nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA - SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO

Santiago, cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos:

1°.- Que comparece don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, el que interpone recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Lo Barnechea, representada por su Alcalde con Felipe Guevara Stephens y del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, (en adelante el SEREMI), por haber dictado, el primero, el Decreto N°537, de 13.07.2018 (publicado en el D.O. el 30.07.2018), que estima ilegal, por el cual promulgó la modificación N° 9 al Plan Regulador Comunal, (en adelante PRC), para el sector Farellones, La Parva, El Colorado y Valle Nevado, lo que permitirá la construcción en zonas mixtas o de equipamiento; y en contra del segundo, por haber pronunciado el ordinario N° 3025, de 29.06.2018, por el cual emitió un informe técnico favorable a la citada modificación, y sin el cual no se hubiere podido dictar el mencionado decreto.

Estima que tales actos lesionan la garantía constitucional del artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República, por lo que pide que se dejen sin efecto.

Explica que con dichas actuaciones se pretende cambiar el uso de suelo en zonas que se encuentran protegidas por el plan regulador metropolitano, por ser de preservación ecológica y de protección del recurso nieve. Incluso, se trata de áreas verdes en las que no está permitido construir y afectan sectores que forman parte del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca.

Asimismo, explica que las recurridas, conforme lo disponen los artículos 34 a 37 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, (en adelante LGUC) no tienen facultades para modificar el Plan Regulador Metropolitano, en orden a incorporar como áreas urbanizables cientos de hectáreas que se encuentran protegidas por ser áreas de protección ecológica y de protección del recurso nieve.

Sostiene que conforme con lo dispuesto en los artículos 7 quáter de la Ley 19.300 sobre de Bases del Medio Ambiente, en relación con el 2.1.11 de la Ordenanza de Urbanismo y Construcción para que se pueda permitir la urbanización en sectores silvestres protegidos y de preservación del recurso nieve, se requiere una resolución del Ministerio del Medio Ambiente, la que no existe. Por lo tanto, aun cuando la Municipalidad recurrida dictó el Decreto Municipal N°1913 de 29.06.2017, éste no suple al que debe dictar el Ministerio del Medio Ambiente.

Finalmente indica que al comparar los planos reguladores comunales aprobados por el Seremi con el Plan Regulador Metropolitano, (en adelante PRM), consta que el primero excede los límites del último, incorporando como sectores urbanos o urbanizables a cientos de hectáreas que están fuera del PRM, que no tienen la calidad de tal, siendo por el contrario rurales y, por lo tanto, también protegidos por ser zonas de preservación ecológica y del recurso nieve, cosa que no advirtió el Seremi.

2°.- Que informando la I. Municipalidad de Lo Barnechea, solicitó el rechazo del presente recurso de protección, con costas, por los siguientes argumentos.

A.- El actor no invocó un derecho subjetivo efectivamente afectado, ya que para impetrar y obtener la protección de garantías constitucionales amparadas en el artículo 19 N°8 de nuestra Carta Magna, no basta la titularidad erga omnes, sino que se requiere invocar un derecho subjetivo que efectivamente haya sido amagado, por ello no resulta indubitada la existencia del derecho perturbado respecto del recurrente. Si lo que se ha querido es impugnar la legalidad de los actos administrativos reclamados contra los que se recurre, existen otras vías procesales para tal fin.

B.- Además alegó la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de las recurridas porque en el caso de las áreas afectadas, los planos fueron aprobados por el órgano competente, esto es, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 4 de la LGUC, ya que a tal autoridad le corresponde “interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial”. Tanto es así, que la modificación N° 9 a los planos del PRC de Lo Barnechea, sector Centro Cordillera, una vez aprobada, se encuentra firme ya que no fue reclamada ante la autoridad administrativa ni judicial, por lo que no procede argumentar por esta vía su ilegalidad.

Tampoco dicha modificación altera el Límite de Extensión Urbana establecido en el PRM, por lo que mal podrían haberse infringido las normas de planificación territorial fijadas en la LGUC, puesto que como se dijo, la referida modificación 9 no afecta al límite urbano.

