nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES-CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA-CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

C.A. de Santiago Santiago, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

A los folios 17 y 18: téngase presente los informes evacuados.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que compareció don nombre reservado, deduciendo recurso de Protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familia Los Andes y de la Caja de Asignación Familiar La Araucana, por el actuar arbitrario el ilegal, consistente en el descuento en su liquidación de remuneraciones del mes de julio pasado, la suma $63.781, bajo la nomenclatura “Préstamo C.C.A.F.” , ello por cuanto su empleador habría recibido instrucciones por parte de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familia Los Andes, con lo cual se vulnerarían sus garantías constitucionales de los numerales 3, 16 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, Explica que desde el 28 de marzo del año en curso a la actualidad se encuentra prestando servicios para la Corporación Municipal de San Miguel, y que el mismo efectuó el descuento, por instrucciones de la recurrida Caja Los Andes, la que a su vez, lo hacía por instrucciones, por y para la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familia Las Araucana.

Refiere que en efecto en el año 2002, cuando tenía pro empleador pidió un crédito de $1.206.000, pagando la última cuota en diciembre del año siguiente. De modo que las recurridas pretenden 16 años después cobrar extrajudicialmente dicho crédito, sin haber ejercido en tiempo y forma las acciones legales correspondientes, a través de descuentos ilegales, directos y sin aviso o notificación previa.

Conforme a lo expuesto solicita que se acoja el recurso ordenando que la recurrida Caja de Asignación Familiar La Araucana, efectúe el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas, con los intereses que correspondan y debidamente reajustada hasta el momento de la devolución. Así como las recurridas, deberán abstenerse realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, descuentos de sus remuneraciones.

SEGUNDO: Que comparecieron Caja de Compensación de Asignación Familia Los Andes y de la Caja de Asignación Familiar La Araucana, quienes primeramente explican que los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, en concordancia con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, normas que describen el mecanismo del pago del crédito social, el que opera, mediante el descuento de dicho crédito de las remuneraciones del trabajador, retención por parte del empleador afiliado y la obligación legal por parte de este de remesar a la Caja acreedora la suma de dinero descontada.

Además, refieren que se deben tener presente que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone que el empleador debe deducir de las remuneraciones de los trabajadores los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

Por su parte, mediante Circular N°2.052, de 10 de abril de 2003, la Superintendencia de Seguridad Social impartió instrucciones a las C.C.A.F. para la administración del Régimen de Crédito Social. Circular, que define a la prestación denominada crédito social como "un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza". Es por lo expuesto precedentemente que una vez detectado a quien mantiene una deuda con nuestra entidad, ya sea en calidad de deudor principal o codeudor solidario, su deuda se incorpora en la nómina de cobranza respectiva, con el objeto de aplicar el correspondiente descuento conforme la planilla de crédito que recibe la entidad pagadora de su remuneración.

Agregan que las deudas de crédito social constituyen obligaciones que de acuerdo al artículo 22 de la Ley N° l8.833 y el articulo 58 del Código del Trabajo, deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, por ende el nuevo empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar a la Caja de Compensación acreedora las sumas que su trabajador adeude por crédito social sin requerir la autorización previa del deudor.

Luego explican que en cuanto al descuento en su remuneración, estas tienen su origen en un crédito social contraído con la C.C.A.F. La Araucana, el que era de pleno conocimiento del recurrente, de esta forma, y en virtud del artículo 1.546 del Código Civil, al señalar: "los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella ", es claramente sabido que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones como las del caso de marras, la deuda puede ser cobrada, como en derecho corresponde.

En consecuencia, señala, malamente pudieron los recurridos, privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales del actor si en todo momento, han obrado conforme a derecho y además salvaguardando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor, conforme lo señala el artículo 22 de la Ley N° 18.833, pasando en consecuencia a cometer un acto arbitrario e ilegal si lo informado a deducir por concepto de crédito social ha sido declarado prescrito tanto respecto de su acción cambiaria como de aquella que emana del mutuo, por un Tribunal de Justicia, lo que no aconteció en este caso.

Finalmente y no obstante lo informado precedentemente, vienen en allanarse al recurso de protección incoado por el recurrente, indicando que han dispuesto las gestiones tendientes a evitar futuros descuentos a la remuneración del recurrente, mediante su remoción de la nómina de cobros que es remitida a su empleador TERCERO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: Que, atendido lo informado por las recurridas, quienes explicaron la normativa legal, que las facultaría a efectuar e informar las morosidades aludidas, reconociendo que el descuento efectuado al actor, era improcedente, razón por la cual se allanaron al recurso, se procederá a acoger la presente acción.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo que dispone el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los recursos de protección, se acoge, sin costas recurso interpuesto en lo principal por don nombre reservado, ordenando que la recurrida Caja de Asignación Familiar La Araucana, efectúe el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas, con los intereses que correspondan y debidamente reajustada hasta el momento de la devolución. Así como las recurridas, deberán abstenerse realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, descuentos de sus remuneraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-61362-2018.