nombre reservado con nombre reservado

Santiago, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el primero de septiembre de 2017, comparece doña nombre reservado, educadora de párvulos y directora del Jardín Infantil “Yumbel Montessori SpA”, domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado, ignora actividad, domiciliada en domicilio reservado, por una serie de actos ilegales y arbitrarios cometidos, consistentes en la realización de una serie de imputaciones difamatorias y deshonrosas, además, de la difusión de las mismas a través de sitos de internet, específicamente Facebook en su descrédito que le producen una grave privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de su garantía constitucional consagrada en el N° 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, consistente en el respeto y protección a su vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia, fundada en los siguientes hechos:

Expone que dicho derecho se ve afectado por la publicación en la página Facebook de la recurrida, denominada “nombre reservado” de una “denuncia” el día 03 de agosto de 2017 por supuestos maltratos en contra de sus hijos ejecutados por su persona en calidad de directora del Jardín Infantil, cuyo texto es el siguiente:

“Denuncia. Es muy difícil para mí escribir esto, uno siempre lee cosas en redes sociales y nunca piensa que le va a pasar a uno. Hoy me enteré que en el Jardín Yumbel Montessori, maltrataron a mi hija, la directora nombre reservado obligó a mi hija a comer, teniéndola 1 hora llorando y presionándole su carita para que abriera su boca y comiera, lo encuentro terrible, incluso cuando le pregunté a mi hija por esto, ella misma me lo confirmó, tiene 3 años, los niños no mienten. Todo esto lo supe, porque cuando llegué hoy a dejar a mis hijos al jardín, una de las parvularias salió corriendo y llorando del jardín, la alcancé para saber que pasaba y me dijo que renunciaba por maltrato psicológico por parte de la directora. Después me contó más detalles de sus maltratos a sus parvularias y a los niños, como por ejemplo que a mi otro hijo lo dejó encerrado toda una tarde en su oficina, porque se peleó con otro compañero. Si bien no fueron golpeados, me parece que en un jardín infantil no puede existir este grado de violencia y de opresión, hasta cuando abusan de la gente que no se puede defender! (sic) Cuando retire a mis hijos y me despedí de las otras parvularias, les comenté la situación y se quedaron calladas, sin mostrar sorpresa de lo que les taba comentando, queda claro que todas están al tanto de los maltratos de esta sra. Directora nombre reservado y con todos sus cursos de Montessori. La parvularia fue a poner una denuncia a la inspección del trabajo, por malos tratos y se enteró que esta señora ya cuenta con otras 2 denuncias. Por favor ayúdenme a difundir para que esta señora no siga ejerciendo ni menos esté a cargo de un jardín infantil, ESTO NO PUEDE SEGUIR PASANDO, BASTA YA!!!

La recurrente dice que luego la denostación sigue hacia su persona en publicación que hace en la misma red social el 5 de agosto de 2017, la que es del siguiente tenor:

“RESPECTO A MI DENUNCIA DE MALOS TRATOS DEL JARDIN INFANTIL YUMBEL MONTESSORI!...Hace poco leí el comentario que hizo una apoderada del jardín, haciendo alarde de “los avances de su hija y de lo feliz que iba todos los días al jardín, que para q (sic) publico esto, que mejor lo vea con la justicia”… me surgen tantos pensamientos al respecto….pero nadie está criticando eso, de hecho mi hijo si ha tenido avances tb, (sic) eso no lo niego, que son gracias a la orientación de su parvularia a cargo, pero a la par de eso están estas otras situaciones que EXISTEN, que pasan con la directora y dueña del jardín, sumado a sus malos tratos hacia las parvularias. 2do no puedo creer que alguien cuestione o sea indiferente a este tipo de abusos, estamos hablando de una educadora, de alguien a cargo de nuestros niños!!! Y 3ro lo público porque creo en la justicia social, porque últimamente es lo más efectivo para denunciar y me siento en el deber de hacerlo público, porque si no lo hiciera estaría siendo cómplice.” Se acompaña copias autorizadas ante Notario Público de ambas publicaciones.

