nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE

Santiago, veintitrés de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

nombre reservado y Rodrigo Ojeda Garrido, ambos abogados, en representación de 8 personas, luego se menciona a 9 en cuanto a los hechos y al final del recurso se indica que son 10, luego en una presentación posterior se incorpora a 6 personas más (folio 11), con un total final de 16 personas (nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado) interponen recurso de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE CHILE, por el acto arbitrario e ilegal contenido en la Resolución Exenta N° 01105, de 17 de Julio de 2018, en virtud de la cual les niega otorgarles la bonificación adicional establecida en la Ley Nº 21.043, que se refiere a la bonificación adicional que se debe otorgar por retiro al personal académico, directivo y profesional no académico de las Universidades del Estado, vulnerando con ello las garantías consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que los recurrentes desempeñaron determinadas funciones en la Universidad de Chile en los cargos que indica, todos quienes renunciaron antes del 8 de noviembre de 2017, fecha en la que se publicó la Ley Nº 21.043 que “otorga una bonificación adicional por retiro al personal académico, directivo y profesional no académico de las universidades del estado y faculta a las mismas a conceder otros beneficios transitorios”, que hace referencia directa al artículo 9 de la Ley Nº 20.374, que concede la posibilidad a las Universidades del Estado para establecer incentivos a personas que cumpliendo el requisito de edad hayan solicitado su retiro o salida de la Institución; expresa que todos los recurrentes postularon al beneficio que establece la Ley N° 21.043, sin embargo, se les comunicó por correo electrónico que se dictó la Resolución Exenta Nº 01105, de fecha 17 de julio de 2018, de esa repartición universitaria, que contiene la nómina de postulantes que cumplen los requisitos que exige la ley para obtener la bonificación, en la cual ellos no se encontrarían, fundado en que se trata de ex funcionarios que cesaron sus servicios antes de la publicación de la última ley.

Estiman que dicho acto es ilegal y arbitrario, ya que los recurrentes si cumplirían con los requisitos para optar al beneficio, pues la Ley N° 20.374 estableció un bono de incentivo al retiro pagado por la Universidad de Chile, equivalente a 11 sueldos, al que todos los recurrentes accedieron, y la Ley N° 21.043 exige que el personal perciba ese beneficio, de manera que sólo puede darse si el personal que accede a él hizo efectivo el retiro de la Universidad. Lo que significa que para tener derecho al bono adicional de la Ley Nº 21.043 es una condición sine qua non que los funcionarios sean también beneficiarios del bono del artículo 9 de la Ley N° 20.374, el que exige que los funcionarios hayan hecho efectiva su renuncia voluntaria dentro de los 180 días siguientes a haber cumplido 65 o 60 años, respectivamente.

Asimismo, entienden que el acto impugnado es ilegal, por cuanto transgredió el principio de legalidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución, interpretando erróneamente la Ley N° 21.043.

Sostienen que se vulnera la igualdad ante la ley, en relación a los funcionarios que sí pudieron acceder al beneficio; la libertad de trabajo, porque renunciaron a sus trabajos; el derecho de propiedad ya que los priva de obtener el bono.

Finalizan, señalando a 10 personas por las cuales recurre, incorporando dos más que no están en la nómina del inicio (nombre reservado y nombre reservado).

Piden se deje sin efecto la resolución recurrida y/o adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, con costas.

Informa la UNIVERSIDAD DE CHILE, con un complemento y señala que todos los recurrentes, salvo las ex funcionarias nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, postularon al beneficio de la bonificación adicional establecido en la Ley N° 21.043, y mediante correo electrónico, se les informó que no cumplían con uno de los requisitos establecidos en la ley, dado su carácter de “ex funcionarios” de la Universidad de Chile, según lo exige el inciso tercero del artículo 1° de la Ley N° 21.043 y el Reglamento.

Alega la extemporaneidad del recurso respecto los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por cuanto respecto de ellos, se hicieron parte los días 28 de septiembre y 30 de octubre de 2018, siendo notificados a su correo electrónico de la resolución el 27 de julio de 2018, momento en el cual habrían tomado conocimiento del acto, transcurriendo con creces el término establecido en el auto acordado para recurrir de protección.

