nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, tres de septiembre de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 16 doña nombre reservado, profesora de educación física, deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Tesorero General de la República, don nombre reservado, por la acción ilegal y arbitraria cometida al no respetar la garantía de igualdad ante la ley así como la de propiedad, previstas en los numerales 2º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que nombre reservado es padre no matrimonial de una hija en común; que debía pagar una pensión de alimentos voluntaria de $100.000 mensuales; que al 18 de diciembre de 2014 adeudaba $1.200.000 por dicho concepto; que, con el objeto de pagar su deuda, cedió por escritura pública otorgada ante Notario Público y de la data señalada a la recurrente la totalidad de las devoluciones de impuestos pendientes de restitución, de acuerdo con la "Carpeta Tributaria Electrónica" por $607.250 por el año tributario 2014 y también cedió "todo otro valor que por cualquier concepto ingrese a la carpeta tributaria del cedente con saldo a su favor y que una vez hecha la declaración tributaria del ejercicio comercial año dos mil catorce, resulte como saldo a favor del contribuyente don nombre reservado y como suma a devolución de impuestos provisionados, hasta por la suma de un millón doscientos mil pesos, suma que constituye el total de la deuda a esta fecha y en lo que las partes están de acuerdo".

Agrega que judicialmente notificó al Tesorero General de la República el 15 de enero de 2015, acompañando copia autorizada de la escritura señalada; que en mayo de 2015 concurrió con su abogado a las oficinas de Tesorería con el objeto de obtener información respecto del curso del trámite; que se le entregó una hoja titulada "Consultar Retenciones", que acompaña, en la que aparece "clara y nítidamente que la Tesorería conocía exactamente la cesión del crédito" a nombre de la recurrente, hasta por la suma de $1.200.000, señalando el documento que "se pagará en cheque" a la recurrente, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

Indica que el 9 de junio de 2015 ingresó una solicitud en la que consultó el estado del pago del crédito y las razones de la demora; que el 7 de julio concurrió a la Tesorería por la falta de respuesta a la petición precedente y que se le informó que la devolución de impuestos del cedente se habría remitido al administrador del crédito universitario o al Banco del Estado de Chile, ignorando que el crédito ya no pertenecía al señor nombre reservado, con lo que se vulneró su derecho de propiedad sobre la suma de dinero que se le devolvería al contribuyente.

En cuanto al cumplimiento de las formalidades de la cesión de créditos, cita los artículos 1901, 1902 y 1903 del Código Civil, señalando que notificó la copia de la escritura pública de cesión; que la notificación se efectuó el 15 de enero de 2015; que ello está reconocido por la Tesorería en el documento "Consultar Retenciones" en el que se indican todos los datos de la cesión; que la entrega del título se acreditó cuando dejó al Tesorero copia de la escritura y un documento emanado del Servicio de Impuestos Internos denominado "Carpeta Tributaria Electrónica para acreditar renta" de fecha 15 de diciembre de 2014, en la que consta el debido traspaso y la firma del cedente.

Respecto de los efectos de la notificación, invoca el articulo 1905 del Código Civil, sosteniendo que al haber notificado la cesión al Tesorero, éste no debió pagar a un tercero distinto del cedente la suma que adeudaba al señor nombre reservado.

Añade que el acreedor que se favoreció con el pago -Banco del Estado -ni siquiera ha interpuesto demanda en contra del cedente, motivo por el que se trata de una deuda sobre la que aún no existe certeza de su existencia ni validez; que esta Corte ya ha establecido doctrina respecto de lo que significa el pago de un crédito del que se ignora su existencia, validez, obligado y beneficiario y precisamente con las retenciones y pago a acreedores del crédito universitario; que este pago no es voluntario y no cumple con los requisitos de ese modo de extinguir las obligaciones.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, sostiene que el Tesorero afectó la de igualdad ante la ley desde que prefirió arbitrariamente acoger el requerimiento de un acreedor sobre el derecho de otro sin que norma alguna lo faculte para ello; que la ley ha establecido créditos que tienen preferencia para su pago sobre otros, pero en caso alguno el crédito universitario con aval del Estado goza de alguna de ellas; que no puede compensarse un crédito de la recurrente con una deuda de un tercero, dado que el crédito ingresó al patrimonio de aquélla por el acto de la cesión, la que fue notificada al señor Tesorero; que los derechos de la recurrente fueron desmedrados frente a los eventuales derechos de una persona distinta; que el Tesorero, sabiendo o debiendo saber que el crédito era de una persona distinta del contribuyente deudor, pagó con dineros de la reclamante una deuda ajena e invoca el aforismo que "el que paga mal paga dos veces".

