nombre reservado con SUPERINTENDENCIA SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, nueve de febrero de dos mil veintiuno.

A los folios 19, 20 y 21: A todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con el 13 de julio de 2020 comparece el abogado don Ignacio Sebastián Pérez Barouh, a nombre y en representación de don nombre reservado, trabajador agrícola, quien deduce acción de protección en contra Asociación Chilena de Seguridad (en adelante ACHS) y de la Superintendencia de Seguridad Social (en adelante SUSESO) por vulneración de las garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 N° 1, 9, 18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que mediante Resolución Exenta R-01-DASU-54273-2020, que le fue notificada el 16 de junio del año 2020, la Superintendencia aludida, se pronunció sobre un recurso de reposición o reconsideración deducido por su parte, respecto de la decisión de no considerar el accidente sufrido por su parte como accidente del trabajo.

Relata que su representado trabaja en Viña Santa Rita hace aproximadamente 65 años, se trata de una persona de un poco más de 80 años, quien decidió continuar prestando servicios para su empleador y con ocasión de sus labores el 15 de enero del año 2020, a las 08:40 horas, cuando se dirigía a buscar herramientas, no se percató que había un fierro en el piso, lo que ocasionó que se tropezara y para evitar caer, en un movimiento brusco, sufrió estiramiento de la musculatura de su pierna izquierda, específicamente en el sector del gemelo.

Señaló que un trabajador estuvo presente en ese momento y que ante la evidencia del dolor derivado del hecho gravoso, informó a la jefatura, quien a través de la secretaria, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 17.644, notificó de inmediato a la ACHS, para que fuera rescatado por ambulancia y le otorgaran las prestaciones médicas correspondientes, por lo que fue derivado al Centro Asistencial de Buin, donde fue atendido por la médico cirujano doña nombre reservado, quien “contra todo pronóstico cimentado en el conocimiento científico y las reglas de la lógica” (sic) luego de oír el relato del paciente y de haber tenido a la vista la descripción del accidente en la D.I.A.T. e ignorando por completo la edad del denunciante, sin haber practicado ningún examen radiológico o de laboratorio, en forma “completamente arbitraria, negligente y temeraria” (sic) determinó mediante el método de la observación, que el diagnóstico era “contractura muscular (gastrocnemio)”, músculo que corresponde al popularmente denominado gemelo, dándole el alta médica inmediata, sin reposo y sin control futuro, prescribiendo 3 días de licencia médica, calificando como un siniestro de origen común, no cubierto por la Ley N° 17.644.

Da cuenta de que la mutualidad de empleadores, en documento intitulado “Certificado término reposo laboral”, declaró que el accidente ocurrió el día 14 de enero de 2020 -y no el 15 de enero- y que correspondía a un evento no ley, es decir, de origen común, otorgándole el alta inmediata sin control futuro con reintegro instantáneo a labores habituales.

Detalla que el dolor en lugar de aliviarse, fue incrementando con el transcurso de los días, por lo que el 17 de enero de 2020 lo llevaron a Centra Vida, en Buin, donde le dieron 11 días de reposo mediante licencia médica y medicamentos para la inflamación y exteriorización de hematomas en el gemelo de la pierna izquierda. Sin embargo, el día 28 del mismo mes y año, fue hasta el centro asistencial Promedical, donde recién ordenaron la realización de una ecografía vascular, cuyos resultados dos desgarros, embolia y trombosis en el músculo gastrocnemio izquierdo, por lo que luego haber estado internado en unidad de urgencia para el tratamiento, le dieron el alta y otorgaron 60 días de reposo, que se extendió por otros 30 días, dándole el alta definitiva el 15 de junio de 2020.

Indica que como consecuencia de estos hechos tuvo que pagar por los servicios médicos, hospitalización, exámenes y medicamentos, la suma de $1.927.383.

