Protección contra Ilustre Municipalidad de Santiago

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por los recursos, el abogado don Luis Rivas Quezada; y contra el recurso el abogado de la I. Municipalidad de Santiago, don nombre reservado, ambos por 10 minutos. Santiago, 8 de octubre de 2018 nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, ocho de octubre de dos mil dieciocho.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, en estos autos se han acumulado tres acciones constitucionales de protección, en las que comparecen doña nombre reservado y doña nombre reservado, docentes y funcionarias municipales, domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, en representación del Equipo Docente y de Asistentes de la Educación del Liceo N° 1 Javiera Carrera; doña nombre reservado, presidenta del Centro de Padres y Apoderados del 4° año G del Liceo N°1 Javiera Carrera, del mismo domicilio ya señalado; doña nombre reservado, profesora de Lenguaje y Directora; doña nombre reservado, profesora de Lenguaje y Subdirectora; nombre reservado, profesora de Educación Física, Inspectora General; nombre reservado, profesor de Lenguaje, Inspector General; nombre reservado, profesora de Francés, Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica y doña nombre reservado, profesora de Educación Física y Salud, Coordinadora de Convivencia, todos funcionarios municipales y del mismo domicilio indicado, quienes interponen recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su alcalde, don Felipe Alessandri Vergara, abogado, ambos domiciliados domicilio reservado y en contra de Owana nombre reservado, vocera de “nombre reservado”, domiciliada en domicilio reservado, por su omisión frente a las ilegalidades cometidas por parte del estudiantado del Liceo N°1 Javiera Carrera y de un grupo de apoderadas del referido Liceo, siendo el primer recurrido sostenedor legal, vulnerando las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N°1, 3, 4, 7 letra b) y 16 de la Constitución Política de la República.

Piden que se ordene a la Ilustre Municipalidad de Santiago tomar medidas directas en contra de dichas alumnas y apoderadas, como es la expulsión y cancelación por hechos que afectan la continuidad del servicio educativo, con costas.

Fundan su pretensión cautelar señalando que la conculcación de sus garantías fundamentales ha ocurrido a raíz de las constantes huelgas, actos de violencia y tomas ocurridas por parte de del alumnado en el interior del Liceo, junto a un grupo de apoderadas, denominadas “nombre reservado”, que han realizado diversas manifestaciones en contra del equipo directivo, expresando su solicitud de destitución a través de diversos medios, utilizando las redes sociales para injuriar a la Directora y a su equipo directivo, sin que la Ilustre Municipalidad de Santiago haya llevado a cabo acción alguna para permitir que el equipo docente y los asistentes de la educación puedan volver a trabajar en un ambiente libre de violencia y peligro, que resguarde su integridad física y psíquica.

Refieren que a través de las referidas redes sociales, las apoderadas “nombre reservado”, que son de diversos cursos han apoyado la toma del Establecimiento desde el mes de mayo del presente año e incluso el Centro de Alumnas manifestó su intención de terminar el movimiento y ellas instaron a continuar con la ocupación.

En el aspecto fáctico, señalan que los días 8 y 9 de mayo de 2018 se produjo la fuga de alrededor de 200 alumnas del Liceo N°1 Javiera Carrera para participar en una marcha no autorizada por la Intendencia Metropolitana y convocada por el Movimiento Estudiantil contra la “Educación Mercantil”. Con el objetivo de ejecutar la fuga, sin riesgo de sanción disciplinaria, las alumnas deciden tomarse el liceo y entregarlo el mismo día a las 20:30 horas del 9 de mayo.

Señalan que en la tarde del día 20 de mayo del presente año, se produjo el desalojo del establecimiento y posterior a ello, cerca de 20 alumnas encapuchadas expulsan a todas las autoridades del establecimiento de forma muy violenta.

Añaden que el 24 de mayo se produjo un intento de toma junto con un corte de calle por el frontis del liceo, que terminó con el desalojo por parte de Carabineros de Chile. El 29 de mayo se llevó a cabo la primera ocupación ilegal del establecimiento, que culmina en la toma permanente del Liceo durante todo el mes de junio, lo que evidentemente paralizó la realización de clases en su interior e imposibilitó la realización del trabajo docente.

Indican que el mes de junio resultó ser el más caótico a nivel pedagógico, puesto que el Liceo estuvo en continua ocupación, sin poder retomar ningún día a clases y hubo instancias para intentar resolver la crisis, pero se hizo imposible debido a la posición intransigente del Centro de Alumnas. El objetivo de las alumnas era realizar un escándalo público para poder develar la supuesta inoperancia administrativa y el mal manejo de liderazgo entre la Dirección de Educación Municipal de Santiago y la Dirección de Liceo N° 1.

Precisan que el 19 de junio pasado, los apoderados del Liceo realizaron una concentración en repudio a la toma, siendo agredidos con golpes y patadas por un grupo de encapuchadas, apoyadas por padres de “nombre reservado” y el 3 de julio del año en curso, por parte de funcionarios de la Dirección de Educación Municipal y Carabineros de Chile, se llevó a cabo otro desalojo, no obstante, ese mismo día las alumnas del establecimiento volvieron a tomarse el inmueble.

