nombre reservado con DIRECCION DEL TRABAJO METRPOLITANA PONIENTE

Santiago, veinte de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Claudia Donaire Gaete, abogada, en representación de la FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE OFICIALES DE NAVES MERCANTES Y ESPECIALES DE CHILE, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de la Directora del Trabajo (S), doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, para que se declare que lo resuelto en su Ordinario 1805/11 de fecha 08 de junio de 2020 constituye un acto arbitrario que amenaza y priva a su representada de los derechos asegurados en el artículo 19 número 1° de la Constitución Política de la República y que, por lo tanto, debe dejarse sin efecto. Expone que mediante Ordinario N°1805/11, de fecha 8 de Junio de 2020, la recurrida reconsideró parcialmente la doctrina contenida en dictámenes anteriores números 5163/83 de 22 de diciembre de 2014 y 3009/44 de 17 de junio de 2015, referida a “Personal Embarcado; Turnos de Capitán y Jefe de Máquinas”, disponiendo en su resumen que No existe impedimento alguno para que el capitán y el jefe de máquinas cumplan turno de guardias de mar en la medida que así lo hayan acordado las partes, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 26 del año 1987, Reglamento de Trabajo a Bordo en Naves de la Marina Mercante Nacional, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La doctrina contenida en los Ordinarios N° 5163/083 y N° 3009/44, disponía que las labores del Capitán y del Jefe de Máquinas deben considerarse como labores continuas y sostenidas mientras permanezcan a bordo y que dichos tripulantes están liberados, por la función que cumplen, de efectuar turnos de guardia de mar, concluyendo en definitiva, que las naves deben disponer de una cantidad mayor de tripulantes para efectos de que estos puedan cumplir sus labores y descansos abordo, conforme a las normas laborales sobre la materia. Señala que la arbitrariedad de la actuación se configura en la conclusión a la que arriba al reconsiderar la doctrina sostenida por dicho Servicio sobre jornada de trabajo y descanso del personal embarcado y en particular sobre las guardias de mar de Capitanes y Jefes de Máquinas. La Directora del Trabajo concluye que en virtud de los dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo 26 Reglamento de Trabajo a Bordo “No existe impedimento alguno para que el Capitán y el Jefe de Máquinas cumplan turno de guardias de mar en la medida que así lo hayan acordado las partes”. No obstante hace presente que el artículo 1° del reglamento citado es imperativo en cuanto señala que su objeto es regular el trabajo a bordo de naves de la Marina Mercante Nacional, clasificar la dotación de la nave y describir las funciones que a cada cargo corresponden. Por lo tanto, el uso de la expresión “y sin perjuicio de lo que convengan las partes”, queda subordinada al objeto del Reglamento sobre Trabajo a bordo de la gente de mar. Añade que el acto de la Directora del Trabajo contenido en el dictamen de 8 de junio de 2020 constituye un acto arbitrario, puesto que altera la construcción lógica, racional y apegada a la norma que el Dictamen 5163/083 y su complemento, N° 3009/44 de 17 de junio de 2015, que liberaron al Capitán y Jefe de Máquinas de la obligación de realizar turnos de guardia de mar, porque el carácter permanente de sus funciones reguladas por la ley y reglamento, lo impiden. En cuanto a los derechos vulnerados al reconsiderar la doctrina contenida en Dictamen 5163/083 con la dictación del Ordinario 1805/11, la funcionaria se hace eco de la postura e interpretación que los empleadores han intentado por años aplicar al Capitán y Jefe de Máquina, quienes sostienen que el Capitán debería laborar todo el tiempo que sea necesario, sin restricción horaria, 24 horas al día, durante todo el tiempo que permanezca embarcado, lo cual resulta contrario a la razón y a los derechos constitucionales más elementales. Lo mismo debiera suceder con el Jefe de Máquinas. En efecto, el sistema de jornada de trabajo impuesto sobre la base de convertir en permanentes las dotaciones mínimas de seguridad, que por su naturaleza son excepcionales, ha eliminado en la práctica las dotaciones operacionales/comerciales, lo que ha afectado