Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e I

Santiago, veinticinco de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado quien interpuso recurso de protección, a través de formulario dispuesto por esta Corte, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N°NUM000, de 25 de marzo de 2025 que mantuvo el rechazo de las licencias médicas N°sNUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, extendidas por un total de 161 días a contar del 27 de julio de 2024, por los diagnósticos de trastorno de adaptación y episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos.

Afirma que el acto sería ilegal y arbitrario por cuanto se vulnera derechos a la vida e integridad física y psíquica, reconocido en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita que se deje sin efecto el rechazo de las licencias médicas y se ordene el pago de las mismas.

Segundo: Que evacuó informe el abogado Alfredo Añazco González, mandatario judicial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (R.M.), y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), solicita el rechazo de la presente acción.

Explica que la justificación del rechazo por parte de COMPIN R.M. de las licencias médicas objeto del presente recurso se fundó en circunstancias objetivas debidamente registradas en el expediente administrativo y en el sistema informático SIF. Particularmente, se determinó que respecto de la licencia N°NUM001 el informe presentado en el recurso de reconsideración no justificó el reposo más allá de lo autorizado previamente, no refiere pronóstico, sin recuperabilidad laboral clara, sin evaluación por especialista o derivación al programa de salud mental, tampoco acreditó carnet de psicoterapia.

Además, respecto de las licencias N°NUM002, NUM003, NUM004, y NUM005 en su recurso de reconsideración adjuntó informe de médico general particular se estimó insuficiente para justificar la prolongación del reposo más allá de los 114 días previamente autorizados, precisando que no contiene escala de gravedad, sin evolución clínica, sin modificación farmacológica, ni derivación a especialista.

Finalmente, en cuanto a las licencias N°NUM006, NUM007, NUM008 y NUM009, también presentó recurso de reconsideración en el cual adjuntó un informe insatisfactorio de médico general sin registro de especialidad en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (RNPIS) de diciembre 2024, extrasistema, sin adjuntar carnet psicológico que acredite número de psicoterapias realizadas, sin cumplir fecha probable de alta, ni plan de recuperabilidad, ni derivación adjunta a médico especialista, del cual no se pueden desprender argumentos que permitan justificar la necesidad de prolongación del reposo más allá del periodo que ya ha sido autorizado, ya que sobrepasa el número de días estimados como adecuados para favorecer la recuperabilidad y reintegro laboral.

Finalmente, fundamenta su actuación en el marco normativo vigente que regula el otorgamiento de licencias médicas y consecuente pago del subsidio, específicamente en el Decreto N°7/2013 sobre Guías Clínicas Referenciales y el Decreto Supremo N°3/1984 que establece el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, cuyo artículo 14 otorga competencia privativa para aprobar o rechazar licencias médicas, enfatizando su carácter de organismo eminentemente técnico que busca asegurar el cumplimiento de la finalidad terapéutica y transitoria de las licencias médicas.

Tercero: Que, comparece la abogada Romina Andrea Ugalde Rañileo, quien evacúa informe por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y solicita el rechazo de la acción cautelar.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción, argumentando que la materia sobre la cual versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que las materias relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el pago de subsidios por incapacidad laboral, pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de protección constitucional.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del recurso, expone que consta en los antecedentes administrativos que la Superintendencia de Seguridad Social estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas extendidas a la recurrente por un total de 161 días a contar del 27 de julio de 2024, no se encontraba justificado. Fundamentó esta conclusión señalando que no era posible establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 114 días de reposo ya autorizados por la misma patología, agregando que los informes médicos no describían el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprendiera el rol terapéutico del reposo.

En cuanto a las justificaciones médico-administrativas, la recurrida cita el informe de 18 de marzo de 2025, elaborado por el especialista don nombre reservado, quien señaló como antecedentes relevantes que en el Informe Médico Tratante (IMT) del 9 de octubre de 2024: "no menciona síntomas de gravedad, tratamiento farmacológico escitalopram 20 mg, zopiclona 3,75 mg, se acredita psicoterapia, médico no psiquiatra". De la misma forma, respecto del informe de médico tratante del 16 de octubre de 2024 destaca que no contiene plan de reintegro laboral. Mismas observaciones se aprecian respecto del informe médico de 9 de noviembre de 2024. Concluye que se trataba de "licencias médicas emitidas por distintos médicos, médicos no especialistas, médico alto emisor. Mujer de 52 años, trabaja como técnico en párvulos. Con permiso autorizado por 114 días con diagnóstico de F43.2 - Trastornos de adaptación, F43 - Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación, F32.2 - Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita atenciones por psiquiatra.

Se rechaza".

Argumenta que la Superintendencia de Seguridad Social cuenta con las facultades legales para ejercer el control administrativo y técnico en materia de licencias médicas, conforme a lo establecido en los artículos 2°, 3°, 27 y 38 de la Ley N°16.395, modificada por la Ley N° 20.691 de 2013.

Precisó que dichas atribuciones comprenden la supervigilancia en los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como la calidad y oportunidad de las prestaciones.

Niega que se haya cometido alguna ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, sosteniendo que las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas en los antecedentes que constan en el expediente administrativo, no constituyendo actos caprichosos o carentes de fundamento racional. Del mismo modo, alegó la inexistencia de vulneración de derechos constitucionales, argumentando que no existe derecho alguno sobre eventuales subsidios sin contar previamente con una licencia médica autorizada, y que la sola emisión de una licencia por parte de un profesional de la salud no implica el nacimiento automático de tal derecho Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho vulnerado, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración del derecho constitucional previsto en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se desestimará.

Séptimo: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta N°NUM000, de 25 de marzo de 2025 que mantuvo el rechazo de las licencias médicas, se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la reclamación presentada por la recurrente. Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque el derecho fundamental invocado por la actora, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

En efecto, la resolución recurrida señala que la razón por la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas de que se trata fue: “(…) que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 114 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”, considerando además que, según consta en el expediente administrativo, las licencias médicas fueron emitidas por distintos médicos no especialistas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que:

I.- Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 6215-2025 Protección