nombre reservado con CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, la abogado doña Alejandra Miranda Delgado, por 15 minutos; y contra el mismo, el abogado don Guillermo Jiménez, por 10 minutos.

Santiago, 30 de mayo de 2019.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, treinta de mayo de dos mil diecinueve.

Proveyendo al folio 17: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, profesora de estado, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, representada por el Secretario General, don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber dictado el 27 de diciembre de 2018, un acto administrativo, arbitrario e ilegal, que dispuso la no renovación de su contrata como profesora de lenguaje del Liceo José Victorino Lastarria, donde se desempeñaba por más de 5 años; vulnerando la garantía constitucional del artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley) y 19 N°24 (propiedad sobre el empleo y las remuneraciones) de la Constitución Política.

Pide se deje sin efecto la carta de 27 de diciembre de 2018, ordenando la prórroga de su contrata desde el 1 de marzo de 2019 y hasta el 28 de febrero de 2020 o, en su defecto, el pago de todas las remuneraciones que le habrían correspondido de haber continuado en su cargo hasta dicha fecha y todas las medidas que en concepto de esta Corte sean conducentes al restablecimiento y protección del derecho, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que ingresó a prestar servicios al Liceo José Victorino Lastarria el 13 de marzo de 2014, por 6 horas cronológicas semanales en jornada de mañana y en el año 2015 su contrato fue aumentado a 30 horas cronológicas semanales en jornada tarde. El año 2016 fue aumentado su contrato por 36 horas cronológicas semanales; el 2017 aumentó a 40 horas cronológicas semanales; y el 2018 fue de 40 horas cronológicas semanales más 4 horas cronológicas semanales.

Expone que durante los cinco años de trabajo nunca recibió por escrito ni de forma oral algún ningún llamado de atención en relación a su trabajo y durante el año 2017, los profesores de lenguaje cuyos cursos rendían SIMCE y PSU fueron citados a la Corporación ofreciéndoseles un bono de 1 millón de pesos para cada uno si subían los puntajes de estas pruebas. Añade que en junio de 2018 le llegó un correo de don nombre reservado, de la Dirección de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, quien le informó que obtuvo el bono e indicaba: “reconocemos que todos estos esfuerzos son infructíferos sin el compromiso de nuestros profesores, por ello queremos destacar el trabajo por usted realizado durante el año 2017, el que evidencia un quehacer serio y fructífero, el cual se ve reflejado en los resultados obtenidos por el o los cursos que usted atiende, en la última aplicación de SIMCE”.

Señala que el coordinador personalmente le indicó que debía participar en el concurso para adjudicarse una planta, al que llamó la Corporación y se presentó con un informe del liceo más sus certificados de perfeccionamiento, pasando las etapas, con dos entrevistas con psicólogos y la última con la directora interina del liceo María Angélica Urzúa, una profesora de Lenguaje y una persona de la corporación, sin recibir los resultados del concurso.

Agrega que la página web de la Corporación, el 27 de diciembre de 2018, señaló que se cerró el concurso y mencionó los nombres de los ganadores y al día siguiente recibió su carta de despido, entregada por el nuevo director, quien había asumido un par de días antes y le dijo que no había horas para la actora. Al solicitar una explicación se le señaló que llegaba tarde.

Refiere que durante el año 2018 llegaron dos profesores nuevos, uno de ellos hizo la práctica el año anterior y la otra es hija de la jefa del departamento de Lenguaje, con 20 años de trabajo en el liceo y ambos participaron del concurso y “según se enteró” la hija de la mencionada Jefa se habría quedado con parte de su horario y nombre reservado habría completado horario, contratando a otro profesor para la jornada vespertina.

Reclama que en la carta de despido no se le da razón alguna de su desvinculación, pese a la cantidad de años que llevaba en el establecimiento, citando el artículo 72 letra d) del Estatuto Docente que dispone: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: d) Por término del período por el cual se efectuó su contrato”.

Expone que se trata de una carta carente de motivación y fundamentación, pese a que goza de confianza legítima, citando el artículo 3° de la Ley N°19.880, reclamando que los actos deben contener la expresión de hechos y derecho que le den sustento, en concordancia con los dictámenes 85700 y 6400 de la Contraloría General de la República.

Adiciona que la Constitución Política en su artículo 6° obliga a las autoridades a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, señalando expresamente que son "públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen".

Refiere que en este caso, es evidente la ausencia de motivación, lo que hace evidente la existencia de un acto arbitrario e ilegal porque cuenta con la confianza legítima.

