nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veintiséis de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Primera Compañía del nombre reservado, representado por su Superintendente don Marco Antonio Espinoza Carrasco, quien señala ser voluntario de la recurrida hace más de veintiún años y refiere haber sido elegido el día 8 de diciembre de 2019 como Director de su Compañía, asumiendo dicho cargo el día 1 de enero pasado, mismo que dejó con fecha 4 de junio, a consecuencia de la primera amonestación que ha tenido en su hoja de vida, por un procedimiento iniciado por una acusación, lo que ha afectado sus derechos fundamentales causándole agravio.

Explica que mediante Oficio N°122/20 de la Superintendencia del nombre reservado, de fecha 16 de enero pasado, se le informó que existe una carta acusatoria en su contra por parte del Voluntario Sr. nombre reservado. Consta en el Oficio N°137/20 emitido por la misma Superintendencia, que con fecha 30 de enero del presente año, fue citado a comparecer el día 3 de febrero al Consejo Superior de Disciplina Sala 1, en razón de la acusación realizada en su contra, en la cual se señalaba que no cumplía los requisitos para ser designado como Director General de la Compañía, por mantener una supuesta deuda pendiente con aquélla, lo que significaría que no cumplía con los requisitos requeridos para ejercer dicho cargo, siendo del caso, que la Sala 1 del Consejo Superior de Disciplina, con fecha 6 de febrero último, desestimó en todas sus partes la acusación realizada por el sr. nombre reservado, argumentando que conforme a los antecedentes analizados, se comprobó que, al momento de postular al cargo de Director, no registraba deudas con la Compañía. Dice que la misma Sala comprobó que había avisado de manera verbal al anterior Director sr. nombre reservado, que había terminado el contrato de arrendamiento del terreno del cuartel que el recurrente utilizaba para guardar unos vehículos de su propiedad y que había pagado la totalidad de la deuda que mantenía con la Compañía por dicho concepto.

Agrega que conforme lo estipula el artículo 90 del Reglamento General del nombre reservado: “La Apelación es un recurso por el cual se solicita al consejo superior de disciplina que estudie, analice y se pronuncie sobre una determinada decisión o acuerdo. Para Interponerla, el Voluntario Sancionado”, por lo que alega que, al no haber sido sancionado, no procedería, conforme lo estipulado en el Reglamento la interposición de apelación alguna.

Dice que el día 4 de junio del presente año, la Sala 2 del Consejo Superior de Disciplina, le notificó de una sanción disciplinaria consistente en la inhabilidad para desempeñar cargos de oficiales generales, oficiales de comandancia, oficiales de compañía y en cualquier organismo disciplinario o comisión alguna durante un lapso no inferior a un año, sanción que se fundamentó, en una apelación realizada por el voluntario sr. nombre reservado, de la cual conoció aquella Sala del organismo disciplinario, frente a lo cual, él apeló, siendo del caso que con fecha 22 de junio del presente año, la Sala 1 del Consejo de Disciplina estipuló que su recurso había sido aceptado a tramitación, pero el día 26 de junio último, la misma Sala 1 indicó que no avanzará con la apelación interpuesta, toda vez que el artículo 95 del Reglamento General del nombre reservado establece que: “los miembros de los organismos disciplinarios del cuerpo o de las compañías deberán cumplir: letra a) En ningún caso podrá conocer más de una vez el mismo asunto”.

En consecuencia, las decisiones arbitrarias han vulnerado sus garantías fundamentales en lo relativo a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, establecidos en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución, toda vez que no tuvo acceso a una debida defensa, conforme lo establece el Reglamento, ya que se le privó de su legítimo acceso a una segunda instancia, al ser sancionado de una manera que entiende injusta y arbitraria.

Finalmente, solicita se dejen sin efecto las resoluciones del Consejo Superior de Disciplina de fecha 4 de junio de 2020 o, en su defecto, se ordene que se resuelva ajustado a derecho la apelación que se le denegó en la resolución de fecha 26 de junio de 2020, que resolvió la Sala 1 del Consejo Superior de Disciplina, con costas del recurso.

Se declaró admisible el recurso y se pidió informe a la recurrida.

Al evacuar el informe se solicitó el rechazo del arbitrio, con costas, por las siguientes razones.