Relata que presentó un reclamo ante la SUSESO, con la esperanza de que esa institución determinara que la ACHS efectivamente debía cubrir los gastos, ya que el daño experimentado era consecuencia directa de un hecho gravoso acaecido en el trabajo, cumpliendo con todos los requisitos del artículo 5° de la Ley N° 16.744, sin embargo la Superintendencia a través de la Resolución Exenta N° R-01-UME-46585-2020, habiendo tenido a la vista todos los antecedentes de la ACHS y los generados con sucesión al alta en los establecimientos hospitalarios referidos, dictaminó que no era posible establecer relación de causalidad entre el diagnóstico de contractura muscular y dos desgarros, embolia y trombosis en gemelo izquierdo, confirmando la decisión de la ACHS, que la lesión obedecería a un origen común por un hecho supuestamente acontecido el 14 de enero de 2020 y, que al haberse presentado el día siguiente, no podía establecerse el nexo causal exigido.

Así las cosas y no conforme con lo resuelto, se interpuso recurso de reposición ante la misma institución, la que confirmó el rechazo y lo notificó mediante Resolución Exenta R-01-DASU-54273-2020, ya referida.

Afirma que no pretende enriquecerse injustamente, sino que lisa y llanamente que se le reembolse la cantidad de $1.927.383, debido a que el empleador de su representado paga todos los meses una prima por concepto de seguro de accidentes de trabajo a la ACHS, precisamente para otorgarle cobertura a sus dependientes, confiando de buena fe en la calidad de la atención, lo que en el presente caso habría supuesto a lo menos, argumenta, para poder descartar la existencia de nexo causal entre lo diagnosticado por la ACHS y lo resuelto por “el Hospital del Trabajador”, la realización de un examen radiológico el 15 de enero de 2020, que haya resuelto científicamente que una persona de 80 años que tropezó abruptamente con un fierro, para evitar caer, sufrió un espasmo muscula brusco al estabilizarse y, que a raíz de ello, haya quedado con una contractura muscular.

Estima que si se hubiese realizado una ecotomografía y con esos resultados se hubiera determinado la contractura muscular y la ACHS no hubiese mentido sobre la naturaleza jurídica del hecho gravoso, indubitablemente no podría establecerse relación de causalidad, pero no se realizó, la existencia del mismo deviene, a su entender, a todas luces en irrefutable.

Hace presente que ni la ACHS ni SUSESO llamaron a la empresa para verificar lo sucedido, ni menos hablaron con el testigo presencial del hecho.

En cuanto a las garantías constitucionales, luego de citar el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, argumenta que se produjo una exposición imprudente a la salud e integridad física y psíquica, ya que debido a la conducta negligente de la ACHS, desarrolló embolia y trombosis, que lo situaron en una posición de riesgo vital y hospitalización, y de no haber sido por el cuidado de su hija, lo más probable es que habría fallecido. En cuanto al numeral 9°, indica que se le denegó la protección de su salud mediante triquiñuelas tendientes a desacreditar infundadamente la ocurrencia de un accidente de trabajo, cambiando la descripción realizada por el propio afectado y haciéndola pasar como un hecho no ley, motivo por el cual tuvo que atenderse sin la garantía de la Ley N° 16.744.

En lo referido al numeral 18°, arguye que la ACHS, lo privó de acceder a las prestaciones médicas aseguradas por la Ley N° 16.744, especialmente en relación a su artículo 1°; y en cuanto al numeral 24°, referido al derecho de propiedad, indica que como consecuencia directa de la conculcación de las referidas garantías, se vio en la necesidad de solventar los gastos por concepto de cuentas médicas, ascendentes a la ya referida suma de $1.927.383.

Tocante a la Ley N° 16.744 estima que se han vulnerado los artículos 1, 2 y 15 pues el empleador paga puntualmente el monto de la prima del seguro contra accidentes, empero la ACHS no le otorgó la cobertura requerida, sino que además inventó que el hecho correspondía a un evento no ley y que habría sucedido el día 14 de enero, reiterando lo referido a la falta de exámenes, el alta inmediata y, agrega, que la ACHS en definitiva no dio cumplimiento a la obligación impuesta por la ley que debe respetar como contraprestación del pago enterado mensualmente.

Luego, cita los artículos 4° y 10 de la Ley N° 20.584, que estima han sido transgredidas, haciendo énfasis en la obligación de los prestadores de cumplir con las normas vigentes y los protocolos establecidos en materia de seguridad del paciente y la calidad de la atención de salud y el derecho a ser informado del posible diagnóstico de la enfermedad, de acuerdo con la edad y condición personal y emocional del paciente.