permanentemente el derecho al descanso del Capitán y del Jefe de Máquinas. Al obligar a estos oficiales a cumplir sus funciones legales y además a realizar turnos de guardia de mar, dado el sistema de dotaciones mínimas de seguridad, se ha afectado en forma permanente el derecho a descanso de los Capitanes y Jefes de Máquinas, pues no descansan el mínimo de horas contemplado en el artículo 116 del Código del Trabajo, debido a que se realizan siempre dos turnos diarios de 6 horas cada uno. Junto a lo anterior, además de no otorgarse el descanso legal de 8 horas continuas, aun cuando se trabaja en un régimen de 12 horas diarias, a los Capitanes y Jefes de Máquinas no se les pagan las horas extraordinarias trabajadas, pues los empleadores entienden que estos trabajadores están exentos de límite de jornada, por tanto, no importa la cantidad de horas que laboren, nunca tienen derecho al pago de exceso de jornada. Por ello es necesario establecer cuáles son los límites temporales del trabajo del capitán. Primero su derecho al descanso de 8 horas continuas en cada día calendario, al tenor de lo establecido en el artículo 116 del Código laboral, y el segundo, su liberación de la realización de turnos de guardia de mar, pues la propia regulación legal ha establecido personal ad hoc, oficiales cuyo título es precisamente el de oficiales guardieros. No cabe una interpretación “libre” con base en el artículo 108 como pretenden los armadores, que permite ahora la doctrina fijada arbitrariamente por la Directora del Trabajo, tratándose de una jornada de trabajo de 24 horas continuas durante periodos de navegación de 2, 3, 4 o más semanas. En efecto, detrás de la libertad que la Directora del Trabajo otorga a los armadores o empleadores mediante su Dictamen 1805/11, les otorga la posibilidad de ahorrar en la contratación de todo el personal necesario para la operación comercial de las naves, haciendo que se labore permanentemente con dotaciones mínimas de seguridad y no con las dotaciones comerciales que faculta la ley. La doctrina establecida por el Dictamen de la Directora del Trabajo (S), vulnera el principio de irrenunciabilidad de las normas laborales; otorga al armador de una posición de poder al negociar con el trabajador condiciones de trabajo por debajo del piso normativo, afectando, como se ha expuesto, la integridad física y psíquica del Capitán y del Jefe de Máquinas y con ello, a toda la dotación del buque. En cuanto a las guardias, atendidas las exigencias que el Código de Comercio, el Código del Trabajo, la Ley de Navegación y además normas pertinentes establecen acerca de las múltiples responsabilidades del Capitán y sus deberes de supervisión constante del conjunto de actividades a bordo, como de aquellos temas relacionados con la navegación, la legislación ha dispuesto que a este oficial no le compete cumplir turnos de guardia, pues tal labor está expresamente prevista para oficiales que le son subordinados. En efecto, el Reglamento de Trabajo a Bordo de las Naves de la Marina Mercante Nacional, en su artículo 10 inciso tercero, establece la existencia a bordo de las naves de oficiales y tripulantes guardieros, con funciones limitadas a la realización de guardias, no debiendo realizar en éstas otras actividades o labores ajenas a la mantención del servicio, salvo que aquellos cambios impostergables para la operación normal de la nave. En consecuencia, tal norma excluye la posibilidad de que quienes presten sus servicios como capitanes y jefes de máquinas ejecuten además períodos de guardia. Respecto de la situación del Jefe de Máquinas. Cabe señalar que el Convenio ya referido también se refiere a la situación de las guardias en la sala de máquinas, disponiendo al efecto que bajo la dirección del maquinista naval jefe, el maquinista naval encargado de la guardia será responsable de la inspección, el funcionamiento y la comprobación, según sea necesario, de las máquinas y el equipo que estén a su cargo. El maquinista naval encargado de la guardia es el representante del maquinista naval jefe, y la responsabilidad primordial que en todo momento recae en él es velar porque las máquinas de las que depende la seguridad del buque funcionen de modo seguro y eficaz y sean debidamente mantenidas. Destaca que los armadores o empleadores