Agrega, que el mismo día jueves 3 de agosto de 2017 la recurrida retiró del jardín a sus hijos, los menores Lorenzo y Mariana, ambas de apellidos Chiuminatto nombre reservado de 4 años y 6 meses y 3 años de edad, respectivamente y ese mismo día subió a su página faceboock el primer acto difamatorio, con hechos que alega son falsos y que la recurrida no los ha denunciado a la Policía o Juzgado de familia alguno, ni se ha querellado y le exigió verbalmente la devolución de la mensualidad de agosto pagada el día anterior, esto es, el día 2 de ese mes porque estaba retirando a sus hijos sin señalar la razón de ello, profiriéndole una amenaza al decirle “quiero la devolución de la mensualidad de mis 2 hijos que transferí ayer hoy sino te hundo a ti como persona y a tu jardín.”

Agrega, que la recurrida creó un whatsapp grupal (cuyo nombre ignora) donde incluyó a gran parte de los apoderados del jardín infantil y ex trabajadoras del mismo, profiriendo las mismas injurias y faltas a su honra, ya descritas, transcribiendo textos y audios ofensivos de diversa índole, según audios que le enviaron algunos apoderados incluido en dicho grupo.

Dice que la recurrida junto con denunciar los supuestos hechos a traves del medio social indicado, hizo una denuncia al Sernac cuyo número es el R2017W1647710 donde ya ha evacuado la contestación que adjunta, y otra a la Superintendencia de Educación, Sección Jardines Infantiles. Agrega, que a consecuencia de las falsas imputaciones de 25 alumnos han sido retirados 15 niños, lo que demuestra el efectivo daño que se le ha producido a su reputación y honra como educadora.

Pide se acoja el recurso, con costas, ordenando a la recurrida eliminar todo contenido publicitado en descrédito en los sitios web respectivos y que se abstenga de seguir realizando publicaciones de este tipo por cualquier vía, lo que no importa emitir un pronunciamiento en torno a la existencia o no de los hechos, sino solo dar protección a la recurrente que ha visto afectado su derecho a la honra por el actuar abusivo de la recurrida desde el momento que le imputa graves delitos contra menores sin que ello haya sido dirimido en sede judicial y su actuar no puede calificarse como el ejercicio legítimo de un derecho ya que para ello ha prescindido de la institucionalidad.

Explicando la naturaleza y fines de la acción de protección que en este caso tiene por objeto ver la afectación del derecho reclamado y no de la verdad o no de los hechos que deben ser esclarecidos en otras instancias.

Segundo: Que informando la recurrida nombre reservado, pide el rechazo del recurso, con costas, por ser improcedente.

Explica que lo publicado en las redes sociales se justifica plenamente en razón de la relevancia social que implican que hechos como los relatados sean conocidos por quienes puedan tener interés en ello y en ningún caso afectan los derechos constitucionales alegados como conculcados, pues las opiniones vertidas en la red social, siempre a modo de relato de experiencia personal han sido vertidas con responsabilidad, de manera prudente y proporcionada y que tiene por objeto dar cuenta de un hecho real y grave ocurrido en el jardín infantil que tiene a su cargo la recurrente, ya que tienen por objeto Dar protección de la integridad física y psíquica de los menores, lo que es de interés público, según ella cree.

Luego, explicando los hechos refiere que sus dos hijos asistían regularmente a dicho jardín infantil y el 3 de agosto se enteró por las parvularias de ese jardín que recibían malos tratos por parte de la Directora recurrente, razón por la que los retiró. Dice que en esa fecha allí trabajaba la parvularia doña nombre reservado, a cargo de su hija menor quien iba saliendo del establecimiento llorando por la que la detuvo para saber lo que pasaba a lo que le contestó que renunciaba porque no aguantaba el trato vejatorio que recibía por parte de la recurrente, explicándole en detalle como ella las denostaba, incluso delante de los niños.

También le explicó que maltrataba a sus hijos Lorenzo y Mariana dándole tratos que no corresponden y que nunca le fueron informados, como por ejemplo que a su hija de 3 años la obligaba a comer apretándole la cara y teniéndola en la silla mientras lloraba, por más de una hora y que a su hijo Lorenzo lo encerraba en su oficina en castigo por no obedecer, incluso privándolo de su colación.

Enterada de lo anterior, llamó al padre de sus hijos, le contó la situación y juntos decidieron encarar a la recurrente y retirar a los niños, pidiéndole explicaciones pero ésta negó todo ya que nunca había ocurrido eso. Agrega, que en su casa, ya calmados, sus hijos les confirmaron dichas experiencias lo que les generó una gran angustia, por lo que ese mismo día decidió publicar su experiencia en la red social Facebook con el fin de dar a conocer esa situación, por lo que pasado los días se reunieron con varios apoderados en su casa, citando, también, a la parvularia nombre reservado que relató los hechos descritos pudiendo los demás padres escuchar su testimonio. Por la misma publicación, se enteró por parte de otras ex parvularias de dicho Jardín confirmando el mal trato que la recurrente daba a las trabajadoras parvularias y a los niños.