Previas citas legales, solicita que se reestablezca el imperio del derecho, “ordenando a SUSESO a que ACHS” restituya a su representado la suma de $1.927.383 por tratarse de un accidente de trabajo y no de un evento no ley, o en subsidio, directamente a ACHS que la restituya, con expresa y ejemplificadora condena en costas, por el actuar malicioso de esta última y por el obrar desidioso de SUSESO, pese a haber tenido estos mismos antecedentes a la vista.

Segundo: Que, la recurrida Asociación Chilena de Seguridad, evacuando el informe ordenado, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

Luego de referirse en síntesis al recurso, hace una relación que nombra objetiva de los hechos que lo motivan, en la que indica que el protegido es un paciente de 80 años, que cuenta con antecedentes mórbidos de hipertensión arterial y que se desempeña laboralmente como jardinero.

Relata que ingresó a centro de atención ACHS de Buin el día 15 de enero de 2020, a raíz de un accidente laboral, relatando haberse tropezado con un fierro que estaba en el suelo, aproximadamente a las 08:40 horas de ese día. Dice no haber caído al suelo, sino que sólo sufrió el golpe, lo cual de suyo de un mecanismo de baja energía. Igualmente, niega haber sufrido torsión en el tobillo, indica presentar dolor intenso y tirante en su pierna izquierda.

Asevera que fue debidamente atendido por la Dra. Katherine nombre reservado alrededor de las 10:30 horas, quien realizó anamnesis y examen físico, destacando que el paciente caminaba por sus propios medios, con marcha claudicante, su pierna izquierda no presentaba aumento de volumen ni signos de equimosis, sin aumento de volumen, sin signos de insuficiencia venosa ni de TVP (trombosis venosa profunda).

Agrega que la doctora realizó un completo examen físico al paciente, constatando la existencia de dolor a la palpación de gastrocnemio en todo su recorrido, sin presentar gap palpable, al tiempo que la movilidad de la pierna estaba, en ese momento, totalmente conservada, con signo de Thompson negativo para lesión en tendón de Aquiles.

En razón de lo anterior, habida consideración de la inexistencia de una lesión comprobable sino sólo de un cuadro de dolor agudo, del mecanismo de baja energía, insuficiente para provocar una lesión, se califica la situación como de origen común o no ley. Igualmente se le entregó una licencia médica al paciente para que hiciera reposo por al menos 3 días, con indicación de analgésicos, relajante muscular, medidas físicas y, en caso de persistir sus molestias, se le indica que debe requerir atención conforme a su previsión.

Indica que esta situación no fue satisfactoria para el paciente, quien presentó recurso de reclamación del artículo 79 de la Ley N° 16.744 ante la SUSESO, solicitando la revisión médico-técnica-legal de su caso y que este fuera recalificado como caso de lesión laboral y amparado por la referida Ley.

La SUSESO, puesta en antecedentes, en su calidad de órgano fiscalizador y supervigilante de la ACHS, revisados por su cuerpo médico, determinó su correcto actuar, emitiendo el acto administrativo consistente en la Resolución Exenta N° R-01-UME-46585-2020 de 25 de mayo de 2020. Respecto de esa resolución es que la parte recurrente reclama un actuar arbitraria e ilegal, que vulneraría los derechos constitucionales que denuncia como afectados.

Estima que de lo expuesta resulta evidente que su representada no ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales invocadas, de manera que no es posible atribuir un actuar o una omisión arbitraria de su representada ni de la SUSESO.

Alega como excepciones, alegaciones y fundamentos de Derecho, en primer lugar, la improcedencia de la acción cautelar que se pretende y, luego de referirse a las garantías invocadas por el recurrente, en razón de que su representada habría cometido un acto ilegal y arbitrario por la supuesta injustificada calificación otorgada, especialmente a propósito del diagnóstico de otras patologías semanas después de su incidente, argumenta que su representada no ha infringido en forma alguna las normas citadas, ya que como se señaló en el desarrollo de los hechos, la ACHS ha actuado dentro de las facultades con las que cuenta de acuerdo a la Ley N° 16.744.