Por lo demás, también hay que considerar que la SEREMI emitió un informe técnico favorable sobre los antecedentes administrativos y técnicos, referidos al proyecto de modificación 9.

C.- También el proyecto cuestionado se sometió al proceso de evaluación ambiental estratégica, dando cumplimiento de esta forma a lo exigido por el artículo 7 ter de la Ley 19.300, proceso que culminó con la dictación de la Resolución de Término al Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica de la propuesta de modificación al PRC de Lo Barnechea.

D.- Por último, señala que los actos recurridos han protegido el medio ambiente, ya que no se altera ni se modifica el límite urbano y las decisiones sobre el territorio urbano definido por el PRMS y reconocido por el PRC se basan en objetivos ambientales sustentables.

3°.- Que en su informe la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, solicitó el rechazo de la presente acción de protección.

Previamente estima que considerando la materia sobre la que versa el recurso, ya que la recurrente formula alegaciones propias de un juicio declarativo de lato conocimiento, en que se requiere producir prueba a fin de acreditar sus aseveraciones, puesto que persigue la modificación de un instrumento de planificación territorial, tal cuestión no puede ser resuelta en un procedimiento cautelar, como lo es la acción de protección.

En cuanto al fondo explica que le corresponde a las Municipalidades emitir la Resolución de Término correspondiente a la Evaluación Ambiental Estratégica, para luego continuar con el proceso de aprobación previsto en el artículo 2.1.11 de la OGUC hasta la dictación del Decreto Alcaldicio que promulga el Plan regulador Comunal, o su modificación, que fue lo que ocurrió en el caso de la Modificación N° 9 del PRC de Lo Barnechea, por lo que tal acto está ajustado a derecho.

4°.- Que evacuando el informe solicitado la Contraloría General de la República, planteó como cuestión previa, que mediante Dictamen N° 85.417, de 2014, analizó la juridicidad de la interpretación efectuada por la SEREMI respecto al límite de extensión urbana del sector La Parva, correspondiente al Centro Cordillera, y concluyó que la determinación efectuada por tal autoridad se apartó de las facultades que le confiere el artículo 4° de la LGUC, toda vez que no correspondía a una interpretación del límite de extensión urbana del sector La Parva, sino que importaba una modificación del mismo, ordenando a esa repartición adoptar las medidas necesarias a objeto de adecuar sus actuaciones conforme al criterio formulado en dicho pronunciamiento.

La Municipalidad de Lo Barnechea solicitó la reconsideración de dicho dictamen, por lo que se emitió el N°35.111 de 2015, en el cual se detallaron algunas áreas de riesgo, que en la correspondiente viñeta se denominaban “faja de restricción quebrada artículo 8.2.1.1. a 1.3 de la Ordenanza PRMS.”.

Hace presente que mediante presentación efectuada por nombre reservado, se formularon una serie de planteamientos acerca de la juridicidad del proyecto, pero como el procedimiento se encontraba en desarrollo, no resultaba procedente emitir pronunciamiento sobre la materia.

Actualmente tal órgano está conociendo una presentación efectuada por don nombre reservado, mediante la cual requiere un pronunciamiento de juridicidad en relación al actuar del aludido Municipio y de la SEREMI pertinente, con motivo de la aprobación de la anotada modificación al PRC, para determinar la existencia de actos u omisiones de carácter ilegal y la necesidad de instruir la adecuación de su actuar al criterio establecido en el señalado dictamen N° 85.417, de 2014.

En cuanto a la solicitud del recurrente sobre el cumplimiento del dictamen N° 9.102 de 2017, explica que concluyó que lo obrado por la SEREMI no se ajustó a derecho, al certificar proyectos de subdivisión de predios ubicados en el Área de Preservación Ecológica regulada en el artículo 8.3.1.1 del PRMS -que prescribe que en las Áreas de Preservación Ecológica no se permitirán divisiones prediales-, fundada en que esa prohibición de subdivisión no se ajusta a la normativa vigente y por ende no podría aplicarse a los terrenos emplazados en esa área.