Invoca los artículos 20 y siguientes de la Ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, que disponen, en resumen, que la dotación docente debe ser fijada a más tardar el 15 de noviembre del año anterior, una vez aprobado el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) por el Concejo Municipal, por el Departamento de Educación Municipal o la Corporación Municipal, según corresponda, conforme al número de alumnos del establecimiento por niveles y cursos y según el tipo de educación y modalidad curricular, dotaciones que son determinadas por el sostenedor mediante resolución fundada y publicada en la página web del municipio o estar disponible a quien lo solicite.

Estima que el acto impugnado es arbitrario e ilegal, el que vulnera, la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que estando en idénticas condiciones a la de la recurrente, miles de funcionarios públicos e inclusive docentes del mismo establecimiento, sí fueron renovados en sus contratas.

Asimismo, estima conculcada la garantía de propiedad sobre su empleo y las remuneraciones, ya que aunque sabe que la contrata es transitoria, tanto la jurisprudencia administrativa como judicial han avanzado en admitir que el funcionario público con dos o más contrataciones en la administración tiene derecho a que su contrata sea renovada, salvo que asistan circunstancias graves y en estricto apego a los dictámenes emanados por Contraloría General y que no pertenezca a la planta no altera la conclusión precedente.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Carta de no renovación de contrata; 2. Correo electrónico de felicitaciones; 3. Dictamen 6400 emitido por Contraloría General de la República, de fecha 2 de marzo de 2018.

Tercero: Que, evacua el informe requerido doña nombre reservado, abogado, por la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, quien solicita el rechazo del recurso de protección.

Funda sus alegaciones señalando que la presente controversia es un asunto de naturaleza laboral que le corresponde conocer a los Juzgados de Letras del Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, que establece que serán de competencia de estos Tribunales: “a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral.

Por su parte, la Ley N°19.070, sobre Estatuto Docente establece en el artículo 75, el procedimiento preciso para reclamar de un despido o término de contrato de un docente en caso de que lo estime ilegal, señalando su inciso segundo, lo siguiente: “Si el profesional de la educación estima que la Municipalidad o Corporación, según corresponda, no observó en su caso las condiciones y requisitos que señalan las causales de término de la relación laboral establecidas en la presente ley, incurriendo por tanto en una ilegalidad, podrá reclamar por tal motivo ante el tribunal de trabajo competente, dentro de un plazo de 60 días contado desde la notificación del cese que le afecta y solicitar la reincorporación en sus funciones. En caso de acogerse el reclamo, el juez ordenará la reincorporación del reclamante.”

Refiere que el recurso de protección, en atención a su naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, no constituye un sustituto jurisdiccional en materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento, como pretende erradamente la recurrente y cita al efecto una sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en causa rol N°30.019-2014.

Agrega que la actuación de la Corporación se ajustó plenamente al contrato de trabajo pactado y a las normas legales que lo regulan, ya que la recurrente fue contratada como docente con un contrato a plazo desde el 1 de marzo de 2018 hasta el día 28 de febrero de 2019, contrato que se regula forma expresa y especial por la Ley N°19.070, sobre Estatuto Docente, citando al efecto el artículo 25 de dicha Ley. Sobre el particular, la Dirección del Trabajo en Dictamen N°1.491, de 4 de abril de 2017, señaló que no procede aplicar las normas relativas a la transformación de un contrato de plazo fijo en contrato de duración indefinida, al disponer: “Que los servicios de un contratado, entre ellos los contratados a plazo fijo, son intrínsecamente de carácter temporal, estando su duración limitada en el tiempo, de manera tal que no resultaría procedente aplicar al respecto el efecto jurídico previsto en los incisos 1° y 4° del artículo 159 del Código del Trabajo, relativo a la transformación de los contratos de plazo fijo en contratos de duración indefinida, prolongándose en el tiempo servicios que originalmente fueron limitados en su duración por voluntad de las partes, pero no por su naturaleza propiamente tal. Sostener lo contrario significaría, además vulnerar la carrera funcionaria, puesto que bastaría la sola voluntad de las partes para quedar sujetos a una relación laboral de duración indefinida, a través de la segunda renovación del contrato de plazo fijo, sin necesidad de llamar a concurso público”.

Adicionalmente, el mismo Dictamen expresa que no resulta aplicable la doctrina de la Contraloría General de la República contenida en dictamen N°85.700, a los docentes de las Corporaciones a quienes se les pone término a su contrato de trabajo por vencimiento del plazo, señalando que es: “…aplicable sólo a los docentes que laboran en establecimientos educacionales administrados por los Departamentos de Educación de las Municipalidades, que revisten la calidad de funcionarios públicos y no a quienes dependen de las corporaciones municipales que son trabajadores del sector privado, toda vez que tal circunstancia determina que el organismo encargado de interpretar y fiscalizar la normativa aplicable a ambas situaciones es distinta.”