Exponen que vuelven a ocurrir los mismos hechos relatados anteriormente durante la primera y segunda semana de julio y con el objetivo de remediar dicha situación, que hacía insostenible la realización del trabajo y normal funcionamiento de las clases, la Dirección de Educación de la I. Municipalidad de Santiago, junto con la Seremi de Educación, adoptaron como medida paliativa la realización de clases en el Instituto AIEP, ubicado en calle Grajales, para impartir clases y terminar el semestre. Dicha medida comenzó a regir el 9 de julio, ocasión en que medio centenar de alumnas y apoderadas, intentan provocar desórdenes en el recinto, acto que culminó en que 20 alumnas del Liceo N°1 fueran tomadas detenidas por parte de Carabineros de Chile.

Refieren que entre los días 10 y 16 de julio del presente año, el establecimiento educacional permaneció ocupado por el centro de alumnas del Liceo Javiera Carrera y el 13 de julio se produjo un corte de calle muy violento en que son quemadas 10 colchonetas del Liceo en la calle. El 31 de julio, a las 15:00 horas, un grupo integrado por aproximadamente 60 alumnas y personas externas entre ellas apoderadas, ejecutaron un corte en la calle Compañía, en la entrada del Liceo. Lamentablemente, al día siguiente, las alumnas volvieron a tomarse el establecimiento de manera muy violenta. El 12 de agosto, continuó la toma en el Liceo y a las 12:00 horas un grupo de 70 alumnas marcharon contra el tránsito por calle Teatinos hacia el edificio de la Dirección de Educación Municipal, acompañadas del Centro de Padres del Liceo N°1, tres concejales de la Municipalidad de Santiago y el equipo del Diputado Winter para reunirse sin previo aviso con la Dirección de Educación. Al día siguiente, se realiza el desalojo de las ocupantes, dentro del inmueble se encuentran las integrantes del Centro de Alumnas y un hombre.

Agregan que el 6 de agosto se realizó una manifestación hacia los trabajadores del liceo, docentes y asistentes y luego del corte de calle, ingresaron padres, apoderados y ex alumnas que expresaron toda su rabia y violencia, agrediendo a todas las personas que encontraron en diversos lugares del establecimiento, salas, pasillos, oficinas y patios. Estuvieron presentes y observaron el nivel de violencia algunos concejales, abogados de DD.HH. y personal de la DEM que asistió a apoyarnos. Esta turba de gente enajenada intentó derribar las rejas y puertas de las oficinas de Dirección y solo porque esta fue defendida por varios colaboradores, no fueron agredidos parte de los recurrentes.

Destacan que el 7 de agosto del presente año, las alumnas del establecimiento llevan a cabo una manifestación en calle Compañía y luego intentan volver a tomarse el establecimiento, con la participación de medio centenar de alumnas, algunas a rostro descubierto y otras encapuchadas, agrediendo a docentes, lanzando documentos desde los pisos, realizando una convocatoria sala por sala, con ánimo de interrumpir el normal funcionamiento de las clases. Los profesores y alumnas que se negaron a salir fueron insultados y amenazados. En algunos casos, las puertas de las salas fueron cerradas por dentro y las encapuchadas les lanzaron sus pertenencias al pasillo. También, ese mismo día, alumnas del Liceo irrumpieron con palos y fierros en la inspectoría, para usurpar libros con informaciones sobre las estudiantes del liceo, intentando destruirlos, imponiendo a la Dirección que se retiren del establecimiento para proceder a la toma. Posteriormente, estos grupos de estudiantes salen del establecimiento, lo cual deriva en la interrupción de las vías de tránsito. Frente a esto, Carabineros de Chile acude al establecimiento y lanza gases lacrimógenos, afectando a toda la comunidad.

Ante los constantes hechos de violencia relatados y a la imposibilidad de poder trabajar, los docentes, representantes gremiales y demás funcionarios del Liceo convocaron a un paro de clases, para demostrar el rechazo a las acciones insidiosas por parte de encapuchadas al interior del Liceo, no obstante, las tomas, corta calles y manifestaciones violentas, no cesaron en ningún momento y durante la mañana del 20 de agosto pasado, cerca de 80 alumnas de cuartos medios realizan una manifestación en el patio central vestidas con capas rojas, gritando contra los docentes. Sacan un cartel que decía: “Fuera dicalu ¡¡ahora!! No nos representan vocerxs dictadorxs” (sic). Sacaron el cartel y lo comenzaron a quemar. Durante la tarde se produjo nuevamente otra “toma” de las salas de clases que inicia en el 7°básico G y se expande en el resto del establecimiento. Un profesor de química es agredido y perseguido por las alumnas de 1° medio del Liceo, quien debe refugiarse en laboratorio para no ser golpeado, los demás docentes se percatan de la situación e intentan protegerlo, ya que la violencia ejercida por las alumnas era insostenible, las alumnas le lanzaban botellas plásticas, basuras y palos, gritaban garabatos de fuerte calibre en contra del docente, siendo una alumna sorprendida con un palo tratando de agredir al profesor. Los docentes tuvieron que esperar el retiro de las alumnas para poder salir de esta sala.