En este orden de ideas, el dictamen N° 25.536, de 2017, atendió una presentación de la SEREMI mediante la cual comunicaba las acciones adoptadas de acuerdo a lo ordenado por esta Entidad Fiscalizadora, pero esa repartición omitió dar cuenta de las providencias adoptadas respecto de aquellas certificaciones emitidas en contravención a lo ordenado, resultando necesario que se diera cabal cumplimiento a lo ordenado.

Sin embargo, por medio de oficio N°3.054, de 2017, la SEREMI comunicó las acciones efectuadas en respuesta al dictamen anterior, indicando que inició procedimientos de invalidación de todos aquellos ordinarios que aprobaron peticiones de certificación de subdivisiones en el Área de Preservación Ecológica, adjuntando las correspondientes resoluciones que los ordenaban instruir.

Finalmente hace presente que mediante sentencia de la ICA de Santiago, rol 29.169-2017, confirmada por Corte Suprema en rol 38,749-2017, se rechazó el recurso de protección interpuesto en contra del citado dictamen N°9102 de 2017.

5°.- Que en su informe el Gobierno Regional de la Región Metropolitana, sostuvo que por encontrarse la comuna de Lo Barnechea en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, aprobado a través de la Resolución N° 20 de 1994 del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, el informe de la SEREMI debe ser remitido directamente al Municipio, junto con el proyecto de Plan Regulador Comunal y sus antecedentes, con copia al Gobierno Regional.

Siendo el informe favorable, el Proyecto de Plan Regulador Comunal debe ser promulgado por un simple Decreto Alcaldicio, tal como ocurrió en la especie, no siendo procedente la intervención del Consejo Regional, ni del Gobierno Regional Metropolitano en la dictación y aprobación del señalado Plan Regulador Comunal.

6°.- Que, por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente en su informe expuso que le corresponde cumplir un rol de colaboración y apoyo a aquellos órganos de la Administración del Estado que deben llevar a cabo la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de las políticas, planes o instrumentos de ordenamiento territorial que deben dictar de conformidad a la ley.

De acuerdo al artículo 4 letra m) del Reglamento (DS 32 de 2015), el Órgano Responsable de la EAE en el caso del procedimiento para la elaboración y aprobación de los PRC que se encuentran normados por un Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal, como es el caso del Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea, es la Municipalidad y el acto administrativo que aprueba el Plan es el Decreto Alcaldicio respectivo, de acuerdo al art 2.1.11 inciso 7° de la Ordenanza de la LGUC.

Respecto a la Modificación N° 9 al Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea, no corresponde que tal Ministerio haya dictado la resolución a que hace referencia el artículo 7 quáter de la ley N°19.300, ya que el órgano competente para aprobar dicho instrumento de planificación territorial es la Municipalidad de Lo Barnechea.

7°.- Que, finalmente, la parte coadyuvante El Colorado S.A. alegó que la falta de evaluación ambiental estratégica a la modificación sustancial introducida a la propuesta, infringe el artículo 7 Bis de la Ley 19.300, que obliga a someter a una EAE, no sólo los PRC, sino también sus modificaciones, como ocurre en el caso de autos.

También explicita la falta de toma de razón del Decreto N° 537 de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que debió someterse al control preventivo de legalidad por parte de la CGR, ya que ésta en distintos dictámenes ha señalado que los planes reguladores quedan sometidos a tal trámite, hecho que ha sido ratificado por la jurisprudencia de la 3ª Sala de la Corte Suprema.

Finalmente advierte una falta a la regla de la jerarquía superior del Plan Metropolitano, al que deben sujetarse los comunales e intercomunales.

Cuestiones previas.

