nombre reservado con GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS

76 Foja: 69 Sesenta y nueve Santiago, once de noviembre de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece a fojas 1 don nombre reservado e interpone acción de protección por la vulneración de garantías constitucionales que para él habría significado la Resolución Nº 20, de fecha 6 de junio de 2014, mediante la que el General Director de Carabineros de Chile don nombre reservado negó lugar al recurso de reclamo confirmando la medida de baja inmediata por conducta mala aplicada por Resolución Nº 04 de 26 de marzo de 2012. Menciona que la sanción se aplicó en virtud de lo preceptuado en el artículo 127 Nº 4 letra a) e inciso 5º de la letra b) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile Nº 8, concordante con el numeral 9 del artículo 25 del Reglamento de Disciplina Nº 11. Señala que la medida de baja inmediata emana de la modificación introducida por el Decreto Supremo Nº 433, de 7 de agosto del año 1990, del Ministerio de Defensa Nacional. Hace presente que el citado Decreto Supremo no fue publicado en el Diario Oficial, debiendo haberse hecho, pues modificó el antes señalado Reglamento, cuyo texto, contenido originalmente en el Decreto Nº 5193, de fecha 30 de septiembre de 1959, sí había sido publicado en el Diario Oficial. Invoca los artículos 6, 7 y 8 del Código Civil refiriéndose al alcance de la promulgación y de la publicación de las leyes particularmente en materia penal en virtud de la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 3 inciso 7º de la Carta Fundamental. Añade que el artículo 48 de la ley Nº 19.880, sobre procedimientos administrativos, ordena publicar, en el Diario Oficial, aquellas normas que interesen a un número indeterminado de personas y que la exigencia de publicar en el Diario Oficial ya estaba consagrada en el Decreto Nº 2710 de 1942 del Ministerio del Interior A continuación se refiere a la norma contenida en el artículo 127 Nº 4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile Nº 8, tras la modificación introducida por el Decreto Supremo Nº 433, de 7 de agosto del año 1990, del Ministerio de Defensa Nacional, supone un voluntarismo jurídico antojadizo y arbitrario pues autoriza para aplicar la medida de expulsión antes de ser investigada y comprobada la supuesta infracción. En este caso, ante una presunción de manejo en estado de ebriedad se privó al recurrente de sus remuneraciones y derechos previsionales desde el día siguiente de la notificación, lo que además menciona como una decisión arbitraria en comparación con el Carabinero nombre reservado, quien en una situación similar continúa hasta la fecha en la Institución. Concluye en este aspecto que se ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 Nº 1 y 2 de la Constitución Política.

Añade el recurrente, como otra vulneración, el hecho de habérsele impedido asistir a la audiencia a que se refiere el artículo 12 del Reglamento de Disciplina de Carabineros Nº 11, acompañado de un abogado, lo que se repitió en todas las audiencias, inclusive con el Director General de Carabineros y cita para reprochar este impedimento el Dictamen Nº 30684 de 2 de mayo de 2014 de la Contraloría General de la Republica.

Añade, además, que hubo falta de ponderación de la prueba rendida pues no se consideraron los documentos acompañados ni los testigos aportados, y se transgredió el artículo 340 inciso final del Código Procesal Penal pues se le condenó sobre la base de su declaración y ello a pesar que la propia victima habría reconocido a otra persona como el conductor, y que asimismo se le negó acceso al sumario administrativo, afectándose con todo ello el debido proceso garantizado por la Carta Fundamental. Además, agrega el recurrente, desde la fecha de dictación de la Resolución Nº 04 de 26 de marzo de 2012 y hasta la fecha de su notificación, 28 de agosto de 2014, transcurrió un plazo que excede de lo razonable sin haber resuelto el sumario administrativo, contrariando además de este modo el artículo 32 del Reglamento de Sumarios Administrativos Nº 15 de Carabineros de Chile y el artículo 3, 5, 11 y 53 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y 7º de la ley Nº 19.880, provocándose el decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio.

En relación a las garantías vulneradas menciona las previstas en el artículo 19 Nº 1, 2, 3, 16, 22 y 24 de la Carta Fundamental, es decir, se habría afectado el derecho a la vida y a la integridad física y síquica del recurrente, la igualdad ante la ley, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales o por un tribunal que no se hallare establecido con anterioridad a la perpetración del hecho, la libertad de trabajo y su protección, la exigencia al Estado de no discriminación arbitraria y la garantía constitucional al derecho de propiedad, en este caso, sobre derechos personales.

