nombre reservado con MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Santiago, dos de diciembre de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen Rodrigo Flores Osorio y Emanuel Cuadra Suárez, ambos abogados, en representación de nombre reservado, periodista, con domicilio en domicilio reservado; e interpone acción de protección en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, representada por nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado; por el acto arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta RA N°411/305/2022 de 18 de abril de 2022, notificada el 19 de abril, la cual pone término anticipado a su contrato de honorarios.

Expone que el actor ingresó a prestar servicios para la recurrida en abril de 2020, asesorando en la División de Organizaciones Sociales en el desarrollo y ejecución de convenios y, posteriormente su último contrato se extendió desde el 1 de enero al 31 de octubre, ambos de 2022. Respecto a sus funciones indica que no solo se limitaban a las establecidas en su contrato, sino que cubría cualquier necesidad que tuviera el Servicio, por lo que a través de la firma de un contrato de honorarios se encubrió, al menos, un vínculo de subordinación y dependencia que podría decantar en una relación a contrata o, dependiendo de otros factores, en una relación laboral. Lo anterior fue posible ya que la cláusula inserta en su contrato relacionada con sus funciones es absolutamente genérica, incumpliendo la exigencia legal de establecer cometidos específicos y determinados.

Indica que desde que asumió el nuevo gobierno fue víctima de una serie de actos vulneratorios en lo que concierne a su calidad de trabajador y, además, no recibió su respectiva remuneración, sin embargo, continuó realizando sus funciones de modo normal en virtud de la continuidad del servicio. Por ello el 11 de abril de 2022 presentó un reclamo ante la Contraloría General de la República y mediante REF Nº R1862/22 el ente contralor ordenó a la recurrida generar un informe refiriéndose a los hechos denunciados.

Adiciona que el 18 de abril de 2022 fue notificado del Decreto Exento RA Nº411/305/2022 el cual puso término a su contratación, utilizando un argumento manifiestamente vago, escueto e impreciso.

A continuación se refiere al marco normativo aplicable al caso de autos, a saber DFL N°29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, específicamente el artículo 11 que establece el marco jurídico de su relación contractual. Agrega que de la normativa citada se extrae que la naturaleza de las labores realizadas por el actor no son propias de un contrato de honorarios y, además, que dicho contrato debe respetarse a lo menos hasta el 31 de octubre del presente año.

Alega que la decisión de la autoridad de poner fin anticipado al contrato de honorarios es absolutamente ilegal, atentando contra lo dispuesto en el Estatuto Administrativo y, además debe considerarse que su vínculo es asimilable a contrata, rigiendo por ellos la jurisprudencia y legislación aplicable a la misma. Prueba de ello es el dictamen N°173171 del año 2022, procediendo a efectuar un análisis de este, concluyendo que el actor posee a lo menos 3 contrataciones, le son aplicables los principios de las contratas por lo que se mantiene la obligación de motivar el acto, así como el principio de confianza legítima; y, además, sus labores no son transitorias, sino que perduraron en el tiempo.

Respecto a la motivación del acto recurrido, este tiene su origen en los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución, el artículo 2° de la Ley N° 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y artículo 41 de la ley 19.880, ello en armonía con los Dictámenes N°s o 22.766 de 2016, 85.700 de 2016 y 6.400 de 2018 de Contraloría General de la República.

Igualmente argumenta que tampoco es factible plantear una argumentación derivada de la frase “mientras no sean necesarios sus servicios”, puesto que dichos cargos son necesarios y fundamentales para el funcionamiento del servicio. Denuncia que el acto recurrido es absolutamente ilegal y carente de motivación, carece de proporcionalidad y racionalidad, lo que determina su carácter ilegal y arbitrario. Cita jurisprudencia en el sentido que indica.

En cuanto a la confianza legítima manifiesta que la jurisprudencia desarrollada por los Tribunales de Justicia indica que el funcionario a contrata que ha sido objeto de sucesivas e interrumpidas renovaciones de un empleo que originalmente es dispuesto a plazo fijo, generan en el interesado la expectativa real, plausible y certera, de que su empleo seguirá́ siendo prorrogado en el tiempo, como si más se asemejara a un trabajo en calidad jurídica indefinida, siendo dudoso que la autoridad administrativa pueda prescindir de los servicios del funcionario en base a la calificación de que sus labores son meramente transitorias; es en este contexto que el recurrente ha sido objeto de 2 renovaciones anuales, sucesivas, continuas ininterrumpidas, que inician en el año 2020 y que se extienden hasta el 31 de octubre del año 2022; y, además deben ser consideradas las funciones que desempeñaba las cuales pertenecían a la esencia y propiedad del giro. Cita jurisprudencia administrativa y judicial.