Destacan que el 21 de agosto se convocó a un Consejo de Profesores y se determina paro de funcionarios para los días 21 y 22 de agosto en repudio al ataque violento sufrido en contra del docente. El 24 de agosto tuvieron manifestaciones en la jomada de la tarde impidiendo la realización de clases, gritando en contra de profesores denunciados y del equipo directivo a quienes nos acusan de hostigamiento, represión y encubrimiento de acoso sexual.

Por lo expuesto precedentemente, solicitan a esta Corte que restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a la recurrida que tome todas las medidas que sean necesarias para restablecer el correcto funcionamiento del establecimiento educacional en que trabajan, ordenando en definitiva que se prohíba la realización de tomas en el Liceo, o envíe funcionarios que controlen el ingreso de alumnas y apoderados al establecimiento y que se permita la expulsión y cancelación de matrícula de las alumnas que ocasionen disturbios, con el objeto de que cesen las perturbaciones de derechos fundamentales que invocamos, todo de conformidad a los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer en seguida:

Expresan que los actos llevados a cabo por las alumnas del Liceo N° 1 Javiera Carrera y por las apoderadas del mismo, frente a los cuales la Ilustre Municipalidad de Santiago no ha adoptado ninguna acción o medida eficiente, tienen el carácter de ilegal por cuanto privan, perturban y amenazan el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 19 N°1, 3, 4, 7 letra b y N°16 de la Constitución Política de la República, que amparan:

1° El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

3° La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

4° El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales.

7° letra b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni estar restringida sino en los casos y en la forma determinada por la constitución y las leyes.

16° La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”.

Hacen presente que el recurso se presenta dentro de plazo, dado que la vulneración de derechos es un constante en nuestro diario vivir, produciéndose el último acto de violencia por parte del estudiantado el día 24 de agosto del presente año, del modo que se detalló en los antecedentes.

Precisan que las tomas constituyen una manifestación violenta e ilegal, para esto es procedente hacer mención a lo que ha señalado la Corte Suprema al respecto, en causa rol N°23540-2014, en que se considera estos hechos como actos de fuerza, señalando expresamente lo siguiente: “La toma de una escuela es, por definición, un acto de fuerza que no constituye un medio legítimo de emitir opinión ni forma parte del contenido del derecho a manifestarse. Es un comportamiento antijurídico que no respeta los derechos de los demás”.

Refieren que la toma es por sí mismo, un acto de fuerza e ilegal, es decir, contraria a la Ley y el ordenamiento jurídico. Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo en primera instancia, que las tomas son siempre actos de fuerza y reprochó a los estudiantes por haber adoptado la toma fuera de sus facultades reglamentarlas.

Resulta ser evidente que las demás acciones violentas en contra de los Directivos y Profesores y funcionarios del Liceo, también tienen carácter de ilegal y el actuar del estudiantado y apoderados también resulta ser arbitrario, dado que actúan sin ningún consentimiento, ni autorización alguna y contra la mayoría de las alumnas que desean terminar su año académico con tranquilidad.

Destacan que la Municipalidad de Santiago solo se ha limitado a aplicar los manuales de convivencia y a solicitar órdenes de desalojo, lo que no ha resultado ser efectivo para frenar los actos de violencia que ocurren al interior del Liceo, por tanto, incurre en una omisión frente a estas ilegalidades y es obligación del sostenedor, en los términos del artículo 10 de la Ley N°20.501, darle continuidad al servicio educativo, al señalar: “Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley”.

En cuanto a las garantías fundamentales conculcadas, sostiene que el derecho a la vida comprende el derecho a la integridad física y psíquica que es la facultad de hacer o exigir aquello que la ley establece en nuestro favor para una vida con respeto y sano desarrollo y también el derecho que tenemos a ser cuidados tanto física como mentalmente. La integridad comprende los niveles físico, psíquico y moral.

Señalan que el derecho al trabajo y su protección habilita a toda persona a obtener, practicar, ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerativa, profesión u oficios lícitos, derecho que se nos ha hecho imposible ejercer, ya que no se les permite la normal realización de clases.

Exponen que la Ley N° 20.501 de Calidad y Equidad de la Educación, en su artículo 8 bis, señala que “Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo“, lo cual no se cumple en nuestro Liceo, ya que pese a que son muchas las alumnas que han actuado de forma pacífica, sin abandonar sus salas, pero que han sufrido el miedo del contexto, de las amenazas de estos grupos de estudiantes, con llanto, con impotencia, no deben dejarse marginadas a estas alumnas que han incorporado dentro de sus medios de crítica, de reclamo, de demandas, la violencia.

Denuncian que frente a estos hechos, la recurrida solo se ha limitado simplemente a aplicar el nombre reservado, señalando “que en virtud del marco legal, es todo lo que pueden hacer”, lo que es absolutamente insuficiente para los recurrentes dado que para poder expulsar a una alumna o cancelar su matrícula, es necesario realizar un procedimiento previo que dura aproximadamente un mes, período en que las alumnas siguen realizando desmanes y ejerciendo violencia hacia nosotros, lo cual es inconcebible.

Cuestionan que se tenga que aplicar un debido proceso para expulsar y cancelar la matrícula de una alumna del Liceo por hechos de violencia como amenazas, tomas, paros y agresiones contra los docentes directivos y demás personal de la unidad educativa, siendo afectados en sus derechos fundamentales, los que están en un plano de inferioridad en relación a las garantías de un grupo de alumnas que lo único que hace es dañar a la comunidad escolar.

Reclaman que solo quieren trabajar y lo único que han logrado es ir al Liceo todos los días con miedo a que les pase algo, aburridos del hostigamiento constante por parte del alumnado y apoderadas que los culpan de todo lo que pasa y como Docentes no pueden permitir que en el establecimiento se viva un clima de violencia que vulnere la integridad física y psicológica de quienes forman esta comunidad, teniendo derecho a desempeñarse en un ambiente laboral que resguarde nuestra integridad y dignidad.

Segundo: Que en apoyo de su pretensión, las recurrente acompañan los siguientes documentos: 1.- Copia de sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 23540-2014 de 4 de noviembre de 2014; 2.- Noticia de BioBioChile.cl, de 22 de agosto de 2018, titulada “Profesores del Liceo Javiera Carrera en paro por agresión a docente acusado de acoso”; 3.- Noticia LUN, de 22 de agosto de 2018, titulada “Profesores del Liceo 1 en paro: acusan a alumnas de agredir a un docente”; 4.- Citación a conferencia de Prensa, citada suscrita por las voceras de nombre reservado; 5.- Correo de la Vocera repitiendo que se vaya la Directora; 6.- Correo de la vocera llamando a movilización a los apoderados del Liceo; 7.- Correo de la vocera donde llama “a toma para presionar”; 8.- Foto de la conferencia de prensa dada por la vocera de “nombre reservado; 9.- Documento firmado por la recurrida, en donde se llama a firmar denuncia en contra de doña nombre reservado, Directora del Liceo Nº1 Javiera Carrera;

Tercero: Que evacua el informe requerido don nombre reservado, Abogado Jefe de la Dirección Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de Santiago, quien expresa que es efectivo que durante el transcurso del año 2018 se produjeron múltiples eventos de violencia por parte del alumnado del Liceo N° 1 Javiera Carrera, entre ellos se encuentran las ocupaciones ilegales, conocidas coloquialmente como "tomas", paros, desalojos de las salas, manifestaciones, corta calles con elementos incendiarios, entre otros, reproduciendo la cronología de los hechos detallados en las acciones impetradas.

Con motivo de las movilizaciones efectuadas por la comunidad educativa del Liceo N°1 Javiera Carrera, la Dirección de Educación de la Ilustre Municipalidad de Santiago se reunió con las alumnas en variadas oportunidades, con el objeto de solucionar los problemas y demandas manifestadas, accediendo a sus petitorios, dentro de lo posible desde el punto de vista jurídico-financiero.

Indica que producto de lo anterior, incluso se instruyó sumario administrativo en contra de docentes denunciados, sin que con ello, el establecimiento volviera a la completa normalidad y bajo estas circunstancias de tomas, paros y hechos de violencia, tanto dentro como fuera del establecimiento, las alumnas involucradas impidieron realizar cualquier tipo de actividad normal en el establecimiento educacional, tanto clases lectivas como actividades administrativas, afectando no solo la continuidad del Servicio Educativo, sino también, las actividades laborales de docentes y asistentes del Liceo N° 1 Javiera Carrera; incluso dichas alumnas han impedido al personal del establecimiento el acceso a las instalaciones y sus pertenencias, siendo expulsados a la fuerza y bajo amenaza.

Señala que todas las ocupaciones, tomas y paros por parte de las alumnas y del Centro de Alumnas del establecimiento educacional han sido en contra de la voluntad del Equipo Directivo y de la sostenedora, la Ilustre Municipalidad de Santiago y en virtud del artículo 10 letra f) de la Ley 20.370, cada vez que se ha afectado la continuidad del servicio educativo, se ha solicitado el desalojo a través de la fuerza pública por medio da la Intendenta de la Región Metropolitana.

Expresa que frente a lo anterior, la I. Municipalidad de Santiago, a través de su Dirección de Educación, ha hecho todo lo que el Ordenamiento Jurídico permite hacer, ya que cada vez que ha tomado conocimiento de una “toma” en el Liceo N°1 Javiera Carrera, ha solicitado a la Intendenta de la Región Metropolitana el desalojo de las dependencias a través de las siguientes ordenes: N° 310 de 8 de mayo de 2018, N°323 de 30 de mayo de 2018, N° 330 de 4 de junio de 2018, N°336 de 6 de junio de 2018, N° 340 de 8 de junio de 2018, N°352 de 18 junio de 2018, N° 356 de 21 de junio de 2018, N° 357 de 21 de junio de 2018, N° 358 de 22 junio de 2018, N° 359 de 24 junio de 2018, N° 360 de 25 junio de 2018, N° 361 de 27 junio de 2018, N° 362 de 29 junio de 2018, N° 364 de 3 de julio de 2018, N° 367 de 05 de julio de 2018, N° 370 de 9 de julio de 2018, N° 376 de 2 de agosto de 2018, N° 376 de 2 de agosto de 2018 y N° 378 de 7 de agosto de 2018.