Señala la recurrida que la Ley N° 20.564, Ley Marco de los Bomberos de Chile, establece en su artículo 1° que los Cuerpos de Bomberos, son servicios de utilidad pública, que conforman el Sistema Nacional de Bomberos, “que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil.”; asimismo, el artículo 17 de la Ley N°18.959 señala: “Artículo 17.- La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y los Cuerpos de Bomberos, son servicios de utilidad pública, los que se rigen por las disposiciones sobre las personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro I del Código Civil en lo que fuere compatible con sus fines, naturaleza y organización jerárquica y disciplinada”. Agrega que el Tribunal Constitucional ha manifestado que “debe descartarse, por de pronto, que los cuerpos de bomberos sean servicios públicos desde el punto de vista orgánico”, estableciendo, asimismo, las diferencias entre éstos y los órganos de la administración del Estado, siendo una de las principales diferencias que “los Cuerpos de Bomberos son entidades privadas…su personalidad jurídica es de derecho privado y el legislador no los crea ni los define en sus elementos esenciales, como lo hace con un servicio público”. Señala también el Tribunal, que “el nombre reservado corresponde a lo que la doctrina denomina establecimientos de utilidad pública”, ya que “éstos se distinguen por no ser servicios públicos, pues no nacen por iniciativa de la autoridad y no forman parte de los cuadros orgánicos de la Administración. También se distinguen por perseguir un fin público, es decir, que interese a la colectividad. Además, la doctrina señala que estas entidades tienen patrimonio propio, personalidad jurídica de derecho privado y su personal se rige por la legislación del trabajo. El nombre reservado, como se observa, reúne todos estos elementos”.

Así, los Cuerpos de Bomberos tienen un régimen distinto al de las demás personas jurídicas, considerando su diversa naturaleza derivada de los fines que cumplen. De este modo, lo que está regulado en sus estatutos es la norma fundamental para sus miembros, lo que reviste especial importancia en cuanto al régimen disciplinario que se den los Cuerpos de Bomberos.

Respecto al régimen disciplinario, refiere que el ejercicio de las funciones disciplinarias a nivel de las Compañías del nombre reservado corresponde al Consejo de Disciplina y a la Junta de Oficiales, y a nivel del nombre reservado al Consejo Superior de Disciplina. En primer término, conforme lo dispone el Título XV Del Consejo Superior de Disciplina del Reglamento General del nombre reservado, corresponde al Consejo Superior de Disciplina, conforme a la calidad de Oficial del recurrente, Director, juzgarlo. En el mismo Título se encuentra regulado el proceso disciplinario, citación, defensa, sanciones, conformación del órgano, atribuciones, comunicación de las sanciones si las hubo, y los recursos de apelación que puede presentar el voluntario que se sintiere afectado, ante el mismo Consejo Superior de Disciplina.

Refiere que se trata de un procedimiento disciplinario regulado en detalle y que contempla todos los elementos del debido proceso, desde la conformación de los órganos disciplinarios integrados por miembros no inhabilitados; en el que el Voluntario u Oficial afectado es debidamente informado de los cargos al momento de su citación y tiene derecho a hacer sus descargos, en cada una de las instancias que contempla el procedimiento; en el que la sanción es debidamente notificada, sea personalmente (cuando el citado se encuentra presente en la Sala) o bien por carta certificada (en los casos en que se le juzga en rebeldía); y que concede al Voluntario u Oficial agraviado un recurso de apelación, que la decisión disciplinaria sea revisada por un órgano disciplinario integrado por otros miembros distintos de los que acordaron la sanción recurrida.

En cuanto al procedimiento que afectó al recurrente, aquél en su calidad de Oficial de Compañía (Director) y siguiendo las disposiciones referidas en el Título “Del Consejo Superior de Disciplina” del Reglamento General, fue citado al Consejo de Disciplina, para el día 3 de febrero de 2020, toda vez, que, su elección en el cargo de Director de Compañía, realizada el 8 de diciembre de 2019 y que asumiría a contar del 1 de enero de 2020, sería nula, ya que no se encontraba al día con sus obligaciones pecuniarias, según los artículos 9° y 16° del Reglamento General.

Explica que la Sala sesionó para conocer de este asunto y que en dicha sesión se tomó declaración al recurrente, señor nombre reservado. En virtud de lo anterior, el Consejo de Disciplina (sala 1) tomando en consideración los cargos y los descargos del recurrente, como así también los antecedentes expuestos por el voluntario don nombre reservado (que tenía hasta ese momento), acordó no sancionarlo.