Finalmente, alega como conculcadas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se acoja el recurso, ordenando dejar sin efecto el Decreto Exento RA Nº411/305/2022 de fecha 18 de abril de 2022 y toda aquella destinada a poner término anticipado al contrato de honorarios del recurrente; y se ordene dar pago a las remuneraciones correspondientes al mes de marzo y todas aquellas que se devenguen durante la tramitación del presente recurso, con costas.

Segundo: Que, evacuando el informe de rigor, comparece la recurrida, Ministerio Secretaría General de Gobierno e indica que el recurrente se desempeñó en dicha Cartera de Estado desde el año 2020, en la División de Organizaciones Sociales, suscribiendo tres contratos diferentes para las anualidades 2020, 2021 y 2022, todos con idénticas funciones y con la única modificación de aumentos remuneracionales en beneficio del servidor. Agrega que el acto recurrido se encuentra motivado y se han establecido las razones de su desvinculación.

Advierte que el recurrente ingresó el 1 de abril de 2020, suscribiendo un contrato de honorarios, en calidad de Periodista y dicho vínculo fue renovado hasta el año 2022, sus funciones eran las de prestar asesoría en el desarrollo y ejecución del convenio de colaboración entre SEGEGOB y SUBDERE, por lo que sus funciones eran sumamente específicas, incluso el convenio que da origen a sus labores solo existe desde el año 2018. Agrega que en el mes de marzo de 2022 los informes del recurrente fueron rechazados, ya que no guardaban relación alguna con las funciones altamente específicas plasmadas en su convenio a honorarios, adjuntando únicamente archivos cuya autoría se desconoce, y capacitaciones a organizaciones sociales, lo cual es materia de otros profesionales de otras unidades dentro de la División de Organizaciones Sociales; del mismo modo no se registraban acciones tendientes a elaborar un plan de trabajo o a materializar la ejecución del convenio SEGEGOB-SUBDERE. Hace presente que en el reclamo que el recurrente deduce ante Contraloría no aporta datos de la ejecución de sus labores.

Expresa que el vínculo que une al actor con la recurrida es un contrato de honorarios a suma alzada, lo que implica que el régimen jurídico aplicable, en virtud del artículo 11° del Estatuto Administrativo, es el cuerpo normativo del Derecho Civil, siendo este el supletorio para todo aquello no expresamente señalado, al tenor de lo regulado en el Párrafo 9 del Título XXVI del libro IV del Código Civil, arriendo de servicios inmateriales.

Por lo anterior es que no es posible hablar de una ilegalidad cuando el Servicio se encuentra facultado para poner término a los convenios a honorarios y, además, lo materializa mediante un acto administrativo, en forma de decreto exento, que trató acuciosamente los motivos; por lo anterior es que se dio cumplimiento al Dictamen N°85.700 de 2016 y a la jurisprudencia administrativa citada por el recurrente.

Denuncia la inexistencia de un acto arbitrario, toda vez que los fundamentos de la decisión contenida en el acto administrativo impugnado por el recurrente, se sostienen en normas legales precisas, que son aplicables al servidor a honorarios referida, no pudiendo calificarse de arbitraria la decisión de la autoridad, que ha sido adoptada al amparo de normas constitucionales y legales que rigen al ente contralor y a la actividad del mismo, junto a hechos específicos detallados a lo largo de 13 considerandos en el decreto exento RA N° 411/305/2022, de 18 de abril del año en corriente, el cual detalla a los cambios que trae aparejado consigo la resolución exenta N° 272/272, de fecha 23 de marzo de 2022, que modifica la DOS, entregando las funciones de supervisión de los convenios suscritos por anotada División a la Subdirección, cargo que, no perteneciendo al Sr. nombre reservado sino que a una funcionaria de confianza, claramente torna incompatible la labor del ex servidor, quien, además, no logró demostrar en momento alguno trabajos concretos en cumplimiento del convenio SEGEGOB-SUBDERE, adjuntando a sus informes prints y capacitaciones a organizaciones sociales por conceptos diversos que no logró comprender.

