GRUPO EULEN CHILE S.A. con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE PROVIDENCIA

Santiago, diecisiete de enero de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo en consideración:

Primero: Que el abogado Aníbal Carlos Rogel Sepúlveda, actuando en representación judicial de la empresa Grupo Eulen Chile S.A., persona jurídica de derecho privado del giro de su denominación, Rut RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, recurre de protección en contra del Inspector Comunal del Trabajo de Providencia, don nombre reservado con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal o arbitrario consistente en haberse negado a tramitar, por supuesta extemporaneidad, un recurso de reconsideración de multa.

Explica que su representada fue objeto de fiscalización, el día 4 de mayo de 2018, oportunidad en que se habrían constatado infracciones a la legislación laboral, por lo que la Inspección Comunal del Trabajo procedió a cursar una multa, mediante Resolución N° 3075.18.17.8-1,2, ascendente a 100 UTM, notificada por carta certificada con fecha 13 de junio de 2018, de conformidad con el artículo 508 del Código del Trabajo, por no actualizar en el contrato de trabajo la remuneración y no pagar las sumas adeudadas por remuneraciones devengadas con los reajustes e intereses legales.

Señala que su parte solicitó reconsideración de la referida resolución, por carta certificada, el 20 de julio de 2018, ante la Inspección Comunal del Trabajo, sin embargo, a través de Ordinario N° 954, notificado el 3 de agosto pasado, no se dio curso a la solicitud por haberse presentado fuera del plazo de 30 días corridos contados de su notificación, decisión que vulnera las garantías del artículo 19 Nros. 2° y 3° inciso primero de la Carta Fundamental, al privarle del derecho de acceder a una instancia de reclamación administrativa y a los Tribunales de Justicia.

Expone que la recurrida ha asumido ilegal y arbitrariamente que el plazo que regula el artículo 512 del Código Trabajo es de días corridos, en circunstancias que se trata de días hábiles, que no comprende sábados, domingos ni festivos, ya que se trata de una actuación realizada en sede administrativa, por lo que debe aplicarse el artículo 25 de la Ley N° 19.880. De este modo, su solicitud de reconsideración ha sido presentada dentro del plazo legal, pues este expiraba el 27 de junio de 2018.

Con dichos argumentos termina por pedir que se acoja el recurso y se disponga que se deje sin efecto la resolución de 3 de agosto pasado, emanada de la recurrida, y se ordene tramitar la reconsideración presentada el 20 de julio del año recién pasado, con costas.

Segundo: Que la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo de Maipú, a través de su abogada Edith del Rosario Delgado Hinojosa, solicita el rechazo del recurso.

Afirma en primer término que se ha utilizado esta vía como un sustituto procesal del procedimiento específico contemplado en la ley como medio de impugnación, cual es la reclamación judicial de multas contemplada en el artículo 512 del Código del Trabajo, o la vía administrativa, esto es, el recurso de reposición contemplado en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sin perjuicio de lo cual lo reclamado no es propiamente un verdadero derecho fundamental, sino más bien una materia contencioso administrativa, lo que hace que la acción ejercida sea improcedente.

Por otro lado, sostiene el informe que el acto recurrido no puede ser tildado de ilegal o arbitrario. Lo primero, pues ha sido dictado en atención a las facultades expresamente conferidas al Inspector Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo; y, lo segundo, pues se aprecia de su texto y redacción que ha sido razonado y fundado en derecho.

Por último, sostiene que la Inspección del Trabajo debe velar por el cumplimiento de la legislación laboral, pronunciándose sobre la solicitud de reconsideración administrativa de la multa, debiendo resolver dicho requerimiento so pena de incurrir en una falta funcionaria. En el caso de autos, resolvió precisamente que dicha solicitud era inadmisible por ser presentada el 20 de julio de 2018, es decir, fuera del plazo legal, el que expiraba el 13 de julio del mismo año, término que es de días corridos, como prevé el artículo 512 del Código del Trabajo.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que las partes se encuentran contestes y así por lo demás surge de la documentación acompañada, que mediante Ordinario Nº 954, de 27 de julio del año pasado, la Inspectora Comunal del Trabajo informó a la recurrente que su reconsideración no podía admitirse a tramitación, al no haberse presentado dentro de plazo legal de 30 días corridos desde su notificación.