Así los apoderados exigieron una reunión en el jardín para aclarar los hechos y le pidieron que ella estuviera presente para contar la razón del retiro de sus hijos, exponiendo en esa reunión los hechos y llevó audios de antiguas parvularias que confirmaban el actuar de la recurrida y luego hizo las denuncias respectivas, tanto, en el SERNAC, como a la Superintendencia de Educación, donde le dijeron que el jardín no estaba registrado y el 10 de agosto de 2017 presentó denuncia ante la Fiscalía de Las Condes, la que está en etapa de investigación.

Expresa que estamos en presencia de una situación donde no existe privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales y tampoco existe pretensión pecuniaria insatisfecha publicada de manera imprudente, no existe un acuerdo entre privados que se haya hecho público de manera inapropiada sin medir las consecuencias respecto del daño a la honra de las personas y familia o en sus derechos. Tampoco son insultos desproporcionados ni imputaciones de carácter personal inferidos contra la recurrente, y menos se le imputa un delito con o sin intención lesionar o conculcar sus derechos. Lo publicado en la red son hechos que le ha tocado vivir y presenciar, que son gravísimos y que deben ser conocidos por quienes puedan tener interés y que han afectado a menores de tanto solo 4 y 3 años. Cree que los padres de los menores que asistan a este tipo de establecimientos educacionales a quienes se les confía el cuidado de nuestro hijos están absolutamente en derecho de conocer su experiencia personal para que sean ellos quienes puedan definir si creen o no lo expresado y definan si quieren confiar el cuidado de sus hijos, sin que lo que le tocó vivir pueda ser censurado de manera previa impidiendo el acceso a la información que cualquier padre quisiera tener, siendo la integridad física y psíquica de los menores un bien superior y este es el interés público relevante respecto de un hecho grave que deja en indefensión a menores de edad y que los demás padres y apoderados deben conocer, sin que se necesite de una sentencia judicial condenatoria por un delito de maltrato para proceder a relatar públicamente y por cualquier medio estos hechos.

Agrega, que una acción de protección por afectación de honra debiera ser procedente ante afirmaciones falsas y que al hacer las publicaciones ya referidas no existe un ánimo, ni posibilidad fáctica de hacer justicia en forma de autotutela, sino un intento de cumplir con un deber social de entregar información real que le ha parecido relevante respecto de un hecho concreto, lo que no puede conculcar un derecho constitucional, como se alega.

Luego, en cuanto al derecho, se refiere a la honra dando un concepto de ella, como también, invoca a su favor la garantía del artículo 19 N° 12 de la Carta Fundamental, que se refiere al derecho de libertad de emitir opinión e informar acontecimientos a terceros, sin cesura previa y por cualquier medio idónea destinado al efecto, lo que constituye una de las bases de una sociedad democrática y una condición para el progreso y desarrollo humano. Explica que lo planteado es dirimir si existe o no una intromisión ilegítima en la honra de la persona cuando se realizan declaraciones de carácter público pero acerbas, en las que se relatan hechos estrechamente ligados a la verdad y que pueden ser relevantes para otras personas que puedan encontrarse expuestas a situaciones a las que ni ellos ni sus más cercanos estarían dispuestos a experimentar.

Tercero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales, encontrándose entre dichas garantías la del N° 4, esto es, el derecho a la honra, que es, el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.

Cuarto: Que de este modo el recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado también que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal.

Recurso que, además, debe cumplir con lo dispuesto en el “Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, el que establece un plazo perentorio de 30 días corridos para su interposición, contado desde la comisión del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal.

Quinto: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil, es decir, todo aquello que implica antijuridicidad, violación o vulneración del ordenamiento jurídico- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntarismo de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de autos.

Sexto: Que en la especie el acto vulneratorio estimado como ilegal y arbitrario por la recurrente es la publicación en la red social de Facebook de hechos que estima falsos y vulneratorio de su derecho a su honra y de su familia, y difundirlos, consistentes en aquellos transcritos en el motivo primero de este fallo y que a su juicio son difamaciones que le producen descrédito, por ser ilegales y arbitrarios, que constituyen una afectación a su garantía constitucional invocada.