El voluntario sr. nombre reservado, quien formuló la acusación en contra del recurrente, agotando y haciendo uso de los recursos que dispone el Reglamento General del nombre reservado, apeló de la resolución, para ante el mismo Consejo Superior de Disciplina, sala 2, el cual se reunió para conocer de dicha apelación el día 1 de junio de 2020. En dicho Consejo se conoció la apelación referida y se presentan nuevos antecedentes a la causa. Señala que el ex Director de la Primera Compañía Sr. nombre reservado, manifestó ante él y otros voluntarios, que el recurrente de autos al día 8 de diciembre de 2019 (día de elección de Oficiales para el período 2020) tenía una deuda con la Compañía, producto que arrendaba el patio posterior del Cuartel de la Primera Compañía para guardar vehículos de su propiedad, y que a esa fecha tenía una morosidad con la Compañía, la que recién fue pagada en enero de 2020. Señala también, que el ex Director don nombre reservado. omitió esta información de la deuda del voluntario don nombre reservado, por lo que aparecía el día de la elección sin deudas con la Compañía. La sala 2 del Consejo Superior de Disciplina, en vista de los nuevos antecedentes, resolvió aplicar la sanción de inhabilidad para desempeñar el cargo de Oficial, según lo señalado en el artículo 82° del Reglamento General.

Explica que como se aprecia de la relación anterior, en el procedimiento seguido en contra del recurrente se respetaron todos los pasos, derechos y garantías contemplados en el Reglamento General; y el propio recurrente hizo uso de sus derechos, al asistir a las citaciones cursadas por todos los órganos disciplinarios que intervinieron en este asunto, no existiendo afectación consecuentemente a ninguna de las garantías que el actor señala como infringidas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en el, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2°.- Que, en ese orden de ideas, el sustento y objeto del recurso tiene por fin, que se deje sin efecto la resolución del Consejo Superior de Disciplina de fecha 4 de junio de 2020, mediante la cual la Sala 2 de aquél, sancionó al recurrente con inhabilidad para desempeñar cargos de oficiales generales, oficiales de comandancia, oficiales de compañía y en cualquier organismo disciplinario o comisión alguna durante un lapso no inferior a un año, o bien, en subsidio, se ordene que se resuelva ajustado a derecho la apelación que se denegó en la resolución de fecha 26 de junio de 2020, que resolvió la Sala 1 del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado de Chile.

Lo anterior, porque entiende el recurrente que se ha afectado la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto se le ha privado de igualdad, privilegiando a un denunciante al concedérsele un recurso del cual no era titular y la del numeral 3 del mismo artículo, en cuanto negársele su derecho a recurrir contra la resolución que lo sancionó, por lo que se afectó igualmente el debido proceso.

3°.- Que el recurrido, al momento de evacuar su informe y además en estrados, refirió que no se ha afectado ninguno de los derechos del recurrente, por cuanto el recurso de apelación fue deducido dentro de un procedimiento debido por quien es su titular y, porque mediante dicho recurso, se llegó a la segunda instancia, agotándose las vías de conocimiento del asunto, razón por la cual no se concedió un nuevo recurso, que implicaría en la práctica una suerte de tercera instancia.

4°.- Que en consecuencia, lo que se reclama no dice relación con el mérito de la decisión a la que allegó la Sala 2 del Consejo Superior de Disciplina, sino con la legitimidad activa del allí denunciante, quien dedujo apelación para ante dicho organismo en contra de una decisión absolutoria dictada por la Sala 1 de aquel Consejo y además, con la procedencia o no del recurso de apelación deducido por el apelado, que fue finalmente sancionado por dicha sede.

5°.- Que a efectos de despejar la pertinencia de la apelación, se leyó en estrados el artículo 90 del Reglamento General del nombre reservado, acompañado como documento en el arbitrio intentado, el cual establece: “Art. 90.- La apelación es el recurso por el cual se solicita al Consejo Superior de Disciplina que estudie, analice y se pronuncie sobre una determinada decisión o acuerdo. Para interponerla, el Voluntario sancionado deberá acompañar los antecedentes que justifiquen dicho recurso”.

En consecuencia, ni de dicha norma, ni de otras del antedicho Reglamento, se desprende que la apelación sea un recurso que sólo se concede al voluntario, en la medida de resultar sancionado. La primera parte de dicho artículo no restringe de manera alguna el recurso a determinado titular, por otro lado, la frase que sigue al punto seguido, sólo exige que el voluntario sancionado apareje a su recurso los antecedentes que lo justifiquen.