Agrega que frente a la imposibilidad de poder realizar las clases con normalidad, en conjunto con la Seremi de Educación, la I. Municipalidad de Santiago mediante su Dirección de Educación, decidió restablecer el funcionamiento del Liceo en el Instituto AIEP, con el objetivo de poder terminar el semestre. Las clases comenzaron el 9 de julio pasado, no obstante, el actuar de las alumnas impidió poder cumplir con lo planificado, ya que nuevamente realizaron una manifestación violenta, imposibilitando la culminación del plan.

Añade que el equipo de Convivencia Escolar de la Dirección de Educación de la I. Municipalidad de Santiago, ha realizado un acompañamiento a la Inspectora General y nueva Coordinadora de Convivencia Escolar respecto de la aplicación de sanciones a las alumnas por contravención del nombre reservado del Liceo N°1 Javiera Carrera, señalando que estos procesos sancionatorios cuya fuente son la contravención al nombre reservado, están sujetos al cumplimiento de principios emanados de la garantía al debido proceso, lo que en la práctica no produce efectos inmediatos, sino más bien, luego de cerca de 25 días hábiles, lo que impide resolver el conflicto en un futuro cercano.

Señala que la Ley General de Educación, Ley de Inclusión Escolar, DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación y la Ley 20.529; son regulaciones que establecen derechos y obligaciones dentro de las comunidades escolares, sin considerar la situación de aquellos establecimientos educacionales que, por distintas causas, son objeto de hechos de violencia física manifestada en tomas, paros, daños en los establecimientos, amenazas a docentes, etc., como ha ocurrido en los últimos años en el Liceo N° 1 Javiera Carrera. Si bien dichas conductas podrían contravenir los derechos de los miembros de las comunidades escolares, obstaculizando el aseguramiento y promoción de la igualdad de oportunidades de los alumnos en el sistema educativo, contraviniendo el Derecho Fundamental a la Educación, como sostenedor no cuentan con otras herramientas legales.

Indica que lo anterior es favorecido, además, porque la posibilidad de expulsión y/o cancelación de Matricula por parte de los sostenedores, se pone al mismo nivel que otras contravenciones menores al nombre reservado, adicionando el requisito normativo que debe afectar gravemente la convivencia escolar, por lo que los hechos graves que puedan afectar la convivencia escolar no se resuelven en un futuro inmediato, generándose muchas veces que la relación víctima-victimario se mantenga dentro de un establecimiento escolar.

Expresan que como sostenedor y en virtud del principio de legalidad de los órganos de la administración del estado, no pueden ejercer otras acciones y medidas distintas a las ya señaladas.

Destaca que los fundamentos de las acciones deducidas carecen de veracidad, en razón de que la Municipalidad ha realizado todo lo posible para restablecer la continuidad del servicio educativo en el Liceo N° 1 Javiera Carrera, como ha sido pedir el desalojo, instruir procesos disciplinarios por aplicación del nombre reservado e incluso, buscando otras dependencias para continuar con las clases.

Respecto al supuesto que la actitud del sostenedor sería ilegal o arbitraria, indica que todas las acciones realizadas por el sostenedor obedecen al principio de legalidad de los órganos de la administración del Estado establecido en el artículo 7 de la Carta Fundamental y que tienen su fuente normativa en la Necesidad de velar por la continuidad del servicio educativo, obligación legal del sostenedor en los términos de los artículos 10 letra f) de la Ley general de Educación.

Por su parte, destaca que la sujeción normativa a los Manuales de Convivencia y la aplicación de sanciones allí establecidas, tiene su fuente en el artículo 6° del D.F.L. N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación, el cual establece una serie de requisitos que deben cumplir los establecimientos de enseñanza para poder impetrar el beneficio de la subvención. En su letra d), les exige contar con un Reglamento Interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados, conocido comúnmente como “nombre reservado”, donde se deberán señalar, entre otros, las sanciones que originan la infracción a las normas de convivencia y los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan.

Sostiene que la Ley N°20.529 no regula el procedimiento a seguir en la aplicación de las sanciones contenidas en el nombre reservado y tampoco lo hace exhaustivamente la letra d) del artículo 6° del DFL N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación, el que sólo exige que las sanciones o medidas disciplinarias estén sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria; siendo, entonces, una materia que se deja en manos de cada establecimiento, debiendo ser desarrollado en su Reglamento Interno.

