Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e I

Santiago, cinco de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado quien interpuso recurso de protección, a través de formulario dispuesto por esta Corte, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N°NUM000, de 31 de marzo de 2025 que mantuvo el rechazo de las licencias médicas N°sNUM001, NUM002 y NUM003, extendidas por un total de 90 días a contar del 16 de julio de 2024.

Afirma que el acto sería ilegal y arbitrario por cuanto se vulneran los derechos a la vida e integridad física y psíquica, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad, reconocidos en los números 1, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita que se deje sin efecto la resolución antes citada y se ordene el pago de las licencias médicas.

Segundo: Que evacuó informe el abogado Alfredo Añazco González, mandatario judicial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (R.M.), y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), solicita el rechazo de la presente acción.

Arguye que la justificación del rechazo por parte de COMPIN R.M. de las licencias médicas objeto del presente recurso se fundó en circunstancias objetivas debidamente registradas en el expediente administrativo y en el sistema informático SIF. Al respecto, explica que se consideró que la paciente, de 73 años, mantenía reposo prolongado, acompañó un informe emitido por neurocirujano de 21 de noviembre de 2024 donde se señala que la patología no es recuperable.

Añade que la actora no aporta antecedentes suficientes que justifiquen la prolongación del reposo con rol terapéutico o que presente mejora significativa, perdiendo la licencia el carácter de ser transitoria o curativa.

Agrega que la Superintendencia de Seguridad Social confirmó la decisión anterior, mediante Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 31 de marzo de 2025, precisando que el tiempo de reposo autorizado, el que alcanza 740 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, son indicativos de que las afecciones que la afiliada presenta, son de curso crónico.

Finalmente, fundamenta su actuación en el marco normativo vigente que regula el otorgamiento de licencias médicas y consecuente pago del subsidio, específicamente en el Decreto N°7/2013 sobre Guías Clínicas Referenciales y el Decreto Supremo N°3/1984 que establece el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, cuyo artículo 14 otorga competencia privativa para aprobar o rechazar licencias médicas, enfatizando su carácter de organismo eminentemente técnico que busca asegurar el cumplimiento de la finalidad terapéutica y transitoria de las licencias médicas.

Tercero: Que, comparece el abogado Sebastián De La Puente Hervé, quien evacúa informe por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y solicita el rechazo de la acción cautelar.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad de la acción de protección, señalando que la recurrente interpuso el presente recurso el 3 de abril de 2025, cuando ya había transcurrido el plazo fatal de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado respectivo se encontraba vencido con creces. Sostiene que la señora nombre reservado tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas desde el 27 de diciembre de 2024, fecha en que reclamó ante la Superintendencia por el rechazo de las licencias médicas en cuestión, evidenciando que conocimiento de la decisión a lo menos tres meses antes de ejercer la acción constitucional.

En segundo término, alegó la improcedencia de la acción, argumentando que la materia sobre la cual versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que las materias relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el pago de subsidios por incapacidad laboral, pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de protección constitucional.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del recurso, expone que consta en los antecedentes administrativos que la Superintendencia de Seguridad Social estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas objeto del recurso no se encontraba justificado. Esta conclusión se fundó en que el tiempo de reposo autorizado, el que supera los 740 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que presenta, es de curso crónico, la que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral de la paciente.

En cuanto a las justificaciones médico-administrativas, la recurrida cita el informe de 25 de marzo de 2025, elaborado por el especialista don nombre reservado, quien señaló: "paciente de 73 años, reclamando 90 días de reposo laboral desde el 16-07-24, con lm por dg osteomuscular, ya con mas de 740 días autorizados, imc de neurocx que informa patología crónica irrecuperable, solo manejo medico. no acredita kine, sin imágenes".

Argumenta que la actuación de la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones fiscalizadoras, particularmente aquellas contenidas en la Ley N°16.395 y la Ley N°20.585, que le otorgan competencia para supervisar el otorgamiento y uso correcto de las licencias médicas. En tal sentido, argumentó que la licencia médica constituye un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral, no siendo procedente su extensión indefinida cuando la patología adquiere características de cronicidad que generan incapacidad permanente.

Finalmente, la Superintendencia sustentó su petición de rechazo del recurso argumentando que no existió de su parte actuación ilegal o arbitraria, puesto que se limitó a resolver dentro del ámbito de su competencia, aplicando criterios técnicos y normativos vigentes. Asimismo, sostuvo que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo no implica el nacimiento automático del derecho al subsidio por incapacidad laboral, siendo necesario cumplir con los requisitos establecidos en la normativa pertinente, lo que en el caso concreto no se verificaba dado el carácter crónico e irrecuperable de la patología del recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho vulnerado, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, cabe señalar que la acción de marras se ha deducido en contra de la Resolución Exenta N°NUM000, de 31 de marzo de 2025, de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de las licencias médicas materia de autos, por lo que al haberse deducido el presente recurso el 3 de abril del mismo año, la alegación de extemporaneidad será rechazada.

Séptimo: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración de los derechos constitucionales previstos en los números 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto de los que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se desestimará.

Octavo: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Noveno: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta N°NUM000, de 31 de marzo de 2025 que mantuvo el rechazo de las licencias médicas, se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la reclamación presentada por la recurrente. Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque el derecho fundamental invocado por la actora, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

En efecto, la resolución recurrida señala que la razón por la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas de que se trata fue: “(…) que el tiempo de reposo autorizado, el que alcanza 740 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que las afecciones que la afiliada presenta, son de curso crónico, las que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le producen algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral de la paciente”.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que:

I.- Se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 6213-2025 Protección