Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, cinco de diciembre de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Melissa Meza Madariaga, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, Coordinadora Regional (S) y abogada del Programa Mi Abogado, de la Subsecretaría de Justicia, implementado por la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, interpone Acción de Protección en favor de catorce adolescentes que se individualizan con sus iniciales y se da cuenta en el recurso deducido en contra de don nombre reservado, Director de la Residencia Familiar nombre reservado, doña nombre reservado, Directora Regional del Servicio Mejor Niñez y doña nombre reservado, Directora Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia “Mejor Niñez”, por vulnerar y amenazar gravemente el derecho a la vida e integridad física y psíquica y de acceso a la salud, establecidos en el artículo 19 N° 1 y 9 de la Constitución.

Refiere que todos los adolescentes, fueron separados de sus familias, entregados al cuidado del Estado, y que se encuentran actualmente ingresados por resolución judicial a la Residencia de Vida Familiar “nombre reservado”, de administración directa del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Para fundar su recurso expone que con fecha 21 de enero de 2022, toma conocimiento nombre reservado, Directora Regional Metropolitana del Servicio Mejor Niñez, de la comisión de delitos graves asociados a explotación sexual comercial, en los cuales tendrían la calidad de víctima cinco adolescentes, cuyas iniciales se indican en el recurso, por parte de MARCELO, encargado de vida familiar, según los hechos precisados en la investigación de la Fiscalía Centro Norte, con fecha 26 de enero de 2022, en virtud de la cual MARCELO, habría cometido actos vulneratorios en la esfera de la sexualidad y constitutivos de delitos en contra de los jóvenes de la residencia mientras desempeñaba sus funciones, mediante la solicitud y obtención de fotografías y videos de contenido sexual de los adolescentes sujetos de protección a cambio de dinero depositado en las cuentas vistas de los adolescentes, por un total que ascendería a la suma aproximada de $ 500.000.- Agrega que tomó conocimiento de la existencia de una red de explotación sexual, comercial de adolescentes, ya que se tomó conocimiento que el Director del espacio residencial, nombre reservado, conocía de esta situación desde diciembre del año 2021, sin informar oportunamente a las instancias jurisdiccionales y administrativas, incumplimiento el deber de denuncia. Este funcionario público, conocía de la información relativa al manejo de los adolescentes de altas sumas de dinero, permitiendo el acceso al consumo de drogas. (TUCI, COC, MNMA, THC), de la existencia de fotografías y videos de los adolescentes desnudos o manteniendo conductas sexualizadas, sin realizar la denuncia, oficio o circular alguna que hubiere permitido informar esta situación y proteger a los adolescentes, ya vulnerados dada su trayectoria vital.

Refiere además la existencia de irregularidades en los libros de novedades y bitácoras de la residencia, en donde se denunciaban los graves hechos y además de lo anterior, la relación abusiva de una funcionaria con un adolescente, con lo cual la vulneración siguió produciendo en el tiempo.

Agrega que estos funcionarios y posiblemente otros no cumplieron con su deber de resguardo y protección de los adolescentes que tenían bajo su cuidado.

A esta situación se suman los serios y graves problemas de infraestructura y las condiciones del inmueble en donde residen los jóvenes, mal sistema de alcantarillado, ruptura del desagüe, etc., en definitiva, en condiciones de insalubridad y de riesgo para su salud, vulneratorias además de los derechos de salud y a vivir en un ambiente sano, limpio y seguro para su bienestar y desarrollo.

Agrega además que las vulneraciones hacia sus derechos a la vida e integridad física y psíquica y derecho a la salud, se identifican en un recrudecimiento frente al consumo de drogas por parte de los adolescentes, manteniendo coordinaciones directas con el Director de la Residencia Familiar nombre reservado y Supervisoras Técnicas del Servicio Mejor Niñez, con fecha 24 de noviembre de 2021 y 14 de enero de 2022, promoviendo alternativas para otorgar solución a las mismas. Refiere que para tal efecto se comprometieron desde el Servicio Mejor Niñez, mayores recursos económicos para personal y adquisición de procesos interventivos especializados. Indica que a la fecha de interposición del recurso el referido Servicio no respondió en las causas correspondientes, transformando este espacio en inseguro, vulnerador y delictivo para las adolescentes que ahí residen.