Respecto del derecho de propiedad, luego de citar el artículo 582 del Código Civil, reitera que por la cesión de un crédito y la posterior notificación de la actuación, el deudor no puede pagar al cedente ni puede permitir el embargo del crédito por acreedores del cedente y que al actuar como lo hizo el Tesorero recurrido despojó a la recurrente de un bien que le pertenecía, sabiendo o debiendo saber que le pertenecía. Termina citando las reglas de la cesión de créditos.

Pide a esta Corte, como medida necesaria para restablecer el imperio del derecho, que ordene al recurrido hacer el pago del crédito de que es titular que asciende a $ 653.258, más intereses hasta la fecha del pago efectivo, con costas;

Segundo: Que, informando el recurso, a fojas 36 el Tesorero General de la República pide el rechazo del recurso, dado que no ha actuado de manera ilegal o arbitraria, ni ha afectado ninguno de los derechos invocados por la recurrente.

Luego de señalar que conoce la existencia de la escritura de cesión, por haber sido ésta notificada el 15 de enero de 2015, sostiene que las sumas que el contribuyente nombre reservado tenía derecho a percibir por devolución de impuestos ($653.258), fueron entregadas al Banco del Estado de Chile, dado que esta entidad así lo solicitó en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nº 20.027 que establece Normas para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior.

Pide, en primer término, que el recurso sea declarado inadmisible, puesto que la Ley Nº 20.027 faculta al Servicio de Tesorerías a retener la devolución anual de impuesto a la renta que corresponda a los deudores de crédito con aval del Estado, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos; que para la procedencia de la acción intentada resulta fundamental comprobar la existencia de un acto ilegal o arbitrario del que se siga inmediata y directa privación, perturbación o amenaza de sus derechos constitucionales; que la entidad acreedora (Banco del Estado de Chile) informó de la existencia de la deuda, de lo que se colige que el presunto acto que la recurrente califica de ilegal o arbitrario no es imputable a la Tesorería General de la República, por lo que no concurre una de las condiciones de procedencia de la acción de protección, esto es, que el acto impugnado emane del recurrido.

En cuanto al fondo, alega que la cesión de créditos efectuada por la recurrente le es inoponible, desde que ella no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil -que establece la notificación personal siempre que la ley disponga que se notifique a alguna persona para la validez de ciertos actos- y al artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, que ordena que toda cesión de créditos en contra del Fisco que corresponda pagarse por intermedio del Servicio de Tesorerías deberá notificarse al Presidente del Consejo de Defensa del Estado. De esta forma, para que la cesión de créditos pudiera oponerse al Fisco se requería de un acto procesal de notificación a una autoridad determinada, cosa que no ocurrió por lo que formalmente no existe impedimento para que operara la retención y remisión de la devolución de renta del cedente a la entidad acreedora.

Por otra parte, sostiene que la retención y el pago efectuado a un tercero no es un acto ilegal o arbitrario, dado que se efectuó en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nº 20.027, precepto que facultó en términos amplios a la Tesorería a actuar como lo hizo respecto de los montos de los créditos con aval del Estado que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora.

Agrega que es importante destacar que la devolución de impuesto a la renta se define como aquel saldo a favor del contribuyente que resulta de restar a los pagos anticipados de tributos la obligación tributaria efectivamente devengada, por ende, no es posible sostener que el cedente haya tenido un derecho de propiedad legalmente constituido sobre los eventuales remanentes de impuesto a la renta, no se puede afirmar a priori la existencia de un derecho absoluto a que la devolución se materialice, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo en ausencia de una causa legal de retención que es, precisamente, lo que ha acontecido en el recurso de protección y que es lo que la recurrente y su cedente entendieron al suscribir la escritura de cesión antes citada, al señalar en su cláusula sexta que la cesión de crédito queda sujeta a la condición de que la declaración de renta de don nombre reservado, por el ejercicio comercial 2014, arroje un saldo a su favor.