Concluye que tratándose de un contrato docente a plazo fijo regido por las normas del estatuto docente, se ajusta a derecho que el mismo concluya a su vencimiento, no teniendo derecho la actora a que el mismo se mantenga en el tiempo, aun cuando haya tenido contratos de trabajo anteriores, ya que cada contrato de trabajo suscrito entre las partes constituye una relación laboral independiente entre sí.

Precisa que tampoco se aplican las normas sobre la administración pública ni la doctrina sobre legitima confianza de la Contraloría General de la República, ya que la Corporación de Desarrollo de Providencia es una persona jurídica de derecho privado creada al amparo del D.F.L. 1 - 3063, de 1980, del Ministerio del Interior y administra por delegación de la Municipalidad de Providencia los establecimientos de salud y educacionales de la comuna que le fueron traspasados por el Ministerio de Educación.

Expone que la Corporación de Desarrollo Social de Providencia no es una entidad pública, sino que privada y por tanto no se rige por la Ley N°19.880. En segundo término, conforme al artículo 71 del Estatuto Docente, el personal docente municipal, como es el caso de la recurrente, se rige por “las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias”, lo que refuerza la idea que no son aplicables a la especie las disposiciones legales del sector público. En materia de término del contrato de trabajo, el artículo 72 del Estatuto señala que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las causales que indica, entre las cuales señala con la letra d) “Por término del período por el cual se efectuó el contrato.” Lo anterior demuestra que en la especie, la Corporación de Desarrollo Social de Providencia al comunicar a la señora nombre reservado su decisión de no renovar el contrato de trabajo a plazo fijo, se ajustó a la normativa que lo rige, siendo improcedente la invocación de normas y criterios jurisprudenciales del sector público. Al efecto, la Contraloría General, mediante Dictamen N°12.247, de 11 de abril de 2017, señaló que: “…las corporaciones municipales creadas al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior, son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objetivo es administrar los servicios traspasados del área de educación, salud y atención al menor, constituidas según las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.” Agrega que, atendido lo anterior: “esta Contraloría General mediante los dictámenes Nos 14.063, de 2013, 68.522, de 2014, entre otros, ha precisado que tales corporaciones no son órganos integrantes de la Administración del Estado, por lo que la facultad de interpretar, así como la de fiscalizar la aplicación de las normas de carácter laboral que rigen a quienes se desempeñan en ellas, corresponde exclusivamente a la Dirección del Trabajo, toda vez que dichas entidades constituyen personas jurídicas de derecho privado, cuyos empleados no tienen la calidad de servidores públicos.”

Señala, además, que: “…en armonía con lo manifestado en el dictamen N°40.992, de 2016, de este origen, que el hecho que el trabajador de una corporación municipal sea un empleado regido por la referida ley N°19.378, no permite entender que el legislador haya pretendido asignarle la calidad de funcionario público, porque tal conclusión resultaría inconciliable con la naturaleza jurídica de personas de derecho privado que revisten las entidades administradoras que se formaron como corporaciones según lo previsto en el citado artículo 12 del decreto con fuerza de ley N°1-3.063, de 1980.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo anteriormente expresado, no resulta posible concluir que los dictámenes Nos 22.766, 23.518 y 85.700, todos de 2016 y de esta procedencia, sean aplicables a quienes trabajan en las referidas corporaciones municipales, aun cuando se rijan por la ley N°19.378, toda vez que aquellos no revisten la calidad de funcionarios públicos”.

Puntualiza que el dictamen N°23.518 es uno de los citados por la recurrente y que la propia Contraloría indica que no se aplica a las entidades de derecho privado como la recurrida.

Precisa que no existe acto arbitrario e ilegal que haya causado privación, perturbación o amenaza a las garantías invocadas por la recurrente. Respecto de la igualdad ante la ley, sostiene que la recurrente no precisa respecto de qué otros docentes a plazo fijo la recurrida habría aplicado un criterio distinto y considerando el ámbito del derecho individual del trabajo, las condiciones contractuales se determinan entre el empleador y cada trabajador en particular, lo que implica que no necesariamente se debe proceder del mismo modo respecto de todos los docentes contratados a plazo.

Refiere que la pretensión de la docente de que se le renovara el contrato era una mera expectativa y no un derecho incorporado a su patrimonio, ya que la única forma de lograr la estabilidad y permanencia en el empleo es ganar el puesto por concurso público, lo que le otorgaría la calidad de docente titular y no a contrata, como es la calidad que tenía.

