nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO)

Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que recurre de protección don Ángel Maidana Carvacho, abogado, en representación, de don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social por el acto arbitrario e ilegal consistente en rechazar recurso de reconsideración mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-172496-2022, de fecha 19 de diciembre de 2022, confirmando - en consecuencia - el rechazo de sus licencias médicas válidamente emitidas, vulnerando los derechos contemplados en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la patología del recurrente, señala que desde el año 2008, comenzó a síntomas de enfermedad hipertensiva renal, con insuficiencia renal, lo que ameritó que desde entonces requiriera recibir tratamiento de diálisis. Agrega que con el transcurrir del tiempo, el recurrente empezó a presentar otras enfermedades como: cardiopatía severa, requiriendo intervención quirúrgica; asimismo, trastorno del metabolismo (hipercalcemia); calcificación vascular extensa; entre otras, las cuales han sido producto de su enfermedad de origen “insuficiencia renal”. En virtud del padecimiento del actor quien, además es paciente de insuficiencia renal crónica en etapa V, se vio en la necesidad de requerir licencias médicas, puesto que, el tratamiento al que era sometido por las diálisis y las demás patologías consecuencias de su enfermedad origen, lo descompensaban física y anímicamente, razón por la cual se veía obligado a recurrir a dichas licencias.

Así las cosas, refiere que desde el año 2015 y hasta el mes de septiembre del año 2020, sus licencias fueron pagadas íntegramente, sin presentar problema alguno, esto, hasta el momento en que se presentaron las licencias que fueron rechazadas y de las cuales recurre.

En consecuencia, expresa que la recurrida rechazó las siguientes licencias médicas Nº RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado extendida por un término de 30 días cada una, con fecha de inicio de reposo el 07 de noviembre de 2020, especificando como motivo que el reposo no se encontraba justificado señalando expresamente: “Esta conclusión se basa, en que no existen nuevos antecedentes que permitan modificar lo ya resuelto. En efecto, los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá́ del período previamente autorizado (1651 días). Cabe señalar, que la interesada es beneficiaria de Pensión Total de invalidez desde 2015, por la misma patología de licencias reclamadas, y no se puede obtener doble beneficio por la misma causal”.

Sostiene que la Superintendencia arriba a la conclusión señalada, sin haber efectuado un peritaje médico, asimismo, alude a su pensión de invalidez sin que esta fuera óbice para el pago de las licencias anteriores que fueron aprobadas por años.

Agrega que el acto ilegal y arbitrario recurrido, emanado de la SUSESO, también carece de fundamento, limitándose a indicar que el reposo no se encuentra justificado, considerando que la decisión fue dictada, prescindiendo de las conclusiones del médico tratante y, lo que es más grave, sin indicar las razones o fundamentos por los que el mencionado informe no les permiten establecer la incapacidad laboral, es decir, sin dar razón y fundamento de su decisión, lo que - inevitablemente- las hacen devenir en arbitrarias. A mayor abundamiento, indica que que no consta que el referido órgano haya accedido a algún análisis o examen del estado de salud del recurrente, desde que la COMPIN, en su oportunidad, no ejecutó ninguna de las acciones que prescribe el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, Decreto Supremo N° 3 del 4 de enero de 1984, del Ministerio de Salud. Norma legal que dispone la posibilidad que la Isapre o Compin a efectos de mejorar el rechazo de las licencias practiquen, por sus propios medios, nuevos exámenes, interconsultas, informes complementarios, visitas domiciliarias, entre otros.

Expone además el no pago de las licencias médicas reclamadas, han influido negativamente en la recuperación del recurrente, por una parte, saberse y sentirse un enfermo con padecimiento crónico, y, por la otra, cubriendo con sus propios medios tratamientos propios de su enfermedad; no obstante la gravedad del diagnóstico médico, donde evidentemente se refleja la afectación de sus riñones y las patologías derivadas de esa enfermedad de origen, que sin lugar a dudas, no le permiten llevar del todo una vida normal, y al mismo tiempo sin contar, además, con los medios económicos para costear el tratamiento y seguir cumpliendo con las responsabilidades propias de su vida familiar, significándole así, la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones.

Atendido el mérito de lo expuesto, solicita se acoja el presente recurso de protección, por ser la actuación de la recurrida, en los términos descritos en lo principal de este libelo, arbitraria e ilegal; que, como consecuencia de lo referido, se aprueban y ordena el pago, por quien corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas Nros. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas a favor del recurrente. Sin perjuicio de adoptar todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del derecho, de acuerdo a los derechos cuya tutela se solicita, con costas de los recurridos.