Refiere que el artículo 1° de la ley N° 21.043 fija un beneficio adicional al establecido en el artículo 9° de la Ley 20.374. El inciso tercero del primer artículo citado expone que el personal (…) tendrá derecho a la bonificación adicional, siempre que sirva sus cargos en calidad de planta o contrata (…). Entiende que la ley al utilizar la forma verbal en tiempo presente “sirva”, establece claramente que los funcionarios deben estar en ejercicio de su cargo al momento de su postulación y hacer efectiva su renuncia en los tiempos que la Ley establezca. Lo que también se desprende del artículo 2 que indica que el personal beneficiario “deberá hacer efectiva su renuncia voluntaria” y del artículo 5 inciso noveno, que señala que “no obstante, lo dispuesto en el inciso anterior, el personal que postule a la bonificación adicional y cumpla con los requisitos para acceder a ella, podrá renunciar a todos los cargos y al total de horas que sirva, a contar de la fecha de presentación de su postulación a dicho beneficio”.

Sostiene que el artículo 1° del Reglamento establece expresamente que son beneficiarios de la bonificación adicional: “el personal académico, directivo y profesional no académico de las universidades del Estado, que sirvan sus cargos en calidad de planta o a contrata”.

Por lo que estima que se encuentra fuera de discusión que la bonificación adicional de la Ley N° 21.043 estaba dirigida a los funcionarios que, al momento de su publicación, el 8 de noviembre de 2017, se encontraran sirviendo en sus cargos.

Refiere, en síntesis, que los requisitos para acceder al beneficio adicional de la Ley N° 21.043 son:

i. Ser funcionario de las Universidades estatales y estar sirviendo en el cargo, al momento de la publicación de la Ley N° 21.043, o recibir una pensión de invalidez;

ii. Percibir el beneficio compensatorio del artículo 9 de la ley Nº 20.374;

iii. Haber cumplido entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2024, los 65 años de edad, en el caso de los hombres, y 60 años de edad, tratándose de mujeres;

iv. Haber servido sus cargos en las universidades del Estado, en calidad de planta o a contrata, por un período no inferior a diez años;

v. Encontrarse afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980;

vi. Postular al beneficio en los plazos señalados en el artículo 1° transitorio de la Ley N° 21.043, comunicando su decisión de renunciar voluntariamente en el término indicado en el reglamento, y vii. Presentar su renuncia, esto es, cese en sus funciones, en los plazos expresados en la ley Nº 21.043.

Expresa que establecer criterios de acuerdo a la edad de una persona y el transcurso del tiempo para los efectos de conceder o negar beneficios, no puede considerarse en sí como arbitrario puesto que se funda en un hecho de la naturaleza, que no depende de la voluntad de las personas.

Niega que se hayan vulnerado los derechos constitucionales de los recurrentes, por lo ya indicado y, además, por cuanto la bonificación estableció un número limitado de cupos.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, tal como se indica en la parte expositiva de esta sentencia, han comparecido ante esta Corte con fecha 24 de agosto de 2018, nombre reservado y Rodrigo Ojeda Garrido, ambos abogados, en representación de 8 personas, luego se menciona a 9 en cuanto a los hechos y al final del recurso se indica que son 10, luego en una presentación posterior se incorpora a 6 personas más (folio 11), con un total final de 16 personas (nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado) deduciendo recurso de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE CHILE, por el acto que consideran arbitrario e ilegal contenido en la Resolución Exenta N° 01105, de 17 de Julio de 2018, en virtud de la cual se les niega otorgarles la bonificación adicional establecida en la Ley Nº 21.043, que se refiere a la que se debe otorgar por retiro al personal académico, directivo y profesional no académico de las Universidades del Estado, vulnerando con ello las garantías consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en el informe respectivo, que fue objeto de un complemento, se solicitó el rechazo del recurso, argumentando en esencia:

1° Que el recurso es extemporáneo respecto de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por cuanto ellos se hicieron parte los días 28 de septiembre y 30 de octubre, ambos de 2018, siendo notificados a su correo electrónico de la resolución el 27 de julio de 2018, momento en el cual habrían tomado conocimiento del acto, transcurriendo con creces el término establecido en el auto acordado para recurrir de protección.