Séptimo: Que tal como lo sostiene la propia recurrida en este caso hay que analizar y dirimir si existe o no una intromisión ilegítima en la honra de la persona cuando se realizan declaraciones de carácter público pero acerbas, en las que, según ella, se relatan hechos estrechamente ligados a la verdad y que pueden ser relevantes para otras personas que puedan encontrarse expuestas a situaciones a las que ni ellos ni sus más cercanos estarían dispuestos a experimentar.

Octavo: Que el derecho a la honra protegido constitucionalmente es aquel que busca proteger el valor intrínseco de las personas frente a la sociedad y evitar todo menosprecio o acto difamatorio que lesiones la apreciación o fama que los demás tengan de una persona.

Noveno: Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados -los que se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica- y escuchar en estrados lo expuesto por las partes, puede concluir que efectivamente el acto referido en el motivo sexto de este fallo aparece como uno que es arbitrario y cometido por la recurrida, por cuanto sin que se haya determinado por los medios y acciones legales pertinentes la verdad o no de los hechos publicados y difundidos por la redes sociales, especialmente por Facebook por parte de la recurrida, efectivamente la conducta de ésta ha causado descrédito afectando la honra de la actora, que entre otras situaciones ha producido que de 25 alumnos que tenía su establecimiento educacional, fueron retirados 15 producto de los hechos contenidos en las publicaciones efectuadas por doña nombre reservado, recurrida de autos, sin que a esa fecha se hubiere establecido o descartado la veracidad de los mismos. De este modo el actuar de la recurrida es uno de carácter arbitrario, por cuanto ella por sí y ante sí, estimó y calificó los hechos como gravísimos y relevantes para el resto de la comunidad, tomó la decisión de publicarlos en la red social mencionada y, además, difundirlos entre los apoderados y trabajadoras y ex trabajadoras del Jardín infantil de la actora, y de todo el público que a través de ese medio de comunicación social tomara conocimiento del mismo en una especie de juicio público, de propia mano y sin defensa alguna de la afectada. Tal actuación es una conducta absolutamente arbitraria de la recurrida, que sin la debida prudencia ni verificar por los medios legales respectivos su veracidad los publicitó de la forma ya antes explicada, afectando la honra de la actora, más cuando reconoce que ha ejercido las acciones legales, denunciando los hechos al Sernac, Superintendencia de Educación y Ministerio Público de las Condes, pero efectuó las publicaciones y desplegó toda una actividad injusta, sin esperar el resultado de éstas.

Décimo: Que la recurrida no puede asilar su actuar en la garantía constitucional del N° 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto lo publicitado por ella no se trata de una información, sino que le ha agregado calificativos al actuar de la Directora del Jardín Infantil recurrente respecto de las trabajadores del establecimiento como de sus alumnos, que la denostan y por ello efectivamente han afectado la honra de quien acciona, por lo que de este modo, también el actuar de la recurrida puede ser calificado de ilegal, por cuanto se ha excedido en el ejercicio del derecho invocado para eximirse de la afectación que le ha producido a la actora en su honra.

Décimo Primero: Que de acuerdo a lo ya razonado el actuar de la recurrida ha sido fuera de la ley y sin fundamentos suficiente o mejor dicho, por su sola o mera voluntad, lo que se traduce en un actuar ilegal y arbitrario, que evidentemente ha afectado el derecho constitucional invocado por la recurrente. Entonces, en base de lo razonado, puede concluirse, que en este caso, concurren los presupuestos que conducen a acoger la acción de cautela de derechos constitucionales, pues, como ya se dijo, los presupuestos de hecho en los que discurre su análisis sobre lo ilegal y arbitrario de la resolución que impugna, han sido suficientemente justificados, motivo por el cual la acción constitucional deducida debe ser acogida, no siendo óbice para lo anterior el que se encuentren pendientes otras acciones legales que ha impetrado la recurrida, según se mencionan en los antecedentes acompañados.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se acoge, sin costas, el recurso deducido, en lo principal de su presentación de 01 de septiembre de 2017, por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, debiendo ésta última obtener la eliminación de todo contenido publicado en las redes sociales, respecto de la actora, especialmente a través de su Facebook y en otras páginas web, en forma especial aquellas transcritas en autos, teniendo, además, que abstenerse de continuar con dichas publicaciones referidas a los hechos materia de este recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción Ministro señor Poblete.

Protección N° N° 60.816-2017.

No firma la Ministra señora Melo, por estar haciendo uso de su feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por la Ministra señora María Soledad Melo Labra y el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez.