nombre reservado con MINISTERIO DE EDUCACION

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de abril de dos mil diecinueve.

Vistos:

Recurre de protección don nombre reservado, profesor, en contra del Ministerio de Educación por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Ordinario N°07/2601 de 24 de julio de 2018, vulnerando con ello las garantías constitucionales de su derecho a la propiedad, solicitando se deje sin efecto dicho acto administrativo y en definitiva se cumpla con lo ordenado en la Res. Exenta N°5835 de 26 de octubre de 2017, por la cual se le reconoce el derecho al bono de retiro de la Ley 20.822 al recurrente y se transfieren los recursos a la Corporación Municipal para su pago, todo ello con expresa condena en costas.

Expone que el recurrente ingresó a prestar servicios para la Corporación Municipal de Desarrollo Social de nombre reservado el 2 de agosto de 2010, en calidad de Director de una escuela, como titular. Explica que siendo una contratación indefinida, la calidad de director es por un quinquenio, y que al término del quinquenio el docente termina su cargo de director, pero continúa vinculado con la Corporación, en cuanto docente.

En mayo de 2015, se le informa por la Corporación, que estaba dentro del listado de docentes que postularían ante el Ministerio de Educación, para acceder y percibir el bono de Retiro Voluntario contemplado en la Ley 20.822.

Para acogerse al beneficio, debía formalizar su renuncia voluntaria con carácter de irrevocable ante el empleador el 19 de junio de 2015 lo que hizo y, el 26 de octubre de 2017, el MINEDUC dictó la resolución Exenta N°5835 por la cual se transfieren recursos a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de nombre reservado, en el marco de la Ley 20822; de modo que, la solicitud del recurrente se resolvió a su favor, otorgándosele la suma de $9.772.727. Hace presente que el día 20 de julio de 2015, el recurrente terminó su quinquenio en la escuela como Director.

En cuanto al acto que considera arbitrario e ilegal, señala que con motivo de un juicio laboral entre el recurrente y la Corporación, únicamente referido al término de su calidad de director de la Escuela, el MINEDUC dictó el Ordinario 07/2601 de 24 de julio de 2018, por el cual dejaba sin efecto el bono de retiro voluntario. Los argumentos del acto revocatorio, sólo dicen relación con el juicio laboral, pero en modo alguno permiten autorizar la invalidación de un beneficio ya concedido, en efecto, el acto administrativo tiene el carácter de una sanción administrativa, ya que sin ningún procedimiento previo, privó al recurrente de un derecho otorgado por la propia administración, obedeciendo a un capricho de la autoridad, ya que el acto administrativo que concedió el beneficio se encuentra ajustado a derecho y sólo cabía esperar el plazo para que surtiera sus efectos.

Afirma que la autoridad administrativa atentó contra la estabilidad de los actos administrativos, incurriendo en una invalidación absolutamente ilegal y desproporcionada, que atenta contra lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, respecto del derecho de propiedad que tiene respecto del bono de retiro voluntario concedido por la Resolución Exenta, dado que al momento de dictarse la resolución el recurrente cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley, de modo que al declararse tal situación se hizo dueño del derecho a obtener el bono contemplado por la ley.

Informó al tenor del recurso el Ministerio de Educación que en primer lugar alegó la extemporaneidad del mismo, por cuanto el recurrente debió impetrar el recurso con anterioridad, esto es hacía dos años, cuando eventualmente nació su derecho a impetrar el beneficio y no lo obtuvo, y las consultas efectuadas al MINEDUC durante los años 2017 y 2018 solo persiguieron obtener un acto de parte de la administración para configurar el plazo y recurrir. Sostiene que el oficio respecto del cual recurre es de mero trámite y no uno que manifieste una voluntad definitiva de creación o denegación de derechos a un particular, sino una mera comunicación respecto de un hecho acaecido hace dos años atrás.