Esgrime que si la calificación de una lesión como laboral o común es justificada o no, desde el punto de vista técnico, es revisable en el marco de un procedimiento de reclamación ante un órgano competente para resolver las controversias que se susciten entre los organismo administradores y los pacientes atendidos por la tantas veces aludida ley pertinente, esto es, la Superintendencia de Seguridad Social.

Indica que como es sabido y reconocido por la recurrente, presentó reclamación ante la SUSESO en los términos referidos y su reclamación fue rechazada, confirmándose lo obrado por la ACHS en atención a los hechos y a su sustento técnico y médico, mediante una resolución que constituye un acto administrativo decisorio.

Cita a continuación el artículo 3° de la Ley N° “18.880” (sic), en lo referido a la presunción de legalidad de los actos administrativos, del que concluye que un acto administrativo podría ser dejado sin efecto en la medida que se inicie conforme a la Ley un procedimiento administrativo o judicial de impugnación del mismo, procedimiento declarativo que excede con creces el carácter cautelar de urgencia que tiene la acción o recurso de protección, que además exige para su interposición la existencia de un derecho subjetivo de carácter indubitado, carácter que a la luz de lo resuelto por la SUSESO, claramente adolece la posición de la parte recurrente.

A su vez, en virtud del principio de permanencia o de conservación de los actos administrativos, no basta la concurrencia de cualquier situación de ilegalidad para su revisión, reversión o nulidad, sino que debe tratarse de vicios con trascendencia para afectar su validez.

A continuación, se refiere a los mecanismos de revisión de los actos administrativos, contenidos en la Ley N° 19.880, estimando preciso establecer si el acto administrativo vulnera la normativa legal o reglamentaria que regula la materia respectiva o sin incurre en alguna infracción al debido proceso, en cuyo caso será procedente su invalidación, indicando que el vicio debe ser esencial y ocasionar perjuicio al infractor o afectar al interés general.

Agrega que el acto administrativo siempre será impugnable ante los tribunales de justicia en el marco de un procedimiento declarativo, y no uno cautelar y de urgencia como el de autos, en virtud del principio de impugnabilidad recogido en el artículo 15 de la Ley N° 19.880 y el artículo 10 de la Ley N° 18.575, que ordenan proceder en procedimiento breve y sumario, es decir, conforme al Código de Procedimiento Civil, procedimiento al que debería someterse la pretensión de la recurrente, en cuanto excede el ámbito de este procedimiento.

En segundo lugar, alega la inexistencia de hechos arbitrarios por parte de la ACHS, aseverando que no existe tal actuar de su parte que constituya una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Arguye que consta de las atenciones y exámenes que esa parte ha actuado conforme a Derecho, otorgando cada una de las prestaciones médicas respecto del paciente, en forma racional, técnica y legal. Que ello no sea del gusto de “la contraria” no significa que su actuar haya sido arbitrario, máxime si el sustento fáctico, técnico y médico del caso ha permitido a la SUSESO confirmar la corrección en su actuar.

Respecto a los antecedentes que obran en su poder, en cuanto a la ficha médica del paciente, siendo un instrumento que contiene datos sensibles de los que es garante, previene que la información médica que informa es señalada de manera genérica, con la finalidad de no vulnerar la intimidad del paciente, información que acompaña como documento, bajo reserva.

Reitera que en la especie el derecho perturbado, amenazado o privado no se encuentra indubitado, por cuanto la autoridad competente, actuando válidamente, dentro de su competencia y previa investidura regular, ha resuelto que los hechos descrito en la causa y que afectaron al recurrente constituyen una lesión de origen común y no laboral. En ese orden de ideas, la acción de protección se refiere a casos de violación flagrante de garantías fundamentales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido que ponga pronto remedio a los actos u omisiones ilegales o arbitrarios, que no se evidencian en el caso de autos.

En tercer lugar, afirma que no existen actos u omisiones ilegales de su parte, repitiendo que ha actuado con estricto apego a la normativa legal y técnica que le son aplicables y, que ello no sea del gusto del recurrente no le resulta en definitiva oponible a la ACHS y no puede sustentar el recurso. Enfatiza que cumple y ha cumplido con todas sus obligaciones legales a cabalidad, no resultándole comprensible cómo su actuar podría ser ilegal.