Agrega que la afectación se traduce en la exposición deliberada e irresponsable de jóvenes que se encuentran bajo la especial protección del Estado a contextos de riesgo que implicaron, sufrimiento de delitos sexuales violentos y de carácter reiterado, que amenazan o amenazaron su vida, salud, e integridad física en el marco de una red de explotación sexual comercial, lo cual conlleva en términos de salud psico-emocial, un daño posiblemente irreparable asociado a la exposición ininterrumpida a hechos altamente traumáticos a jóvenes en pleno desarrollo, sumado a la experiencia previa que originaron su ingreso al sistema de residencia.

En cuanto al Derecho invoca el artículo 1 de la Constitución en su inciso cuarto, en el sentido que el Estado al servicio de la persona humana y que debe propender a la realización espiritual y material posible. Al respecto refiere que sus representados se encuentran al cuidado del Estado de Chile, y por ende siendo esta residencia de administración directa del Servicio Mejor Niñez, la función pública de protección, satisfacción plena y cumplimiento de derechos, en el caso sub-lite, la realizan agentes del Estado. Por lo anterior se considera que existen infracciones graves a Derechos Fundamentales, los cuales vulneraron y perturbaron por acción u omisión de quienes detentan la calidad de garantes.

Estos derechos fundamentales, se encuentran además en tratados internacionales de Derechos Humanos, como lo son la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo N° 5.1 y en los artículos 3, 6, 19 y 34 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, entre los cuales se encuentra la obligación de los Estados a través de sus instituciones, tribunales y órganos de la administración deberán siempre tener como principal consideración el interés superior del niño, niña y adolescente.

Señala que las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que han sido indicadas en el libelo, fueron cometidas por el Director de la referida Residencia Familiar nombre reservado, como así también por funcionarios y profesionales de ella. Así también el Servicio Mejor Niñez, no ha cumplido con el mandato legal, sino que ha incurrido en la agravación de la situación proteccional de los jóvenes, así como en la transgresión directa de sus derechos, en virtud de sus acciones y omisiones que se producen de forma sistemática y periódica al interior de la residencia.

Finalmente pide que se adopten de inmediato las providencias necesarias para permitir el pronto restablecimiento de los derechos conculcados, ya que todas sus actuaciones constituyen una privación al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales consagrados en el numeral 1 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y decretar el traslado inmediato de todos los adolescentes a otras residencias de protección de administración directa, donde no puedan desempeñar labores los funcionarios que han ejecutado labores en la Residencia Familiar nombre reservado. Además la suspensión de ejecución de la Residencia Familiar nombre reservado, considerando que los antecedentes expuesto y que además está ubicada en un sector de la comuna de DIRECCION000, donde existe un alto nivel delictivo, a su vez propiedad colinda con propiedades abandonadas y que se han vuelto un foco de consumo de drogas, alcohol y microtráfico. La suspensión o separación de funciones de todos los profesionales, técnicos y operativos que se desempeñan en Residencia Familiar nombre reservado y que el Servicio Mejor Niñez se vea impelido a modificar sus procesos de selección de personal, dado los antecedentes que relevan una falencia grave para asegurar la idoneidad de las personas que forman parte de un programa especializado y orientado a trabajar con población en situación de vulnerabilidad.

Segundo: Que, informando en forma conjunta nombre reservado, Directora Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y nombre reservado, Directora Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, recurridas, solicitan el rechazo del recurso y sostiene que el 21 de enero de 2022, se toma conocimiento de los hechos que fundamentan este recurso a través de la Directora Regional Metropolitana del Servicio Mejor Niñez, doña nombre reservado, de la comisión de delitos graves asociados a explotación sexual comercial. Adoptando atendida la gravedad de los hechos las siguientes medidas, en primer término, instruir sumario administrativo a fin de establecer la presunta responsabilidad que en los hechos pudiese tener el encargado de vida familiar, segundo entre los días 21 y 22 de enero de 2022, la RF nombre reservado activo el procedimiento regulado en circular N° 06 del año 2019 de este Servicio, se comunica a los juzgados de familia competentes como a la Fiscalía Metropolitana Occidente. Tercero, con fecha 26 de enero de 2022, y al recabar mayores antecedentes, la Directora Regional Metropolitana, realizó denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Occidente, en favor de cuatro adolescentes. Así también con la misma fecha se instruyó una supervisión extraordinaria a la Residencia Familiar nombre reservado, realizada por dos supervisoras técnicas de la Dirección Regional Metropolitana de Mejor Niñez. Con fecha 28 de enero de 2022, la Directora Regional del Servicio, realizó una nueva denuncia ante la misma fiscalía, dando cuenta que el Director de Residencia Familiar nombre reservado, habría tenido conocimiento desde el mes de diciembre de 2021, sin hacer la denuncia, omitiendo su deber de denuncia que rige a todo funcionario público. Se iniciaron tres sumarios administrativos, MARCELO, nombre reservado; PAULINA. Informa además que se realizó el traslado de tres adolescentes y fueron trasladados a la residencia familiar nombre reservado y uno fue trasladado a una Residencia de vida Familiar nombre reservado del colaborador acreditado Hogar de Cristo, ingreso efectivo el 31 de enero de 2022.