2° Que los recurrentes no cumplen requisitos fundamentales para acceder al beneficio, pues todos habrían cesado en sus servicios con anterioridad a la publicación de la Ley N° 21.043 y, en consecuencia, no se encontraban sirviendo sus cargos al momento en que postulan ni menos podría cumplirse el objetivo de la ley con ellos, pues ya habían dejado de trabajar para la Universidad.

3° Adicionalmente, menciona que tres de ellos ni siquiera existen registros de que hubiesen postulado al beneficio.

TERCERO: Que, como puede deducirse de la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte dice relación con el rechazo de la Universidad de Chile a concederles a aquellos por quienes se recurre la prerrogativa que contempla la Ley N° 21.043, que otorga una bonificación adicional por retiro al personal académico, directivo y profesional no académico de las Universidades del Estado y faculta a las mismas para conceder otros beneficios transitorios.

CUARTO: Que, como es sabido el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

QUINTO: Que, en atención al conflicto concreto que se ha sintetizado en el considerando tercero, corresponde examinar si acaso resulta admisible el recurso por cumplir los requisitos antes anotados, a los que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales ha añadido uno relativo al plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, respecto de la extemporaneidad que fuera alegada por la recurrida sobre los recurrentes que figuran en el escrito de se hace parte de 28 de septiembre de 2018: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; como del escrito similar pero de 30 octubre del mismo año, de nombre reservado, cabe señalar que todas ellas habrían tomado conocimiento a través de su respectivo correo electrónico con fecha 27 de julio del año recién pasado, esto es, interpusieron el recurso de protección pasado el plazo fatal de treinta días corridos contados desde que fueron informadas de manera cierta del rechazo en contra del cual recurren, sin que sea admisible que ellas se vean beneficiadas por quienes sí hicieron uso de sus derechos dentro de los términos señalados, razón que justifica acoger la mentada argumentación formulada por la recurrida y, en consecuencia, se declara inadmisible el recurso de protección a su respecto.

SÉPTIMO: Que, en cualquier caso, para que un derecho fundamental vinculado a la obtención de los beneficios concedidos por la Ley N° 21.043 pueda nacer a la vida del derecho, parece obvio indicar que aquello solamente ocurrirá respecto de quienes cumpliendo con los requisitos legales, vean desconocidas tales prerrogativas por el organismo universitario pertinente.

En el presente caso, la cuestión esencial que debe ser dilucidada dice relación precisamente con cuáles eran esos requisitos.

En este sentido, no resulta superfluo señalar, de partida, que la referida ley tiene su razón de ser en el incentivo al retiro del PERSONAL ACADÉMICO, DIRECTIVO Y PROFESIONAL NO ACADÉMICO DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO, facultando a dichos entes públicos para conceder otros beneficios transitorios que allí se indica. Y que en forma coherente con ello, para incentivar a esos funcionarios públicos al retiro o cese de sus funciones, el primer gran requisito básico y elemental es que en el momento en que se haga la solicitud respectiva debe estarse ocupando un cargo que se quiere que deje de desempeñar la persona, esto es, debe estar activo, encontrarse en el momento de la postulación sirviendo el cargo correspondiente.

OCTAVO: Que, tal requisito básico y elemental es posible inferirlo de diversas disposiciones de la mencionada ley y de la historia fidedigna de su establecimiento.

NOVENO: Así, en primer lugar, debe referirse que en el Mensaje de la señalada ley se indica: “Esta iniciativa establece una bonificación adicional para los siguientes beneficiarios:

a. Académicos, directivos y profesionales no académicos de las universidades del Estado que reúnan los siguientes requisitos copulativos:

i. Perciban el beneficio compensatorio del artículo 9 de la ley N° 20.374.

ii. Se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980.

iii. Tratándose del personal académico y directivo, haber cumplido o cumplan 65 ó 60 años de edad, si son hombres o mujeres, respectivamente, entre el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2024. Este beneficio también se otorgará a quienes cumplieron las edades antes mencionadas, al 31 de diciembre de 2011.