8°.- Que los recurridos alegaron que el actor no invocó un derecho subjetivo efectivamente afectado, requisito fundamental para pedir y obtener la protección de la garantía constitucional amparada en el artículo 19 N°8 de nuestra Carta Magna. Estiman que no es suficiente para recurrir la invocación a la titularidad erga omnes, sino que se requiere acreditar un derecho subjetivo que efectivamente sea amenazada o infringido. También estiman que si lo pretendido por esta vía fue reclamar la legalidad de los actos administrativos referidos en el recurso, existen otras vías procesales para tal fin.

9°.- Que no obstante que el recurrente nombre reservado, no ha señalado vínculo alguno con la comuna de Lo Barnechea, de hecho registra domicilio en la comuna de Santiago, debe considerarse que los actos reclamados mediante su acción de protección le interesan y afectan, teniendo en consideración la naturaleza de ellos y por incidir en un ámbito territorial importante de la Región Metropolitana. También no puede soslayarse que la Constitución Política establece que es deber del Estado velar para que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

Además, debe considerarse que el derecho para recurrir en contra de actos u omisiones que se estimen arbitrarios e ilegales, por afectar algunas de las garantías que se enumeran en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, es sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante las autoridades o los tribunales correspondientes, por lo que cualquier acción intentada para impugnar la legalidad de los actos materia de este recurso, no afecta el derecho del recurrente para hacerlo por esta vía.

En cuanto al fondo.

10°.- Que los actos impugnados por la parte recurrente son los siguientes:

A.- El Decreto N° 537 de 13 de julio de 2018, dictado por la Municipalidad de Lo Barnechea, por el cual promulgó la modificación N° 9 al Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea, sector Centro Cordillera, que refiere Farellones, La Parva, El Colorado y Valle Nevado, publicado en el Diario Oficial de 30 de julio de 2018.

B.- El Ordinario N° 3025 de 29 de junio de 2018, dictado por el Secretario Regional de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, por el cual emitió un informe técnico favorable a la modificación referida en el literal anterior.

11°.- Que, en síntesis, argumenta el recurrente que tales actos al autorizar el cambio de uso del suelo de una zona de preservación ecológica y de protección del recurso nieve, está protegida por PRM, y por lo tanto, está prohibido construir, por lo que concluye, que los recurridos no tienen facultades para autorizar tal modificación, ni menos a través de una modificación al PRC.

Lo anterior vulnera los artículos 34, 35, 36 y 37 de la LGUC; 7 quáter de la Ley 19.300; y 2.1.11 de la OG de la LGUC, con lo cual la autoridad vulnera la garantía constitucional protegida en el N° 8 del artículo de la Constitución Política de la República.

12°.- Que para una acertada resolución de lo debatido conviene tener presente las siguientes normas legales:

A.- De la LGUC: (Ubicados en el párrafo 3°.- “De la Planificación Urbana Intercomunal”).

Artículo 34°.- Se entenderá por Planificación Urbana Intercomunal aquella que regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana.

Cuando esta unidad sobrepase los 500.000 habitantes, le corresponderá la categoría de área metropolitana para los efectos de su planificación.

La Planificación Urbana Intercomunal se realizará por medio del Plan Regulador Intercomunal o del Plan Regulador Metropolitano, en su caso, instrumentos constituidos por un conjunto de normas y acciones para orientar y regular el desarrollo físico del área correspondiente.

Las disposiciones de los artículos siguientes, referentes al Plan Regulador Intercomunal, regirán igualmente para los Planes Reguladores Metropolitanos.

Artículo 35°.- El Plan Regulador Intercomunal estará compuesto de:

a) Una memoria explicativa, que contendrá los objetivos, metas y programas de acción;

b) Una Ordenanza, que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes, y c) Los planos, que expresen gráficamente las disposiciones sobre zonificación general, equipamiento, relaciones viales, áreas de desarrollo prioritario, límites de extensión urbana, densidades, etc.

Para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, estos documentos constituirán un solo cuerpo normativo.

