Protección contra resoluciones 367/2019

Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

1°.- Que comparece don nombre reservado en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, quien interpone recurso de protección en contra de resoluciones 367/2019, 368/2019 y 369/2019 dictadas por don nombre reservado, Inspector Comunal del Trabajo de Santiago Sur Oriente atendido que al dictar dichas resoluciones ha cometido un acto ilegal y arbitrario qué perturba el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 19 N°3 inciso 5 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el día 25 de enero de 2019 se llevó a cabo una fiscalización en la Corporación Municipal respecto de los Jardines Infantiles administrados por ella. En el contexto de esta fiscalización se levantó acta de constatación de infracciones y compromisos de corrección, cursando las siguientes infracciones:

a) Resolución de multa N°7875/19/4, de fecha 30 de enero de 2019 que constató como infracción no consignar por escrito en el contrato de trabajo monto forma y período del pago de las remuneraciones, bono de gestión respecto de los trabajadores del establecimiento A- 52 José Toribio Medina y sancionó la no exhibición de toda la documentación exigida citándose para ser exhibida el día 30 de enero de 2019 en las dependencias de la Inspección Comunal de Santiago.

b) Resolución de multa N° 7875/19/19, en esta resolución la fiscalizadora señala nuevamente que no se exhibió toda la documentación exigida para efectuar las labores de fiscalización concernientes al correcto pago de la remuneración de asignación de homologación de la ley N° 20.905, respecto de trabajadores que indica.

c) Resolución N° 7875/19/9, la que nuevamente señala que no se exhibe la documentación para ejercer las labores de fiscalización en relación con la asignación de homologación de Ley N°20.905 y no pagar la remuneración consistente en asignación de homologación de los trabajadores que individualiza.

En efecto se cursan 6 multas contenidas en estas tres resoluciones, respecto de las cuales su parte interpuso recurso de reconsideración administrativa, el cual fue rechazado por la autoridad, en las resoluciones que por este medio se impugnan confirmando las multas las cuales ascienden a 160 UTM y 60 IMM.

Explica cada una de las resoluciones indicando cuales fueron los argumentos para su reconsideración, los cuales fueron rechazados por la recurrida. En este punto en cuanto a la resolución N°367/2019, se rechazó la reconsideración indicando que su parte no habría acreditado el error de hecho y tampoco accede a la rebaja de la multa indicando que no se acreditó el cumplimiento de la norma infringida. En este punto lo alegado por la recurrente acerca del error de tipo por cuanto el artículo 11 del Código del Trabajo señala que las modificaciones del contrato se deben consignar por escrito, sin embargo no será necesario cuando los aumentos estén establecidos en contratos o convenios colectivos de trabajo, lo que precisamente ocurre en el presente caso, respecto del Bono de gestión por cuanto este se encuentra regulado en el Reglamento Interno de orden Higiene y Seguridad por lo tanto incorporada en cada uno de los contratos de los trabajadores. En este caso la arbitrariedad viene dada por cuanto se opta por sancionar a la recurrente aún con evidencia de cumplir con la legislación vigente y no se hace cargo del argumento incoado en su recurso de reconsideración.

Luego impone 3 multas distintas por el mismo hecho, cual es no exhibir la documentación requerida, con lo que se vulnera el principio non bis in idem imponiendo 3 multas de 20IMM cada una, lo que fue ratificado al rechazar el recurso de reconsideración en este sentido. En este punto para mantener la resolución solicitada reconsiderar se señaló que no se presentó la documentación durante la fiscalización y no se dio excusa válida por no haberla presentado posteriormente.

Sin embargo, indica que al momento de requerir la documentación se refiere "antecedentes que permitan mejor resolver la homologación de sueldos" sin especificar la documentación que puntualmente debía ser exhibida, por lo tanto se le sanciona arbitrariamente, por no exhibir documentos que nunca fueron solicitados.

Y finalmente en cuánto la multa por no pagar remuneración consistente en asignación de homologación, la Inspección del Trabajo excede sus facultades por cuanto la Corporación informó oportunamente, que su entidad funciona únicamente como agente retenedor y pagador, por cuanto es la JUNJI quien entrega los dineros. En este sentido hubo meses en que la asignación fue pagada con desfase, pero la JUNJI no entregó los dineros a tiempo, lo cual fue demostrado al exhibir y acompañar los comprobantes de fondos recibidos.

Solicita tener por Interpuesto recurso de protección y, en definitiva declarar que al confirmar la imposición de las multas mediante las resoluciones impugnadas el recurrido ha actuado en forma arbitraria y legal debiendo dejarse sin efecto la imposición de las multas con expresa condenación en costas.

2°.- Que informando don nombre reservado en representación de Inspección Provincial Sur Oriente señala la improcedencia del recurso de protección en atención a la naturaleza del acto recurrido indicando que el recurso se está utilizando como un sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias que fueron establecidas en procedimientos específicos y reglados desconociendo el sistema procesal vigente. Cita jurisprudencia en este sentido.

Luego señala la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos constitucionales indicando que no se cumple con un actuar arbitrario o ilegal por cuanto la especie al emitir las resoluciones que se pronuncian sobre la reconsideración administrativa el ente administrativo se ajustó a las facultades que el propio ordenamiento jurídico pone a su cargo por lo que malamente se podrían tildar de arbitrarias o ilegales por lo tanto careciendo el recurso de objeto y causa solicita que sea desechado.

En subsidio informa sobre los hechos y circunstancias que dieron lugar al recurso. Señala que es efectivo que en el curso de la fiscalización se impuso multas a la Corporación Municipal de Ñuñoa. Destaca que los textos escritos en las multas gozan de presunción de legalidad establecida en el artículo 23 del DFL N°2 de 1967.

Expone que el recurrente optó por la vía administrativa para impugnar aquellas resoluciones conforme al artículo 511 del Código del Trabajo, transcurriendo el plazo para la revisión jurisdiccional de las mismas.

Finalmente niega la vulneración a las garantías constitucionales y solicita el rechazo del recurso.

3°.- Que para que proceda el recurso de protección se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho evidente y no disputado del reclamante que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

4°.- Que de los antecedentes aportados por la parte recurrente y apreciados de conformidad a la normativa correspondiente, permite arribar a que la vía empleada por la recurrente para solucionar el conflicto denunciado, no ha sido el procedimiento adecuado.

En el escenario descrito, esta Corte y esta acción no resultan ser ni el órgano ni el procedimiento idóneos, de acuerdo a la normativa constitucional que regula la materia, para obtener una declaración como la que se pretende por la recurrente. Si la ley permite proceder de un modo determinado y al hacerlo se considera se lesiona arbitrariamente un derecho fundamental reconocido y protegido por la Constitución, el problema se circunscribe, en último término, a una eventual inconstitucionalidad de esa ley, mas no a un defecto de la institución o persona que se limita a darle estricta aplicación.

5°.- Que por lo tanto, la acción cautelar intentada debe ser rechazada por no ser ésta la vía para reclamar de una materia que es de conocimiento de los órganos respectivos, esto es, el Tribunal Constitucional o los Juzgados de Letras respectivos.

Por estas consideraciones y de conformidad, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa en contra del Inspector Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Solís.

Rol N° 60.995-2019