Señala que, en relación a las condiciones de salud denunciadas, se venían ejecutando desde diciembre de 2021, gestiones con el Instituto Psiquiátrico Horwitz, unidad de Desintoxicación y tratamiento para Adolescente con Trastornos conductuales severos. Así también con el Centro de Salud Mental (Cosam), con el Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta.

Se procedió a trasladar a determinados adolescentes a comunidades terapéuticas, para abordar el tema el problema del consumo. Otra medida da cuenta de los dispositivos residenciales de SENDA.

En relación a las acciones en relación al equipo de la Residencia, producto de los sumarios instruidos y habiéndose decretado la suspensión de funciones, se iniciaron los correspondientes procesos de reclutamiento y selección. Además de la supervisión, la cual en este sentido ha sido supervisada constantemente a partir de la primera semana de febrero de 2022, un funcionario de la Dirección Nacional en la Residencia Familiar en un rol de observador y facilitador para evaluar la implementación funcionamiento desde los pilares de adolescente, siempre orientado al acompañamiento al Director subrogante y a los equipos.

El Servicio, indica que no ha efectuado acciones ni omisiones que afecten los derechos que se alegan a favor de los adolescentes de la Residencia Familiar nombre reservado, en contra de este último. Indica además que las acciones u omisiones deber ser ilegales o arbitrarias.

Finaliza señalando que el Servicio ha cumplido con sus obligaciones legales, no incurriendo en caso alguno en acciones u omisiones ilegales o arbitrarias, señaladas por el recurrente.

Respecto de las afectaciones del Derecho a la vida, integridad física y psíquica, ya se adoptaron todas las medidas que pudo realizar. Y es del caso con las condiciones de habitabilidad de Residencia Familiar nombre reservado.

En cuanto al Derecho a la salud, refiere la recurrida que esta garantía, se circunscribe al derecho de elección del sistema de salud, agrega además que se adoptaron diversas medidas respecto del flujo de casos con el Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

Tercero: Que, informando el Director de Residencia Familiar nombre reservado (S), ANTONIO, refiere que nombre reservado, se encuentra separado de sus funciones, como medida administrativa preventiva ejecutada por la Dirección Regional, así también los otros funcionarios que han sido individualizados en la acción de protección, bajo proceso sumarial respectivo.

Agrega que, durante el mes de mayo del presente año, se acordó el cierre administrativo de la residencia familiar nombre reservado, con la finalidad de reubicar manera material la residencia y hacer traslado de los adolescentes que ahí se encontraban, así restituir y resguardar sus derechos e integridad. Refiere que se desarrolló un plan de cierre donde se planificó su cumplimiento al 15 de agosto de 2022. Agrega que en la actualidad hay 1 adolescente presente y 2 vinculados solo administrativamente. En su informe además da cuenta de la situación personal de ocho niños, niñas y adolescentes, bajo sus iniciales.

Refiere además la dotación de funcionarios de la Residencia nombre reservado.

Agrega además que los antecedentes que fundan el recurso de protección, son graves y requerían acciones concretas por parte del servicio, a fin de resguardar a los NNA, que ahí estaban ingresados. Señala que se ha dado cumplimiento al traslado como medida establecida por esta Corte, más aún se tiene como medida propia del servicio el cierre administrativo con la finalidad de evitar nuevas vulneraciones de derecho y una reubicación de las instalaciones de la residencia.

Que sin perjuicio de lo anterior, no se agotaron todos los medios o se realizaron acciones por parte la recurrente con la finalidad de determinar las causales de protección, procedimiento especialmente reglado por la Ley N° 19.968, que establece las medidas de protección y las formas de resguardar la integridad de las NNA, artículo 71 del citado texto legal de conocimiento de primera instancia y aun más rápidas, como también existen normas de carácter especiales como la potestad cautelar establecida en el artículo .

Finaliza además indicando que su servicio y residencia, tuvo conocimiento de estos hechos en un contexto de denuncia en la fiscalía de alta complejidad, donde funcionario que estaba en conocimiento de la dirección anterior, quien fue separado de funciones por proceso administrativo.