Hace presente que respecto de las sanciones de expulsión y/o cancelación de matrícula, el referido DFL N° 2 DE 1998 de Educación consagra una serie de requisitos y pasos que deben seguirse y ser considerados para su aplicación, dentro de los cuales se encuentran, entre otros: a) No pueden ser decretadas por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole; b) Sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar; c) Previo al inicio del procedimiento que tenga por objeto aplicar dichas sanciones, el Director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementando a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento; d) En caso que se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, no será aplicable lo dispuesto en el punto 3, descrito previamente; e) Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado, a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida; f) Las medidas referidas sólo podrán ser adoptadas por el Director del establecimiento, y deberán ser notificadas por escrito.

En el mismo sentido, el artículo 46 letra f) del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, señala dentro de los requisitos que deben cumplir los establecimientos educacionales para contar con reconocimiento oficial, el poseer con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, el que establecerá, entre otras, las medidas disciplinarias correspondientes a las conductas que constituyan faltas a la convivencia escolar, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de matrícula; en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento, el justo procedimiento, que deberá estar establecido en el reglamento.

En relación a las garantías constitucionales conculcadas, reitera que la I. Municipalidad de Santiago no es el agente infractor de dichos derechos fundamentales, como si lo han sido las alumnas y apoderadas que con su conducta, contravienen el ordenamiento jurídico mediante hechos de fuerza como tomas, paros y amenazas han presuntamente privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de derechos fundamentales de los recurrentes.

En cuanto a la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, señala que sólo el arbitrio protege la garantía del inciso quinto, esto es, que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho” y de los hechos imputados a la I. Municipalidad de Santiago, no hay ninguno que pueda ser atribuido al haber actuado como una comisión especial.

En cuanto a la garantía del N°4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales, sostiene que de los hechos señalados por las recurrentes, no hay ninguno que se impute a la I. Municipalidad de Santiago como actos u omisión que afecten al respecto y protección de la vida privada de los docentes, funcionarios y equipo directivo del Liceo N° 1 Javiera Carrera.

En cuanto a la garantía de libertad personal y a la seguridad individual. Indica que de los hechos reclamados a la recurrida como sostenedora legal del Liceo N° 1 Javiera Carrera, no hay ninguno que pueda afectar la libertad personal o seguridad individual, sino más bien, dicha afectación se le imputa a un grupo de alumnas, centro de alumnas y apoderadas del establecimiento, señalando por lo demás, que las acciones establecidas por estos grupos si podría afectar estas garantías, a lo cual la Ilustre Municipalidad de Santiago ha iniciado procedimientos sancionatorios a alumnas y ha solicitado órdenes de desalojo a la autoridad respectiva.

En cuanto al derecho a la educación, expone que tal como consta en el artículo 20 de la Carta fundamental, ésta no está amparada por la acción de protección, sino solo la libertad de enseñanza, no siendo posible extender la cautela a garantías no protegidas por el arbitrio intentado. No obstante ello, señala que la medida de hacer funcionar el Liceo N°1 Javiera Carrera con sus alumnos y funcionarios en otras dependencias, busca precisamente no afectar esta garantía constitucional y cumplir con la obligación de prestar el servicio educativo a la comunidad del Liceo en cuestión.

Finalmente, en relación a la libertad de trabajo y su protección, la recurrida no ha contravenido dicha libertad con motivo de las tomas y paros ocurridos en el Liceo N° 1, ya que en todo momento, dentro del marco legal, han impulsado la realización de la labor educativa del establecimiento, estando siempre disponibles para que sus alumnos asistan a sus clases de manera regular, cumpliendo con la obligación de dar continuidad al servicio educativo y que los profesores realicen su labor con normalidad, en un ambiente libre de violencia, garantizando así el derecho a la libertad de trabajo de sus profesores y equipo directivo.

Explica que como sostenedor es primordial garantizar la integridad física y psíquica y la libertad personal y a la seguridad individual de sus trabajadores, sin embargo, y a la luz de los hechos reclamados por la recurrente, las herramientas con que contamos no son suficientes para poder retomar la normalidad de las clases. Lamentablemente, lo único que está en sus manos es el ejercicio de acciones penales cuando hay daño o perjuicio al patrimonio municipal, además de la interposición de órdenes de desalojo y la aplicación de las sanciones y procedimientos del nombre reservado respectivo.

Cuarto: Que en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- Ordinarios N° 310 de 8 de mayo de 2018, N°323 de 30 de mayo de 2018, N° 330 de 4 de junio de 2018, N° 336 de 6 junio de 2018, N° 340 de 8 junio de 2018, N° 352 de 18 junio de 2018, N° 356 de 21 junio de 2018, N° 357 de 21 junio de 2018, N° 358 de 22 junio de 2018, N° 359 de 24 junio de 2018, N° 360 de 25 junio de 2018, N° 361 de 27 junio de 2018, N° 362 de 29 junio de 2018, N° 364 de 3 de julio de 2018, N° 367 de 5 de julio de 2018, N° 370 de 9 de julio de 2018, N° 376 de 2 de agosto de 2018, N° 376 de 2 de agosto de 2018 y N° 378 de 7 de agosto de 2018, de la Ilustre Municipalidad de Santiago a la Intendencia de la Región Metropolitana; 2.- Copia del nombre reservado vigente del Liceo N° 1 Javiera Carrera.