En cuanto al fondo, indica que la Corporación informó al recurrente que estaba dentro del listado de profesores postulados al MINEDUC para acceder al bono de retiro voluntario, cuya percepción exigía la presentación de la renuncia voluntaria, eso es, la causal establecida en el artículo 72 a) del Estatuto Docente, y que el recurrente suscribió el 7 de agosto de 2015 el finiquito con su empleador por la causal del artículo 72 letra d) del Estatuto Docente, esto es, el cumplimiento del plazo, declarando libre y espontáneamente que la relación laboral se había terminado el 31 de julio de ese año y renunciando a todas las acciones derivadas o fundadas en la relación laboral ya terminada. Añade que, luego, el recurrente demandó ante el Juzgado del Trabajo de nombre reservado, el cobro de prestaciones laborales y el tribunal rechazó su pretensión y declaró en definitiva que la fecha de término de la relación laboral fue el 31 de julio de 2015, por la causal invocada en el finiquito, causal que le impide cumplir con el requisito establecido en el Estatuto Docente para percibir el bono de retiro voluntario, encontrándose el fallo firme y ejecutoriado. Señala que en el referido juicio el recurrente demandó el pago del bono de retiro voluntario y el juez en su razonamiento indicó que si bien el actor renunció con fecha 15 de junio de 2015 en virtud del artículo 72 letra a), del Estatuto Docente, renuncia que tenía el carácter de irrevocable y por consiguiente era vinculante para la demandada, la Corporación pone término a la relación laboral el 31 de julio de 2015, por la causal del artículo 72 letra d) del mismo texto legal, estos es, término del plazo, por lo que correspondía que el actor al estimar que la comunicación del término no era procedente, accionara conforme al artículo 75 del Estatuto Docente, lo que no ocurrió. Además el actor suscribió un finiquito el 7 de agosto de 2015, reconociendo que la relación laboral finalizó el 31 de julio de 2015, sin reserva de derechos, el que cumplió con todos los requisitos legales, otorgando finiquito respecto de la relación laboral, declarando no tener reclamo alguno, renunciando a las acciones que se originaban de la relación laboral. La sentencia señala también que el actor al realizar las presentaciones ante la Dirección del Trabajo y la Contraloría General de la República no mencionó la existencia del finiquito, sin que la autoridad administrativa tuviera dicho antecedente a la vista para la decisión de que debía pagarse el bono de retiro voluntario.

Sostiene que el actor recurrió respecto de la Resolución Exenta N°5835 de 26 de octubre de 2017 que transfirió a la Corporación los recursos destinados al pago de la bonificación por retiro voluntario. Mediante carta de 26 de diciembre de 2017, solicitó al Ministerio un pronunciamiento respecto del pago de la bonificación referida que se le reconoció en la referida resolución exenta y en el Oficio Ord. 07/0894 de 9 de marzo de 2018, la División Jurídica del Ministerio dio respuesta a su requerimiento, señalándole que por los antecedentes recabados, el pago del beneficio se sometió a la jurisdicción laboral y atendido que el juicio estaba pendiente, no era posible pagar la bonificación hasta que existiera sentencia firme. Mediante correo de 12 de junio de 2018, el recurrente solicitó entonces nuevamente pronunciamiento y se le dio respuesta en el oficio de 24 de julio el que señala que atendido lo resuelto por el juzgado, reitera que, atendido que el término de la relación laboral se produce conforme al artículo 72 letra d) del Estatuto Docente, no procedía el pago del beneficio y la Corporación debía reintegrar los montos que se habían otorgado al efecto. Alega que el MINEDUC entonces, no tiene autoría ni responsabilidad en los hechos, por cuanto se dio pleno cumplimiento a la normativa dictada al efecto.

Manifiesta que el actuar del Ministerio se encuentra ajustado al principio de legalidad y, en específico al principio de legalidad del gasto por lo que no ha incurrido en acto u omisión arbitrario o ilegal alguno que haya podido privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales de las que goza el recurrente, siendo procedente rechazar la acción deducida, ya que el Ministerio, solo paga el beneficio que alega el actor a quienes cumplan con los requisitos establecidos por el legislador para impetrarlo, los cuales no pueden quedar al arbitrio del interesado. La privación del bono es causa directa e inmediata del término de su contrato de trabajo por parte de su empleador el día 15 de julio de 2015, por lo cual difícilmente el acto recurrido podría estar privándolo del monto por concepto de retiro voluntario.

En virtud de lo expuesto, solicita el rechazo de la acción con costas.