Cuarto: Que, informando Patricia Muñoz García, Defensora de la Niñez, refiere que en virtud al artículo 4 letra j) de la Ley N° 21.067, presenta informe en calidad de “amicus curiae”, a fin de otorgar una opinión técnica, sobre materias relativas a sus competencias.

En primer término, da cuenta de los antecedentes del recurso de protección, forma en la cual tomó conocimiento de los actos vulneratorios de los NNA, de la causa penal, como también que el Director de la Residencia nombre reservado, tenía conocimiento desde el mes de diciembre de 2021, sin informar oportunamente a las instancias jurisdiccionales y administrativas respectivas, incumpliendo su deber de denuncia, que obliga el artículo 175 del Código Procesal Penal, haciendo caso omiso a su rol de garante de derechos y de la protección que posee como Director representando al Estado.

Agrega que respecto a la infraestructura y las condiciones del inmueble donde residen, tampoco fue informado por las autoridades responsables con la finalidad de adoptar las medidas sanitarias al respecto, por lo que los jóvenes se mantienen viviendo en condiciones insalubres y de riesgo para su salud.

Indica que en su calidad de Amicus Curiae, permite a terceros ajenos a un conflicto jurídico ofrecer opiniones para la resolución del proceso, avalado en normativa internacional como nacional.

Así también refiere en su informe que los niños, niñas y adolescentes, son sujetos de derechos, en estado de desarrollo, por lo que necesitan una protección especial. Indica que los NNA, mantienen los derechos de todas las personas, pero además tienen derechos específicos y especiales derivados de su condición, los que generan deberes específicos para la familia, la sociedad y el Estado.

Respecto a los hechos conocidos, da cuenta que conocía la situación de los NNA, residentes domicilio reservado, debido a las distintas acciones que había realizado.

Agrega que en virtud a las facultades conferidas en el artículo 4 letra f) de la Ley N° 21.067, la Defensoría de la Niñez, realizó una visita a la Residencia nombre reservado de forma presencial con fecha 7 de febrero de 2022, haciendo observaciones a resolver con urgencia, a saber, Débil proceso de reconversión de Residencias Masivas a Residencias Familiares, en este punto que el traslado de los adolescentes, no se hizo de buena forma, agudizando conflicto entre pares, aumentó el consumo problemático de drogas y alcohol en adolescentes que antes no consumían o solo tenían consumo exploratorio, poca o nula adherencia a los programas y planes de salud, entre otros.

Señala que el Servicio de Protección Especializada no tomó en consideración que una Residencia Familiar no debería estar ubicada en sectores con focos de riesgo en términos de seguridad comunitaria y personal.

Un segundo punto, que no se tomó en consideración el perfil de los adolescentes para realizar el traslado, lo que conllevó que los adolescentes estuviesen largas horas del día e inclusive días enteros fuera de la Residencia Familiar, llegando a altas horas de la madrugada bajo importantes efectos de consumo de drogas. Así también la Residencia Familiar no se operativizaron conforme a las necesidades de los adolescentes, debido al extenso daño a nivel psicoemocional, en atención a los problemas conductuales que presentan los referidos adolescentes. Se detectó la falta de supervisión activa de parte del Sename, y del Servicio de Protección Especializada hacia adolescente y funcionarios de la Residencia Familiar nombre reservado.

Da cuenta el informe de las vulneraciones de derechos a adolescentes de la Residencia nombre reservado, por medio de entrevistas que señalaron la existencia de constantes situaciones de violencia sexual, física y verbal entre adolescentes y de funcionarios.

Indica además que el consumo problemático de alcohol y drogas, se agravó por parte de la mayoría de los adolescentes de la Residencia.

Se dejó constancia de observaciones que refieren a importantes deficiencias en la infraestructura, equipamiento y mobiliario, sin accesos inclusivos, baños rotos, cerraduras de puertas reventadas, mobiliario desgastado, etc. Sin agua caliente, hace más de 7 días y con alcantarillado defectuoso, situación que estaría ocurriendo desde que se instaló la Residencia.

Indica en definitiva que es concluyente que la Residencia Familiar nombre reservado, requiere urgente de un plan de supervisión técnica y directiva para iniciar la reparación en todos los aspectos de vida de los adolescentes que se han visto dañados, lo que es responsabilidad de los recurridos sin que hayan ejecutado dichas acciones a las que se encuentran obligados.