iv. Tratándose del personal profesional no académico, haber cumplido o cumplan 65 ó 60 años de edad, si son hombres o mujeres, respectivamente, entre el 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2024. Este beneficio también se otorgará a quienes cumplieron las edades antes mencionadas, al 31 de diciembre de 2014.

v. Servir sus cargos en calidad de planta o a contrata, por un período no inferior a 10 años al inicio del respectivo período de postulación, continuos o discontinuos, en las Universidades del Estado.

vi. Hacer efectiva la renuncia voluntaria a sus cargos o al total de horas que sirvan, en los plazos que se establecen en el presente proyecto de ley”.

“Los funcionarios de esta cobertura, para acceder a la bonificación adicional, deberán reunir los siguientes requisitos copulativos:

i. Servir cargos en calidad de planta o a contrata.

ii. Obtener o haber obtenido entre la fecha de publicación de la ley y el 31 de diciembre de 2024, una pensión de invalidez conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, o cesar o haber cesado en sus funciones por declaración de vacancia por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo.

iii. Estos afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980.

iv. Cumplir 65 ó 60 años de edad, dependiendo de si se trata de hombres o mujeres, respectivamente, dentro de los tres años siguientes a la obtención de su pensión de invalidez o la declaración de vacancia del cargo por las causales indicadas previamente, y, no más allá del 31 de diciembre de 2024”; “Los funcionarios deberán postular en su respectiva universidad empleadora en los plazos que fije el reglamento”.

DECIMO: Luego, en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el proyecto de ley por una amplia mayoría, la informante en Sala del proyecto de ley, la Diputada Yasna Provoste, expresó: “La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en conceder una bonificación adicional al personal que indica y permite otorgar, excepcionalmente, el beneficio compensatorio que se estableció en el artículo 9° de la ley N° 20.374 a los funcionarios de más de 65 años de edad que cumplan las demás condiciones que establece la presente iniciativa, otorgando mejores condiciones de egreso de la carrera para los funcionarios académicos, directivos y profesionales no académicos de las universidades del Estado y potenciando el desarrollo de dicha carrera al interior de ellas.”

Posteriormente se aprueba el proyecto, sin discusión en la Sala del Senado.

UNDÉCIMO: La Ley N° 21.043, por su parte, en lo que interesa, establece: “Artículo 1.- El personal académico y directivo de las universidades del Estado, que perciba el beneficio compensatorio del artículo 9 de la ley N° 20.374, que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2024 haya cumplido o cumpla 65 años de edad, en el caso de los hombres, y 60 años de edad, tratándose de las mujeres, y se encuentre afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, tendrá derecho a una bonificación adicional, de cargo fiscal, siempre que cumpla los demás requisitos establecidos en esta ley. También podrá acceder a esta bonificación adicional dicho personal de las universidades del Estado que, al 31 de diciembre de 2011, haya cumplido las edades antes mencionadas siempre que cumpla con los requisitos para acceder a ella.

Del mismo modo, el personal profesional no académico de las universidades del Estado, que perciba el beneficio compensatorio del artículo 9 de la ley N° 20.374, que entre el 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2024 haya cumplido o cumpla 65 años de edad, en el caso de los hombres, y 60 años de edad, tratándose de las mujeres, y se encuentre afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, tendrá derecho a la bonificación adicional de cargo fiscal a que se refiere el inciso anterior, siempre que cumpla los demás requisitos establecidos en esta ley. Igualmente, podrá acceder a esta bonificación adicional dicho personal de las universidades del Estado que, al 31 de diciembre de 2014, haya cumplido las edades antes mencionadas siempre que cumpla con los requisitos para acceder a ella.

El personal académico, directivo y profesional no académico tendrá derecho a la bonificación adicional, siempre que sirva sus cargos en calidad de planta o a contrata y que haya prestado servicios en cualquiera de dichas calidades por un período no inferior a diez años, continuos o discontinuos, en las universidades del Estado, a la fecha del inicio del respectivo período de postulación a dicha bonificación. Todo el personal antes señalado deberá hacer efectiva su renuncia voluntaria en los plazos que se señalan en el artículo siguiente.

