiciones en cuanto a su tripulación.

Respecto a la garantía de igualdad ante la ley sostiene que la interpretación dada por la Dirección del Trabajo constituye una discriminación entre las naves a las que la Autoridad Marítima les ha certificado que llevan a bordo dos o más pilotos o ingenieros de máquinas y las que no, ya que los recurrentes no podrán zarpar sus naves sin tener otro piloto u otro tripulante de máquinas pues incurrirían en una infracción laboral. Lo que además tiene efectos retroactivos al respecto toda vez que las naves fueron construidas en base a los certificados entregados por la Autoridad Marítima y con la nueva interpretación, las naves deberán adaptarse físicamente para poder cumplir con las exigencias.

En cuanto al derecho de propiedad garantizado, refieren que éste se ha visto afectado, puesto que hasta su dictación ejercían una actividad económica en determinadas condiciones que configuran un derecho adquirido, afirmando que se han visto obligados a paralizar todas sus flotas y proceder a despedir a todas sus dotaciones.

En torno al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, argumenta que las exigencias establecidas vienen a poner en peligro a la tripulación, estableciendo condiciones que afectan el trabajo y la vida de los tripulantes.

Respecto a la garantía constitucional de establecida en el artículo 19 número 3, se sostiene que la Dirección del Trabajo se ha erigido en una comisión especial que emite juzgamiento sobre la actividad de los recurrentes. En cuanto a las garantías constitucionales de libertad de trabajo y a desarrollar cualquier actividad económica, los recurrentes realizan un análisis de las normas jurídicas que consideran atingentes al asunto, señalando que el dictamen recurrido altera el denominado principio primacía de la realidad que rige en materia laboral y que es aplicable al caso.

En el petitorio del recurso los recurrentes solicitan que se tomen todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, en particular, se proceda a dejar sin efecto el Ordinario N° 3009/44 de 2015 y, en su lugar, se disponga que se acoge la reconsideración parcial solicitada del Dictamen 5163/83 de 2014, de forma tal que no se altere el régimen legal y contractual aplicable a los capitanes y jefes de máquinas de la marina mercante nacional, los que seguirán siendo reemplazados de su labor al mando del timón de la nave o de la máquina, conforme a los turnos y guardias dispuestos en los respectivos cuadros reguladores del trabajo a bordo, debiendo el armados siempre sujetarse a las dotaciones mínimas de seguridad que le fije la Autoridad Marítima a cada nave de conformidad a sus circunstancias, todo lo anterior con costas.

2°) Que, como primer aspecto de su informe, la recurrida advierte sobre la extemporaneidad del recurso interpuesto. Refiere que al acto impugnado no es otro que el Dictamen Ordinario Nº 5163/ 44 de 22 de diciembre de 2014, por tanto, al momento de deducir los recursos había transcurrido el plazo establecido al efecto. Agrega que no hay interés actual por parte de los recurrentes pues se recurre solo contra el dictamen que rechaza la reconsideración, no resultando posible revisar la doctrina contenida en el Oficio Nº 5163/083, cuya vigencia legalidad se cuestiona en estos autos.

En cuanto al fondo, descartan la la arbitrariedad que se les reprocha y señala que los dictámenes reclamados fueron dictados por la Dirección del Trabajo como respuesta a presentaciones efectuadas por FESIMAR y ARMASUR A.G, es decir, en ejercicio de la función interpretativa que le corresponde y en el marco de las atribuciones constitucionales y legales que le son propias. Precisa que el resultado de la función interpretativa de la Dirección del Trabajo no tiene la naturaleza de resolución judicial, no siendo obligatoria como lo pretenden exponer los recurrentes y solo les puede afectar a los particulares en cuanto les sea impuesta una sanción por funcionarios dentro del marco de sus facultades fiscalizadoras, cuestión que no ha ocurrido.

Respecto los motivos que dieron origen al dictamen N° 5163/083 y luego al acto recurrido, señala que éste viene a ser una respuesta a la presentación escrita de dos entidades sindicales y que dicen relación con la determinación acerca de si el Armador tendría facultades, de conformidad con la legislación laboral vigente, para obligar a asumir al Capitán y al Ingeniero Jefe de Máquinas, las guardias de Primer Oficial de Puente y Primer Oficial de Máquinas, en el período de navegación, durante el lapso en que estos últimos realizan sus descansos. En este contexto se realizaron fiscalizaciones y se pudo advertir que los Capitanes y los Jefes de Máquinas, al momento de realizar sus guardias, también hacían las guardias del Primer Oficial de Puente y Primer Oficial de Máquinas, de manera que se no cumplía con las normas sobre descanso del personal a bordo ni respecto de la confrontación de los turnos de guardia de mar. Refiere que FESIMAR y ARMASUR A.G., solicitaron reconsiderar lo resuelto, razón por la que se realizaron nuevas visitas inspectivas, sin embargo, pese a los argumentos expuestos por las recurrentes, se llegó a la determinación de rechazar la reconsideración presentada y asentar la opinión administrativa por la cual se recurre.

Considera, respecto a la legalidad y arbitrariedad, que no existe en la ley laboral ninguna clase de distinción en torno a las aguas interiores, por lo que en los casos del contrato de embarco de los oficiales y tripulantes de Naves de la Marina Mercante Nacional se aplica en plenitud lo señalado en el artículo 116 del Código del Trabajo, con lo cual, se excluye la discriminación que los recurrentes reclaman entre naves mercantes y pesqueras.