Agrega que solicita que mediante el recurso este Tribunal deje sin efecto la Resolución Nº 20, de 28 de agosto de 2014, ordenando la inmediata reincorporación a las filas de Carabineros con todos sus derechos de los que fue privado, con costas.

SEGUNDO: Que a fojas 52 informa el General Director de Carabineros de Chile. Narra previamente los hechos que dieron motivo a la medida disciplinaria, ocurridos el día 25 de marzo de 2012 en la ciudad de Arica, señalando que tras una colisión y verificar el nombre de la persona a cuyo nombre estaba inscrito uno de los vehículos involucrados, se tomó contacto con el dueño que mencionó que había solicitado al Cabo 2º nombre reservado retirar el vehiculo desde una empresa y mantenerlo en su domicilio hasta su regreso a Arica. Luego que una persona se presentó en la Tercera Comisaría de Arica identificándose como quien conducía el vehiculo a la hora de la colisión, más tarde esa misma persona se habría retractado confesando que su cuñado, el señor nombre reservado ya indicado, le había solicitado asumiera la responsabilidad de los hechos. En atención a ello se contactó telefónicamente al referido Cabo 2º para que concurriera a someterse a examen de Intoxylizer, el que arrojó como resultado 0,90 gm/lt. Se instruyó sumario y no habiendo el señor nombre reservado aportado elementos suficientes para desvirtuar o aminorar su participación en los hechos, se le notificó la baja inmediata de las filas de Carabineros. El afectado reclamó ante el señor Jefe de la XV nombre reservado de Carabineros, quien confirmó la medida expulsiva. Frente a tal decisión recurrió ante la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, alta repartición que decidió confirmar lo resuelto. Ante ello, recurrió al Subdirector General de Carabineros, quien previa audiencia a la que no compareció el recurrente, decidió rechazar el recurso. Menciona además que el Cabo 2º ha recurrido de protección con anterioridad por los mismos hechos siendo desestimadas sus acciones cautelares.

En relación a los fundamentos normativos, el informante cita el artículo 23 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile que contempla como sanción la “Baja por mala conducta”; el artículo 25 Nº 9 del citado Reglamento que ordena aplicar dicha sanción conforme al Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros y el artículo 127 Nº 4 letra a) de este último Reglamento, que autoriza a aplicar la señalada sanción por conducta mala -establecida en sumario administrativo o investigación simple- siempre que consista en faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio de la Institución, el sistema jerárquico o disciplinario.

Agrega que la medida de Baja Inmediata de la Institución está reservada para casos muy calificados y que el presente caso cumple dicho estándar de rigor, pues se trasgredieron los principios y la normativa institucional, instrucciones especificas sobre la conducción de vehículos y el consumo del alcohol.

En cuanto a la alegación relativa a la ausencia de publicación en el Diario nombre reservadoº 433, del año 1990, del Ministerio de Defensa Nacional, señala que el recurrente recibió formación, entre otras materias, en lo relativo a la normativa institucional, por lo que tuvo oportuno conocimiento y noticia de la señalada regulación. Además, el Decreto Nº 433 fue oportunamente publicado en el Boletín Oficial de Carabineros.

Se refiere, finalmente, a la alegación de falta de razonabilidad y proporcionalidad de la medida, a la no concurrencia del afectado a la audiencia a la que fue citado, a que la prueba rendida fue debidamente ponderada, como lo evidencia la circunstancia que el acto terminal fue debidamente tomado de razón por la Contraloría General de la Republica y a las alegaciones relativas a la falta de acceso al sumario y al supuesto decaimiento del sumario expresando los motivos por los que deben ser desestimadas.

TERCERO: Que en cuanto a la vigencia de la norma contenida en el artículo 127 Nº 4 del Reglamento de Selección y Ascensos, Nº 8, introducida en virtud del Decreto Nº 433, cabe tener presente que dicho precepto resulta, a juicio de este Tribunal, plenamente aplicable, pues el citado Decreto cumplió con todas las formalidades y la publicidad que exigía el mismo y en general la normativa vigente a la fecha de su dictación. La necesidad de publicar en el Diario Oficial los actos administrativos “que interesen a un número indeterminado de personas”, además de constituir un requerimiento sujeto a interpretación, debe sólo entenderse aplicable desde la entrada en vigencia del artículo 48 de la ley 19.880, que la contempla. En efecto, resultaría absurdo concluir que, una vez vigente la citada norma legal, debiere aplicarse retroactivamente en términos de tener que publicarse en el Diario Oficial todos los actos administrativos que calcen dentro de la señalada categoría, cualesquiera hubiese sido su fecha de vigencia. Además y sólo a mayor abundamiento no puede dejar de considerarse que la normativa que según el recurrente no resultaría aplicable, regía desde muchos años antes de la fecha de su ingreso a Carabineros, por lo que debe descartarse que la hubiere ignorado.