En definitiva, su actuación no es arbitraria puesto que tiene justificación en la orden emanada del Banco del Estado de Chile que certificó la deuda del cedente del recurrente; que no existe violación al derecho de propiedad puesto que la devolución de impuesto de un contribuyente es un derecho eventual o condicionado, que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente entre las que destaca que no exista una causa legal de retención; que la propia ley regula la privación de dicho bien; que en este procedimiento la Tesorería actúa como mero ente recaudador pues la deuda no es con el Fisco; que su función es sólo administrar y ejecutar la ley; que no se divisa la supuesta discriminación que afecte la igualdad ante la ley, ya que la Tesorería ejerció una obligación de carácter legal aplicable a todas las personas que se encuentren en una situación similar a la suya.

Concluye señalando que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales de la recurrente;

Tercero: Que, en primer lugar, esta Corte desestimará la alegación de inadmisibilidad fundado en la falta de legitimación pasiva, a que alude la defensa del señor Tesorero General de la República, desde que, de acuerdo con el artículo 2, Nº15 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, en concordancia con lo establecido en los artículos 74 Nº2, 75, 95 y 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del Decreto Ley Nº 824, de 1974, es al Servicio de Tesorerías a quien corresponde devolver a los contribuyentes las sumas percibidas por el Fisco a título de Pagos Provisionales Mensuales que hayan excedido del monto de los impuestos anuales a la renta.

El Banco del Estado no estaba en posición de devolver la suma correspondiente al crédito cedido, sino que se trata de un tercero a la relación jurídica nacida producto de la hipótesis señalada en el párrafo precedente;

Cuarto: Que, sostiene la recurrida que la cesión de créditos es inoponible al Servicio de Tesorerías, desde el momento que de acuerdo con el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado toda cesión de créditos contra el Fisco que corresponda pagarse por intermedio del Servicio de Tesorerías debe notificarse al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, cosa que no ocurrió.

Quinto: Que, la referencia al artículo 47 del Código de Procedimiento Civil debe desestimarse, dado que este precepto se refiere a la notificación para otorgar validez a un acto, en circunstancias que la cesión de un crédito dice relación con su eficacia frente a terceros (artículo 1901 Código Civil).

Por su parte, el artículo 60 -y no el 37, como señaló el recurrido-, establece: "Toda cesión de crédito en contra del Fisco y toda retención judicial de fondos que deban pagarse por intermedio del Servicio de Tesorería deberá notificarse al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, el que las comunicará al Ministerio que corresponda y al Tesorero General de la República”.

“Para tal efecto, en toda solicitud en que se pida la notificación de una cesión o de una retención, el peticionario indicará la Tesorería que efectuará el pago y el Ministerio que deberá decretarlo. Sin ese requisito se tendrá la diligencia por no hecha”.

“La notificación que ordena el inciso primero se hará entregando cuatro copias de la solicitud y de sus antecedentes".

Como se aprecia, la notificación de la cesión tiene por destino final precisamente el "Ministerio que corresponda y al Tesorero General de la República".

Sexto: Que, en el caso del recurso, no ha sido cuestionado que la Tesorería General de la República no sólo recibió directamente la notificación de la cesión, sino que también tramitó la petición, lo que se demuestra del documento de fojas 11, de 6 de mayo de 2015, reconociéndose la fecha de la notificación (22 de enero de 2015), el código de Tesorería (Control de Egresos), el monto ($ 1.200.000) y la Glosa ("Creación").

Si bien es cierto que en Derecho Público sólo puede hacerse lo que expresamente señala la ley, no es menos cierto que el artículo 60 citado da a entender que la función del Consejo de Defensa del Estado no tiene la trascendencia que le atribuye la recurrida, puesto que al final la cesión del crédito debe llegar a poder de quien en definitiva llegó.

Además, desde la notificación practicada, el Servicio de Tesorerías tuvo un plazo más que prudente -más de seis meses- para dar respuesta a la petición de la recurrente, indicando que no estaba notificado legalmente, cosa que no hizo;

Séptimo: Que, no obstante tratarse de una acción constitucional de emergencia, regulada mediante un Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, en un recurso de protección el tribunal debe resolver sobre la base del mérito del expediente, de manera que serán preferentemente las partes del recurso quienes deben acompañar los antecedentes de sustento de sus asertos.