Sostiene que no existe ninguna clase de amenaza de vulneración en abstracto ni en concreto respecto de las garantías constitucionales que se enuncian como conculcadas, negando que la autoridad administrativa se haya inmiscuido en el marco de las competencias que le son propias a la Autoridad Marítima Nacional.

Finalmente, por las razones planteadas que, en extenso se tratan en el informe evacuado, considera que no se han afectado las garantías constitucionales apuntadas como vulneradas, solicitando que los recursos de protección sean rechazados, con expresa condena en costas.

3°) Que, en su oportunidad, a petición de los recurrentes y previo a entrar a la vista de la presente causa, se solicitó informe al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. La Secretaría de Estado informa al respecto, señalando los instrumentos internacionales relativos a la materia, pero haciendo presente que la aplicación en detalle debe ser informada por la Dirección General mencionada. Dicha Dirección informa que el artículo 29 del Decreto Ley N° 2.222 de 1978 establece que la navegación, según la zona donde se efectúe, puede ser marítima, regional, fluvial, lacustre y de bahía, de manera que existe una distinción en relación al lugar o zona en cada una de ellas se practique. Señala que son aplicables el Reglamento sobre Formación, Titulación y Carrera Profesional del Personal Embarcado, aprobado por D.S. N° 90 de 1999, el Reglamento de Títulos Profesionales y Permisos de Embarco de Oficiales de La Marina Mercante y Naves Especiales, aprobado por D.S. N° 680 de 1985, el Reglamento General de Matrícula del Persona de Gente de Mar, Fluvial y Lacustre, aprobado por D.S. N° 153 de 1966 y el Reglamento General de Deportes Náuticos, aprobados por D.S. N° 87 de 1997.

4°) Que el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, señala que la acción que prevé el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe deducirse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. En consecuencia, lo primero que esta Corte debe determinar es si la acción deducida fue o no interpuesta dentro del tiempo aludido.

5°) Que los recursos intentados y que se han señalado precedentemente, han impugnado el Dictamen de la Dirección del Trabajo N° 3.009/044, que no hizo otro cosa que rechazar la reconsideración que en su momento se dedujera en contra del Dictamen N° 5.163/083 del mismo ente administrativo, de fecha 22 de diciembre de 2014, que es el que verdaderamente ha producido agravio a los recurrentes. Luego, el plazo para interponer el recurso ha vencido el 21 de enero de este año, de suerte que los interpuestos en la especie son extemporáneos.

6°) Que, en efecto, el acto que realmente constituye un acto ilegal o arbitrario, de acuerdo a la tesis sustentada por los recurrentes, es aquel emanado de la Dirección del Trabajo que, básicamente, dispone que las labores del capitán y del jefe de máquinas deben considerarse como labores continuas y sostenidas mientras permanezcan a bordo y que dichos tripulantes están liberados, por la función que cumplen, de efectuar turnos de guardia de mar, concluyendo el Director del Trabajo que las naves deben disponer de una cantidad mayor de tripulantes. Y esa decisión fue adoptada el 22 de diciembre de 2014, como ya se dijo, la que fue objeto de una reconsideración el día 4 de febrero de 2015, que fue resuelta negativamente por Dictamen 3.099/044 de 17 de junio de 2015, impugnada mediante los recursos de autos. Claramente, entonces, ha trascurrido en exceso el plazo que el Auto Acordado mencionado ha indicado para deducir las acciones de protección, motivo suficiente para ser desestimados, sin que sea procedente entrar al fondo del asunto.

7°) Que, en consecuencia, el acto que realmente se dice ilegal o arbitrario y que supuestamente ha conculcado las garantías que dicen los recurrentes, es aquel del 22 de diciembre de 2014, consistente en el Dictamen N° 5.163/083, de suerte que deducido los recursos de protección el 15 de julio de 2015, ciertamente ello ha sucedido fuera del plazo que el ordenamiento jurídico ha previsto. Y ya ha dicho la Excma. Corte Suprema que en esta materia no tiene aplicación lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 54 de la ley 19.880, que refiere que “Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo”, por cuanto dicha “acción jurisdiccional” es cualquier otra distinta a la que se ha deducido en autos, que es una constitucional, prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental, y por lo mismo tiene un rango superior a lo que previene la citada ley. Luego, dictado el acto que se dice ilegal o arbitrario, los recurrentes han debido deducir su acción dentro del plazo de treinta días a que se refiere el citado Auto Acordado y la interposición de la reconsideración administrativa que, en todo caso, fue pasados los treinta días del acto original, no suspende dicho lapso.

8°) Que en estas circunstancias, el recurso será desestimado, sin que sea procedente pronunciarse sobre el fondo de las acciones constitucionales de autos.

Por estas consideraciones, se rechazan los recursos de protección deducidos y acumulados en estos autos, por extemporáneos, sin costas.

Redacción del Ministro señor Mera.

N°Protección-62593-2015.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra (S) señora María Cecilia González Diez y el Abogado Integrante señor José Luis López Reitze. No firma el Abogado Integrante señor López, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Autoriza el (la) ministro se fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones.

En Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.