Concluye además, que la nula formalidad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la toma de decisiones del Servicio de Protección Especializada, mientras se desarrollan situaciones críticas dentro de la Residencia, sumado al inexistente acompañamiento técnico respecto de lineamientos generales sobre cómo abordar las vulneraciones de derechos hacia los adolescentes de la Residencia, es un foco de conflicto y ansiedad importante dentro de esta última, puesto que se vio agudizada con el aviso de traslado de ésta otra comuna, sin saber, si se iría la totalidad de los Residentes, la información a sus adultos significativos y familiares, desconocimiento sobre la situación educacional y de salud, de los adolescentes.

Asume en su informe dentro del marco legal, y sus facultades, indica que remitirá oficios a distintas instituciones realizando solicitudes y recomendaciones a los organismos que deben velar por la garantía y goce efectivo de los adolescentes de la Residencia Familiar nombre reservado.

Refiere que, en opinión de la Defensoría de la Niñez, ha vuelto dificultosa e insuficiente la respuesta estatal, caracterizable en el actuar-o las omisiones, de organismos con el referido y los demás órganos de la Administración para casos como el de marras.

Finaliza su informe solicitando que para dar un cumplimiento a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, pide incorporar medidas de discriminación positiva que refuercen las especiales ya reconocidas por los tratados internacionales y otros instrumentos internacionales, pide que el Estado de Chile, asuma el enfoque integral propio de la Convención de los Derechos de los Niños. Además, refiere la inexistencia de espacios que aborden de forma técnica las distintas situaciones de vulneraciones a las que se han visto expuesto, han demostrado que las formas de intervención de parte del Servicio de Protección Especializada como agentes prioritarios respecto de cómo solucionar la salida de funcionarios y de adolescentes de la Residencia, también ha sido eludida con la omisión anotada, y contribuido a la vulneración de sus derechos, es especial a su integridad psíquica.

Agrega finalmente que tanto el Director de la Residencia nombre reservado, como por la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Nacional del Servicio de Protección Especializada, han omitido su obligación legal de protección, conforme, al mandato que tienen como agentes directos de protección de aquellos adolescentes que están bajo el cuidado del Estado, incumpliendo lo mandatado por la Convención sobre los Derechos del Niño, el Sistema Nacional de Protección Integral y la propia legislación, no aplicando el control de convencionalidad que le es exigido, puesto que, no basta con tener una legislación que proteja a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado, sino que es necesario que se ejecuten las acciones en miras al ejercicio pleno de sus derechos.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que en razón de la gravedad de los hechos denunciados, con fecha 18 de marzo de este año, esta Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, sin perjuicio de rechazar la orden de no innovar solicitada, por resultar improcedente en los términos en que fue requerida, dictó la siguiente resolución: “…conforme a las potestades tutelares que asisten a esta Corte, de conformidad a lo previsto en los artículos 5 inciso segundo y 20 de la Carta Fundamental; 1, 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que la faculta a adoptar medidas de resguardo provisionales a la espera de la recepción del informe de la parte recurrida, cuando se avizora un acto o actuación que podría eventualmente ser calificada de arbitraria o ilegal, en la medida que impida, amague o moleste el ejercicio de un derecho fundamental del recurrente y, desprendiéndose de los antecedentes allegados al recurso indicios, que darían cuenta de encontrarse los adolescentes en favor de quienes se interpone aquél en riesgo inminente de ser vulnerados en derechos fundamentales que deben ser resguardados por el Estado de Chile, lo que impone al órgano jurisdiccional acelerar la cautela requerida, sin esperar el íntegro cumplimiento de los trámites administrativos y diligencias propias del procedimiento contemplado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, a efectos de que la dilación que ellos suponen no impidan la tutela solicitada, mientras se tramita el presente recurso, se prohíbe a los profesionales, operativos, técnicos y al Director de Residencia Familiar nombre reservado realizar cualquier tipo de intervención tanto personal como familiar con los adolescentes individualizados en el recurso de protección, independientemente al lugar donde se encuentren y, además, se ordena el inmediato traslado de todos ellos a una residencia de protección de administración directa del Servicio Mejor Niñez”;

Séptimo: Que, es menester indicar que respecto a la acción constitucional deducida atendida la vulneración de las garantías de que da cuenta el recurso de protección, ambas instituciones recurridas, respecto a la existencia de transgresión de los derechos fundamentales de los NNA en la Residencia Familiar nombre reservado, en razón, en primer término, de las condiciones de infraestructura y ambientales, como también de explotación sexual y un aumento de consumo de drogas de distinta índole, de las cuales tomo conocimiento el Director de la referida Residencia, incumpliendo su deber de denuncia, y en la cual se encontrarían involucrados otros funcionarios de la respectiva residencia, cuestión que es materia de los respectivos sumarios administrativos a objeto de revisar su responsabilidad administrativa como también se encuentra siendo objeto de una causa de investigación penal, atendido los eventuales delitos que se persiguen por el ente persecutor, como también lo referido por el Servicio Nacional de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia, es que los recurridos no lo han desmentido, sino más bien, sus alegaciones se han enfocado en relevar las medidas adoptadas con la finalidad de solucionar los problemas existentes en la referida Residencia Familiar.

