nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE

Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil quince.

Visto y teniendo presente:

1º) A fojas 1 comparece don nombre reservado, profesor, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado de esta ciudad, y deduce recurso de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario que hace consistir en haber puesto término a su contrata, en forma anticipada, mediante Resolución N° 2740, la que le fue notificada mediante carta certificada el día 19 de junio del año en curso, mientras el compareciente estaba haciendo uso de su periodo legal de vacaciones.

Expresa que la conducta de la recurrida vulnera garantías constituciones garantizadas por la Constitución Política de la República, en su artículo 19 numerales 1º; 2º y 24.

Reprocha, en primer término, el carácter inconstitucional del acto administrativo, por cuanto la resolución que se impugna fue dictada por una funcionaria que carecía de representación. Explica que quien dicta la resolución es doña nombre reservado, quien ese momento no era la Directora del Servicio de Salud Oriente.

Funda el carácter arbitrario de la resolución que impugna, en la inexistencia de razones que justifiquen tal medida, y en la necesidad de sus servicios. Explica que desarrolla el Programa de Aprendizaje, que resulta ser de carácter fundamental para capacitar a un gran número de funcionarios que forman parte de la Dirección del Servicio, asi como de aquellos que trabajan en Hospitales, Centros de Salud Familiar, Atención Primaria y otros establecimientos afines al Servicio.

Entres los reproches que formula a la autoridad administrativa, consigna la falta de fundamentación de la resolución y lo sorprendente que le resulta su desvinculación, teniendo en cuenta que se desempeña en el Servicio hace 05 años, siendo siempre calificado en lista 1. Estima que los motivos de su despido solo obedecen a razones políticas, y al hecho de haber ocupado cargos de confianza durante el gobierno del presidente Piñera.

Cita las normas legales vulneradas; así el artículo 10º del DFL Nº 29 de 205 que prescribe que los empleados a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, lo que debe interpretarse como una norma que limita la facultad de poner término anticipadamente a su contrata.

Finalmente, indica que la citada resolución es ilegal y arbitraria puesto que aún en el supuesto que la concebida cláusula haya otorgado a la Autoridad recurrida la potestad discrecional de poner término a sus servicios, no está motivada como lo exige la ley, motivo por el cual contraviene los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º de la Ley 19.880, citando al efecto varios fallos que han acogido recurso de protección por este motivo.

Por lo expuesto, estima vulnerados los derechos establecidos en el artículo 19 N°2 y 24 de la Carta Fundamental.

Explicita porqué la medida adoptada por la autoridad vulnera los garantías constituciones de los numerales 1º, 2º y 24 de la Constitución Política de la República.

Pide, que acogiendo el recurso, esta Corte deje sin efecto la resolución impugnada y, consecuencialmente, ordene su inmediata reincorporación al cargo a contrata que desempeña, al menos hasta el 31 de diciembre de 2015 y ordene el pago de sus remuneraciones correspondientes al periodo durante el cual permaneció desvinculado del Servicio, si procediere, con costas.

A fojas 30, el apoderado del recurrente acompaña documentos que corren de fojas 19 a 29.- 2º) A fojas 31, informa en representación de la recurrida doña nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Explica, en primer término, que habiendo asumido la función de Directora titular del Servicio el 16 de marzo de 2015, luego de un proceso de selección por concurso de alta Dirección Pública, según lo dispone el Decreto Supremo Nº 47 del día 20 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial, motivo por el cual carecen de fundamento las alegaciones del señor nombre reservado en este acápite.

Informa que la Contraloría General de la República tomó razón de la resolución que desvinculó al recurrente con fecha 29 de mayo del año en curso que fue notificada conforme lo dispone el artículo 46 de la Ley Nº 19880, esto es enviando copia íntegra de la resolución por carta certificada al domicilio del recurrente, motivo por el cual goza de presunción legal de haberse emitido conforme a derecho.