de la industria de marina mercante han argumentado sostenidamente que la situación de las dotaciones mínimas de seguridad para operar la navegación de las naves mayores es ya una costumbre y que además las partes pueden pactar libremente las condiciones de trabajo. En relación con el hecho señalado, los armadores y empleadores de sus representados, han argumentado que las guardias por parte de Capitanes y Jefe de Máquinas “se han venido realizando en el tiempo”, pero dicha práctica es ilegal y no constituye derecho. En conclusión con el Dictamen de 8 de junio de 2020, se pretende reconducir la situación de ilegalidad en que permanentemente han actuado una mayoría de los armadores, de vulneración de las normas sobre jornada, funciones y descanso, mediante la reducción del personal a bordo, vía dotaciones mínimas de seguridad, sin cubrir las dotaciones comerciales requeridas para una función operacional continua, por razones de exclusiva conveniencia económica, de lo cual han usufructuado durante los últimos veinte años. En síntesis, las fiscalizaciones realizadas por la Dirección del Trabajo a los empleadores del sector, entre otras las que consignan los dictámenes 5163/083 y 3009/44 ya mencionados, dan cuenta de lo que entienden los empleadores del sector como libertad para acordar condiciones especiales de trabajo y descanso con sus trabajadores; en consecuencia, es evidente que el dictamen de la Directora del Trabajo N° 1805/11 justificará la libertad de los empleadores para pactar con los trabajadores embarcados sistemas de trabajo, descanso y funciones por debajo de los pisos mínimos establecidos por la ley, haciendo imposible el ejercicio del derecho al descanso a bordo entre jornadas y el cumplimiento de funciones definidas por la ley. Volviendo al argumento del acto del Dictamen 1805/11 de 8 de junio 2020, por el que la Directora reconsidera la doctrina existente sobre la materia y concluye que, al no existir una prohibición imperativa de la ley, “no existe impedimento alguno para que el capitán y el jefe de máquinas cumplan turnos de guardias de mar en la medida que así lo hayan acordado las partes, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 26 de 1987”, es imperativo sostener, en resguardo de la naturaleza del derecho laboral, que no resulta necesario que la ley laboral prohíba expresamente una conducta, si ella está configurada como derecho, sea en el Código del Trabajo o en otras normas legales. Por ello, si los capitanes y oficiales no están obligados a realizar guardias en las embarcaciones, ello constituye un derecho, ligado estrechamente al límite de su jornada de trabajo y, por tanto, a su derecho al descanso y, en consecuencia, es irrenunciable. En cuanto a las garantía conculcada se amenaza y perturba el derecho a la integridad física y psíquica al permitir que el Capitán y Jefe de Máquinas realicen turnos de guardia de mar en forma simultánea a sus funciones, que son “permanentes y continuas mientras se encuentre a bordo de la nave”, poniendo en riesgo con ello la seguridad de las personas a bordo y de la misma navegación. En suma, el acto de la Directora del Trabajo es grave, porque al modificar la doctrina existente sobre una materia que además está especialmente regulada por el Código del Trabajo y el Reglamento de Trabajo a Bordo además de otros importantes cuerpos legales, está emitiendo la opinión jurídica que tiene el Servicio sobre una materia específica de la legislación laboral, en el ejercicio de la facultad legal de interpretar la legislación laboral y, al establecer la doctrina ya tantas veces citada, fija mediante el dictamen, una instrucción de carácter obligatorio para los funcionarios de la Dirección del Trabajo; en consecuencia, lo que ayer se sancionaba como incumplimiento de la legislación laboral, en virtud de una determinada doctrina, hoy ha pasado a ser una conducta ajustada al cumplimiento normativo en virtud de la actuación de la Directora del Trabajo mediante la emisión del Dictamen 1805/11 de pasado 8 de junio de 2020. En suma, el cambio de doctrina de la Dirección del Trabajo afecta el cumplimiento normativo laboral sobre trabajo a bordo de naves de la marina mercante nacional, que es menester tener presente se encuentra regulado en los siguientes cuerpos legales:

1. Constitución Política de la República, Artículo 19 N° 1° sobre protección de la integridad física y psíquica de todas las personas.

2. Código del Trabajo, artículos 96 y siguientes, que regulan el trabajo de la gente de mar.

3. Código de Comercio, artículos 905 y siguientes, que establecen las funciones y obligaciones de los capitanes de la marina mercante.

4. D.L. 2.222 de 1978, que sustituye la Ley de Navegación.

5. Reglamento de Trabajo a Bordo de la Marina Mercante Nacional, Decreto 26 de 1987 del Ministerio del Trabajo.

6. Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, de 1978, promulgado por Decreto 662 del Ministerio de Relaciones Exteriores 7 de octubre de 1987.

7. Reglamento General de Matricula del Personal de Gente de Mar, Fluvial y Lacustre; Decreto Supremo (M) N° 153, de 1966 de DIRECTEMAR.

8. Reglamento para Fijar Dotaciones Mínimas de Seguridad, Decreto Supremo Nº 31, de 1999, Artículo 8°.

9. Reglamento sobre Formación, Titulación y Carrera Profesional del Personal Embarcado – D.S. (DN) N° 90, de 1.999, Artículo 23º, inciso 2°.

10. Reglamento sobre Formación, Titulación y Carrera Profesional de la Gente de Mar”. D.S. (DN) Nº127, de 2019, Artículo 23, inciso 2°.

Finalmente, es bueno aclarar que, “la primacía de la realidad” sobre la que pretende amparar su dictamen y cambio de doctrina la Directora del Trabajo (S), se encuentra dentro de lo que se denomina el “principio de la protección”, que tiene rango constitucional en Chile , siendo este es un criterio fundamental que orienta a todo el Derecho Laboral, su fundamento está ligado con la propia razón de ser de esta rama del Derecho, disciplina que históricamente nació como consecuencia del hecho que, la libertad de contratación entre personas con desigualdad de poder económico conducía a serios abusos en reiteradas ocasiones. Expone finalmente que el principio “primacía de la realidad”, es un criterio protector, lo cual significa que, en un caso discordante entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir a lo que sucede en el terreno de los hechos y no podría aplicarse en este caso el principio “primacía de la realidad”, basado en la práctica ejecutada por los armadores con sus trabajadores, pues los acuerdos sobre una materia regulada infringen lo que establece el Reglamento de Trabajo a Bordo de las Naves de la Marina Mercante, que impide a los oficiales reemplazar al Capitán o al Jefe de Máquinas en sus funciones, y a su vez, el Capitán y el Jefe de Máquinas no pueden hacer la guardia de los oficiales guardieros, dadas las características especiales y permanentes de las funciones que los primeros cumplen a bordo de las naves de la Marina Mercante.

Pide dejar sin efecto el Dictamen 1805/11 de 08 de junio de 2020, y en su lugar mantener la doctrina fijada por dicho Servicio sobre Personal Embarcado, Descansos y Guardia de Mar, contenida en Dictámenes 5163/83 de 22 de diciembre de 2014 y 3009/44 de 17 de junio de 2015.