Que, sentada la plena vigencia del tantas veces citado artículo 127 Nº 4, debe entrar a analizarse si esa norma y su aplicación a este caso concreto constituyó una actuación ilegal o arbitraria que haya afectado alguna garantía protegida por el presente arbitrio. Desde luego la sanción de Baja Inmediata representa una medida cautelar o provisoria que puede y debe quedar sin efecto al final de la investigación sumarial si la sanción a aplicar resulta distinta a aquella o incompatible. Por lo tanto, si bien implica una sanción anticipada, su carácter provisorio y esencialmente condicionado al resultado de la investigación sumarial, cumpliendo esta última con todas las condiciones de un debido proceso, hacen de ella una medida que no es muy distinta a muchas hipótesis equivalentes que contempla nuestro ordenamiento jurídico y que resultan perfectamente ajustadas al marco constitucional y a la legalidad. Además, la posibilidad de aplicar tal sanción estando pendiente la investigación sumarial no implica una trasgresión al principio de presunción de inocencia, pues debe adoptarse ante hechos acreditados que, en el caso del recurrente, fueron de toda evidencia.

CUARTO: Respecto de la aplicación de la medida al caso concreto, este Tribunal estima, conforme al artículo 127 Nº 4 letra a) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros: “comisión de faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio de la Institución, el sistema jerárquico o disciplinario”. Por consiguiente la aplicación de la medida para este caso concreto no ha sido un acto ilegal ni arbitrario. Por otra parte, el protegido fue notificado de todas las actuaciones y resulta impertinente que no habiendo alegado de la falta de acceso al sumario en sus presentaciones, lo reproche en esta sede. Respecto al supuesto decaimiento, debe considerarse que el acto administrativo decae cuando desaparecen los supuestos que lo justificaron o resulta inoficioso, y en el presente caso ninguna de dichas hipótesis se presenta sin que pueda argüirse los plazos de duración del sumario para tal efecto desde que los plazos que la ley contempla para las actuaciones de la administración no son fatales.

En relación a las garantías constitucionales que el recurrente estima vulneradas, cabe considerar que no se divisa cómo estaría afectándose en este caso de modo ilegal o arbitrario el derecho a la vida y a la integridad síquica y física de la persona por una medida disciplinaria que está ajustada a derecho. Respecto de la consagrada en el artículo 19 Nº 2 y Nº 3 inciso 4º, este Tribunal es del parecer que no ha sido trasgredida, pues no se ha aplicado un trato distinto al que se aplica a los demás carabineros que se encuentran en situaciones equivalentes y además el recurrente no ha sido juzgado por ninguna comisión especial. Debe destacarse, además, que el sumario en el que se investigan los hechos, es instruido por un Fiscal, no teniendo quien aplicó la medida de Baja Inmediata ninguna injerencia en la sustanciación de la investigación. En cuanto al derecho de propiedad sobre las remuneraciones y las cotizaciones previsionales, este Tribunal estima que no ha habido la vulneración que pretende el recurrente, desde que las remuneraciones y cotizaciones incorporadas a su patrimonio no se han visto afectadas en modo alguno, y no es posible vislumbrar en qué medida o por qué razón habría sufrido el recurrente una perdida de derechos previsionales como afirma. Finalmente, en el recurso no se ha explicado cómo, supuestamente, se habría visto afectada en este caso la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección así como la garantía de no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica y, en mérito de los antecedentes aportados, este Tribunal no ha podido constatar ninguna circunstancia que pudiera calificarse como privación, perturbación o amenaza de dichas garantía constitucional.

Por las razones expuestas, se desestimará el presente arbitrio constitucional como se dirá en la parte decisoria de esta sentencia.

Y visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, el recurso de protección deducido a fojas 1, por el apoderado de don nombre reservado.

Redacción del abogado integrante señor José Miguel Lecaros Sánchez Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 61359-2014.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada por la Ministra (S) señora Dora Mondaca Rosales y por el abogado integrante señor José Miguel Lecaros Sánchez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a once de noviembre de dos mil catorce, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.