Asentado lo anterior entonces, no se aprecia de manera alguna, que la circunstancia de haberse concedido apelación a quien tiene calidad indiscutida de denunciante, respecto de la resolución de fecha 6 de febrero pasado, que desestimó su denuncia y que fue dictada por la Sala 1 del Consejo Superior actuando como primera instancia, sea atentatorio de garantía alguna del recurrido, pues aquel recurso no se encuentra vedado o restringido de manera expresa respecto a determinado interviniente.

6°.- Que por otro lado, en lo que respecta al consecuente de dicha apelación debidamente concedida, la Sala 2 del antedicho Consejo, que actúa según los propios estatutos de la Institución como órgano de apelación, conoció como segunda instancia y ante la aportación de nuevos antecedentes, decidió revocar lo resuelto por la Sala 1 y aplicar una sanción.

Por consiguiente, el recurrente no solo no tiene derecho a apelar nuevamente respecto de una decisión a la que se arribó conociendo de una apelación previa que generó la segunda instancia, posibilidad que a su turno está expresamente vedada para cualquiera, en atención a lo dispuesto en el artículo 95 del precitado Reglamento, lo que constituye precisamente una manifestación de la existencia de un procedimiento formalmente debido, siendo necesario recordar que no se ha objetado ni el mérito, ni los antecedentes fundantes de la decisión allegada, sino sólo la forma en la cual aquella se produjo y la denegación de un recurso de apelación a su respecto.

Sobre el punto, la doctrina y jurisprudencia han referido que el debido proceso es un concepto que implica variadas garantías que permiten por un lado el real ejercicio de derechos sustantivos y adjetivos por parte de las personas, pero que además permite dar certeza a la decisión, alejando aquella del mero arbitrio de una única voluntad o instancia, para aproximarla a parámetros que permitan descartar aquella y fallar conforme a derecho y justicia.

Es del caso que del procedimiento estatutario y de las propias alegaciones de las partes, tanto en el recurso como en estrados, se dio cuenta que se siguió un procedimiento reglado, que contiene instancias y órganos que actúan como tales con independencia, de modo tal, que al haberse agotado precisamente la instancia, al haber sido conocido el asunto tanto por la Sala 1 al desestimar una denuncia, como por la Sala 2 que por vía de apelación revocó lo antes resuelto, se han agotado los grados posibles de conocimiento de hecho y derecho, lo que constituye también otra de las garantías del debido proceso, que permite dar certeza final a lo resuelto, sin eternizar los conflictos más allá de lo razonable; por consiguiente, la interposición de una nueva apelación respecto de lo resuelto por el órgano que a su turno conoció por dicha vía, no es pertinente ni tampoco importa procesalmente hablando, una vulneración de derecho alguno, ya que se cumplió con la posibilidad de que el asunto fuere visto en una doble instancia.

7°.- Que lo expuesto en el motivo anterior, fue corroborado con el mérito de los documentos acompañados tanto en el libelo recursivo como en el informe del recurrido, de los que aparece la reglamentación aplicable y de las resoluciones dictadas durante la sustanciación del proceso, cuyo mérito no ha sido atacado, sino sólo su pertinencia procesal.

8°.- Que en base a todo lo expuesto y no existiendo afectación al debido proceso, se despeja también suficientemente la pretendida vulneración del derecho a la igualdad ante la Ley, ello por cuanto, no es efectivo que se hubiere privilegiado a un denunciante en un procedimiento disciplinario que concluyó desestimando su denuncia, con la concesión de un recurso del cuál no disponía, porque tal como se anotó, dicha posibilidad está expresamente permitida por el Reglamento a que se ha hecho reiterada mención, en términos generales, para cualquier parte del asunto; de la misma manera, tampoco se ha tratado ilegalmente al recurrente por vedársele la posibilidad de deducir una apelación respecto del pronunciamiento de órgano de segunda instancia, por cuanto aquello no sólo está vedado para cualquiera en el señalado Reglamento, sino que obedece al principio procesal que no existe apelación sobre apelación, vinculado tanto a la garantía de la concesión del recurso, de la celeridad del proceso y de la doble instancia, todas ellas manifestaciones del debido proceso.

9°.- Que, en consecuencia, no existiendo acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la recurrida, que prive, perturbe o amenace los derechos de los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, la acción intentada por el actor será desestimada, tal como se dirá.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el interpuesto por don nombre reservado, contra la Primera Compañía del nombre reservado.

Redacción Ministro (s) José Marinello Federici.

No firma el Ministro (s) señor Marinello, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones en esta Corte.

Rol Ingreso Corte 61041-2020 Protección.