Estima que el acto impugnado consigna en los vistos, “razones de buen servicio”, cuya ponderación corresponde a la Dirección del Servicio, por ello el acto administrativo no puede ser estimado arbitrario. Explica que el cargo que desempeñaba el recurrente se suprimió, reasignándose sus funciones a otros funcionarios en el mismo Departamento de Capacitación en que cumplía sus funciones el señor nombre reservado. Agrega que fue la Unidad de Relación Asistencial quien definió el nuevo perfil del profesional, a quien se le exigió experiencia laboral en Gestión de Formación y Campos Clínicos, recayendo el nombramiento en un kinesiólogo. Son estas razones las que fundamentaron el despido y no motivos políticos como invoca el recurrente. Informa que la junta calificadora en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014 estimó que el señor nombre reservado solo podía ser calificado con nota 6 en el rubro condiciones personales, correspondiente al factor “capacidad para realizar trabajos en grupo” y que también registró la nota 6 en el rubro “comportamiento funcionario”, vinculado al factor “cumplimiento de normas e instrucciones”. Añade que en la precalificación que se extiende entre enero y abril de 2015, el jefe directo del recurrente consigna que éste mantiene una relación tensa con la jefatura, sin que logre integrarse positivamente en el grupo de trabajo, lo que genera un clima de desconfianza entre el funcionario y la jefatura, motivo por el cual no cuenta con su confianza. Y añade que también se ponderaron estas razones para poner término al contrato del funcionario.

Finalmente indica que no existen derechos indubitados que puedan ser objeto de protección.

Invoca, finalmente lo preceptuado en el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, que prescribe que no procede en caso alguna la condena en costas.

Acompaña abundante documentación.

3º) Que corresponde emitir pronunciamiento respecto a la procedencia o improcedencia del recurso de protección, teniendo presente que éste ha sido instituido como una acción cautelar destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones, arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente establecidas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

4º) Que entonces, constituye un requisito indispensable de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más de las garantías preexistentes y protegidas que refiere quien recurre.

5º) Que el acto que motiva el presente recurso lo constituye la Resolución N° 2740, de fecha 18 de mayo del presente, que decide poner término a contar de la total tramitación y de la notificación al interesado de la presente resolución por “no ser necesarios sus servicios” a don nombre reservado, profesional contratado, grado 7º.

6º) Que no existe controversia sobre los siguientes hechos:

a) Que el actor, don nombre reservado fue contratado por Resolución N° 6007, de 19 de noviembre de 2010, como profesor de Educación Física, a partir del 01 de septiembre de 2010, hasta el 31 de diciembre del mismo año 2010, como profesional grado 7, a contrata;

b) Que este contrato fue prorrogado año a año, hasta el momento de su desvinculación, siendo siempre calificado en Lista 1.

c) Que el fundamento de la Resolución que pone término a sus servicios son las “razones de buen servicio”.

7º) Que la recurrida informa que considera que no concurre arbitrariedad ni legalidad de ninguna especie respecto a la resolución que decidió poner término anticipado al cargo a contrata del recurrente. Y si bien la recurrida está facultada para celebrar tal tipo de contratos, los que tienen una duración determinada en el tiempo, esto es hasta el 31 de diciembre de cada año, pudiendo según las necesidades del Servicio, ponerle término antes de dicha fecha ya que la cláusula "y mientras sean necesarios los servicios" ha sido validada hace muchos años tanto por la Contraloría General de la República como por los Tribunales Superiores de Justicia por aplicación del artículo 22 inciso 1° del Código Civil.

8º) Que el contrato de los funcionarios a contrata, conforme al artículo 3° de la Ley 18.834 tiene un carácter de transitorio, a diferencia de los empleados de planta, y se caracteriza porque los servicios que se prestan en su virtud durarán como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, y expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la contrata con treinta días de anticipación a lo menos (artículo 10 misma ley).

9º) Que la resolución recurrida invoca como causal de término anticipado el hecho de no ser necesarios los servicios del recurrente, lo que faculta a la autoridad administrativa para poner término anticipado al contrato del funcionario, aun cuando sus servicios se hubieren prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2015, según consta en el documento que corre a fojas 27.

10º) Que de lo antes expuesto se desprende que la cuestión controvertida se centra en determinar si la demandada se encuentra facultada para poner término anticipado a la contrata del actor, y si dicha decisión debe o no ser fundada.

11º) Que si bien de los artículos 3 y 10 del Estatuto Administrativo, Ley 18.834, puede colegirse que la autoridad se encuentra facultada para poner término al empleo a contrata antes del vencimiento del plazo estipulado en el contrato, no lo es menos que la referida potestad debe ser ejercida con arreglo a la ley, esto es, que el acto administrativo debe exponer las razones precisas que justifican la exoneración, no valiéndose de términos generales, como son las consignadas en la resolución impugnada de fojas 46, que no concreta los hechos específicos conformadores de la necesidad del término anticipado.

Una interpretación contraria importaría aceptar que la decisión de permanencia de un empleado a contrata se halla sujeta a la mera voluntad del Jefe Superior del Servicio de la época, quien podría en virtud de circunstancias subjetivas, anticipar su término por motivos ajenos a la eficiente administración de los medios y de la función pública, deber que toda Autoridad, por mandato del artículo 5° de la Ley General de Bases de la Administración del Estado debe cumplir.