En este sentido han mencionado que se ha tomado la decisión de separar de sus funciones a cada uno de los funcionarios, comenzando por quien era el Director de la Residencia Familiar nombre reservado, y quien en conocimiento de estas situaciones de vulneración de los derechos de los NNA, no cumplió su deber de denuncia, por lo cual se encuentra marginado de su cargo. De esta misma situación al informar el Director Subrogante, menciona que todos los funcionarios que están siendo objeto de investigación han sido suspendido de sus funciones;

Octavo: Que ahora bien, cabe mencionar que la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dota a éste organismo de la posibilidad real y concreta de efectuar una mayor fiscalización a las instituciones que dependen de éste. Es así como el artículo 6 del referido texto legal indica: “Funciones del Servicio. Corresponderán al Servicio las siguientes funciones: a) Diseñar, ejecutar y controlar los programas de protección especializada dirigidos a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a la prevención de la revictimización, a la reparación de las consecuencias provocadas por la vulneración de los mismos, incluyendo el trabajo con sus familias o cuidadores, y a la preparación para la vida independiente de adolescentes acogidos en cuidado alternativo. En los casos excepcionales en que el trabajo con las familias de los niños, niñas y adolescentes o sus cuidadores no resulte posible, ello deberá ser debidamente informado al tribunal, que adoptará las medidas pertinentes. En el diseño de programas se deberán considerar las propuestas de los directores regionales que deberán de formular atendiendo a las necesidades y especificidades de cada territorio. La ejecución de los programas de protección especializada podrá realizarse directamente por el Servicio o a través de colaboradores acreditados. b) Coordinar, en el ámbito de sus competencias, a los órganos de la Administración del Estado competentes con la red intersectorial y comunitaria. Esta función será llevada a cabo, especialmente, por la Comisión Coordinadora de Protección Nacional a que se refiere el artículo 17, y estará dirigida a priorizar los sujetos de atención en la oferta intersectorial, a complementar la oferta de protección especializada que entrega el Servicio, por sí o por terceros, con las demás acciones y prestaciones requeridas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes atendidos. También le corresponde ejercer este deber de coordinación ante la urgente necesidad de restitución de los derechos vulnerados y reparación de los daños ocasionados a los niños, niñas y adolescentes que pudiesen ser objeto de victimización secundaria, con ocasión de la ejecución de las funciones del Servicio, realizadas por sí mismo o por medio de terceros, de acuerdo con lo prescrito en el inciso cuarto del artículo 2 bis, en los locales, sedes o centros del Servicio o de los colaboradores acreditados, estando a cargo de personas a quienes el Servicio o los colaboradores acreditados les hayan encargado o permitido contacto directo con los niños, niñas y adolescentes. Los acuerdos de coordinación requeridos al efecto tendrán carácter vinculante, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 17. El incumplimiento del deber de coordinación, por parte del Servicio o de las autoridades intersectoriales que correspondan, y/o de los acuerdos alcanzados, será sancionado como infracción grave al deber de probidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 62, número 8, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 125 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. c) Realizar un seguimiento personalizado del desarrollo, adherencia y cumplimiento de los planes de intervención individuales, de la consecución de los objetivos y metas de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio. d) Dictar los actos administrativos que otorguen la acreditación a los colaboradores del Servicio, previa aprobación del Consejo de Expertos conforme a la letra g) del artículo 9. e) Elaborar la normativa técnica y administrativa respecto de cada programa de protección especializada, la que deberá ajustarse a los principios y estándares del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; a los contenidos en la ley N° 20.032, en especial, a los contemplados en su artículo 2 y en las letras a), b) y c) de su artículo 25, y a las estimaciones periódicas de la demanda de oferta programática en cada territorio. Dicha normativa regirá respecto de todos los programas de protección especializada, ya sean ejecutados directamente por el Servicio o por colaboradores acreditados. f) Suscribir convenios con colaboradores acreditados para el desarrollo y ejecución de los programas de protección especializada, a efectos de entregar una adecuada y oportuna atención para el cumplimiento de los fines del Servicio. g) Otorgar asistencia técnica a los colaboradores acreditados respecto de la ejecución de los programas de protección especializada, brindándoles información, orientación o capacitación, cuando ello se requiera, o en la medida que se solicite y a ello acceda fundadamente el Servicio, previa evaluación correspondiente. No obstante lo anterior, ninguna falta de información, orientación o capacitación podrá subsanar el incumplimiento de las condiciones o requisitos básicos establecidos por el convenio respectivo al colaborador acreditado. h) Supervisar y fiscalizar técnica, administrativa y financieramente la labor que ejecutan los colaboradores acreditados conforme a la normativa técnica y administrativa del Servicio respecto de cada programa de protección especializada, y a los respectivos convenios. Para estos efectos, la supervisión y fiscalización que deberá realizar el Servicio consistirá en el mecanismo de control a través del cual podrá aplicar sanciones a los colaboradores acreditados en los casos calificados por esta ley. En virtud de lo anterior, los colaboradores acreditados estarán obligados a entregar la información que requiera el Servicio. i) Evaluar, a lo menos anualmente, la totalidad de los programas de protección especializada, ya sea ejecutada directamente por el Servicio o a través de colaboradores acreditados, conforme a la normativa técnica y administrativa del Servicio respecto de cada programa de protección especializada.