Informa al tenor de lo solicitado por esta Corte, doña nombre reservado, chilena, casada, abogada de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de nombre reservado, Rol Único Tributario N° 70.954.900-6, representada legalmente por doña nombre reservado, chilena, soltera, cédula nacional de identidad N.º RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, señalando que el demandante prestó servicios para su mandante en calidad de “Director” de la Escuela D-126 “Kamac Mayu” de nombre reservado, a contar del 02 de agosto de 2010, celebrando contrato de trabajo por un periodo de cinco años, cuyo término estaba fijado para el 31 de julio de 2015. Contrato que se pactó conforme lo autoriza el artículo 32 inciso penúltimo del llamado Estatuto Docente. El contrato se suscribió una vez que ganó concurso público para proveer vacante para dicha función y cargo, lo que en definitiva fue resuelto el 29 de julio de 2010, por Resolución Exenta Nº 038-2010. Agrega que el Sr. nombre reservado no ganó concurso para seguir en la dirección de la Escuela D-126 “Kamac Mayu” de nombre reservado y, por lo tanto, su contratación duró hasta la fecha que se indicó y como no pertenecía a la dotación docente de COMDES se debió retirar de los servicios de la demandada, terminando la relación laboral el 31 de julio de 2015, de conformidad al artículo 72 letra d) del D.F.L. Nº 1 del Ministerio de Educación, causal respecto de la cual el recurrente acordó finiquito, consignándose en su cláusula cuarta que las partes se otorgaban el más amplio y completo finiquito y que no tenían reclamo alguno que formular ni derechos que cobrar, habiéndose pagado todos y cada uno de ellos. Manifiesta que con fecha 23 de junio de 2017 don nombre reservado interpuso demanda en contra de la Corporación Municipal de Calama por prestaciones laborales, especialmente demandó el pago de la bonificación por retiro voluntaria en virtud de la Ley N° 20.822 y cotizaciones previsionales desde el mes de agosto de 2015 a la fecha del pago efectivo del bono de retiro voluntario. Así las cosas, se dictó sentencia definitiva rechazando en todas sus partes la demanda y acogiendo excepción de finiquito interpuesta por la demandada. Dicha sentencia fue recurrida de nulidad ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta la que rechazó el recurso.

De lo expuesto, estima que se desprende que a juicio de los sentenciadores de las instancias no le corresponde prestación alguna a don nombre reservado y que la negativa del no pago no responde a un actuar caprichoso de la autoridad administrativa sino que más bien tiene un sustento, esto es, una sentencia definitiva firme y ejecutoriada que determinó que la relación laboral del recurrente se produjo el 31 de Julio de 2015 época que suscribió el respetivo finiquito de trabajo invocando la causal término del plazo.

El recurrente acompañó: 1. Resolución Exenta N° 5835 de 26 de octubre de 2017, 2. Ordinario N° 07/2601 de 24 de julio de 2018, 3. Renuncia voluntaria de don nombre reservado, 4. Ordinario n° 4034 de 3 de agosto de 2016, de la Dirección del Trabajo.

El recurrido, por su parte, acompañó: 1. Copia de sentencia en causa RIT O-236-2017 del Juzgado Del Trabajo de nombre reservado caratulada “nombre reservado / nombre reservado”, sobre juicio ordinario por cobro de prestaciones, 2. Copia de sentencia dictada el 15 de diciembre de 2017 en causa Rol Corte N° 289-2017 de la Itma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, sobre recurso de nulidad caratulada “nombre reservado / nombre reservado / Corporación Municipal de Desarrollo Social de nombre reservado Liceo A-27 Calama”, sobre recurso de unificación jurisprudencia, 4. Copia de Resolución Exenta N° 5835 de 26 de octubre de 2017 de la Subsecretaría de Educación, que transfiere recursos a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de nombre reservado en el marco de lo Ley N° 20.822, que otorga a los profesionales de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario, 5. Copia de Oficio Ord. N° 0894 de 9 de marzo de 2018, de la División Jurídico del Ministerio de Educación, 6. Copia de Oficio Ord. N° 2601 de 24 de julio de 2018. De la División Jurídica del Ministerio de Educación.

La Corporación de Desarrollo Social de Calama acompaña: 1. Copia de carta de termino de relación laboral de 30 de julio de 2015, 2. Copia de finiquito de trabajo de 31 de Julio de 2015, 3. Copia de Liquidación de finiquito N° 409/ 2015, 4. Liquidaciones de sueldo de mayo a julio 2015, 5. Copia de Ordinario N° 4034 de Dirección del Trabajo, 6. Copia de Sentencia definitiva dicta en autos O-236-2017, 7. Copia de sentencia dictada por Corte de Apelación de Antofagasta rol de Corte 289-2017, 8. Resolución de cúmplase de fecha 10 de abril de 2018, 9. Copia de contrato de trabajo de fecha 2 de Agosto de 2010, 10. Addenddumm desde 1-16, 11. Renuncia voluntaria de fecha 15 de junio de 2015, 12. Solicitud de Bono Post laboral de fecha 19 de junio de 2015, 13. Certificado de nacimiento, 14. Copia de cotizaciones previsionales, 15. Copia autorizada de escritura pública de mandato judicial amplio, suscrito ante el Notario Público Don nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación, el que volvió a regir cumplido el trámite ordenado por esta Corte.