Artículo 36.- El anteproyecto de Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, o sus modificaciones, será elaborado por la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, con consulta a las municipalidades correspondientes y a los organismos de la administración del Estado que sean necesarios, con el fin de resguardar una actuación pública coordinada sobre el territorio planificado. Este proceso se iniciará con la formulación y consulta de la imagen objetivo del instrumento, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 octies de esta ley, y se ajustará a lo señalado en el inciso cuarto del artículo 7 bis de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

De conformidad al inciso quinto del artículo 7 bis de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el anteproyecto de plan regulador que se elabore contendrá un informe ambiental, que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente para sus observaciones. Posteriormente, ambos documentos, junto con un resumen ejecutivo que incluya su descripción y los principales efectos esperados, sin perjuicio de la difusión de otros resúmenes explicativos en lenguaje claro y simple, serán sometidos a un proceso de consulta pública conforme a lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 28 octies.

En paralelo a la consulta pública se solicitará la opinión de las Municipalidades correspondientes, las que deberán pronunciarse sobre el anteproyecto dentro del plazo de treinta días, contado desde su conocimiento oficial, vencido el cual la falta de pronunciamiento será considerada como aprobación.

Terminadas las consultas anteriores, la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo elaborará un proyecto de Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano y lo remitirá, junto al expediente completo, al gobierno regional para continuar su trámite de aprobación en conformidad a las disposiciones de su ley orgánica constitucional. En caso que el proyecto altere la propuesta de modificación del límite urbano contenida en el acuerdo a que se refiere el numeral 5 del artículo 28 octies, la misma autoridad informará de este hecho, dentro de quinto día, al Servicio de Impuestos Internos, señalando la zona afectada.

Artículo 37.- Previa autorización de la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo correspondiente, un grupo de municipalidades afectas a relaciones intercomunales podrán elaborar directamente un anteproyecto de Plan Regulador Intercomunal, el que deberá ser diseñado de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo precedente y enviado a dicha secretaría para que verifique, dentro del plazo de sesenta días, si el instrumento propuesto se ajusta a esta ley y su ordenanza. Si el informe es favorable, la secretaría deberá remitirlo al gobierno regional para iniciar su trámite de aprobación en conformidad a las disposiciones de su ley orgánica constitucional.

Artículo 37 bis.- Podrán aprobarse enmiendas a los planes reguladores intercomunales cuando se trate de modificaciones que no sean sustantivas y recaigan en disposiciones relativas al ámbito de competencia propio de estos instrumentos, dentro de los márgenes y de acuerdo al procedimiento simplificado que establezca la Ordenanza General, el que en todo caso deberá contemplar una consulta a las municipalidades correspondientes y un proceso de consulta pública.

Tratándose de modificaciones en los trazados de las vías intercomunales, será necesario un informe favorable de la autoridad regional o metropolitana competente en materia urbanística.

B.- De la Ordenanza General de la LGUC: (Referido a la planificación urbana comunal).

Artículo 2.1.11. El procedimiento para la elaboración y aprobación de los Planes Reguladores Comunales se regirá por lo dispuesto en los incisos siguientes.

El proyecto de Plan Regulador Comunal será preparado por la Municipalidad respectiva. Elaborado el proyecto, el Concejo, antes de iniciar su discusión, deberá:

1. Informar a los vecinos, especialmente a los afectados, acerca de las principales características del Instrumento de Planificación Territorial propuesto y de sus efectos, señalando los criterios adoptados respecto de cada uno de los contenidos del Plan Regulador Comunal señalados en el artículo 2.1.10. de esta Ordenanza General.

Tal información deberá entregarse, al menos, mediante carta certificada a las organizaciones territoriales legalmente constituidas que estén involucradas y, a través de un aviso de prensa en un medio de amplia difusión en la comuna, se pondrá en conocimiento de los vecinos que dicha información, acompañada de la memoria explicativa, estará a su disposición para su retiro gratuito, en el lugar que allí se indique. En este mismo aviso se indicará el lugar y fecha en que se realizarán las audiencias públicas a que se refiere el número siguiente.

2. Realizar una o más audiencias públicas en los barrios o sectores más afectados para exponer el proyecto a la comunidad, en la forma establecida en la Ordenanza de Participación Ciudadana de la respectiva Municipalidad.