Para la evaluación se deberá considerar el cumplimiento de los principios y estándares a que hace referencia la letra e) de este artículo.

Dicha evaluación considerará la calidad de la oferta de protección especializada. j) Realizar, licitar, contratar o convenir, según corresponda, estudios, análisis y propuestas para el cumplimiento de su objeto, considerando la realidad territorial, cultural y geográfica del lugar donde los programas se ejecuten, con el objeto de elevar la calidad técnica de las intervenciones. k) Mantener y administrar los registros a los que se refiere el párrafo 2° del Título III. l) Mantener y administrar un sistema electrónico integrado de información, seguimiento y monitoreo, en el que consten los antecedentes relativos a los niños, niñas y adolescentes atendidos por los programas de protección especializada desarrollados y ejecutados tanto por el Servicio como por colaboradores acreditados, y los de sus familias, debiendo además constar las prestaciones de protección especializada que reciban. m) Supervisar que todos los colaboradores acreditados mantengan actualizados los registros individuales de cada niño, niña o adolescente, incorporando la integridad de los informes que se emitan respecto a su estado y evolución, en concordancia con lo dispuesto al efecto en el artículo 76 de la ley N° 19.968. n) Informar oportuna y periódicamente al tribunal competente y/o a la Oficina Local de la Niñez que corresponda, sobre la oferta programática existente en el territorio, su tasa de ocupación, cupos disponibles, brechas de cobertura y sobre los antecedentes que se requieran para la revisión de las medidas de protección.

La información que se remita se expresará por escrito, en soporte electrónico, a menos que la naturaleza de la información exija otra forma de expresión y constancia. El sistema de transmisión electrónica deberá permitir el traspaso automático, periódico y masivo de la información. o) Colaborar con los órganos del Estado en el marco de sus competencias, y requerir o entregar información cuando corresponda. p) Generar procedimientos idóneos, formales y permanentes destinados a recabar periódicamente la opinión de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio y de sus familias, o de quienes los tengan legalmente a su cuidado, los que deberán ajustarse a las particularidades propias de las etapas de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, ser inclusivos y respetar los derechos que les asisten, en especial su derecho a ser oído y su autonomía progresiva, además de ser accesibles para toda familia.

La participación colectiva de niños, niñas y adolescentes y de sus familias se asegurará mediante la constitución e instalación de instancias de asociatividad de carácter local, regional y nacional, de funcionamiento regular, que les permitan impetrar por la resolución de sus inquietudes, la satisfacción de sus necesidades, la mejor ejecución de los servicios y el respeto de sus derechos en tales procesos.

Se generarán, además, mecanismos y procedimientos para que los niños, niñas y adolescentes, o personas de su confianza, puedan formular denuncias y reclamaciones de un modo protegido, automático y directo ante las autoridades nacionales y regionales del Servicio, por actos u omisiones del Servicio o sus colaboradores, que consideren vulneratorios de sus derechos. Esas autoridades estarán obligadas a proceder conforme a lo que en derecho corresponda, de conformidad con la naturaleza y gravedad de las denuncias o reclamaciones, y a llevar un registro completo de ellas, de la respuesta dada al reclamante y de la resolución habida en el caso.