12º) Que la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado regula los actos de la Administración. Ésta se ha encargado de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado.

Y que si bien Estatuto Administrativo no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de las facultades de nombramiento y terminación de cargos de empleos a contrata, que corresponden al jefe superior del servicio, razón por la cual, respecto de tal materia, cabe aplicar las disposiciones de la Ley 19.880 antes indicada, que, en su artículo 1° puntualiza que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos en que la ley establezca procedimientos especiales.

Ahora bien, la referida Ley 19.880, con el claro propósito, entre otros, de promover la transparencia de los actos de las actuaciones de la Administración, establece normas básicas a fin de que el procedimiento permita conocer los contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten.

Entre estas reglas, se encuentran los artículos 11 inciso 2°, que consigna la obligación de motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo los hechos y los fundamentos de derecho en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares; y el artículo 41 inciso 4°, primera parte que dispone que toda decisión, enmarcada lógicamente en el ámbito de las atribuciones propias de la Administración, debe ser fundada.

13º) Que de lo antes expresado, sólo cabe colegir que es un requisito sustancial en los actos administrativos, la expresión del motivo o fundamento, pues la omisión está vinculada a una exigencia que ha sido puesta como condición de mínima de racionabilidad, ya que, como ocurre en la especie, se afectan derechos de las personas.

14º) Que por lo antes expresado, se puede concluir que el acto recurrido es ilegal, porque contraviene lo dispuesto en el artículo 11 antes referido, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, cuestión que la resolución administrativa producto de este arbitrio carece, en cuanto a explicitar porqué los servicios de la recurrente ya no son necesarios y se pone término con antelación a la fecha de la resolución de la prórroga en su cargo, no bastando la expresión "por no ser necesarios sus servicios", ya que para evitar cualquier viso de arbitrariedad que pudiera subyacer en la adopción de la decisión y resolución censurada, se la debió fundamentar suficientemente.

Sobre el particular, basta leer el informe que evacua la recurrida, que a fojas 68 señala que si bien la función que desempeñaba el recurrente fue suprimida, se reasignaron las actividades que se desplegaban en ella a un profesional kinesiólogo, sin que se expresen las razones que motivaron tal decisión.

Los antecedentes que pretende hacer valer la recurrida en orden a las dificultades que habría presentado el señor nombre reservado no dicen relación con los antecedentes que fundamentaron su despido, motivo por el cual no se advierte en qué y como influyen en su desvinculación, teniendo además presente que no fueron el fundamento de su despido.

Como se advierte, no se expresa razón alguna para dejar sin efecto la resolución exenta que había prorrogado el contrato al señor nombre reservado. De esta manera se desconocen los antecedentes que justificaron la decisión de poner término a la prórroga del contrato del demandante, más aún si es la recurrida quien hace notar que es necesario contar con el cargo.

15º) Que la conducta de la recurrida vulnera el derecho de propiedad que respecto a su cargo a contrata tenía la recurrente, estipulado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues no se ha demostrado que la privación anticipada en los términos que se hizo, haya obedecido a una causa legal o al menos justificada. Con ello se ha producido una privación arbitraria del derecho a permanecer en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2015; de ejercerlo, recibir las remuneraciones pactadas y no ser removido por procedimientos ilegítimos. Asimismo se ha conculcado la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al ser la recurrente discriminada arbitrariamente en comparación a otros empleados, que desempeñándose en cargos a contrata, permanecen en ellos hasta el término legal o hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones concretas y veraces que han de expresarse.

Así se ha resuelto por esta Corte en causas Roles 1805, 1806, 1808, 1809,2191 y 2284 todos de 2014)

16º) Que, se rechaza la alegación de inconstitucionalidad deducida por el recurrente por haberse acreditado que doña nombre reservado estaba revestida de las facultades legales que exige nuestro ordenamiento jurídico, como consta del documento acompañado a fojas 36.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la república y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que se acoge el deducido en lo principal de fojas 1, y se decide dejar sin efecto la Resolución N° 2740, de 18 de mayo de 2015, dictada por doña nombre reservado, Directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, debiendo reincorporarse a don nombre reservado a sus funciones y debiendo la autoridad administrativa ordenar se le paguen las remuneraciones correspondientes.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción de la Abogada Integrante Claudia Chaimovich Guralnik.

IC Rol: 62502-2015.- Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz e integrada por el Fiscal Judicial señor nombre reservado y la Abogado Integrante señora Claudia Chaimovich Guralnik.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintitrés de septiembre de dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.