EULEN SEGURIDAD S.A con DIRECCION DEL TRABAJO SANTIAGO SUR ORIENTE

Santiago, trece de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, con fecha 08 de septiembre de 2017, comparece don nombre reservado, en representación de la empresa Eulen Seguridad S.A., representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; interpone recurso de protección en contra del Inspector Comunal del Trabajo Santiago Sur por el acto arbitrario y abusivo consistente en no admitir a tramitación su solicitud de reconsideración de multa.

Señala que con fecha 22 de marzo del año en curso se realizó una fiscalización a la empresa, constatando la existencia de hechos que supuestamente constituyen infracción a la ley laboral, específicamente en lo relacionado al otorgamiento de dos días domingo de descanso en el mes y pago de horas extraordinarias de ciertos trabajadores, por lo que cursa multa mediante Resolución N°1738.17.36-1 por la suma de 60 UTM, de conformidad con los artículos 38 inciso 6° y 506 del Código del ramo. Dicha resolución fue enviada por carta certificada y notificada con fecha 19 de junio de 2017.

Con fecha, 24 de julio del presente año la empresa presenta recurso de reconsideración administrativa a través de carta certificada, respecto del cual la recurrida notifica mediante Ordinario N°849 de fecha 9 de agosto último la inadmisibilidad por extemporaneidad de dicha solicitud, por cuanto en criterio del ente público se presentó fuera del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la multa.

Agrega que, el acto impugnado resulta a su vez ilegal y arbitrario, vulnerando en primer lugar la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental al violentar su derecho de acceder a la instancia fundado en que a su juicio el artículo 512 del Código del Trabajo establece un plazo de días hábiles, debiendo interpretar dicha norma en armonía con las demás disposiciones y en particular con el artículo 435 inciso 3° del mismo estatuto, que establece la regla general en la materia y que, tratándose de la gestión de un órgano administrativo, se llega a la conclusión por la remisión que en este caso corresponde realizar a las normas especiales que regulan dicha materia, a través de la Ley N° 19.880, citando jurisprudencia al respecto. Concluye que el plazo para presentar la reconsideración expiraría en rigor el día lunes 31 de julio de 2017.

En segundo lugar se habría vulnerado la garantía del inciso 1° numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, impidiendo a la recurrente acceder a legítima defensa y a los tribunales de justicia de conformidad con el artículo 512 inciso 2° del Código del Trabajo.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso y se deje sin efecto la referida resolución, debiendo acoger la solicitud de reconsideración administrativa presentada por su parte con fecha 24 de julio de 2017, con condena en costas.

SEGUNDO: Que informando la recurrida con fecha 21 de septiembre último, en forma previa hace presente la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto impugnado, pues esta acción constitucional no se encuentra destinado a fungir de sustituto procesal, pues indica que el Código del ramo en sus artículos 511 y 512 contempla un procedimiento para reclamar judicialmente de la resolución que se pronuncia respecto de una reconsideración y cita jurisprudencia avalando el criterio para declarar inadmisible el recurso por tratarse de materia contencioso administrativa.

En subsidio, alega también la improcedencia del recurso por falta de requisitos para su interposición. Así, en primer lugar, indica que el acto impugnado no es arbitrario, ya que se dictó de manera razonada y fundada en el artículo 512 del Código del Trabajo y en base a los antecedentes. Tampoco el acto es ilegal toda vez que fue resuelto en virtud de las facultades legales conferidas a la autoridad en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo Aclara que la multa cursada fue notificada con fecha 19 de junio de 2017 según lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, por lo que el plazo para solicitar reconsideración vencía el día 19 de julio del año en curso; sin embargo, el recurrente hace la presentación con fecha 24 de julio de 2017, es decir, en forma extemporánea.

Indica que la recurrente impugna su actuar por ser desfavorable a sus intereses, a través de un procedimiento impropio ya que debió alegar ante el juez competente según lo establecen las normas antes citadas.

Concluye que la acción cautelar carece de objeto y causa, actuando el órgano administrativo con estricto apego a las normas y dentro de la esfera de sus atribuciones En subsidio de todo lo anterior, informa que la doctrina vigente del servicio para contabilizar el plazo para solicitar reconsideración de multa administrativa es de 30 días corridos, bastando una simple operación aritmética para determinar que en el caso de autos la presentación debió efectuarse a más tardar el día 19 de julio de 2017. Al respecto cita la Circular N°73 de 08/06/2010 de la Dirección del Trabajo y el Dictamen N°064985 de 20/11/2009 de la Contraloría General de la República.

Señala que los derechos fundamentales que señala el recurrente, no se afectaron por la dictación del Ordinario que se impugna, ya que correspondía utilizar la vía judicial o la administrativa mediante recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley 19.880.

Finaliza solicitando el completo rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, como puede deducirse de la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte dice relación con el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de la empresa Eulen Seguridad S.A.; en contra del Inspector Comunal del Trabajo Santiago Sur por el acto arbitrario y abusivo consistente en no admitir a tramitación su solicitud de reconsideración de multa, lo que a juicio del recurrente vulnera el artículo 19 Nos. 2 y 3 inciso 1° de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; esto es, requisito indispensable de la acción cautelar de protección lo constituye (1) la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y (2) que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un (3) derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una (4) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que (5) exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

QUINTO: Que, en atención al conflicto concreto que se ha sintetizado en el considerando tercero, corresponde examinar si acaso resulta admisible el recurso por cumplir los requisitos antes anotados, a los que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales ha añadido uno relativo al plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, cabe precisar entonces, que la cuestión aquí debatida no concierne a la procedencia, oportunidad o monto de la multa, sino a la manera de computar el plazo de reclamación que fija el artículo 512 del Código del Trabajo, disposición que estatuye que el Director del Trabajo hará uso de la facultad de reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, “la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”.