Los mecanismos y procedimientos de participación y de exigibilidad de derechos a que se refiere esta disposición deberán ser debidamente informados y promovidos entre los sujetos de atención del Servicio y sus familias, regulándose por medio de un reglamento que dictará el Ministerio de Desarrollo Social y Familia antes de la entrada en vigencia de la presente ley. q) Velar por el respeto de los derechos humanos y las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección especializada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. r) Diseñar y desarrollar políticas, programas y actividades de capacitación periódica. s) Solicitar información a cualquier órgano del Estado que estime conveniente para el buen cumplimiento de sus funciones. t) Ejercer las acciones que correspondan para la recuperación de los recursos que hayan sido utilizados en contravención de lo dispuesto por la normativa pertinente o el respectivo convenio. Lo anterior, sin perjuicio de perseguir la responsabilidad civil, penal o administrativa de quienes incurrieron en dichos actos. u) Ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende.”

De esta forma se advierte con claridad, en la norma ya transcrita, que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia se encuentra facultado para diseñar, ejecutar y controlar los programas de protección, así como también para realizar un seguimiento personalizado del desarrollo, adherencia y cumplimiento de los planes de intervención individuales; dictar los actos administrativos que otorguen la acreditación a los colaboradores del Servicio; elaborar la normativa técnica y administrativa respecto de cada programa de protección especializada, la que deberá ajustarse a los principios y estándares del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; Supervisar y fiscalizar técnica, administrativa y financieramente la labor que ejecutan los colaboradores acreditados, conforme a la normativa técnica y administrativa del Servicio, entre otras varias potestades que le han sido encomendadas por la ley, por lo que queda de manifiesto, a juicio de esta Corte, la omisión en lo que respecta a la debida fiscalización y supervisión respecto de la Residencia Familiar nombre reservado, en el periodo en que se suscitaron los hechos denunciados.

Cabe mencionar que este Sistema o Red de Protección a los NNA, compuesto por una estructura acorde, en parte, a la normativa internacional fue creada por nuestro país, con el objetivo central de dar una cabal protección a nuestros NNA que se encuentran al cuidado del Estado, a fin de precaver, evitar y prevenir casos de vulneración de los derechos y garantías a este grupo de nuestra sociedad que se encuentra en gran desamparo y que, por ende, deben ser objeto de una mayor atención y protección, con la finalidad de evitar la transgresión de sus derechos;

Noveno: Que en el caso de marras claramente el sistema de supervisión y fiscalización del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, incumplió los deberes legales que le han sido impuestos, toda vez que no advirtió de manera oportuna, según da cuenta la investigación penal, la transgresión de derechos de estos catorces NNA que se encontraban en la Residencia Familiar nombre reservado, algunos de cuyos funcionarios permitieron, facilitaron y promovieron la ingesta y abuso de drogas, como así también la comisión de delitos de índole sexual;

Décimo: Que si bien el recurrido ha cuestionado el ejercicio de esta acción cautelar, resulta indudable que la protección a la cual se ha obligado el Estado Chile, mediante la suscripción de la Declaración de los Derechos del Niño, como también a través de todos los Tratados y documentos internacionales y legislación nacional vigente, orientada a dar una eficaz y eficiente protección a este grupo vulnerable de nuestra sociedad, permite sostener a esta Corte que la presente acción constitucional hizo posible, en este caso, que se otorgara una urgente protección a los adolescentes que eran víctimas de vulneración de sus derechos, especialmente, de aquél previsto en el artículo 19 N° 1 de nuestra Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, habiéndose otorgado por resolución cautelar dictada por esta Corte de fecha 18 de marzo de este año, gran parte de la tutela que se solicitó en el arbitrio de marras, es que se acoge el recurso deducido por la abogada Melissa Meza Madariaga, en favor de CAMILO; nombre reservado; EUGENIO;

MANUEL; PEDRO; NICOLÁS; GERARDO; DANIEL; RODRIGO;

ANDRÉS; SEBASTIÁN; HERNÁN; FRANCISCO; IGNACIO y en contra de nombre reservado, Directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; nombre reservado, Directora Metropolitana del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y nombre reservado, Director Residencia nombre reservado, correspondiente al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, sólo en cuanto se ordena a la máxima autoridad del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, evaluar los actuales procesos de selección de personal de las residencias a su cargo, así como también los de cualquier otra persona que forme parte de otros sistemas de cuidado de niños, niñas y adolescentes, distintos de sus familias de origen o extendidas, a efectos de asegurar su integridad y rectitud, además de la debida especialización de ellos en materias de infancia y de adolescencia, debiendo informar a esta Corte en el plazo de tres meses de ejecutoriado este fallo, las medidas adoptadas al respecto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro (S) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón.

N°Protección-623-2022.