Considerando:

Primero: Como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción existe, luego si es ilegal o arbitrario, para por último examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

Segundo: Como se advierte, es requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: Sobre la existencia del acto que motiva el recurso, no existe discusión, ambas partes la reconocen y consta entre los documentos agregados a los autos. Así resulta acreditada la dictación por parte de la División Jurídica del Ministerio de Educación del Ordinario N° 07/2601, de 24 de julio de 2018, mediante la que se emite pronunciamiento en relación al pago de la bonificación otorgada en virtud de la Ley N° 20.822, que otorga a los profesionales de la educación una bonificación por retiro voluntario, de la que fue beneficiado según Resolución Exenta N° 5.835, de 2017, del Ministerio de Educación. Allí se concluye que en atención a la sentencia de 20 de septiembre de 2017, del Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado, esa Cartera se encontraba imposibilitada de proceder al pago de la bonificación por retiro voluntario de la Ley 20.822 por haberse establecido que la relación laboral no se encontraba vigente al haber operado la causal establecida en el artículo 72 letra d) del estatuto Docente, correspondiendo que la COMDES, procediera a reintegrar los montos que fueron trasferidos de acuerdo a la Resolución Exenta N° 5.835, de 2017, del Ministerio de Educación.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso:

Cuarto: Habiéndose reclamado de un ordinario dictado el 24 de julio de 2018, notificado el 26 del mismo mes y año, lo que no ha sido desconocido por la parte recurrida, el recurso, presentado el 24 de agosto de 2018, aparece presentado dentro del plazo que señala el Auto Acordado que rige la materia, razón por la que la extemporaneidad alegada será desestimada.

En cuanto al fondo del recurso:

Quinto: Tratándose de un pronunciamiento emitido a petición expresa del recurrente, quien entonces reconoce la competencia del órgano administrativo sobre la materia, y fundándose la conclusión a la que se arriba en la existencia de un fallo firme y ejecutoriado que establece el término de la relación laboral del actor por un motivo diverso al que conforme a la Ley 20.822, permite el pago del bono que se reclama, no es posible atribuir ilegalidad ni arbitrariedad al acto impugnado, toda vez que aparece emitido dentro de las facultades del ente administrativo, ajustándose a los hechos y al derecho, en razón de la situación laboral del recurrente, establecida judicialmente.

Sexto: En efecto, consta de los antecedentes que el actor ingresó a prestar servicios para la Corporación de Desarrollo Social de Calama, el 2 de agosto de 2010 y que si bien formalizó su renuncia el 15 de junio de 2015, en los términos exigidos por la Ley 20.822, el 7 de agosto de 2015 ratificó y firmó finiquito con su empleador por la causal del artículo 72 letra d) del Estatuto Docente, esto es por “cumplimiento del plazo”, declarando que la relación laboral había terminado el 31 de julio de 2015, renunciando a todas las acciones derivadas o fundadas en la relación laboral ya terminada. Luego su demanda por prestaciones laborales se fundó en el hecho de no haberse terminado la relación laboral entre las partes, solicitando el pago de sus remuneraciones y cotizaciones desde el mes de agosto de 2015 a la fecha del pago del bono por retiro voluntario, acción que fue rechazada al acoger la excepción de finiquito, en razón del que haber terminado la relación laboral el 31 de julio de 2015, conforme al artículo 72 letra f) del Estatuto Docente lo que descartaba la vigencia de la relación laboral en que se fundaba la acción.

Séptimo: Al mayor abundamiento cabe recordar que conforme al inciso cuarto artículo 3 de la Ley 20.822: “El término de la relación laboral sólo se producirá cuando el empleador ponga la totalidad de la bonificación que corresponda a disposición del profesional de la educación que haya renunciado al total de las horas que sirve en la entidad empleadora y siempre que este haya cumplido sesenta o más años de edad, en el caso de las mujeres, o sesenta y cinco años o más, en el caso de los hombres. Sin perjuicio de lo anterior, el término de la relación laboral deberá materializarse a más tardar en el plazo de seis meses, contados desde el traspaso de los recursos que correspondan, por parte del Ministerio de Educación, para el pago de la bonificación respectiva. Este pago será una obligación del sostenedor y no podrá utilizar los recursos en ningún otro fin…”.

Octavo: En ese contexto, no habiéndose puesto el total de la bonificación a disposición del actor, no es posible estimar vulnerado el derecho de propiedad que se reclama.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en representación de nombre reservado en contra del Ministerio de Educación.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada.

Protección Rol N° 61.677-2018 Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministra señora Adelita Ines Ravanales Arriagada, La Ministra señora M. Roisa Kittsteiner Gentile y la Ministra (s) señora Paula Rodríguez Fondón. No firma la Ministra señora Kittsteiner, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

En Santiago, cuatro de abril de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.