SÉPTIMO: Que, como puede verificarse de la lectura del artículo antes transcrito, no se indica en este ni en forma expresa ni en forma tácita, si estamos en presencia de un plazo de días hábiles, como sostiene la empresa, o se trata de un plazo de días corridos, como argumenta la Inspección del Trabajo.

OCTAVO: Que, debe indicarse que no existe alguna norma de carácter general, en el Código del Trabajo, que regule con dicho carácter la naturaleza, de días corridos o de días hábiles de los términos contemplados en dicha codificación. Al contrario, es posible encontrar, además del artículo 435 citado por el recurrente que regula cómo se computan los plazos en relación a los procedimientos jurisdiccionales en materia laboral, en que se prescribe que los plazos allí fijados son fatales y se suspenden durante los días feriados; por ejemplo el artículo 312, que regula los plazos establecidos en ese libro -IV, acerca de la negociación colectiva-, indicando que son de días corridos, salvo aquellos que expresa.

Ello significa que, como no existe regulación ni expresa ni tácita acerca de los plazos, debemos aplicar en carácter de supletoria, en primer lugar en atención a la materia de que se trata, las normas de la Ley Nº 19.880, sobre Bases Generales del Procedimiento Administrativo, conforme a la cual los plazos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

NOVENO: Que, como puede observarse, equivoca su interpretación la autoridad informante cuando afirma que si el plazo para presentar una reconsideración fuera de días hábiles, el legislador laboral así lo habría dicho. Del silencio de la norma del Código del Trabajo en cuanto a si estamos ante días corridos o hábiles no es posible deducir que deben preterirse las reglas supletorias contempladas en la Ley sobre Bases Generales del Procedimiento Administrativo, por cuanto en la especie se trata de un procedimiento de esa especie, si bien es cierto sujeto a reglas especiales, pero claramente en lo no regulado deben regirse supletoriamente por las normas generales establecidas en la legislación antes indicada.

Debe tenerse particularmente en vista las perjudiciales consecuencias que genera para el reclamante una interpretación distinta, pues el plazo de quince días para reclamar judicialmente de la resolución relativa a la reconsideración se encuentra latamente vencido, de modo que significa, en la práctica, privarlo de su derecho al recurso.

DÉCIMO: Que, así ha sido decidido de forma continua por nuestro máximo tribunal, como se indica en causa Nº 38213/2016 (APELACIÓN). RESOLUCIÓN Nº 566894 DE CORTE SUPREMA, SALA TERCERA (CONSTITUCIONAL) DE 5 DE OCTUBRE DE 2016, en que se señala: “Tercero. Que, como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte –en los autos Roles Nos. 809-2014, 8384-2014, 18414-2015 y 16.288-2016, entre otros- el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábado, domingo y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábado, domingo y festivos. Al existir una forma especial de computar el plazo “especial” como es la contenida en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, ésta prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.”

En los mismos términos ha sido resuelto en causas Nº 314/2017 (APELACIÓN). RESOLUCIÓN Nº 120541 DE CORTE SUPREMA, SALA TERCERA (CONSTITUCIONAL) DE 30 DE MARZO DE 2017; Nº 87757/2016 (APELACIÓN). RESOLUCIÓN Nº 654 DE CORTE SUPREMA, SALA TERCERA (CONSTITUCIONAL) DE 4 DE ENERO DE 2017; y Nº 46541/2016 (APELACIÓN). RESOLUCIÓN Nº 664808 DE CORTE SUPREMA, SALA TERCERA (CONSTITUCIONAL) DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

UNDÉCIMO: Que, como resulta nítido, nos encontramos en presencia de una actuación ilegal, contraria a lo dispuesto en el artículo 512 citado del Código del Trabajo, que establece un plazo que no puede interpretarse sino como de días fatales, interrumpido durante los días sábados, domingos y festivos, como por lo demás acontece con el horario de atención del ente público de que se trata.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la relación de causalidad, debe indicarse que es patente que con la actuación en contra de la cual se recurre se produce una infracción al principio de igualdad ante la ley protegida en el artículo 19 N° 2 de nuestro texto constitucional. Por cierto, el derecho fundamental garantizado en el artículo 19 N° 3, solamente se encuentra protegido en lo relativo a la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales de su inciso quinto, según expresa mención que se efectúa en el artículo 20 constitucional, por lo que no cabe indicarlo como objeto de protección.

DÉCIMO TERCERO: Que, en conformidad a lo previamente razonado, debe ser acogido el presente recurso de protección, sin costas, en atención a la existencia de un Dictamen de Contraloría General de la República en sentido contrario, que resulta vinculante para el órgano recurrido.

Por estas consideraciones, citas legales efectuadas y lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de 2015, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de la empresa Eulen Seguridad S.A.; en contra del Inspector Comunal del Trabajo Santiago Sur por el acto arbitrario y abusivo consistente en no admitir a tramitación su solicitud de reconsideración de multa y en consecuencia, se ordena al servicio recurrido que tramite, conforme al procedimiento administrativo correspondiente, el recurso de reconsideración interpuesto.

Redacción del abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

N°Protección-62374-2017.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor nombre reservado e integrada por la Ministra (S) señora Nora Rosati Jerez y por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.