Protección contra Inspección Comunal del Trabajo de Providencia

Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que Comparece Jorge Arancibia Gallardo, abogado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, representada por su Jefe Comunal, don nombre reservado y de nombre reservado, fiscalizadora de la Oficina Comunal de la Inspección del Trabajo de Providencia; por cuanto han incurrido en un acto arbitrario e ilegal que ha significado para su representada una severa perturbación y privación del legitimo ejercicio de sus garantías fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, por la dictación de la Resolución de Multas N°8367/19/19, de 5 de junio de 2019, notificada por carta certificada enviada el 20 de junio de 2019, a fin de que se acoja esta acción y se adopten las medidas necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho.

Expone que las recurridas, con fecha 5 de junio de 2019, cursaron la Resolución de Multa No 8367/19/19, a nombre reservado por los siguientes conceptos:

1.- No escriturar contrato de trabajo de doña nombre reservado, contratada con fecha 1 de febrero de 2010 y hasta el 30 de abril de 2019, por 10 UTM ($487.410).

2.- No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales, en la AFP Modelo, a la trabajadora doña nombre reservado, por el período de febrero de 2010 a abril de 2019, por 83,25 UF ($2.312.349).

3.- No declarar oportunamente el aporte del 4,11% de la remuneración mensual imponible en la AFP, respecto de la trabajadora de casa particular ya individualizada, cédula de identidad N° RUT reservado por el período de febrero de 2010 a abril de 2019.

Las referidas multas son el resultado de una visita intempestiva que realizara al domicilio ubicado en domicilio reservado, la fiscalizadora doña nombre reservado, oportunidad en la que se le dejó entrar a la casa y, una vez en su interior comenzó́ a realizar una serie de afirmaciones y consultas respecto de doña nombre reservado.

Luego de un tenso diálogo, en la que la recurrida no quiso entender que la señora nombre reservado había sido recientemente contratada en el mes de mayo para asistir al referido domicilio de 9 a 14 horas, a realizar labores propias de una trabajadora de casa particular y que debido a ello se encontraba presente en el domicilio en aquella oportunidad, se le comenzaron a realizar una serie de imputaciones no ciertas y que derivó en el acto que motivó la presentación de este recurso de protección.

Por ello, resulta del todo improcedente que se hubiere indicado en la Resolución de Multa N° 8367/19/19 que la señalada persona prestó servicios en una data anterior al mes de mayo del presente año, toda vez que no existía ni existe antecedente alguno que objetivamente le hubiera permitido a las recurridas llegar a la referida conclusión que sirvió de base a la aplicación de multas al sostener que existía con doña nombre reservado una relación informal por más de 9 años, sin que lo anterior constara de algún antecedente objetivo.

El acto administrativo emanado de las recurridas que se impugna por esta vía, cumple con las exigencias que al efecto indica el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por cuanto en la misma se expresa que se habría constatado una supuesta infracción al Código del Trabajo y al Decreto Ley N° 3500.

La Dirección del Trabajo como órgano perteneciente a la Administración del Estado debe respetar los principios de legalidad y juridicidad consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, lo que implica que no debe exceder los límites de la competencia que dicha ley le otorga, y en particular, ejercer sus facultades fiscalizadoras dentro de los límites de su competencia. Lo que no ocurrió en este caso, ya que en la especie la Fiscalizadora resolvió por sí y ante sí que se encontraba frente a una situación de relación laboral no formalizada y determinó el incumplimiento de parte de la actora de normas obligatorias para el empleador y consecuencia de ello, le aplicó las gravosas multas más arriba referidas. Es decir, la recurrida se erigió en juez y sin forma de juicio resolvió una cuestión suscitada aparentemente entre nombre reservado y nombre reservado, sin que hubiera posibilidad alguna de ejercer derecho a defensa.

La Resolución de Multa N° 8367/19/19, en cuya virtud se aplicaron las sanciones que motivan la presentación de este recurso de protección, es ilegal y arbitraria por cuanto es contraria a las normas que amparan la igualdad ante la ley, específicamente el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de dominio que toda persona tiene respecto de bienes de su propiedad, lo que está protegido por los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

En este caso, la Dirección del Trabajo actuando a través de la funcionaria fiscalizadora, no respetó el derecho de igualdad a la ley de la señora nombre reservado, la que en circunstancias normales no debió haber sido objeto de la declaración de existencia de relación laboral, además, las recurridas han actuado como un verdadero Tribunal de Justicia al declarar sin forma de juicio y sin derecho a defensa la existencia de una relación laboral de larga data no formalizada, ordenando el pago de multas derivadas de esa errónea calificación, lo que amenaza el derecho de propiedad de su representada a quien se le ordenó pagar la suma total de $ 4.341.325.

