nombre reservado con AFP HABITAT

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que, acciona de protección nombre reservado, española, Doctora en Filosofía, domiciliada en domicilio reservado, contra la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por negar la devolución de sus fondos previsionales, afectando su garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política.

Relata que, en el mes de octubre del año 2004, llegó a Chile, cumpliendo con el designio de la Cruzada de Santa María, instituto secular al cual pertenece desde los 20 años, firmando en abril de 2005 su primer contrato de trabajo con la Universidad Santo Tomás y desempeñándose allí hasta junio de 2025 como directora de Formación General. El 25 de junio del año 2025, regresó a vivir a España, por mandato de la Cruzada de Santa María, dejando ingresada la solicitud a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. para la devolución de sus fondos de pensiones, según lo previsto en el artículo 7° de la Ley N°18.156; sin embargo, el 11 de diciembre de 2025, recibió un correo electrónico de la AFP negándole esa opción porque su título de licenciada no tiene valor al no estar legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que no es efectivo pues antes de venir a Chile solicitó la visa de trabajo, legalizando su título ante el Consulado de Chile en España y luego en Chile, por lo que fue contratada por la casa de estudios precisamente por su calidad de licenciada primero y doctorada después, como dan cuenta los certificados que adjunta.

La resolución de la AFP indica que manifestó su voluntad de mantener el régimen de seguridad social fuera de Chile, pero que en los hechos su empleador retuvo parte de su remuneración mensual para enterarla en su cuenta de capitalización individual que mantiene con la recurrida. Desde que comenzó a trabajar en España para la Universidad San Pablo C.E.U, en el año 2001, registra cotizaciones de seguridad social y ahora que he vuelto a su país de origen le han seguido pagando dichas imposiciones por su contrato de trabajo con la Universidad Pontificia de Salamanca.

Agrega que en su contrato de trabajo no existe manifestación de voluntad en cuanto a adscribir a uno u otro sistema de previsión social, por lo que la Administradora de Fondo de Pensiones no puede presumirla. Y es una cuestión de hecho y de conocimiento público que las cotizaciones previsionales son de propiedad del cotizante, pues se trata de un descuento que realiza el empleador de la remuneración mensual del trabajador, para declararla y pagarla en la AFP, el no pago de dichos fondos puede incluso ser constitutivo del delito de apropiación indebida.

Estima vulnerada su garantía de artículo 19 N°24 de la Constitución Política. La Ley N°18.156 habilita a los trabajadores extranjeros a solicitar la devolución de sus fondos previsionales, cumpliendo con ciertos requisitos, los que cumple.

Pide que se ordene a la AFP la devolución total y completa de sus fondos previsionales.

Segundo: Que la AFP Habitat S.A. evacua informe pidiendo que el recurso se declare extemporáneo atendido que la recurrente ingresó una solicitud de devolución de fondos previsionales el 9 de septiembre de 2025, la que fue rechazada el 22 de ese mismo mes y año. Y no se registran presentaciones posteriores.

En cuanto al fondo aclara que la recurrente omite señalar que los documentos de titulación no fueron legalizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, para completar su autentificación y que tampoco cumple con los demás requisitos legales.

Estima, por último, que esta vía no es la adecuada para la discusión sobre esta materia, niega que la recurrente tengo un derecho indubitado y considera que no existe vulneración a garantía constitucional alguna.

Tercero: Que, en lo concerniente a la extemporaneidad, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la presente acción deberá interponerse en el plazo fatal de treinta días corridos desde el hecho que lo motiva, o desde que se tuvo conocimiento del mismo. Sin embargo, en este caso la negativa se ha mantenido en el tiempo, razón por la cual este argumento será desestimado.

Cuarto: Que en cuanto al fondo, la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

Quinto: Que de acuerdo con lo anterior esta acción constituye jurídicamente una de carácter cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, sin que pueda serle restringida dicha facultad.

Sexto: Que la Ley N°18.156 en su artículo 1° señala: “[l]as empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

Precisando el artículo 7° que “[e]n el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que lo anterior significa, para el caso de la recurrente, que para pedir la devolución de sus fondos previsionales debe tener un título técnico, estar afilada en el extranjero a una entidad que le otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte y que haya manifestado su interés en mantener ese sistema fuera de Chile en su contrato de trabajo.

Octavo: Que de tales requisitos -según el informe evacuado- solo se objeta que su título de licenciada y doctorada en filosofía no esté legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, atendido que entiende que los apostillados consulares no son suficientes. De manera que para despejar este punto ha de entenderse que la AFP asimila sus grados académicos a los técnicos -mínimos- que la norma exige, cuestión acorde al espíritu de la ley que estableció esta modalidad para atraer justamente a mandos medios o trabajadores calificados que aporten con su trabajo en el país al desarrollo local pero que no tienen como proyecto de vida quedarse en territorio nacional sino regresar a sus países de origen una vez terminada su vida laboral.

Indudablemente una docente que ha alcanzado el grado de doctorada y ha contribuido como directora de Formación General de una universidad reconocida por el Estado se encuentra dentro del perfil de trabajadores/as que contempla la hipótesis legal.

Noveno: Que aun cuando la disposición legal contenida en la Ley N°18.156 no indica que los documentos deben ser “legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile” es útil recordar que la legalización es una certificación de firmas de documentos que no se pronuncia sobre el contenido del mismo pero que otorga certeza de su existencia legal del instrumento en el país de origen, lo que puede realizarse en los consulados de Chile en el extranjero, así se desprende del artículo 2° del Decreto 172, Reglamento Consular: “[l]os Cónsules de Chile son nombrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y, entre otras funciones o atribuciones tienen la de proteger los intereses comerciales y marítimos de Chile o de sus nacionales, prestar asistencia y amparar a éstos, solemnizar actos jurídicos o de estado civil que tendrán efecto en Chile, promover el turismo hacia el país, divulgar el conocimiento de Chile en su circunscripción consular y ejercer - en general - todas aquellas actuaciones que el Estado receptor acepte o admita que se ejecuten en su territorio, sea en virtud de Convenciones Consulares bilaterales o multilaterales, el Derecho Internacional Consuetudinario, la práctica, costumbres o usos generalmente aceptados y reconocidos por los Estados”. Pero también de la referencia misma que se efectúa en nuestras normas procesales generales para la demostración de un documento.

Décimo: Que así se desprende del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece que “[l]os instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas. La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes: 1°. El atestado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores; 2°. El atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a que pertenezca el agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y 3°. El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República”.

Undécimo: Que, por lo tanto, la exigencia de la recurrida, va más allá del tenor de la disposición pero también se aleja del sistema de legalizaciones generales que nos rige y con ello conculca los derechos que tiene la extranjera para retirar sus fondos de pensiones en Chile, pues se encuentra en posesión de un título reconocido, tiene las certificaciones de su previsión en España y su contrato hace la reserva respectiva que la habilita para invocar la aplicación de la Ley N°18.156.

Duodécimo: Que el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental establece que “[l]a Constitución asegura a todas las personas: 24°.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. Propiedad sobre sus fondos de previsión que pone a la trabajadora, extranjera en una situación de pérdida irreparable dado que se encuentra afiliada a una entidad en España de la que obtendrá la protección de seguridad social que ha elegido.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado contra la AFP Habitat S.A., debiendo esta última proceder a la devolución de los fondos de pensiones de la recurrente indebidamente retenidos.

Redactó la ministra señora Poza.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-610-2026.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada, además, por el ministro señor nombre reservado y el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.