El reconocimiento de años de servicios discontinuos en las universidades del Estado para efectos del inciso anterior, sólo procederá cuando dicho personal tenga, a lo menos, cinco años continuos de servicios inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del respectivo período de postulación a la bonificación adicional, en cargos de planta o a contrata en las mencionadas universidades.

Artículo 2.- El personal a que se refiere el artículo 1 que resulte beneficiario de un cupo de la bonificación adicional deberá hacer efectiva su renuncia voluntaria a la universidad del Estado, respecto del cargo o del total de horas que sirva en virtud de su nombramiento o contrato, dentro de los ciento ochenta días siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad o dentro de los noventa días siguientes a la notificación de la resolución que le asigna un cupo, conforme al artículo 5, si esta última fecha fuera posterior a aquélla.

Con todo, las funcionarias, sean académicas, directivas o profesionales no académicas, podrán postular a la bonificación adicional desde que cumplan 60 años de edad y hasta el período que le corresponda postular a los 65 años de edad, cumpliendo con las demás condiciones fijadas por esta ley y su reglamento. Las funcionarias que postulen antes del cumplimiento de los 65 años de edad y sean beneficiarias de un cupo de la bonificación adicional, deberán hacer efectiva su renuncia voluntaria dentro de los ciento ochenta días siguientes a la notificación del acto que les asigna un cupo. Si la funcionaria no hiciere efectiva su renuncia dentro de dicho plazo, perderá su cupo, pero podrá participar en los procesos siguientes hasta aquel en que le corresponda postular a los 65 años de edad.

El personal directivo, académico y profesional no académico beneficiario de la bonificación adicional conforme al artículo 1, cesará en funciones sólo si la universidad empleadora pone a su disposición la totalidad del beneficio compensatorio del artículo 9 de la ley Nº 20.374 que le corresponda.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos primero y segundo de este artículo, los rectores de las universidades estatales que sean elegidos por períodos fijos y cumplan todos los requisitos que establece la presente ley, podrán hacer efectiva su renuncia voluntaria hasta el término del período de su nombramiento.

Artículo 5.- Podrán acceder a la bonificación adicional creada por esta ley hasta un total de 3.800 beneficiarios académicos y directivos. Para el año 2017 se contemplarán 300 cupos. Para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se contemplarán, por cada anualidad, 600 cupos. Para el año 2022 existirán 400 cupos. Para los años 2023 y 2024 se contemplarán, por cada anualidad, 350 cupos. Los cupos que no hubieren sido utilizados en los años 2017 y 2018 incrementarán los cupos del año 2019. A partir de este último año, los cupos que no sean utilizados en cada anualidad incrementarán los cupos del año inmediatamente siguiente.

(…) el personal que postule a la bonificación adicional y cumpla con los requisitos para acceder a ella, podrá renunciar a todos los cargos y al total de horas que sirva, a contar de la fecha de presentación de su postulación a dicho beneficio, siempre que tenga cumplidas las edades establecidas en el artículo 1, según corresponda.”

DUODÉCIMO: Que, de los párrafos transcritos es posible colegir que se razona inequívocamente que un requisito que hemos denominado básico y esencial, en razón de la idea matriz que se tuvo presente en la aprobación de esta legislación, es que en el momento en que se haga la solicitud respectiva, el postulante debe estar ocupando un cargo que se quiere que deje de desempeñar, esto es, debe estar activo, encontrarse en el momento de la postulación sirviendo el cargo correspondiente. Solamente esa condición hace posible que estas bonificaciones puedan adquirir el carácter de un incentivo para que los funcionarios a quienes se pretende favorecer, dejen los cargos respectivos y presenten las renuncias voluntarias a sus cargos.

Y al no ocurrir este presupuesto en ninguno de los recurrentes, la presente acción constitucional debe ser rechazada.

En conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por nombre reservado y Rodrigo Ojeda Garrido, ambos abogados, en representación de las personas que se indica, en contra de Universidad de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante señor Decap.

N°Protección-61674-2018.

No firma el ministro señor Crisosto, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse e integrada por la Ministro señora Jéssica González Troncoso y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.