nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 21; téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por estimar que dicha institución ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios consistentes en ordenar descuentos de sus remuneraciones por concepto de cuotas de un crédito social que sostiene se encuentra prescrito, vulnerando de esta forma las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 18 de abril de 2017 suscribió a favor de la recurrida un pagaré por la suma de $10.348.656, pagadero en 36 cuotas, cayendo en mora tras haber perdido su trabajo. Señala que, producto de lo anterior, la Caja de Compensación interpuso una demanda ejecutiva en su contra el 22 de abril de 2018, en causa Rol C-12124-2018, en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Añade que dicho juicio concluyó mediante sentencia firme y ejecutoriada de 16 de septiembre de 2021, en la cual se acogió la excepción de prescripción de la acción ejecutiva y se ordenó alzar la ejecución.

Afirma que, no obstante, la existencia de dicho fallo, al emplearse nuevamente a partir de julio de 2025 en la empresa Servicios Mall Plaza SpA, la recurrida retomó los descuentos automáticos de sus remuneraciones. Refiere que en enero de 2026 se percató del descuento de la suma de $1.026.489.

Sostiene que la recurrida ha actuado de manera ilegal y arbitraria al pretender el cobro de un crédito cuya acción ejecutiva fue desestimada judicialmente. Alega un ejercicio abusivo del mecanismo del artículo 22 de la Ley N°18.833, el cual solo permite el cobro oportuno y no habilita a la Caja para revivir de forma unilateral una cobranza extrajudicial, a modo de autotutela, tras haber optado por la vía judicial y haber fracasado en ella.

Solicita, en definitiva, que se ordene el cese inmediato de los descuentos, así como la restitución del monto retenido por la institución y de todos los descuentos futuros que efectúe durante la tramitación del recurso, con costas.

Segundo: Que evacúa informe la abogada Ines Riquelme, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Expone que el 18 de abril de 2017, otorgó al recurrente la operación de crédito código N°RUT reservado, por un capital inicial de $10.348.656, pagadero en 36 cuotas mensuales de $448.706. Señala que el deudor incurrió en mora tras pagar únicamente las primeras cuotas hasta junio de 2017.

Rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente. Sostiene que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo con el mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, argumentando que la acción de cobro no habría sido declarada prescrita y que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente.

Hace presente que, no obstante, lo anterior, y sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al actor. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, por lo que solicita en definitiva a esta Corte el rechazo del recurso de protección deducido, por haber perdido oportunidad.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en el descuento en su remuneración por parte de la Caja de Compensación recurrida en el mes de enero de 2026 por deuda de crédito social.

Quinto: Que, de los documentos acompañados, se desprende la existencia de una demanda ejecutiva interpuesta contra el actor, ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-12124-2018, donde, el 16 de septiembre de 2021, se acogió la excepción de prescripción de la acción ejecutiva -allanándose a ella la propia Caja recurrida-, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada conforme al certificado pertinente de 9 de enero de 2026, respecto del pagaré N°RUT reservado.

Sexto: Que, de lo consignado precedentemente y del examen de los antecedentes, es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 de manera ilegal y arbitraria.

Séptimo: Que, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio solo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado. En la especie, la situación es sustancialmente distinta y torna ilegal e injustificada la actuación de la recurrida, toda vez que la deuda que se pretendía cobrar mediante los descuentos por planilla ya había sido objeto de un pronunciamiento judicial firme y ejecutoriado.

De este modo, al momento de efectuarse el descuento por la recurrida en enero de 2026, ya no existía una acción judicial exigible para el cobro de dicho crédito por la vía ejecutiva, ni podía revivirse unilateralmente una modalidad de cobro administrativo una vez declarada la prescripción de la acción judicial que la propia recurrida había instado. La actuación de la recurrida, al ignorar una sentencia judicial firme que declaró la prescripción de la acción de cobro, constituye un acto manifiestamente ilegal y arbitrario, en cuanto contraviene el principio de cosa juzgada y el imperio del derecho. Dicha antijuridicidad no desaparece por la mera restitución voluntaria efectuada por la Caja a propósito de la tramitación de esta causa, toda vez que la vulneración efectiva se materializó y forzó al actor a interponer esta acción de rango constitucional.

Octavo: Que, en consecuencia, el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes vulneró directamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en cuanto el descuento indebido afectó la propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándolo del uso, goce y disposición de parte de estas. Asimismo, se contravino el artículo 19 N° 2, sobre la igualdad ante la ley, al intentar la recurrida, por su calidad de Caja de Compensación, valerse de una prerrogativa legal de manera abusiva para obtener el cobro de una deuda que ya no podía perseguirse judicialmente, constituyendo un trato diferenciado injustificado y arbitrario.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y, en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse de solicitar o efectuar, por sí o a través de terceros, cualquier tipo de retención o descuento en las remuneraciones del recurrente por concepto del crédito social código N°RUT reservado, debiendo efectuar la restitución al recurrente de todas las sumas indebidamente descontadas desde enero de 2026 a la fecha, en un plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de esta sentencia, debiendo acreditar su cumplimiento ante esta Corte, y previa deducción de los montos cuya restitución ya haya sido efectivamente comprobada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°6076-2026.