Quinto: Que evacua el informe requerido Owana Madera Mackilrroy, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, apoderada y madre de Owana nombre reservado, alumna del Liceo 1 de Niñas, quien reclama la inadmisibilidad del recurso fundada en que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores ha señalado que la acción constitucional constituye una vía extraordinaria cuyo único y preciso objeto es el amparo de aquellos derechos que requieren de un sistema ágil y eficaz para su permanente vigencia, restableciendo el imperio del derecho a través de medidas urgentes, requisitos que no se dan en la especie, atendido que los propios hechos en que la recurrente funda el presente recurso, debieran ser conocidos y discutidos en sede penal en un juicio de lato conocimiento.

Señala que de la lectura del texto del recurso no se advierte señalamiento alguno respecto a alguna actuación concreta en que la informante haya incurrido que pueda considerarse constitutivo de un acto arbitrario o ilegal, ya que todas las referencias dicen relación con omisiones en que habría incurrido el Alcalde de la Municipalidad de Santiago en cuanto sostenedor legal del Liceo 1, y referencias generales a actuaciones de alumnas sin identificar, y a “los apoderados” sin individualizar a ninguno en particular.

Destaca que los únicos antecedentes referidos a la recurrida están en los documentos acompañados pero no dicen relación alguna a actos arbitrarios o ilegales que puedan ser subsanados a través del presente recurso. En efecto, lo que dan cuenta esos documentos es el proceder de una madre que tomó conocimiento que en el establecimiento escolar donde estudia su hija, hay profesores que han sido acusados por las alumnas de reiterados abusos sexuales cometidos en su contra y que las autoridades no han cumplido con su deber legal de denunciar estos hechos a los Tribunales de Justicia, tal como lo exige la Ley.

Indica que este es el verdadero conflicto al interior del establecimiento, el que se pretende esconder y soslayar a través de este recurso, sobre la base de imputarle acciones violentas inexistentes o de atribuirle aviesas intenciones en contra de los integrantes de la Dirección. En efecto, durante el desarrollo de una “toma pacífica” (sic) realizada por alumnas del Liceo que tenía como finalidad formar parte de la denominada “Ola feminista” que recorrió al país durante los meses de mayo a julio del presente año, nos enteramos que las niñas habían puesto en su petitorio que se fueran los abusadores y acosadores del Liceo. Se creó un fan page en Facebook llamado Me pasó en el Liceo 1, en el que alumnas y ex alumnas subieron más de 900 testimonios de todo tipo, que daban cuenta de abusos sexuales que venían cometiéndose hace años por los actuales docentes del Liceo y su interés como apoderado ha sido exigir de las autoridades que den cuenta de las acciones tomadas y especialmente, el por qué no han interpuesto las denuncias ante los tribunales, habida consideración que estos ilícitos están en conocimiento de la Dirección del Liceo, como lo acredita el Comunicado de la Directora.

Indica que como madres quieren que se investigue si ha habido o no encubrimiento por parte de la actual Dirección y si hubo delitos, que se sancionen como corresponde y como se ha incumplido el deber de denuncia por las autoridades del Liceo, van a presentar como apoderados una denuncia a la Fiscalía para que se investigue, para lo cual están preparando una carpeta con testimonios y con toda la información que ayude para que se pueda iniciar una “investigación judicial” (sic). Para la presentación de la denuncia a Fiscalía, se instaló una mesa en el Liceo para que los apoderados suscribieran la presentación judicial.

Expone que la exigencia de investigar hechos constitutivos de delitos no le parece que sea reprochable, máxime si son padres preocupados como apoderados de sus hijas, que han visto una actitud indolente y trasgresora de la Ley por parte de las autoridades del Liceo.

Refiere que nunca han apoyado una toma, pero se han movilizado pacíficamente juntando más de 700 firmas para apoyar el petitorio de sus hijas que fueron a dejar a la Municipalidad, a la Superintendencia de Educación y a la DEM y así poder presionar y ayudar a resolver el problema para que sus hijas volvieran a clases a estudiar.

Indica que nunca han interrumpido como apoderados el normal funcionamiento del Liceo 1, ni han difamado a la Directora, sino que lo único que han pedido es que se investigue y se haga justicia, poniendo fin a nuestra angustia como padres y tal como lo señala uno de sus tuits (sic), acompañados por la recurrente “exigimos respuestas y mesa de diálogo, queremos que se restablezcan las clases normales”.

Señala que lo único que saben es que la Directora no ha hecho denuncia a la Fiscalía y que una alumna después de sufrir abuso sexual de parte de uno de sus profesores, abandonó el Liceo e intentó suicidarse.

Hace presente que ven con impotencia y angustia el incumplimiento de la obligación de denuncia del cuerpo directivo, lo que ha significado en la práctica, que los profesores sumariados siguen ejerciendo funciones en el establecimiento en el que estudian nuestras hijas. Cita los artículos 175, 176 y 177 del Código Procesal Penal; artículo 363 N°2, 366, 366 bis y 366 ter del Código Penal y concluye que el recurso interpuesto en su contra debe ser rechazado, por cuanto los insuficientes hechos en que se fundan no se corresponden a la realidad, distorsionan lo ocurrido y se pretende intimidar a los apoderados que buscan a través de incuestionables, irreprochables y legítimas iniciativas, esclarecer los graves ilícitos cometidos en contra de sus hijas por profesores del Liceo.

