nombre reservado con COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS AHORROCOOP DIEGO PORTALES LTDA

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de agosto de dos mil veinticinco.

Al folio 19, téngase presente.

Al folio 20, a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece la abogada Sonia Victoria Cáceres González, en favor y representación de nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Financieros Ahorrocoop, por haber efectuado descuentos en las remuneraciones de la recurrente sin autorización escrita de su parte, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que constituye un abuso del derecho al pretender cobrar la deuda además por la vía jurisdiccional simultáneamente, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Expone que mantenía una relación contractual con la recurrida, quien le otorgó un crédito materializado en el pagaré N° 10056177 por un capital de $6.122.513, pagadero en 52 cuotas mensuales de $187.586 cada una, con vencimiento los días 20 de cada mes, comenzando el 20 de abril de 2024, constituyéndose en mora a partir del 20 de julio de 2024 al no efectuar el pago correspondiente.

Posteriormente, la recurrida inició juicio ejecutivo ante el 3° Juzgado Civil de Santiago, bajo el ROL C-1481-2025, exigiendo el pago total de la deuda insoluta ascendente a $5.769.291. En dicho juicio, la recurrente fue notificada el 12 de marzo de 2025 y el 19 de marzo del mismo año opuso excepciones a la ejecución, cuyo pronunciamiento se encuentra pendiente a la fecha de interposición de su recurso.

Paralelamente, indica que tomó conocimiento el 25 de marzo de 2025, al revisar su liquidación de sueldo, que existían tres descuentos bajo el ítem referente a la Cooperativa por las sumas de $9.818, $187.586 y $2.000, totalizando $199.404. De esos cobros, reconoce que uno de estos montos, $187.586, corresponde al valor de las cuotas originalmente pactadas, pero considera que la recurrida actuó de manera negligente durante el período de mora, sin seguir juicios ejecutivos eficaces, sin sostener comunicaciones tendientes al cobro extrajudicial, ni proponer soluciones para regularizar la deuda.

Reclama que se han infringido el derecho de igualdad ante la ley, al hacer uso de un privilegio no especialmente otorgado, actuando como si tuviera un derecho de prenda amplísimo que traspasa materias, pretendiendo accionar civilmente cobrando una deuda con cuotas aceleradas y simultáneamente descontar tal crédito sin autorización mientras el juicio se encuentra vigente, configurándose una discriminación arbitraria en la aplicación de la ley; a su vez, el derecho de propiedad, desde que la recurrente tiene la legítima expectativa como trabajadora de percibir sus remuneraciones de forma íntegra, encontrándose tal remuneración en su patrimonio constitucionalmente resguardada, y mediante las actuaciones recurridas se ha conculcado su uso, goce y disposición, apropiándose la recurrida ilegal y arbitrariamente de parte de ella.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que los descuentos informados y percibidos por la recurrida son ilegales; se ordene a la recurrida el reintegro de los descuentos aplicados; se ordene a la recurrida abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente; o subsidiariamente, todo lo que la Corte estime pertinente para restablecer el imperio del derecho, todo con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Financieros Ahorrocoop Diego Portales Limitada, solicitando el total y absoluto rechazo del recurso interpuesto.

Contextualiza su naturaleza jurídica, señalando que es una cooperativa de ahorro y crédito regida por el DFL N°5 de 2004 del Ministerio de Economía, sujeta a la fiscalización de la Comisión Para el Mercado Financiero, constituida como asociación de ayuda mutua con el objeto de mejorar las condiciones de vida de sus socios. Agrega que fue creada el 1 de julio de 1965, cuenta con más de 65.000 socios, de los cuales más de 22.000 poseen créditos vigentes bajo la modalidad de descuentos por planilla, y que su principal forma de otorgamiento crediticio consiste precisamente en esa forma de pago, lo que otorga mayor seguridad de pago y permite acceder a condiciones ventajosas de tasas, montos y plazos.

Expone que celebró con fecha 13 de julio de 2023 un convenio denominado "Contrato de Recaudación" con la Asociación de Funcionarios Fenats Hospital Sanatorio El Peral, del cual forma parte la recurrente como socia N°10026649. Posteriormente, con fecha 14 de septiembre de 2023, otorgó un crédito a la recurrente mediante operación crediticia N° 10056177, concediéndosele una prórroga de cuatro meses por encontrarse con licencia médica. El 14 de marzo de 2024 se suscribió el pagaré N°10056177 por $9.754.472, suma pagadera en 52 cuotas mensuales de $187.586 cada una, venciendo la primera el 20 de abril de 2024, pactándose como modalidad de pago el descuento por planilla desde las remuneraciones de la deudora, conforme al convenio existente, constituyéndose la recurrente en mora a partir del 20 de julio de 2024.