SEGUNDO: Que, informa don Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, quien en primer lugar solicita se declare la improcedencia del recuso, toda vez que la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. Enfatizan que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En subsidio, en cuanto al fondo, señala en primer lugar el marco legal regulatorio establecido en el Sistema de Seguridad Social, reguladas en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud y lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

Señala que consta en el expediente administrativo que el Sr. nombre reservado recurrió ante la Superintendencia, mediante presentación de fecha 07 de julio de 2023, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UJU-166136-2021, por el cual se confirmó lo resuelto por la Compin Región Metropolitana, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 150 días a contar del 07 de noviembre de 2020, por reposo no justificado, atendido que del estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que no existen nuevos antecedentes que permitan modificar lo ya resuelto. En efecto, los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado (1651 días). Cabe señalar, que el recurrente es beneficiario de Pensión Total de invalidez desde 2015, por la misma patología de licencias reclamadas, y no se puede obtener doble beneficio por la misma causal, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-IBS-172496-2022, de fecha 19 de diciembre de 2022.

En cuanto a la justificación médico - administrativa, explica que los facultativos del Organismo informaron: “Dra. nombre reservado. Ficha Médica (…) Fundamentos de la resolución: R1 53 AÑOS, 1651 DIAS AUT, INSUF. RENAL CRONICA, HEMODIALISIS, SOL. 150 DIAS DD. 7-11-2020. MGRAL. POSTERIORMENTE SIGUE CON LM RECHAZADAS, POR IGUAL DIAGNOSTICO.3-7-22 medico centro dialisis: Insuf. renal cronica- dd 2008 Peritoneodialisis. x 9 años y posteriormente Hemodialisis, 2016 IAM. Enf. cronica, Antecedentes de Isquemia Critica EEID. Adjunta Epicrisis Hospitalización Hospital Salvador 11 de octubre 2019. Gangrena seca segundo ortejo pie derecho. INTERESADA: SEÑALA QUE TIENE PENSION DE INVALIDEZ DE UN VALOR MINIMO. REPOSO PROLONGADO, ENFERMEDAD CRONICA PENSIONADA TOTAL. DOBLE BENEFICIO. RECHAZAR”.

Por lo tanto, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de su representada analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas del recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir, razón por la cual no existe vulneración de las garantías constitucionales señaladas en el recurso.

TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo, que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido, que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino, que su real objeto, está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.

QUINTO: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así como el presente recurso se erige en contra de la Resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, en que se rechazaron las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendida por un término de 30 días cada una, con fecha de inicio de reposo el 07 de noviembre de 2020 En efecto, la Resolución Exenta N° Resolución Exenta N° R-01-IBS-172496-2022, de fecha 19 de diciembre de 2022, en la que se señala que: “Esta conclusión se basa, en que no existen nuevos antecedentes que permitan modificar lo ya resuelto. En efecto, los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá́ del período previamente autorizado (1651 días). Cabe señalar, que la interesada es beneficiaria de Pensión Total de invalidez desde 2015, por la misma patología de licencias reclamadas, y no se puede obtener doble beneficio por la misma causal”.

Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal, en atención a que se trataría de una patología crónica, aunado a que el actor fue beneficiario de una pensión de invalidez.

SEXTO: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

SÉPTIMO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

OCTAVO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

NOVENO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este Reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO: Que en el caso de autos la decisión adoptada por la COMPIN y refrendada por la Superintendencia, no aparece revestida de los necesarios fundamentos, por cuanto no se observa la razón del cambio de criterio para autorizar licencias médicas previas y luego dejar de hacerlo, más aún que no se han practicado nuevos exámenes ni peritajes médicos por parte de la autoridad independiente en la materia, que permitan sustentar dicha variación, más allá de indicar que el mismo fundamento de aquélla corresponde a la pensión de invalidez que fuere otorgada con posterioridad.

UNDÉCIMO: Que, conforme al mérito de los hechos expuestos, se advierte que la decisión de la autoridad recurrida carece de elementos objetivos que la sustenten, por cuanto para afirmar que el reposo no se encuentra justificado, no hace referencia a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó; omisiones que la privan de fundamento, acorde a los antecedentes médicos de la recurrente, a las licencias previa por el mismo diagnóstico que fueren aprobadas y a la falta de elementos objetivos que permitan colegir que el fundamento de la pensión de invalidez obedece a la misma patología constatadas en las que se rechazó su pago.

DUODÉCIMO: Que, en relación a los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

DÉCIMO TERCERO: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, consistente en la resolución que rechaza la licencia ya indicada, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, la conducta de organismo recurrido no se ajustó a la normativa vigente, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de salud de la recurrente antes de rechazar sin más y sin nuevos antecedentes lo obrado por Fonasa y la Compin.

De esta forma, la autoridad recurrida ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o a una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, lleva a considerar que la decisión de la Suceso carece de fundamento por no comprobar, teniendo los medios para ello, el diagnóstico del recurrente, aunado al historial clínico del recurrente.

DÉCIMO QUINTO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 Nº 1 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente, porque la actuación de la recurrida al carecer de fundamento y contenido agrava la situación de salud de la actora quien no ha podido gozar del subsidio por incapacidad laboral.

DÉCIMO SEXTO: Que con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que:

“Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales de la recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas la acción constitucional interpuesta a favor de don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-172496-2022, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad del actor en el término en que fueron extendidas las licencias médicas -Nº RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado- y si aquélla corresponde con el motivo por el cual se concedió la pensión de invalidez, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen aquéllas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-615-2023.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señora Graciela Gómez Quitral, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.