En el caso de la recurrente, esta acompañó copia autorizada de la escritura de cesión de derechos de 18 de diciembre de 2014 (fojas 1); copia de la "Carpeta Tributaria Electrónica para acreditar renta" (fojas 5); copia autorizada de la declaración de Impuesto a la renta Año Tributario 2014 folio Nº 202706924, del contribuyente nombre reservado, donde aparece un saldo a favor de $ 607.250 (fojas 6); copia de la solicitud judicial de notificación de cesión de crédito (fojas 7), y copia del documento "Consultar retenciones" del contribuyente nombre reservado (fojas 11).

Por su parte, el Tesorero General de la República no acompañó documento alguno y tampoco objetó los presentados por la contraria;

Octavo: Que, resulta conveniente tener en cuenta que el documento de fojas 11, indica que el monto a retener es la suma de $ 1.200.000; que la fecha del "oficio" es el 18 de diciembre de 2014, data que corresponde a la escritura de cesión notificada de fojas 1; que se identifica al retenedor como RUT RUT reservado nombre reservado; que el tipo de pago es un cheque; que, en la mención observaciones se lee lo siguiente: "CESION CREDITO RENTA 2015 HASTA $ 1.200.000" y que a continuación aparece el historial de la solicitud concluyendo con la glosa denominada "Creación";

Noveno: Que, el artículo 17 de la Ley Nº 20.027 faculta -no obliga- a la Tesorería General de la República a "retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”.

“Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito”.

“Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto…." Esta Corte no desconoce la existencia de la facultad, sin embargo a ella no le consta lo que ha afirmado la recurrida, desde el momento que no se ha acompañado ningún documento que demuestre que el cedente era deudor de un crédito con aval del Estado, para lo cual bastaba con que se adjuntara copia del pagaré suscrito por él, copia de la cesión del mismo o copia del oficio a que se refiere el inciso 1º del artículo 17 precitado.

Tampoco acreditó la fecha en que efectuó el pago de la supuesta acreencia al Banco del Estado.

De esta manera, frente a un crédito cierto y a una obligación no acreditada, deberá estarse al crédito reconocido y no cuestionado por el recurrido, esto es, a aquel reconocido en su informe e invocado por la recurrente;

Décimo: Que, para que esta Corte pueda estimar vulnerada la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, resulta indispensable que se acreditara que el recurrido, frente a una misma situación de hecho hubiera actuado de una manera distinta, o hubiera efectuado una discriminación arbitraria.

De lo expresado por la recurrente no aparece que exista tal discriminación, dado que la recurrida señala que siempre actúa de la misma manera cuando se trata de créditos con aval de Estado y que son requeridos por el Banco del Estado de Chile.

Por estas razones, el recurso se rechazará por esta garantía;

Undécimo: Que, en lo que respecta al derecho de propiedad, resulta indiscutida la existencia de esta garantía en el caso sub lite, dado que la suma de dinero que persigue la recurrente fue entregada por el recurrido a un supuesto acreedor del cedente, cosa que no podría haber hecho si el cedente no hubiera sido dueño de la devolución solicitada en su declaración anual de impuesto a la renta.

De esta manera, al no haber acreditado el recurrido que había una deuda con el Banco del Estado, que ésta gozaba de algún privilegio por sobre cualquiera otra y la fecha en que ella se efectuó, actuó ilegalmente, infringiendo el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y, arbitrariamente, dado que pagó una suma de dinero a quien no acreditó en autos, que fuera un acreedor privilegiado frente a la recurrente;

Y visto lo dispuesto en los artículos 19, Nº2 y Nº24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido a fojas 16 por doña nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, presentada por el Tesorero don nombre reservado, ordenándose como medida de restablecimiento del derecho el pago de la suma de $653.258, más reajustes, en favor de la recurrente.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Eduardo Morales Robles.

N° 61681-2015 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por la Ministra señora Javiera González Sepúlveda, la Ministra señora María Soledad Melo Labra y por el Abogado Integrante señor Eduardo Morales Robles. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, tres de septiembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.