Solicita acoger el recurso adoptando de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales conculcadas y amenazadas a su representada, ordenando a las recurridas suspender y en su caso dejar sin efecto la Resolución de Multas N° 8367/19/19, con expresa condenación en costas.

2°.- Que en su informe don nombre reservado, abogado, en representación de la Inspección Comunal de Providencia, expuso en primer lugar la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, ya que en este caso se interpuso recurso de protección, acción cautelar de indudable significación en la protección de los derechos y garantías fundamentales en contra de una Resolución de Multa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de las resoluciones que emanan de la Inspección del Trabajo, los procedimientos establecidos en el Código del Trabajo, para los efectos de reclamar judicialmente, en forma directa, sobre las resoluciones que se pronuncian respecto de una resolución de multa, como ocurre en la especie. En estas condiciones, el recurso de protección se está utilizando derechamente como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, contemplados en la legislación laboral, como así lo ha señalado la jurisprudencia que cita. Agrega que lo reclamado no se trata de un verdadero derecho fundamental, sino que se trata de una materia que es de carácter contencioso administrativo, que en el caso en cuestión, voluntariamente la recurrente no lo hizo valer en la instancia judicial ni por vía administrativa.

Además, es importante señalar que a la fecha de presentación de este recurso, ya estaba vencido el plazo para reclamar judicialmente de la multa, pero aún estaba pendiente el plazo para recurrir por la acción de reconsideración administrativa, y sin embargo, se utilizó la vía del recurso de protección, como medio de reclamación de la misma. Aquello no hace más que confirmar que la presente acción constitucional, se ejerció indubitadamente como un mero sustituto procesal.

En segundo lugar, señala la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición. En la especie, se ha recurrido contra de una resolución de multa, la que ha sido el resultado de un proceso de fiscalización ajustado al procedimiento establecido en la legislación vigente de forma expresa, actuación que además tiene asilo en virtud de las facultades expresamente conferidas por la ley a este Servicio, el cual debe ser cumplido por mi representada, so pena de incurrir en falta funcionaria. Así́ las cosas, la acción cautelar invocada en autos, carece de objeto y causa, razón por la cual debe ser desechada por improcedente.

En atención a las razones expuestas, solicita se declare la improcedencia del recurso interpuesto en contra de su representada, por carecer de los requisitos de procedencia, con costas.

En subsidio, refiere los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección. Indica que el día 18 de abril de 2019 se realizó una denuncia por la trabajadora nombre reservado, solicitando se fiscalizara la situación de informalidad laboral. La fiscalizadora actuante, se apersona en el domicilio y entrega el Acta de Inicio de Fiscalización y explica los procedimientos a utilizar. Se constata que la trabajadora se encontraba en informalidad laboral, pues realizaba funciones de trabajadora de casa particular, sin contrato escriturado y no se le han pagado las cotizaciones previsionales Se otorga un plazo, que el empleador no cumplió para ponerse al día, cursándole una multa por las infracciones detectadas, cuyos hechos fundantes gozan de presunción legal de veracidad.

Agrega que el recurrente no optó por ninguna de las opciones que le entrega la ley para reclamar de la resolución aludida, es decir, ni por la vía judicial directa, ni la vía administrativa de reconsideración, ambas establecidas en el Código del Trabajo y son precisamente las adecuadas y naturales formas para reclamar la revisión del órgano jurisdiccional de dicha resolución. Entiende que esta acción debe ser rechazada, por pretenderse sustituir artificialmente los mecanismos procesales destinados a los fines antes mencionados.

Acota respecto de facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo, que la reclamante comete un error al indicar que este Servicio ha pretendido arrogarse facultades jurisdiccionales, puesto que justamente, las resoluciones emanadas del mismo, son recurribles judicialmente, como se ha señalado precedentemente y es reafirmado por la jurisprudencia que cita.