3. Consultar la opinión del Consejo Económico y Social comunal, en sesión citada expresamente para este efecto.

4. Dar inicio al proceso de aprobación del Plan Regulador Comunal o de sus modificaciones, exponiendo el proyecto de Plan Regulador Comunal a la comunidad, integrado por los documentos que lo conforman de acuerdo al artículo 2.1.10. y la evaluación de impacto ambiental si a esa fecha estuviere resuelta, por un plazo de treinta días, con posterioridad a la o las audiencias públicas. Dichos documentos podrán ser adquiridos por los interesados, a su costa.

5. Vencido dicho plazo se consultará a la comunidad, por medio de una nueva audiencia pública, y al Consejo Económico y Social Comunal, en sesión convocada especialmente para este efecto. En dicha sesión deberá presentarse un informe que sintetice las observaciones recibidas.

6. Los interesados podrán formular, por escrito, las observaciones fundadas que estimen convenientes acerca del proyecto de Plan Regulador Comunal, hasta quince días después de la audiencia pública a que se refiere el número anterior.

El lugar y plazo de exposición del proyecto de Plan Regulador Comunal y el lugar, fecha y hora de las audiencias públicas, deberán comunicarse previamente por medio de dos avisos publicados, en semanas distintas, en algún diario de los de mayor circulación en la comuna o mediante avisos radiales o en la forma de comunicación masiva más adecuada o habitual en la comuna.

Cumplidos los trámites anteriores, y resuelta la evaluación de impacto ambiental correspondiente, el Alcalde deberá presentar el proyecto de Plan Regulador Comunal para la aprobación del Concejo, junto con las observaciones que hayan hecho llegar los interesados, en un plazo no inferior a quince ni superior a treinta días, contado desde la audiencia pública indicada en el número 5 de este artículo.

El Concejo deberá pronunciarse sobre las proposiciones que contenga el proyecto de Plan Regulador Comunal, analizando las observaciones recibidas y adoptando acuerdos respecto de cada una de las materias impugnadas. Cuando se tratare de objeciones o proposiciones concretas de los interesados, tales acuerdos deberán comunicarse por escrito a quienes las hubieren formulado. En caso que dicho Concejo aprobare modificaciones, deberá cautelar que éstas no impliquen nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad. No podrá, en todo caso, pronunciarse sobre materias o disposiciones no contenidas en el aludido proyecto, salvo que el proyecto de Plan Regulador Comunal modificado se exponga nuevamente conforme a lo dispuesto en el inciso segundo.

El proyecto de Plan Regulador Comunal aprobado será remitido, con todos sus antecedentes, a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva. Dicha Secretaría Ministerial, dentro del plazo de sesenta días contado desde su recepción, revisará el proyecto de Plan Regulador Comunal y emitirá un informe sobre sus aspectos técnicos, en lo que se refiere a su concordancia con esta Ordenanza General y con el Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal, si lo hubiere. En el caso de que en la revisión de la Secretaría Ministerial se detecten observaciones técnicas, la Secretaría Ministerial podrá suspender el plazo señalado en este inciso y devolverá los antecedentes que correspondan al municipio para que se subsanen dichas observaciones, otorgando un plazo máximo de 20 días para que sean subsanadas. Una vez reingresados los antecedentes por parte del municipio, la Secretaría Ministerial continuará con la tramitación debiendo evacuar su informe dentro del plazo restante. En el evento de que el municipio no subsane las observaciones en el plazo fijado por la Secretaría Ministerial, ésta deberá emitir un informe negativo indicando los aspectos técnicos observados.

Si la comuna está normada por un Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal, el informe de la Secretaría Regional Ministerial será remitido directamente al Municipio, junto con el proyecto de Plan Regulador Comunal y sus antecedentes, con copia al Gobierno Regional. Si el informe es favorable, el Proyecto de Plan Regulador Comunal o de Plan Seccional será promulgado por decreto alcaldicio.