En cuarto lugar, argumenta que el recurso de protección tiene carácter de ultima ratio y, en consecuencia, no corresponde a ninguno de los diversos mecanismos jurídicos con los que cuenta la recurrente para poder reclamar declarativamente la situación que supuestamente le afecta, siendo este una vía no contemplada por el legislador para conocer de ella, lo que trae como inevitable consecuencia el que dicho recurso deba ser rechazado en todas sus partes.

En igual sentido, en su concepto el recurso de protección resulta improcedente atendidos los propios fundamentos y solicitudes de la recurrente, no resultando idóneo, atendido que no se ha establecido con ningún nivel de veracidad la comisión de un acto u omisión ilegal o arbitrario de su parte.

Sostiene que repugna al Derecho la instrumentalización de acciones de tutela constitucional para obtener resultados que favorezcan intereses de los particulares, citando al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

En quinto lugar, arguye que el recurso de autos yerra en el marco legal y procedimental aplicable, en el entendido que en el caso de que la recurrente no esté de acuerdo con la calificación que ha confirmado la SUSESO en un acto administrativo, no resulta admisible que se intente su revisión por la vía de la acción de protección, toda vez que la revisión e impugnación de los mismos cuenta con un procedimiento legalmente establecido y descrito, reiterando las citas a la Ley N° 19.880 y 18.575, en lo referido al procedimiento sumario, citando jurisprudencia en respaldo de sus argumentos.

De este argumento, concluye que lo discutido debe ser sometido a un proceso de lato conocimiento en la sede que corresponda, en el que se ponderen adecuadamente las pruebas que al efecto se rindan, siendo esta vía inidónea para lo que se pretende.

Finalmente se refiere al a extemporaneidad del recurso y pide, en definitiva, el rechazo del recurso.

Tercero: Que, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, solicita el rechazo del recurso, alegando la extemporaneidad de la acción y la improcedencia de ella.

En efecto, alega que la falta de oportunidad en el ejercicio de la acción, por haber sido interpuesta una vez vencido el plazo fatal de 30 días previsto para su interposición. De esta forma, al haberse deducido la acción el 13 de julio de 2020, en circunstancias que el recurrente mediante presentación de 12 de abril del mismo año, recurrió por primera vez a ese organismo, reclamando en contra de la ACHS, reclamo que fue rechazado por resolución exenta de fecha 25 de mayo de 2020, presentándose por segunda vez, el 29 de mayo de 2020, solicitando la reconsideración de la referida resolución, lo que fue rechazado según consta de Oficio de 16 de julio de 2020. Así al momento de su segunda presentación, estaba en pleno conocimiento del pronunciamiento de la SUSESO de fecha 25 de mayo de 2020, por lo que transcurrió 45 días desde la fecha de la interposición de esta acción y el conocimiento que el recurrente tuvo del pronunciamiento.

De esa manera, estima, correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos desde, a lo menos, la fecha de su presentación a ese Servicio, esto es, el “28 de mayo de 2020.” A mayor abundamiento, señala, de la sola lectura del recurso se puede apreciar que se pretende la modificación de una decisión adoptada en mayo de 2020 y, en ese sentido, las posteriores reclamaciones formuladas, respecto de los mismos hechos y con los mismos fundamentos según se ha informado, no puede producir el efecto de hacer renacer el plazo de reclamación mediante la acción de protección. Cita jurisprudencia de diversos tribunales en apoyo de sus alegaciones.

Enseguida alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, solicitando que se declare dicha improcedencia por cuanto la materia sobre la que realmente versa la acción, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Indica que las materias pertinentes contenidas en la Ley N° 16.744, son materias que pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección. En ese sentido, señala, la materia respecto de la cual se esgrime la acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, no contemplado en la numeración taxativa del artículo 20 de la carta fundamental.