En cuanto a las gestiones de cobranza, indica que realizó distintas gestiones extrajudiciales para regularizar la deuda, incluyendo reiterados llamados telefónicos, mensajes vía WhatsApp y correos electrónicos, siendo la única respuesta obtenida el día 5 de diciembre de 2024 cuando la recurrente solicitó ser contactada más tarde, pero posteriormente continuó inubicable.

Producto del incumplimiento reiterado, la recurrida inició juicio ejecutivo ante el 3° Juzgado Civil de Santiago bajo el ROL C-1481-2025, siendo notificada la recurrente el 12 de marzo de 2025 y oponiendo excepciones el 19 de marzo del mismo año.

Precisa que se realizó un descuento por planilla en marzo de 2025 por $194.586, desglosado en cuota de participación ($5.000), cuota préstamo ($187.586) y ahorro ($2.000), en razón de la autorización expresa de la recurrente mediante el "Anexo 4: Mandato Descuento por Planilla" de 14 de septiembre de 2023, documento que acompaña como respaldo de su defensa.

En cuanto al fondo de sus alegaciones, el recurrido estructura su defensa sosteniendo la inexistencia de acción u omisión ilegal o arbitraria, no siendo posible que la protegida deje sin efecto unilateralmente la autorización otorgada para realizar descuentos mensuales, toda vez que estos fueron expresamente autorizados y pactados en 52 cuotas mensuales.

Invoca además el inciso segundo del artículo 18 del Decreto N° 43 y el artículo 241 del Código de Comercio para sostener que la revocación del mandato cuya ejecución interesa tanto al consumidor como al proveedor sólo puede efectuarse una vez extinguidas totalmente las obligaciones, por lo que pretender dejar sin efecto el contrato mediante la acción incoada constituye una violación a la doctrina de los actos propios y al principio de buena fe.

Precisa que su actuación se ciñó rigurosamente a los límites establecidos en el artículo 58 del Código del Trabajo y el artículo 54 de la Ley de Cooperativas, que permiten descuentos voluntarios por planilla hasta el 25% cuando sean a favor de cooperativas de las que el trabajador sea socio, destacando que el artículo 55 de la Ley General de Cooperativas establece que los descuentos se efectúan con el solo mérito de la autorización por escrito del socio para cada operación, autorización que fue otorgada el 14 de septiembre de 2023.

Alega adicionalmente que la recurrente carece de derecho indubitado y que el asunto rebasa los límites del recurso de protección al requerir un pronunciamiento declarativo sobre la existencia de derechos, por lo que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para conocer la materia, toda vez que cualquier controversia debe resolverse conforme al artículo 114 de la Ley de Cooperativas, que establece competencia de la justicia ordinaria con procedimiento sumario o arbitraje.

Finalmente, niega la existencia de afectación de garantías constitucionales, al carecer la recurrente de derechos indubitados, por lógica elemental no puede existir tal afectación.

En relación al reintegro solicitado, argumenta que no es procedente devolución alguna y que el tribunal carece de facultades declarativas, debiendo ventilarse la controversia en sede de primera instancia, agregando que proceder al reintegro generaría enriquecimiento sin causa, no pudiendo ser obligada su parte a abstenerse de realizar descuentos válidamente autorizados, controvirtiendo además la petición de costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo anterior resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que en el presente caso el acto que el recurrente tilda de ilegal y arbitrario es haber solicitado a su empleador la retención de cuotas de crédito que se encuentra en mora.

Quinto: Que, luego de lo dicho, en el caso aparece que si bien existe un crédito que fue objeto de una acción ejecutiva que buscaba el cobro judicial, esta obligación no se encuentra extinguida, por lo que en la especie no se advierte una actuación ilegal o arbitraria de la recurrida, conforme a lo que reclama en el recurso, ya que del propio mérito de los antecedentes se desprende que existe un mandato suscrito el 14 de septiembre del año 2023, respecto del cual no consta su término, por lo que lo obrado por la recurrida se aviene con lo dispuesto en el artículo 54 del DFL que fija el Texto Refundido, Concordado y Sistematizado de la Ley General de Cooperativas, en relación con el artículo 58 del Código del Trabajo.

Sexto: Que a mayor abundamiento se advierte que los derechos que el recurrente solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca de modo cierto la falta de exigibilidad de las obligaciones que sustentan jurídicamente los descuentos, situación que en cualquier caso debe ser esclarecido y reconocido en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese y archívese.

N°Protección 6172-2025.