Sexto: Que en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- tres testimonios de ex alumnas que dan cuenta de abusos sexuales por parte de profesores del Liceo 1, y eventualmente el ilícito contemplado en el art 363 N° 2 del Código Penal; 2.- Comunicado de los apoderados del Liceo 1 en respuesta a la Directora.

Séptimo: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Octavo: Que, en relación a la recurrida I. Municipalidad de Santiago, conviene precisar que en los recursos impetrados se solicita que esta Corte adopte, directamente, una actividad administrativa que es propia de la referida Municipalidad y que la ley le ha encomendado dichas funciones. En efecto, se pretende que el órgano jurisdiccional decrete actuaciones o hechos que van más allá de decidir acerca de si un hecho temporal y concreto vulnera o amenaza determinadas garantías constitucionales resguardadas por esta acción, al amparo del artículo 20 de la Carta Fundamental, petitorio que importa la instrucción futura acerca del actuar de la autoridad administrativa recurrida, pretensión cautelar lo que significa alterar en su esencia el principio de juridicidad, reconocido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y que supera con creces la actividad contenciosa administrativa que puede ser controlada por los tribunales de justicia para corregir cualquier actuación u omisión ilegal o arbitraria de los órganos del Estado.

Esta sola circunstancia jurídica permite desestimar desde ya el arbitrio intentado, al violentarse el denominado principio de separación de funciones del Estado, reconocido desde antaño por Montesquieu hasta el día de hoy.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, de la documentación aportada por la recurrida I. Municipalidad de Santiago, se advierte, inequívocamente, que cada vez que fue necesaria la concurrencia de las fuerzas policiales, por parte de Carabineros de Chile, se hizo la correspondiente solicitud por intermedio de la Intendencia de la Región Metropolitana, lográndose los fines perseguidos en cada una de las solicitudes de desalojo del inmueble que sirve de asiento para el Liceo N°1.

Por otra parte, es un hecho no controvertido que la Municipalidad recurrida ha dispuesto la instrucción de los respectivos procedimientos sancionatorios, conforme al nombre reservado, ajustando su actuar no sólo al ordenamiento jurídico, sino también a las garantías constitucionales de que son titulares las alumnas que han participado en los actos de violencia.

Décimo: Que, esta Corte no podría adoptar como medida para proteger los derechos fundamentales, obligar a conculcar otros derechos fundamentales establecidos a favor de las alumnas partícipes de hechos violentos, por cuanto dicha petición importaría entender que existen supra derechos humanos, por sobre otros, en circunstancias que ni siquiera los mismos se encuentran en pugna, dado que ambos coexisten por caminos separados.

En el evento que existan hechos de carácter delictual que se hayan realizado en perjuicio de las recurrentes por parte de ciertos estudiantes o apoderados, sean estos atentatorios contra la vida o integridad física o psíquica; o contra de su honra, el ordenamiento jurídico permite la interposición de las respectivas denuncias o querellas criminales ante el Juzgado de Garantía competente, el Ministerio Público o las policías, con el objeto de sancionar aquellas conductas que transgreden el Estado de Derecho o vulneran la esfera de protección que a cada uno de los recurrentes les reconoce la Constitución y las leyes.

Undécimo: Que, en relación a la acción dirigida en contra de la recurrida Owana Madera Mackilrroy, la misma no puede prosperar, dado que el ordenamiento jurídico prevé los remedios tendientes a reparar los eventuales perjuicios que podrían provenir por los llamados a tomas expresados por dicha recurrida.

Sin perjuicio de lo anterior, hay que recalcar que no existen en los libelos, ninguna imputación concreta respecto de algún hecho que pueda ser calificado como arbitrario o ilegal y que, conjuntamente, conculque o amenace las garantías constitucionales de las recurrentes, más allá de desplegar un actuar que si bien, no encuentra su correlato dentro del ordenamiento jurídico, toda vez que en el evento de que un padre o madre tome conocimiento de la existencia de un ilícito en perjuicio de su hijo, la forma que el constituyente ha previsto para obtener amparo y la tutela jurisdiccional correspondiente contra dicho acto no se produce mediante una toma, acto per se antijurídico, sino mediante el ejercicio de las acciones penales correspondientes, en contra de quien hay atenido participación en calidad de autor, cómplice o encubridor de un ilícito determinado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechazan, sin costas, los recursos de protección deducidos por doña nombre reservado, doña nombre reservado, en representación del Equipo Docente y de Asistentes de la Educación del Liceo N° 1 Javiera Carrera; doña nombre reservado, presidenta del Centro de Padres y Apoderados del 4° año G del Liceo N°1 Javiera Carrera; doña nombre reservado, doña nombre reservado, nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Santiago y en contra de Owana Madera Mackilrroy, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos en su calidad de afectados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-61.626-2018.