Hace presente que de conformidad con los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, en el marco de los procedimientos de reclamo que contempla, establece que su representada resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, resultando evidente que en atención a la naturaleza del seguro de ese cuerpo legal, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas. Cita fallos de los tribunales superiores de justicia en respaldo de su posición, del año 2011.

Finaliza este acápite, solicitando que se declare la improcedencia del recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condena en costas.

Luego en cuanto al fondo, refiriéndose en primer lugar a los antecedentes del caso y el marco normativo que regula la materia de autos, aseverando que se desprende de sus argumentos con meridiana claridad la ausencia de un acto ilegal o arbitrario emanado de la SUSESO, toda vez que su actuación se ajusta a las normas que regulan la determinación del origen común o laboral contempladas en la Ley N° 16.744.

Luego de referirse a la competencia y deber de la SUSESO, así como a sus funciones y organización, señala que la materia sobre la que versa la presente acción, esto es, la calificación de una enfermedad como profesional o común, según los presupuestos contemplados en el artículo 5° de la ley pertinente, las prestaciones médicas y económicas que contempla la cobertura del mismo, de resultar procedente, las eventuales secuelas que puede dejar en un trabajador y las prestaciones económicas que de ellos se deriven, se inserta dentro del sistema de protección o seguridad social creado por la Ley N° 16.744.

A continuación, profundiza respecto al seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, las contingencias cubiertas, las personas protegidas y la administración del seguro, así como a la labor fiscalizadora de la SUSESO respecto a las mutualidades, según el artículo 12 de la referida Ley, mutualidades de empleadores entre las que se encuentra la Asociación Chilena de Seguridad.

Enseguida, detalla y se centra en la definición y concepto de accidente del trabajo y enfermedad profesional, en los términos de los artículos 5° y 7° de la Ley N° 16.744, complementado por el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, que dispone que “Para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico.”

En lo que respecta a la revisión del caso, relata que el 12 de abril de 2020, el recurrente concurrió a esa Superintendencia a reclamar en contra de la ACHS, quien calificó como de origen común la patología presentada con diagnóstico de contractura muscular, de lo que discrepa, ya que considera que tiene relación con el accidente que sufrió el 14 de enero de 2020, refiriéndose a que tropezó con un fierro en su trabajo, sufriendo dolor tirante en pierna izquierda posterior. Adjuntó exámenes particulares en los que se evidencia el diagnóstico de desgarro de pierna y trombosis venosa profunda, motivo por el cual estuvo hospitalizado.

Sin embargo, teniendo a la vista los antecedentes aportados proporcionados por la mutualidad y el trabajador, concluyó que la afección era de origen común, debido a que no existe evidencia de una contingencia laboral, toda vez que el mecanismo lesional referido por el trabajador a su ingreso no es suficiente o acorde para generar las patologías de origen no laboral que padece.

En cuanto a los antecedentes tenidos a la vista por los profesionales médicos, fueron debidamente individualizados en la resolución impugnada como “Exámenes particulares, ficha médica, informe, entre otros”, antecedentes con los cuales los profesionales médicos de ese organismo, concluyeron que la afección del trabajador por los diagnósticos de “contractura muscular, desgarro y trombosis venosa profunda de pierna” son de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causalidad, como exige la Ley N° 16.744, entre el cuadro clínico que presentó y el evento ocurrido con fecha 14 de enero de 2020. En efecto, el mecanismo lesional descrito para ese evento no tuvo la suficiente energía ni magnitud para producir la afectación en comento.

Estima menester señalar, además, que en la propia resolución cuestionada se señaló la vía de impugnación del referido acto, el que fue utilizado por el recurrente, al presentar la reconsideración de lo resuelto.

Respecto a esa presentación, señala que cumplió con manifestarle que entre los antecedentes tenidos a la vista, no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto, por lo que rechazó la solicitud y se mantuvo firme lo resuelto previamente. Hace presente que para efectuar una revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su escrito de reconsideración antecedentes fundantes que no se hayan aportado en sus reclamaciones anteriores. En efecto, los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por sus especiales y, por ende, no resulta posible desvirtuar lo fallado.

En relación a los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y su contenido, previene que su divulgación se encuentra regulada en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y la Ley N° 20.584, sobre deberes y derechos del paciente.