En cuanto a la propiedad respecto a del contrato de trabajo y remuneración de la recurrente, afirma que la relación contractual se regula en el ámbito del derecho privado y no público, por lo que no se aplica ni la doctrina de la legítima confianza, ni la Ley N°19.880, ni es necesario dictar un “acto administrativo”, regulándose la relación laboral entre esta Corporación y sus docente, y en particular con el señora nombre reservado, por el contrato de trabajo vigente firmado entre las partes, el cual según lo indica expresamente la recurrente en la página 2 de su recurso, rigió entre el 1 de marzo de 2018 y el 28 de febrero de 2019 y el mismo terminó por el vencimiento del plazo del contrato.

Concluye que la recurrente no tenía derecho a ser recontratada, sino solo una mera expectativa de que su contrato se renovara para el año escolar 2019 y consecuencialmente, no tiene derecho al pago de remuneraciones para el año 2019.

Respecto de la decisión de no renovar el contrato de trabajo de la profesional, expone que en octubre de 2018, la Corporación realizó un concurso público antecedentes para proveer cargos docentes en los establecimientos y para las asignaturas que en el mismo se detallaban y que abarcaban todos los establecimientos de la comuna. En el caso del establecimiento Liceo José Victorino Lastarria, se concursó la asignatura de lenguaje para cursos de enseñanza media, indicándose que se requería 2 cargos con 30 horas, indicando expresamente que el resultado del concurso sería publicado en la página web de la Corporación www.cdsprovidencia.cl.

Al término el concurso se designó como docentes titulares por 30 horas cada uno el señor nombre reservado y la señora nombre reservado quienes ganaron el concurso, incorporándose a contar de mes de marzo de 2019. Asignadas las horas de la asignatura de lenguaje a dos docentes titulares que obtuvieron el concurso público, se debía ajustar la dotación docente, eliminando un cargo a contrata, esto es, con contrato a plazo fijo, decidiéndose por el director del Liceo Lastarria, no renovar el contrato de la recurrente, atendido que, durante el año 2018, en comparación con los demás docentes de lenguaje de media era la que presentaba mayor número de atrasos. Estima que la decisión del director del Establecimiento se sustentó en antecedentes técnicos y en la necesidad de ajustarla dotación docente, por lo que no existe acto arbitrario e ilegal alguno.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de contrato de trabajo de la recurrente con vigencia entre el 1 de marzo de 2018 y el 28 de febrero de 2019; 2. Carta de comunicación de no renovación de contrato de 27 de diciembre de 2018; 3. Resolución N°50 de 27 de diciembre de 2018; 4. Bases concurso público docentes; 5. Informe de atrasos 2018.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que, conviene precisar que la recurrente, en su calidad de profesora de Lenguaje, prestó sus servicios para el Liceo José Victorino Lastarría, desde el 13 de marzo de 2014, hasta el 28 de febrero de 2019, fecha en la cual se puso término a su relación contractual por decisión de la autoridad educacional, fundada en la no renovación de la contrata.

Octavo: Que, para la acertada resolución del presente asunto, conviene destacar que el artículo 1° de la Ley N°19.070 establece que: “Quedarán afectos al presente Estatuto los profesionales de la educación que prestan servicios en los establecimientos de educación básica y media, de administración municipal o particular reconocida oficialmente como asimismo en los de educación pre-básica subvencionados conforme al decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1989, así como los establecimientos de educación técnico-profesional administrados por corporaciones privadas sin fines de lucro, según lo dispuesto en el decreto ley N° 3.166, de 1980, como también quienes ocupan cargos directivos y técnicos-pedagógicos en los departamentos de administración de educación municipal que por su naturaleza requieran ser servidos por profesionales de la educación”.

Por su parte, el artículo 21 de la referida ley establece que: “La dotación docente de los establecimientos educacionales de cada comuna, incluyendo a quienes desempeñen cargos y horas directivos y técnico-pedagógicos en los organismos de administración educacional del sector, será fijada a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquel en que comience a regir, una vez aprobado el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal por el Concejo Municipal, por el Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por la Corporación Educacional correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

Dicha fijación se hará conforme al número de alumnos del establecimiento por niveles y cursos y según el tipo de educación y la modalidad curricular, cuando éstas sean de carácter especial”.

En relación con la condición jurídica de la recurrente, el artículo 25 del cuerpo normativo en estudio establece que: “Los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados.

Son titulares los profesionales de la educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes.

Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñen labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares”.