En cuanto a la confianza legítima, argumenta que el acto de no renovación se fundamenta en una reestructuración que se llevó a cabo, es decir, que las medidas adoptadas no son arbitrarias, caprichosas, ni azarosas y tampoco se fundan en eventos futuros, eventuales o hipotéticos, sino que es una realidad que es presente y que goza de certeza jurídica. En este sentido indica que se ha dado cumplimiento al efectivo y real principio de confianza legítima, por cuanto se ha hecho estricta observancia a todas las condiciones establecidas por los dictámenes de la Contraloría, en orden a que el término anticipado se dispuso a través de un acto administrativo, en específico, un decreto exento.

Finalmente asevera que no se ha conculcado garantía constitucional alguna. En cuanto al derecho a la vida hace presente que el recurrente mantenía una posición privilegiada, contando con un alto honorario a cambio de labores altamente específicas y no probadas de ejecución en la práctica, tratándose de un convenio que ya existía y del cual se desconoce el real aporte del Sr. nombre reservado, quien en momento alguno demostró sus trabajos, permitiéndosele subsanar su informe rechazado del mes de marzo pero que aun así no lo hizo y, en vez de ello, recurrió a la Contraloría General de la República y a la Ilustrísima Corte, desligándose así de demostrar sus trabajos; respecto a la igualdad ante la ley no se habría dado ningún tratamiento diferenciado al recurrente que no estuviera fundado en un actuar legítimo y razonable reconocido en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia; y, en relación al derecho de propiedad, el Tribunal Constitucional he sentenciado claramente que el derecho a la función pública no constituye un derecho de propiedad y de ello se desprende que el funcionario público tiene derecho a la continuidad en la función mientras no se verifique una causal de cesación en el cargo.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que, el acto cuya ilegalidad o arbitrariedad se reclama, dice relación con la dictación de la Resolución Exenta RA N°411/305/2022 de 18 de abril de 2022, notificada el 19 de abril, emanada de la autoridad recurrida, que decidió colocar término al contrato de prestación de servicios a honorarios del recurrente.

Quinto: Que, como puede apreciarse de la lectura del recurso y del informe de la recurrida, el asunto en discusión es si son correctas o no las circunstancias tenidas en vista para poner término al contrato que vinculaba a las partes de este proceso, vale decir, se discute si existe o no incumplimiento de contrato por parte de la recurrida.

Sexto: Que, como se ha resuelto en forma reiterada, el recurso de protección constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa. En efecto, los hechos que sirven de justificación al recurso se producen en el marco de discrepancias surgidas con motivo de la interpretación de las cláusulas del contrato suscrito entre las partes de este recurso, cuestión que sobrepasa los márgenes del procedimiento del recurso de protección, el que no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de derechos.

Séptimo: Que, la conclusión a que se arribó en el motivo precedente, se ve reforzada al leer la parte petitoria del recurso, en la cual, entre otros pasajes, se pide que la recurrida deberá dejar “sin efecto el Decreto Exento RA Nº411/305/2022 de fecha 18 de abril de 2022 y toda aquella destinada a poner término anticipado al contrato de honorarios del recurrente”, junto con lo anterior ordenar dar pago a la remuneración del mes de marzo y la que se devengue durante la tramitación del recurso.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, en el caso sub lite, no se ha establecido que el recurrente posea un derecho indubitado o indiscutido que lo habilite para reclamar por la presente vía, pues, como se ha dicho, requiere de una declaración de derechos, lo que no procede hacer en este procedimiento, que persigue la protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso como se ha expresado precedentemente.

Noveno: Que, por otra parte, examinados los términos de la resolución impugnada, se observa que la decisión del término anticipado del contrato se encuentra debidamente motivada, y que la recurrida ha actuado en el marco de sus competencias y facultades contractuales, sin haberse acreditado en este procedimiento la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria de su parte, presupuesto ineludible de la acción de protección, por lo que ésta no podrá prosperar.

En mérito de lo razonado y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por Rodrigo Flores Osorio y Emanuel Cuadra Suárez, ambos abogados, en representación de nombre reservado en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, representada por nombre reservado, debiéndose dejar sin efecto la orden de no innovar decretada por resolución de fecha 04 de mayo de 2022, folio 4 del expediente electrónico de la causa.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro Miguel Eduardo Vázquez Plaza.

No firma el Ministro (s) señor Córdova, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por cesar funciones de suplencia en esta Corte.

Rol Corte Nº 61.400-2022 (Protección)