Si el proyecto de Plan Regulador Comunal no se ajustare a esta Ordenanza General o al Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo deberá emitir un informe negativo y lo remitirá, conjuntamente con el proyecto de Plan Regulador Comunal y sus antecedentes, al Municipio, el cual deberá corregir las discordancias con esta Ordenanza General, en su caso, y podrá modificar el proyecto de Plan Regulador Comunal para concordarlo con el Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal o insistir en su proyecto. En este último caso remitirá el proyecto de Plan Regulador Comunal, con todos los antecedentes, incluido el informe negativo de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, al Gobierno Regional para que éste se pronuncie sobre los aspectos objetados.

Si no existiera un Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal que incluya el territorio comunal, el informe de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo será remitido, junto con el proyecto de Plan Regulador Comunal y sus antecedentes, al Gobierno Regional para su aprobación por el Consejo Regional, con copia al Municipio.

El pronunciamiento del Consejo Regional se hará sobre la base del informe técnico de la Secretaría Regional Ministerial. Si el informe fuere desfavorable, el Consejo sólo podrá aprobar el proyecto de Plan Regulador Comunal mediante acuerdo fundado.

Aprobado el proyecto de Plan Regulador Comunal en la forma establecida en los tres incisos anteriores, será promulgado por resolución del Intendente. Los actos administrativos que promulguen la aprobación o modificación de un Instrumento de Planificación Territorial deberán publicarse en el Diario Oficial, junto con la respectiva ordenanza. Los gastos que demande su publicación serán de cargo del órgano al cual compete su aprobación. Los planos y la ordenanza correspondiente se archivarán en los Conservadores de Bienes Raíces respectivos, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respectiva y en las Municipalidades correspondientes.

Las modificaciones a los Planes Reguladores Comunales se sujetarán al mismo procedimiento señalado en el presente artículo.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, cuando las modificaciones a los Planes Reguladores Comunales se refieran exclusivamente a la incorporación de inmuebles o zonas de conservación histórica a que se refiere el inciso segundo del artículo 60º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones o a modificaciones de las normas urbanísticas de estos inmuebles o zonas, el procedimiento de modificación del Plan Regulador Comunal estará exento de someterse a la evaluación de impacto ambiental. (El subrayado es nuestro).

C.- De la Ley 19.300:

Artículo 7 quáter: (Ubicado en el párrafo 1 bis “De la Política Ambiental Estratégica).

“La etapa de aprobación de la política o plan, culminará con una resolución del Ministerio sectorial, en la cual se señalará el proceso de elaboración de la política o plan desde su etapa de diseño, la participación de los demás organismos del Estado, la consulta pública realizada y la forma en que ha sido considerada, el contenido del informe ambiental y las respectivas consideraciones ambientales y de desarrollo sustentable que debe incorporar la política o plan para su dictación, así como los criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia del plan o política, y los criterios e indicadores de rediseño que se deberán considerar para la reformulación de dicho plan o política en el mediano o largo plazo.”.

D.- Del Decreto Supremo N° 32 de 17 de agosto de 2015, que aprobó el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica.

“Artículo 6: Rol del Ministerio del Medio Ambiente. El rol que el Ministerio del Medio Ambiente desempeñará, para efectos de la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica a una política, plan o instrumento de ordenamiento territorial, es el siguiente:

a) Orientar y colaborar técnicamente en el proceso de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica, a solicitud del órgano responsable, especialmente en cuatro aspectos: En la identificación y justificación de los factores críticos de la decisión; en la definición del diagnóstico ambiental estratégico; en la identificación y evaluación de las opciones de desarrollo y en la definición del seguimiento de la política, plan o instrumento de ordenamiento territorial.

b) Formular observaciones al informe ambiental contenido en el anteproyecto de la política, plan o instrumento de ordenamiento territorial presentado por el órgano Responsable ante el Ministerio del Medio Ambiente.

c) Elaborar instrumentos técnicos destinados a orientar la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica, tales como manuales, instructivos y guías de aplicación práctica, y d) Elaborar y mantener un sistema de información destinado a la consulta y seguimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.”. (El subrayado es nuestro).