SEGUNDO: Que la recurrida pide el rechazo de la acción deducida en su contra ya que el recurso de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando éste ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran, es decir constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado. En el caso se ha interpuesto un recurso de protección en contra de un Dictamen que interpreta la ley laboral en ejercicio de atribuciones legales, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 504 del mismo cuerpo legal, en tanto la pretensión del recurrente se circunscribe al cuestionamiento del mérito de lo interpretado por este Servicio. Es decir, lo que busca la recurrente es que se resuelva una cuestión de fondo, cuestión que escapa del margen de esta acción cautelar. En tal sentido la ley establece procedimientos ordinarios para recurrir en contra resoluciones administrativas de los servicios públicos, cuando se pretenda modificarlas o dejarlas sin efecto. Al respecto, la letra e) del artículo 420 del Código del Trabajo establece expresamente que son de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: “las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social”. Por otra parte, se hace presente que existe jurisprudencia que ha resuelto esta temática, sentencias en las cuales se ha acogido la tesis señalada, puesto que el recurso de protección se ha utilizado como un mero sustituto procesal, de procedimientos especiales expresamente contemplados en la ley. Así por ejemplo en causa seguida ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en Rol Nº 6298-2004. Por otra parte el recurso de protección es improcedente, en cuanto la naturaleza del acto recurrido y consecuente falta de legitimación pasiva de la Dirección del Trabajo. En efecto, señala como se puede apreciar el acto administrativo en contra el cual se recurre es el Dictamen N° 1805/11, de fecha 08 de junio de 2020. Sin embargo, el acto administrativo de interpretación de acuerdo con la facultad que la ley ha entregado a la Dirección del Trabajo no es capaz de ejecutar ninguna acción concreta de privación de garantías constitucionales como se ha expuesto en la presente acción constitucional. En este punto, precisa que el artículo 5° del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija las funciones de la Dirección del Trabajo, prescribe que a su Director “le corresponderá especialmente: (…) b) Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación social, sin perjuicio de la competencia que sobre determinadas materias tengan otros Servicios u Organismos Fiscales, salvo que el caso esté sometido al pronunciamiento de los Tribunales y esta circunstancia esté en su conocimiento”. En la especie se ha procedido -por la vía de facultades legales- a interpretar preceptos laborales que regulan una relación jurídica de carácter privado, función hermenéutica que, por la propia naturaleza de la relación laboral, la ley ha reservado de manera privativa al órgano con competencia técnica sobre el particular, esto es, a la Dirección del Trabajo. Aclarado este punto, corresponde hacer presente que tratándose el dictamen recurrido del ejercicio de esta potestad interpretativa, la cual tiene por objeto dictaminar el alcance o interpretación que debe darse a algún precepto legal, no es posible sostener que dicho acto administrativo sea susceptible de ser atacado mediante un recurso de protección, ya que la mera opinión administrativa de la ley no es vulneradora por sí misma. La facultad de interpretar la ley laboral que ostenta este Servicio, desde luego lleva consigo fijar el sentido y alcance de las disposiciones que resultan atingentes al caso de que se trata. En esta dirección, atendido que no se cuestiona que la Dirección del Trabajo realiza una función pública y que, por lo tanto, se haya sujeta al control de juridicidad, sólo puede concluirse que el Dictamen N° 1805/11, de 8 de junio de 2020 ha sido emitido por la autoridad competente, en los casos establecidos por la ley y dentro de la esfera de sus atribuciones, sin que se divise la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación que se impugna. Finalmente, cabe hacer presente que en la redacción del recurso de protección intentado en contra de este Servicio, aparece claramente a juicio de los recurrentes que los actos que en rigor podrían vulnerar las garantías constitucionales denunciadas serían eventualmente la posibilidad de pactar de común acuerdo la realización de guardias por parte de capitanes y jefes de máquinas -pactos que por lo demás serían entre un empleador y un trabajador-, existiendo una clara y consecuencial falta de legitimación pasiva, en cuanto el recurrido en esta causa no ha ejecutado acto material alguno que pudiera privar de algún derecho o garantía a los recurrentes. Como un tercer argumento para rechazar la acción de protección afirma que no existe en el caso concreto un derecho indubitado que proteger en favor de los recurrentes. Cita jurisprudencia al efecto.