Quinto: Que el esclarecimiento de lo planteado pasa por precisar la forma en que deben computarse los plazos establecidos en los Títulos II y Final del Libro V del Código del Trabajo, específicamente en su artículo 512, en tanto allí se prevé que: “El Director del Trabajo hará uso de esta facultad -refiriéndose a dejar sin efecto o rebajar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia en conformidad al artículo anterior- mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa …”.

Sexto: Que, en primer lugar, corresponde consignar que efectivamente en los Títulos II y Final del Libro V del Código del Trabajo, relativos al procedimiento de reclamo de sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos vigentes y a la fiscalización de las sanciones y la prescripción, no se observan normas relativas a la manera de computar los plazos allí establecidos.

Asimismo, es dable anotar que, sin duda, la normativa regula la forma de ejercer una acción ante una autoridad administrativa, por cuanto el Director Nacional del Trabajo, funcionario que tiene a su cargo el servicio técnico del mismo nombre, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, lo es y en tal calidad le corresponde ejercer las funciones que específicamente le encomienda el DFL N° 2, de 1967, sin perjuicio de las que leyes generales o especiales le encarguen, cuyo es el caso, a propósito de las solicitudes de reconsideración de multas administrativas.

Séptimo: Que, por consiguiente, ante el Director del Trabajo se sigue un procedimiento administrativo, esto es, una “sucesión de actos y trámites vinculados entre sí, emanados de la administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal …”, conforme lo establece el artículo 18 de la Ley N° 19.880.

Octavo: Que, en esta línea de deducciones, no cabe duda que el Código del Trabajo no regula específicamente el procedimiento a seguir ante el Director del Trabajo, limitándose a indicar que la presentación debe ser escrita y realizada por el interesado dentro del plazo de treinta días contados desde la notificación de la resolución que aplicó la multa, por lo que corresponde acudir a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.880, en cuanto a que “… En caso que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria…”, es decir, como complemento en el evento que el procedimiento administrativo especial adolezca de alguna falencia.

Noveno: Que, como ya se dijo, el artículo 512 no señala la forma de computar el plazo de treinta días de que dispone el interesado para pedir la reconsideración ante el Director del Trabajo de la multa administrativa aplicada, por lo tanto, forzoso es concluir la supletoriedad de la Ley N° 19.880 y, en la materia debatida, de su artículo 25, el cual dispone: “Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. Los plazos de días establecidos por esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos…”, aun cuando en la especie no se trate de un término fijado en dicha ley sino en un procedimiento administrativo especial, previsto en una normativa distinta, esto es, en el Código del Trabajo, cuyo texto omite la regulación específica, lo que obliga a hacer regir el artículo antes transcrito.

Décimo: Que, en consecuencia, se impone como aserto la naturaleza de hábiles de los treinta días establecidos en el artículo 512 del Código Laboral, para solicitar reconsideración de la multa administrativa impuesta por infracción a la legislación laboral o de seguridad social, conclusión que por lo demás resulta de toda lógica si se considera que, en general, los servicios administrativos permanecen cerrados al público durante los días inhábiles y no disponen de sistemas de recepción de solicitudes que deban realizarse dentro de un plazo determinado.

Undécimo: Que, por lo tanto, efectivamente se incurrió en la ilegalidad denunciada por el recurrente, al negarse la tramitación de la reclamación no obstante que esta se había interpuesto dentro de plazo, por lo que es necesario brindar el amparo que se pretende al desconocerse por la recurrida un derecho que le asiste al actor y que ejerció oportunamente conforme a la ley, vulnerándose de ese modo las garantías que reconoce la Carta Fundamental en los numerales segundo y tercero de su artículo 19.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso de protección deducido en representación de la empresa Grupo Eulen Chile S.A., en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 954, y se dispone que la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia dará tramitación a la solicitud de reconsideración presentada por la recurrente, contra la resolución de multa que le fuera notificada el 13 de junio de 2018.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señora Plaza.

No firma la Ministra señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo por encontrarse con feriado legal.

Rol Protección N° 61.435-2018.- Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por la Ministra señora Paola Plaza González y por la Ministro señora Gloria Solís Romero.