E.- De la Ley 19.175. (Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional).

Artículo 36 letra c):

Corresponderá al consejo regional:

“c).- Aprobar los planes regionales de desarrollo urbano, los planes reguladores metropolitanos y los planes reguladores intercomunales, así como los planos de detalle de estos últimos, propuestos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

Aprobar los planes reguladores comunales y los planes seccionales de comunas que no formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal, previamente acordados por las municipalidades, en conformidad con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre la base del informe técnico que deberá emitir la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva.

No obstante lo anterior, le corresponderá pronunciarse sobre los planes reguladores comunales y los planes seccionales de comunas que, formando parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal, hayan sido objeto de un informe técnico desfavorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, sólo respecto de aquellos aspectos que hayan sido objetados en dicho informe.

El consejo regional deberá pronunciarse dentro del plazo de noventa días, contado desde su recepción, cuando se trate de planes regionales de desarrollo urbano, planes reguladores metropolitanos o intercomunales. Tratándose de planos de detalle de planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, el pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de sesenta días. Transcurridos que sean dichos plazos, se entenderá aprobado el respectivo instrumento de planificación”.

F.- De la Resolución N° 20 de 6 de octubre de 1994, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, que “APRUEBA PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO”.

Artículo 2.1. Ubicado en el Título 2° “AMBITO TERRITORIAL DEL PLAN METROPOLITANO”:

“El Plan Metropolitano se aplicará en todo el territorio de las siguientes comunas, definidas en el Decreto con Fuerza de Ley 1-3260, del 9/3/81 (Diario Oficial del 17/3/81) y sus modificaciones posteriores, que establece la división político administrativa del país: […] N° 8.- Lo Barnechea.

Las disposiciones del Plan Metropolitano se deberán cumplir obligatoriamente en los instrumentos de planificación local de estas comunas.”.

13°.- Que el principio de legalidad, reconocido explícitamente en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental, es un pilar fundamental del derecho público conforme al cual los órganos del Estado en el ejercicio de las potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen su competencia y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción.

14°.- Que por estar la Comuna de Lo Barnechea, regulada por la Resolución N° 20 del Gobierno Regional Metropolitana, corresponde que el informe que deba emitir la SEREMI de Vivienda, sobre el proyecto de Plan Regulador Comunal, se remita directamente al Municipio interesado, en el caso de autos, al de Lo Barnechea, y por ser, además, aquél favorable, el proyecto respectivo será promulgado por Decreto Alcaldicio, como efectivamente ocurrió en la especie, por lo que no es necesario, como sostienen los recurrentes, la intervención del Consejo Regional, ni del Gobierno Regional Metropolitano, en la dictación y aprobación del referido Plan Regulador Comunal.

15°.- Que, cabe además tener presente, que el oficio que da cuenta del Decreto Alcaldicio que contiene la Modificación N° 9 al PRC de Lo Barnechea, fue recibido oportunamente en la Secretaría Regional del Medio Ambiente, con fecha 28 de octubre de 2018, el cual pasó a integrar el sistema de información electrónico destinado a la consulta y seguimiento del procedimiento Evaluación Ambiental Estratégica, al ordenarse que tal acto administrativo ingrese al referido sistema, con fecha 30 de noviembre del año recién pasado, precisamente para su consulta y seguimiento por cualquier interesado.

Finalmente de conformidad con el artículo 53 de la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades, las resoluciones que dicten éstas estarán exentas del trámite de toma de razón.

Ergo, las autoridades recurridas actuaron dentro de la esfera de sus atribuciones, sujetándose en todo momento al principio de legalidad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el deducido por don nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de Lo Barnechea, representada por su Alcalde con Felipe Guevara Stephens y del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, en lo principal de la presentación de 28 de agosto de 2018.

Regístrese y archívese.

Redactó el Ministro señor Carreño.

Protección Rol N° 62.215-18.

No firman el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia y el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, el primero por estar con feriado legal y el segundo por haber cesado en sus funciones como abogado integrante.