Por lo expuesto, no cabe más que el rechazo del recurso de protección por cuanto los recurrentes no han requerido la protección de un derecho que preexista en forma indubitada en su favor.

TERCERO: Que son partes como terceros coadyuvantes de la recurrida la Federación de Sindicatos Navieros Trabajadores del Sur y el Sindicato Interempresa Oficiales Marina Mercante “Austral” de la Décima y Undécima Región.

CUARTO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que habrá que reiterar lo que ya tantas veces se ha dicho por los tribunales superiores de justicia: el recurso de protección no es un sustituto procesal de las acciones que la ley prevé sino que, tal como se señaló en el motivo anterior, una acción de emergencia que la Constitución contempla para los atentados a aquellos derechos indubitados mencionados en su artículo 20. Luego, si en la especie la letra e) del artículo 420 del Código del Trabajo con relación al artículo 504 del mismo texto, entrega al conocimiento de los tribunales del trabajo “las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social”, pues esa es la vía idónea para impugnar el Dictamen de la Dirección del Trabajo que le causa agravio a la recurrente, instancia que permite impugnar lo decidido mediante el correspondiente recurso de nulidad para ante la Corte de Apelaciones respectiva y, en su caso, ante la Corte Suprema, a través del recurso de unificación de jurisprudencia.

SEXTO: Que, en todo caso, la letra b) del artículo 5° del DFL 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo señala que es función del Director del Trabajo “Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación social, sin perjuicio de la competencia que sobre determinadas materias tengan otros Servicios u Organismos Fiscales, salvo que el caso esté sometido al pronunciamiento de los Tribunales y esta circunstancia esté en su conocimiento”, de manera que difícilmente podrá argüirse que el emitir un dictamen sobre un asunto sometido a su conocimiento y dentro de su órbita legal tenga el carácter de ilícito o de arbitrario. Ciertamente se podrá estar en desacuerdo con la referida interpretación y serán los tribunales de justicia los que, en definitiva conocerán de la reclamación que el que se dice agraviado interponga en virtud de lo que dispone la letra e) del artículo 420, con relación al artículo 504, ambas disposiciones del Código del Trabajo.

SÉPTIMO: Que, finalmente, como lo dice la norma de la letra b) del artículo 5° del DFL 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo, la interpretación que hace el Director del Trabajo es una administrativa que no obliga a los tribunales de justicia. De hecho, una de las razones de la autoridad para cambiar su criterio anterior en la materia que regula su dictamen fue, precisamente, la más o menos reiterada jurisprudencia de los tribunales con competencia en materias del trabajo que asentaron como doctrina precisamente la que ahora se refleja en el acto recurrido. De hecho, el 30 de octubre pasado la parte recurrente acompañó como antecedente el fallo dictado el 30 de agosto de 2019, por el Juez Moisés Montiel Torres, en los autos I-33-2019, y la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que rechazó un recurso de nulidad interpuesto en su contra, confirmando la doctrina respecto de que el Capitán y el Jefe de Máquinas no pueden ser destinados a realizar turnos de guardia, esto es, precisamente lo contrario de lo que sustenta la Dirección del Trabajo en su Dictamen.

OCTAVO: Que, entonces, tanto porque la materia de autos debe ser conocida y resuelta a través de un juicio propiamente dicho en virtud de lo que disponen la letra e) del artículo 420 y el artículo 504 del Código del Trabajo; cuanto porque la Dirección del Trabajo tiene entre sus facultades legales hacer la interpretación administrativa de la legislación y reglamentación de índole laboral; y porque dichos Dictámenes no son obligatorios para los tribunales de justicia, el recurso debe ser desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos antecedentes.

Redacción del Ministro señor Mera.

No firma la Ministra señora Leyton, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Regístrese y comuníquese.

N° 60.873-2020.