Luego, alega la ausencia de derechos vulnerados, refiriéndose en primer lugar a la garantía del artículo 19 N° 1 del texto constitucional, alegando que no se advierte como esa Superintendencia habría vulnerado tal garantía cuando el acto impugnado fue dictado, a lo menos, cuatro meses después de ocurrida la contingencia que se alega como laboral, no teniendo ese Servicio la competencia para el otorgamiento directo de prestaciones de salud.

Respecto al derecho de propiedad, señala que el acto administrativo no cuestiona la existencia de la patología, sino que únicamente cuál es el origen de ella y, en ese sentido, al no existir tal cuestionamiento, siempre podrá gozar de un subsidio por incapacidad laboral, el que será pagado según las normas establecidas en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, respecto de patologías de origen común, por lo que no existe privación alguna de los beneficios económicos que derivan de la licencia médica otorgada.

En lo que respecta a la garantía del N° 9 del artículo 19 de la Constitución Política, sólo puede ser recurrida respecto a su inciso final, esto es, el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, indica que dista a la materia en cuestión, puesto que no se ha puesto en duda la afiliación al sistema común de salud al cual se encuentra adscrito el recurrente, esto es, FONASA; y que la garantía del N° 18, se encuentra expresamente excluido del ámbito de aplicación de esta acción.

Finalmente, alega que se debe considerar que la pretensión del recurrente, en orden a que se modifique la calificación del origen de la patología que padeció, fuera de no tener fundamento fáctico de orden médico-laboral, desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos de carácter indubitado y preexistentes y, en el presente caso, la pretensión jurisdiccional dice relación con establecer un derecho de seguridad social concreto, derivado del cambio de la calificación del origen de un accidente, en el marco de la ley del ramo y no de amparar un derecho preexistente, lo que de ser reclamado judicialmente debe ser materia de un procedimiento declarativo ante el tribunal que resulta competente, proceso en el que las partes tengan oportunidad de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer y presentar las pruebas que estimen pertinentes.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que en ese contexto, dada la naturaleza de esta acción constitucional, que no tiene un carácter declarativo de derechos, sino solo protector de aquellos cuya vigencia se encuentre indubitada, no corresponde que esta Corte se pronuncie sobre el alcance interpretativo que debe darse a determinadas normas aplicables en la especie, ya que ello, por una parte importa inmiscuirse en las facultades que la Carta Fundamental y la ley entregan a la Superintendencia de Seguridad Social y, por otra, al estar discutida la correcta o no aplicación de los fundamentos jurídicos que sirvieron de base a la referida institución para emitir la cuestionada resolución exenta, cualquier decisión que se adopte excede el objetivo y naturaleza de esta vía cautelar, pues importa decidir sobre una cuestión de derecho que se encuentra controvertida, lo que debe ser decidido en las instancia jurisdiccional correspondiente.

En efecto, pretender utilizar esta vía para impugnar una decisión de la Superintendencia de Seguridad Social que ha sido dictada conforme a las atribuciones que le son propias, contenidas en el artículo 2 de la Ley N° 16.395, importaría establecer una instancia jurisdiccional ajena a los medios de impugnación y recursos administrativos que contempla el ordenamiento jurídico, ya que lo que en rigor pretende el recurrente -mediante esta acción cautelar y de urgencia- es impugnar la legalidad de ese dictamen, evitando impetrar la acción judicial ordinaria que el mismo ordenamiento establece a través de un juicio sumario.

Sexto: Que, por otro lado el contenido del recurso evidencia que el ámbito bajo el cual se pretende la actuación de este Tribunal, excede los márgenes de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental, en la que se comprende sólo a situaciones inequívocas de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, y que no se encuentran bajo el imperio del derecho, cuestión que no acontece en la especie, donde los antecedentes evidencian que la recurrida actuó ajustada a los hechos y al derecho expuestos con antelación, razones que permiten desestimarlo Séptimo: Que, al no existir ilegalidad o arbitrariedad en el acto administrativo que ha sido motivo de este recurso, resulta inoficioso referirse a la eventual trasgresión de las garantías constitucionales que denuncian la acción.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Asociación Chilena de Seguridad y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-62564-2020.