En relación con los derechos del personal docente, el artículo 36 precisa que: “Los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares, tendrán derecho a la estabilidad en las horas y funciones establecidas en los decretos de designación o contratos de trabajo, según corresponda, a menos que deban cesar en ellas por alguna de las causales de expiración de funciones establecidas en este Estatuto”.

En aquello que dice relación con el término de la Relación Laboral de los Profesionales de la Educación, el artículo 72, letra c), prescribe que: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: c) Por término del período por el cual se efectuó el contrato”.

Especial relevancia cobra el inciso 2° del artículo 75 del Estatuto Docente al señalar que: “Si el profesional de la educación estima que la Municipalidad o la Corporación, según corresponda, no observó en su caso, las condiciones y requisitos que se señalan en los incisos primero y segundo del artículo 73 de la presente ley, incurriendo, por tanto, en una ilegalidad, podrá reclamar por tal motivo ante el Tribunal del Trabajo competente, dentro de un plazo de 60 días contado desde la notificación del cese que le afecta y solicitar la reincorporación en sus funciones. En caso de acogerse el reclamo, el Juez ordenará la reincorporación del reclamante”.

Finalmente, el artículo 1° del Código del trabajo establece que: “Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias”.

Noveno: Que, establecido el marco normativo de la relación contractual de la recurrente, queda en evidencia que las reglas jurídicas aplicables a dicho estatuto, son de competencia específica de la judicatura laboral, conforme lo dispone el artículo 420 letra g) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 75 del Estatuto Docente.

Décimo: Que, las exigencias relacionadas con la fundamentación del acto administrativo que, a parecer de la recurrente, le harían aplicable el principio de confianza legítima, son normativas de derecho público que resultan inaplicables al caso sub judice, toda vez que el legislador, explícitamente, ha establecido que la naturaleza jurídica del vínculo contractual en estudio es, eminentemente, de tipo laboral y sobre la base de ello, le ha conferido competencia específica a la judicatura laboral para el conocimiento de aquellas materias relacionadas con el término de dicha relación contractual.

Undécimo: Que, por tal motivo, el acto que se cuestiona por medio del presente arbitrio, no puede ser calificado de arbitrario o ilegal, fundado en el incumplimiento del deber de motivación que exige la Ley N°19.880 en relación con los actos administrativos, tanto porque la recurrida ha ejercido una facultad contenida explícitamente en el artículo 72, letra c) del Estatuto Administrativo, causal de término de la relación laboral que no exige un deber de fundamentación, dado su carácter meramente potestativo, tanto porque su reclamación ha sido entregada a la competencia específica de los Juzgados del Trabajo.

Duodécimo: Que, confirma lo anterior, lo preceptuado en el artículo 71 del mencionado Estatuto Docente, al prescribir que: “Los profesionales de la Art.51 educación que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias”.

Décimo Tercero: Que, teniendo en consideración que toda la argumentación jurídico-fáctica de la acción constitucional intentada descansa sobre la base de infracciones relacionadas con contratas del sector público, a cuyo estatuto jurídico sí le son aplicables la doctrina de la confianza legítima y los preceptos de la Ley N°19.880, a contrario de lo que acontece en la situación de la recurrente, respecto de la cual las normas aplicables son, en primer término, el Estatuto Docente y, supletoriamente, el Código del Trabajo, no queda duda que las razones que justifican la impugnación del acto no pueden ser calificadas en esta sede proteccional como arbitrarias, ni menos ilegales, sin perjuicio del pronunciamiento que un Juez con competencia en materia laboral pueda resolver en definitiva.

Décimo Cuarto: Que, por lo antes razonado, el presente arbitrio no puede prosperar y será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Zepeda Arancibia, quien fue del parecer de acoger el arbitrio intentado teniendo presente que, atendida la calidad de profesora dependiente de la recurrida, Corporación de Desarrollo Social de Providencia, en armonía con el reconocimiento que tiene en todas las esferas los derechos fundamentales inherentes a toda persona, los que deben ser resguardados ante cualquier órgano del Estado que los vulnere, aunque éste hay adecuado su actuar al de una persona jurídica.

En consecuencia, al haber trabajado la recurrente durante cinco años como profesora de Lenguaje en el Liceo José Victorino Lastarria, nació a su respecto la confianza legítima de mantener la contrata, por lo que la decisión adoptada por la recurrida, carece de fundamento y de esa forma se ha conculcado el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en la dimensión de igualdad de condiciones con los demás funcionarios que, en igual condición, se les renovaron las contratas, debiendo, por lo tanto, la desvinculación cumplir con las causales que lo permitieran legalmente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6164-2019.