Por último, señala que la actuación de su representada, que culminó o dio como resultado la resolución de multa respectiva, no ha violado bajo ningún aspecto la garantías constitucionales que se reclaman, sino que se ha enmarcado dentro del ejercicio de las facultades de fiscalización dentro del marco legal y no pueden bajo ningún aspecto constituir violación o conculcación de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por lo que pide el rechazo de la acción en todas sus partes, por carecer de todo fundamento, con expresa condena en costas.

3°.- Que la recurrida nombre reservado, pide que se tenga por evacuado el informe solicitado, en los mismos términos expresados en la presentación precedente.

4°.- Que la acción de protección, de conformidad con lo estatuido por el artículo 20 de nuestra Carta Magna, puede ser ejercida para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicios de otro derechos que a éste le entregue el ordenamiento jurídico para satisfacer sus pretensiones, por lo que no es óbice que para su interposición previamente se haya reclamado en sede laboral, como lo pretende el recurrido.

5°.- Que son hechos indubitados los siguientes:

A.- Con fecha 18 de abril de 2019 la trabajadora de casa particular nombre reservado realizó una denuncia en la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, por informalidad laboral consistente en la no escrituración de su contrato de trabajo, no llevar registro de asistencia, no entregar comprobante de pago de remuneraciones y no declarar cotizaciones previsionales.

B.- Que mediante visita realizada por la Fiscalizadora de la Dirección del Trabajo doña nombre reservado, con fecha 28 de mayo de 2019 al domicilio del recurrente ubicado en domicilio reservado, se constataron las infracciones señaladas, por lo cual se le pidió que acompañe a la Inspección Provincial del Trabajo, el 5 de junio de 2019, contrato de trabajo y planillas de cotizaciones desde el período febrero de 2010 hasta abril de 2019, de la trabajadora nombre reservado.

C.- Que según consta del Informe de Exposición de la Inspección Provincial del Trabajo de Providencia, la actora en la audiencia fijada para el 5 de junio de 2019, no acompañó documentación alguna, por lo que la Inspectora nombre reservado detectó Informalidad Laboral: no escriturar contrato de trabajo, no llevar registro de asistencia, no entregar comprobante de pago de remuneraciones y no declarar cotizaciones previsionales.

D.- Que con fecha 5 de junio de 2019, se dictó la resolución N° 8367/19/19 por la cual se constató la existencia de las siguientes infracciones imputables a la recurrente: A.1. No escriturar el contrato de trabajo respecto de la trabajadora nombre reservado, contratada con fecha 01/02/2010 hasta 30/04/2019. A.2. No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la AFP Modelo a la trabajadora nombre reservado, período febrero de 2010 a abril de 2019, y A.3.No declarar oportunamente el aporte del 4,11% de la remuneración mensual imponible en la AFP, respecto de la trabajadora de casa particular doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado por el período de febrero de 2010 a abril de 2019.

6º.- Que la fiscalizadora tiene como función constatar situaciones de hecho que aparezcan de manifiesto en la situación que motiva su presencia. De tal manera que las razones expuestas por el empleador no podían ser motivo de consideraciones que justificaran la exención de una medida sancionatoria, de aquéllas que autoriza la legislación laboral vigente. Asimismo hay que tener presente que la funcionaria fiscalizadora goza de su calidad de ministro de fe, según lo establece el artículo 503 del Código Laboral.

7º.- Que, como se ha visto, la imposición de la multa no ha sido producto de una comisión especial, sino por un organismo facultado para ello. Tampoco puede estimarse agraviado el derecho de propiedad, toda vez que el propio procedimiento laboral contempla dos formas de impugnación de la multa en cuestión, una por la vía judicial directa, de conformidad al artículo 503 del Código del Trabajo y la otra, por la vía administrativa de reconsideración, establecida en el artículo 512 de tal Código. En virtud de lo mismo, tampoco ha de estimarse arbitraria o ilegal la sanción aplicada, puesto que ha resultado fundamentada y aplicada dentro de los términos que señala la legislación.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de a la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza, con costas, el deducido por el abogado don Jorge Arancibia Gallardo, en representación de nombre reservado en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, representada por su Jefe Comunal, don nombre reservado y de nombre reservado, fiscalizadora de la Oficina Comunal de la Inspección del Trabajo de Providencia.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del ministro señor Carreño.

N°Protección-62070-2019.